CARGANDO

Escribe para buscar

Debate Noticias

Zancadillas al Ecuador

Compartir

Los anhelos de recuperación económica y social del Ecuador enfrentan zancadillas colocadas por la Asamblea Nacional y el Ejecutivo que cesan, angustiando más la caja fiscal.

Foto: Fabián Colcha – Flickr Asamblea Nacional

Que la Asamblea Nacional y el Ejecutivo hayan aprobado y puesto el “ejecútese”, en su orden, al proyecto de Ley de Educación Intercultural Bilingüe, significa que el correísmo no solo continúa, sino que continuará activo tratando de desencajar al Ecuador de cualquier plan de bienestar, progreso y desarrollo que se proyecte.

No extraña que los órganos de decisión de la Asamblea y del Ejecutivo tengan sus mentes fuera de la realidad ecuatoriana, que demuestran con sus “planes” para enfrentar la pandemia y el caótico proceso de vacunación, agudizados por el sacudón electoral que cortó sus anhelos de continuar controlando todos los poderes del Estado, por lo que no se inmutan en colocar zancadillas a sus sucesores recargados de discursos para tratar de reordenar, disciplinar e iniciar procesos de recuperación económica y social.

Zancadilla luce palabra generosa para calificar la acción de esos dos poderes políticos que han decidido angustiar más la ya calamitosa caja fiscal, que sobrevive con recurrentes préstamos externos, porque los ordinarios ingresos tributarios y de comercio exterior son insuficientes para soportar los gastos programados de USD 32 000 millones para el 2021.

El trámite de dicho proyecto supone deliberada concertación con probables propósitos sinuosos de las dos Funciones, porque una sabe de memoria los principios básicos que sustentan la formación de la ley y la otra no es ajena a las normativas constitucionales que determinan sancionar u objetar proyectos legislativos.

Por acaso se les haya extraviado la memoria o el texto, el Art. 135 de la Constitución, constante en la Sección Tercera sobre “Procedimiento Legislativo”, determina que es de exclusiva competencia del Presidente de la República la presentación de proyectos de ley que “aumente el gasto público”, no de legisladores.

Mientras en la sección segunda, relativa a política fiscal, está el Art. 287, el que determina que “Toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos, establecerá la fuente de financiamiento correspondiente (…)”.

Hurgando los 141 artículos, 45 disposiciones transitorias, 18 disposiciones generales y 6 reformatorias, no existe frase que determine el financiamiento de los multimillonarios egresos que debe hacer el Ejecutivo, desde junio próximo, en favor de los docentes, pero algunas si determinan que la nueva remuneración básica será equivalente a 2,5 veces más que el básico del resto de trabajadores, a partir del cual se ajustarán los 10 escalafones.

La ausencia de financiamiento para dicho incremento, como para la reincorporación de profesionales docentes despedidos, jubilaciones anticipadas y nuevas contrataciones como bibliotecarios y el consecuente incremento de aportes a la seguridad social, dice que no solo se les cayó los citados artículos, sino que habría ocurrido connivencia de asambleistas y del ejecutivo para engañar a los docentes.

Pura demagogia

¿Ineptitud?, ¿incapacidad?, ¿irresponsabilidad?, parece que hubo entre los dos poderes del Estado, revestidas de “pura demagogia”, como ha resaltado el presidente de la Federación de Servidores Públicos ecuatorianos.

Los dos poderes saben perfectamente que la caja fiscal se mueve en líneas rojas y el déficit para este año no es menor a USD 8 000 millones y han sido testigos y protagonistas de enormes esfuerzos para asumir deuda externa para pagar a la enorme burocracia, por lo que aprobar y poner el “ejecútese” al proyecto mentado, supone exhalaciones de malicia, perversidad con la Patria, con el pueblo ecuatoriano, a quienes resaltan solo con discursos demagógicos.

La malicia contra el proyecto de iniciar procesos de recuperación económica y social, está entre los responsables del entuerto legislativo de confesas raíces correístas, quienes no asimilan que el 11 de abril fue detenido su proyecto de tortuosa gestión de Estado, por lo que prepararon el oneroso artilugio inconstitucional para gestar conflictos sociales tras su retirada, como futuro caldo de cultivo político.

Saludo ominoso

Podría leerse también como un ominoso saludo a la victoria electoral de Guillermo Lasso, puesto que el sábado 10, cuando el proyecto fue remitido para publicarse en el Registro Oficial, sondeos electorales serios ya pronosticaban el revés del correísmo el domingo 11.

Expectativa existe por la publicación del proyecto en el Registro Oficial, sino ocurre en esta administración supondrá que no desea lidiar con la tribulación legal que encierra el mismo, porque le resultaría burdo y bochornoso que recurra a pedir la inconstitucionalidad a la Corte respectiva tras ordenar su “ejecútese”, como tampoco se vería a la Asamblea retractarse haciendo reformas urgentes, aunque en estos gestores y administradores todo es posible.

El Ministro de Economía ha resaltado que el proyecto es “inviable económicamente”, pero hacerlo significaría aumentar el 6% al impuesto al Valor Agregado (IVA); es decir, pasaría del 12 al 18%, encareciendo vertiginosamente bienes y servicios, reduciendo aún más la calidad de vida en el país, como era el propósito político de los responsables del proyecto, en retirada.

Hechos los trámites legislativos y del Ejecutivo, ocioso resulta recordar que el 15 de octubre de 2020, el viceministro de finanzas, Fabián Carrillo, advirtió a los asambleístas que el fisco no cuenta con dinero para cubrir el aumento, por lo que demandó a la Comisión de Educación ser recibido para exponer los argumentos. No tuvo respuesta.

El inconstitucional e irresponsable proceder de las dos Funciones del Estado significarían egresos fiscales adicionales anuales por casi USD 3 000 millones, pero en el 2021 serían USD 1 500 millones, por tener vigor desde junio próximo.

Sardónica pareció la reacción del presidente Moreno sobre su proceder: “entiendo que las bancadas de los dos candidatos (Arauz y Lasso) presupuestaron los recursos para implementarla como manda la Constitución”.¿Concluye así el “nuevo estilo” gubernamental correísta?

Etiquetas:

Deja un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *