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Respeto y garantías para periodistas profesionales

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El proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación debe garantizar el ejercicio del periodismo profesional y derogar artículos penales que atentan contra la producción informativa.

Foto: Engin Akyurt – Pixabay

Conforme lo prometió, el presidente de la República no ha echado “al tacho de basura” la oprobiosa Ley Orgánica de Comunicación, diseñada conforme el autoritarismo persecutorio del gobernante y sus legisladores del 2013.

El gobernante había comprometido una ley que reúna los principios sustantivos de la Constitución y de los instrumentos internacionales sobre comunicación y el trabajo periodístico, dejando atrás la desfachatez concesionaria de seis años plazo para que se titulen sus subordinados ajenos a, periodismo profesional, falsamente revistiéndose de “meritocracia”.

Por ello, el entonces gobernante suprimió las conferencias de prensa, la información oficial devino en digital, para evadir cuestionamientos periodísticos, el derecho de la sociedad a conocer la gestión de sus mandatarios, por lo que maquilló la realidad nacional con burdas “sabatinas”.

“El Ecuador ocupa el puesto 96 entre 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2021 que elabora la Organización Reporteros Sin Fronteras. Este pobre desempeño obedece a la violencia y a presiones que sufren los periodistas en nuestro país, y también al deficiente marco jurídico en relación a la libertad de expresión”, recuerda el presidente Lasso en la Exposición de Motivos del proyecto remitido a la legislatura.

Y acota, “Tan grave ha sido la situación de la prensa ecuatoriana que en su última visita al país, los Relatores Especiales de la Libertad de Expresión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos <<observaron que la persecución ejercida durante casi diez años había sido sometida a esos agentes a una presión considerable. El periodismo como profesión y como institución fundamental de la democracia se había visto socavado y desacreditado. Algunos de los miembros más valiosos de la profesión se habían visto obligados a abandonar el periodismo o el país por temor a las represalias y por la falta de oportunidades o habían sufrido el efecto desalentador de las políticas antes mencionadas>>. Así lo recogen en su informe conjunto de 2019”.

Ejercicio profesional

Real; sin embargo, no se refleja en el articulado del proyecto, el que debe incorporar temas como la defensa y protección del ejercicio profesional del periodista, tan académico como el médico, el enfermero, etc., sustantivamente diferente a los comunicadores per se, por estar formados con herramientas y conocimientos técnicos y sociales para recabar, elaborar y difundir noticias, reportajes, entrevistas, perfiles, etc., de fácil comprensión.

Cierto que la comunicación es inmanente e inherente al ser humano, pero el periodismo profesional siendo parte de ella, no soslaya la ética, la transparencia porque elabora productos comunicacionales de interés general, por ello el sistema universitario ecuatoriano sumó a su oferta académica al periodismo, en 1945, como antes lo hicieron otros países, enriqueciendo la oferta profesional.

De ahí la pertinencia de incluir, en el proyecto, artículos que preserven las actividades periodísticas profesionales en medios de comunicación, como en las entidades de los sectores público y privado, porque también el periodismo es protagonista del desarrollo político, económico, social, de la democracia.

Por ello el presidente Lasso ha resaltado que la “prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad”. Si el Ecuador, la comunidad internacional conocen innúmeros desfalcos realizados por gobernantes megalómanos y cleptómanos, buena parte de ello es por el ejercicio profesional del periodista, por investigaciones periodísticas.

Derogatoria

Y no solo ello debe incluir la nueva legislación. Gobierno y legisladores también deben concordar en la eliminación de los artículos 513, 514 y 515 del Código Integral Penal, COIP, que forman parte de las “Reglas para la investigación de delitos cometidos mediante los medios de comunicación social”.

Dichos artículos, vigentes desde el 2014, sirvieron para perseguir y enjuiciar a medios y periodistas, porque convierten a directores, editores, propietarios o responsables de los medios de comunicación en delatores de la producción informativa, del “autor, reproductor o responsable de la publicación”, echando por la borda la cláusula de conciencia, al secreto profesional y reserva de la fuente, consagrados en la Constitución y en normas internacionales de derechos humanos.

No es que el periodismo profesional rehúya responsabilidades, consagradas en su Código de Ética, vigente desde 1980, pero deleznable es que “la ampliación ilegal del concepto de autoría, criminaliza a la actividad informativa en su conjunto, viola el principio de ‘igualdad real’ que somete a todos a la parte del Libro I del mismo COIP, que determina a autor y partícipe”. Pensar, opinar, expresarse, informar, comunicar, no es delito punible ni delito criminal, pero si eventualmente se producen infracciones, deben ser reguladas por el Código Civil o Código de Procesos, como, oportunamente sostuvo, en el debate del COIP la Federación Nacional de Periodistas (Fenape).

Así, dichos artículos deben ser “suprimidos e integrados a la normatividad civil en un solo artículo. Cuando se cometa una infracción a través de una pieza comunicacional, la persona afectada debe recurrir al juez competente, quién, motivado por esa denuncia, establece no en la falsa calidad de autor del producto que se juzgue. De esta forma se garantiza justicia a la persona afectada sin vulnerar el secreto profesional, no se afectan los derechos de los investigados, no se sobreponen ilegalmente  las funciones del fiscal sobre las del juez, no se confunde el órgano requiriente con el decisorio, no se amplía ilegalmente el concepto de autoría, no se viola el principio de ‘igualdad real’, se garantiza el debido proceso, la eficacia de la ley, la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución de la República”.

El presidente Lasso ha dicho “que nunca se use el derecho penal para perseguir controversias que surgen por la libre expresión” y la presidenta de la Asamblea Nacional ha resaltado que “los ecuatorianos no quieren volver al país de la (…) persecución por pensar diferente”. Aquí la oportunidad para materializar sus expresiones.

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