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Fuera de la realidad

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Asamblea Desempleo

Los actores de la violencia en las cárceles, como los de la resolución de la mayoría legislativa contra el derecho al trabajo, no deben escapar al suero y al polígrafo de la verdad, por el bien del país.

Foto: Fernando Sandoval – Flickr Asamblea Nacional

Ciertos actores, que se dicen “políticos”, parecen comprometidos a emboscar toda iniciativa y esfuerzos por promover dinamia económica y social en el Ecuador, valiéndose de innúmeros artificios para maquillar violaciones a elementales derechos humanos, como empleo, bienestar social.

La más reciente de ellas los ha mostrado con algarabía constitucional, quizá por falta de la elemental costumbre de lectura lineal de la Constitución de la República, que taxativamente atribuye, solo a la Corte Constitucional, la interpretación de la normatividad suprema, con obligatorio cumplimiento.

Su ridículo es mayor cuando fuerzan una resolución para devolver el proyecto de ley económico urgente de crear oportunidades y pretenden su publicación en el Registro Oficial, sin reparar que esa potestad se atribuye a “los poderes del Estado” y no a instancias administrativas, como es el Consejo de Administración Legislativa (CAL), de la Asamblea Nacional. Quien representa a la Función Legislativa, como poder del Estado, es la Asamblea Nacional.

Que la coyuntural mayoría legislativa haya desatado violencia jurídica-política contra el proponente del proyecto de ley urgente, no es sino mascarada, porque los verdaderos efectos de la acción son contra la enorme cantidad de población económicamente activa que padece desempleo, contra todo ánimo de inversión, contra la activación de procesos productivos y de servicios, contra la recuperación riquezas, protagónicas de bienestar social.

La resolución parecería concertar disputas de liderazgo de oposición gubernamental, ganando a los internos carcelarios que con cruentos motines buscan hegemonizarse en el control y puja por la prevalencia de la ilegalidad.

Grotesco paralelismo, pero público y notorio es que en “política” se forman “trincas” para bloquear iniciativas de corrección legal y apertura de rutas de desarrollo económico y social, mientras en las cárceles la designación de “capos” son para fortalecer la ilegalidad.

Aquellos se disfrazan como presuntos “defensores del pueblo” y “progresistas”, así se parapetan los que “tienen cuentas con la Contraloría”, mientras sus “líderes” guardan prisión o ambulan por tejados de espacios regentados por sospechosos individuos, o esperan con impaciencia lo que hagan sus “topos”, esparcidos por la administración del Estado, aún el sistema penitenciario.

Podría haber mancomunidad contraria a la legalidad, porque mientras unos tratan de fungir como jueces de constitucionalidad, otros organizan cruentos tumultos con probable impunidad.

Las redes sociales no son austeras en insinuar que los votos para la resolución del CAL estarían relacionados con la “delincuencia organizada”, expresada por fiscales y jueces en la imputación y juzgamiento de “políticos” inmersos en coimas, sobreprecios y otros quebrantamientos.

La herencia de descomposición del Estado ecuatoriano iniciada el 2007, aún tiene mucho que mostrar: ya se enlaza el sistema hidroeléctrico Coca Codo-Sinclair con INA Papers, e importa tener respuestas claras y contundentes sobre el sostenido ingreso de armas pesadas, livianas, blancas, explosivos, celulares de alta gama, drogas y otros, al interior de los presidios, después de “rigurosas peinadas” en celdas y pabellones por policías y militares.

La situación no se arregla solo cambiando directores, sino afectando la estructura del sistema carcelario integrada por guías, choferes y otros, entre quienes ambularían “topos” de la “delincuencia organizada”, como en el sistema judicial y “profesionales” del derecho.

La misma afectación es imperativa en la Asamblea Nacional con un emergente pronunciamiento popular, pero ante un eventual titubeo luce urgente el especialísimo procedimiento investigativo con el uso del polígrafo y el suero de la verdad, para que el país salga del agobio por tanto chasqueo procedimental en el que se parapetan imputados por enervar la legalidad.

La mayor muestra está en pretender convertir a la Asamblea Nacional en escenario judicial, siendo un foro jurídico-político, de formación de la ley de fiscalización, en el que no caben “recusaciones” a fiscalizadores políticos, como ocurrió en la fiscalización municipal de Quito.

Actitudes antisistema son coherentes al interior de los presidios, pero grotesco es pretender ataviarlas en la Asamblea Nacional, teóricamente foro político de debates y propuestas para desarrollo del Estado, poder del Estado degradado a lecturas de opiniones preconcebidas, dejando de lado sostenidos razonamientos.

Tal herencia de la normativa legislativa construida en el correísmo, también se expresa en bogar por el statu quo, rancio conservadorismo que parecía haber sido archivado por la revolución francesa de 1789, pero actúan camuflados como “progresistas” y “revolucionarios”, firmando resoluciones contrarias a la Declaración Universal de Derechos Humanos, contra el derecho al trabajo, “a la protección (…) contra el desempleo”, consagrada en el Art. 23.

Demuestran que no les interesa reducir el desempleo en que se debate casi el 70% de ecuatorianos, impidiendo así que la población tenga medios honestos para llevar alimentos a sus hogares. Es clara la actitud de UNES, PK, ID por profundizar el Ecuador asimétrico, polarizarlo, lo que les permite sobrevivir con discursos populistas.

También parecen irritados al saber que, en el segundo trimestre del año, abril, mayo, junio, el producto interno bruto haya crecido en el 8,4%, actitudes que solo incrementan aversión popular, la que fortalecería su alineamiento para rechazarlos en las urnas si florece la decisión de consultar a la población sobre la política muerte cruzada.

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