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Corrupción de la democracia

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Jorge Yunda Corrupción

En el Ecuador, la democracia, la ética política, caminan al despeñadero por obra y gracia de quienes están llamados a fortalecerlas, lo del alcalde Yunda refleja el proceso de derrumbe. 

Fotos: Gianna Benalcázar – CCQ

“Yo llegue a la alcaldía sin partido político” ha dicho el alcalde de Quito Jorge Yunda y, es verdad; llegó sin partido político y ganó a las minorías con una minoría ligeramente superior al 21% de votos, auspiciado por un “partido de alquiler”, que en rigor del caso fue un movimiento que endosó su candidatura para cumplir con el “rigor” del denominado Código de la Democracia.

El ejemplo de Yunda no sirve solo para valorar la tragicomedia política de su remoción, sino el débil, por decir lo menos, sistema de partidos y movimientos políticos que rige en el Ecuador, que está lejos, muy lejos de constituir “pilar fundamental para constituir un Estado constitucional de derechos y justicia”.

Si no se revisa el sistema vigente, si las organizaciones no entran a un serio proceso de autocrítica, revisan sus conductas y se alinean en rigurosos parámetros democráticos, el futuro político, administrativo, económico y social del Ecuador está en riesgo, porque sigilosamente progresa la “delincuencia organizada”, con impensadas habilidades para entronizarse en los poderes del Estado, en las estructuras políticas partidarias

Dichas experiencias evidencian que Gianfranco Pasquino se queda corto en la aplicación de su principio para el caso ecuatoriano, porque no solo los comportamientos de los hombres son los que corrompen la democracia, sino el sistema político que se mueve en función de intereses particulares, ofreciendo insumos para fortalecer la creciente industria de criticar a la democracia, a través de vandalismos.

Sin administrador

Las facturas sociales y económicas para los Estados serán onerosas, el Ecuador exhibe la experiencia de diez años, rige en Venezuela y transitan por el mismo camino otros países americanos, por ello la urgencia de la auditoría y auto auditoría de las organizaciones políticas si desean ser demócratas críticos de la democracia para fortalecerla, para el bienestar de la población.

En el Ecuador, las organizaciones políticas no parecen estar interesadas por el bienestar de Quito, porque son casi quince años que está exenta de un administrador que, al menos, se preocupe de preservar su “patrimonio histórico”, porque el Distrito Metropolitano crece a la deriva, sin respuestas urbanísticas coherentes, por lo que arrecia la informalidad como factor de desarrollo.

Es que los voceros de los colectivos políticos y de presuntas organizaciones sociales, generalmente grupos cerrados con ciertas empatías, aquilatan sus discursos solo pregonando derechos, más no obligaciones, negando el equilibrio de responsabilidades democráticas en fines y objetivos de todos los niveles y estamentos del Estado.

¿Delincuencia organizada?

La situación a la que ha llegado la administración municipal de Quito, solo revela el resultado del deterioro de las organizaciones políticas, pero también de la pasividad de su población que parece haberse hecho de que la política es para quienes gustan de las triquiñuelas, reflejo de la degradación lograda por quienes experimentaron ser poder del Estado enriqueciéndose con los bienes públicos, a través de discursos populistas, que hicieron obesas administraciones estatales, entronizando individuos que desalientan iniciativas generadoras de empleo y de recursos para el fisco.

El Municipio de Quito, por ejemplo, cuenta con 22 000 empleados y trabajadores, pero la ciudad no solo que no está bien atendida, sino que desembolsa ingentes recursos para mantener a los ineficientes gestores de servicios, y cómodos con la grave crisis política-administrativa institucional que está derivando a niveles penales, en los que podría estar envuelto no solo su máxima autoridad y sus abogados, sino también segmentos de la administración de justicia.

El prurito del personero municipal de pretender “hacer valer mis derechos constitucionales” ha derivado en revelaciones del Consejo Nacional de la Judicatura que mostrarían que la “delincuencia organizada” no solo ha tenido como actores a los mandos superiores de la “revolución ciudadana”, sino también a su soldadezca entronizada en diferentes niveles de los poderes del Estado.

¿Por qué fueron ingresados los recursos del alcalde como casos de violencia y no como afectación a derechos constitucionales?, ¿por qué una causa fue dirimida entre cuatro jueces de la familia y no entre los que forman el primer nivel?, ¿por qué la jueza dio un dictamen sobre la actuación de la comisión de mesa municipal que investigó las denuncias y no sobre la decisión del consejo municipal?, ¿por qué el segundo caso no ingresó a sorteo?, ¿por qué el segundo juez hizo el dictamen en menos de la mitad de una jornada de trabajo, cuando el recurso interpuesto demanda consultas a varias instituciones relacionadas con el mismo?

Es la Fiscalía la que ahora dará respuestas, cuando concluya la determinación del alcance de las “irregularidades” divulgadas por el Consejo de la Judicatura y probablemente tipificará los hechos, que podrían develar sospechados enredos en ciertos niveles de la función judicial.

¿Es “un pálido reflejo” del desparpajo presidencial del siglo XXI de haber “metido la mano en la justicia”? El caso del municipio de Quito exige ser leído como ejemplo de lo que puede estar sucediendo en estos y otros niveles de la administración pública, conspirando contra los principios democráticos.La democracia, los partidos y movimientos políticos, es binomio que tiene que dar respuestas firmes para sanear el deterioro institucional del país, en el que parece estar empeñada una generación política que perora democracia, pero con urdido afán de servirse de los altos intereses del Estado, del bienestar nacional.

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