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Ya no cabe duda que, en la Asamblea Nacional, la mayoría de integrantes es huérfana de principios, ideologías y ética, contraria al bienestar, favorable a la inseguridad e impunidad.

Foto: Flickr Asamblea Nacional

Cuando en 1978, mediante referéndum, se instauró el régimen de partidos políticos, se dictaron normas para establecer principios de civismo y que las organizaciones se diferencien por ideologías y conjuguen cánones éticos para que los electores seleccionen modelos de administración del Estado favorables al bienestar.

Los diecisiete partidos, en escena, se asimilaron a organizaciones no gubernamentales, sujetas a fiscalización pública, al beneficiarse de financiamiento de campañas electorales y del Fondo Partidario Permanente con cargo al Presupuesto del Estado.

La motivación se encaminó a “eliminar empresas lectorales” y designar candidatos a dedo, para lo que la Constitución exigió ser “afiliado a un partido político”. El decreto-ley consideró que el cuerpo legal “es esencial para establecer un régimen de partidos políticos que garantice el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones democráticas”.

Como muchas esperanzas, fue ilusión. A poco, el partido que, abrumadoramente, ganó los comicios presidenciales y legislativos, Concentración de Fuerzas Populares, CFP, se fraccionó por internos intereses de poder político, a causa de la obsesión de su líder: “(Asaad) Bucaram al poder, (Jaime) Roldós presidente”. Surgió el bucaramismo y el roldosismo.

La corrupción viene con miedo

El ejemplo siguió en otras organizaciones y no se detiene, hasta degenerar al sistema con partidos y movimientos de “alquiler” experimentados en las elecciones del 2021. La militancia política es remedo cuando no quimera legalizada, porque la Constitución solo exige “adherentes y simpatizantes, en número no inferior al uno punto cinco por ciento del registro electoral utilizado en el último proceso electoral”.

Los comicios del 2021 mostraron fariseísmo político. En la Asamblea Nacional se escuchan discursos inverosímiles, sin principios ideológicos, doctrinas ni ética, si ataviados de consignas y estribillos, probablemente ensartados por “asesores”. En realidad, no son discursos, sino lecturas no pocas veces trastabilladas, aunque, llegado el momento, afinan gargantas para acentuar muletillas que les erigen en “defensores de intereses del pueblo”, “representantes del pueblo”.

En las elecciones seccionales de febrero del 2023 participarán 264 organizaciones sin huellas de investigaciones, publicaciones ni capacitaciones sobre la realidad del país, desconectados de las urgencias nacionales y locales de inversión, producción, empleo, seguridad, salud, por ejemplo.

Amarán lemas para ir a mercados populares, sin saber que los expendedores de bienes, para serlo, invierten dinero, sino no trabajan ni dan empleo ocasional, no dan servicios ni generan bienestar alimenticio en los usuarios.

Está escrito que partidos y movimientos están obligados a capacitar a sus miembros y candidatos, pero la autoridad competente, desde lejos, observa la obligación, pero exige dinero al Estado (gobierno) para supuestamente hacer lo que corresponde a los otros.

Aún se extiende la feria de “derechos” y subsidios cubiertos con dinero de todos los contribuyentes, no del gobierno, y, a falta de este, con onerosa deuda pública que rebasa $ 60.000 millones, montos sujetos a diversas manías cleptómanas de los administradores, quienes se habrían hecho de $ 70.000 millones, manipulaciones que reflejarían el proceso de selección para el honorífico premio “Manuela Sáenz” en el Municipio de Quito. Armó el concurso. Calificó candidaturas. La Comisión respectiva y el Concejo pleno decidieron no entregar el reconocimiento a la mejor puntuación, sino a la cuarta. ¿Corrupción?

Las descomposiciones, en la representación popular, parecen vastas. La crisis sanitaria evidenció. Autoridades con grilletes electrónicos y juicios desempeñaron funciones. Amnistías a incendiarios y secuestradores. Habeas corpus a delincuentes. Hay obsesión por extraditar al excontralor procesado en Estados Unidos, probablemente para liberarlo aquí, con artificios legales disponibles.

¿Por qué no conviene que Correa sea extraditado desde Bélgica?

En la Asamblea Nacional no entienden los alcances de la inmunidad parlamentaria, por ello se enfrascan en procesos presuntamente éticos y judiciales, aunque casi medio centenar de miembros está bajo sospecha. Son quienes no se inmutan en conceder “derechos”, como alza salarial para docentes, sin fuentes de financiamiento.

Arguyen indolencia gubernamental, pese a tener mucho dinero. Su desconexión con la realidad, les impide valorar que los inesperados ingresos altos son fortuitos por la invasión rusa a Ucrania, por la temporalidad de los tributos que “discutieron” ellos.

Este incremento y otros habría sido posible si hubiese legislación para establecer zonas francas, estimular inversión, liberar recursos del Estado, pero no lo hicieron, ni presionaron docentes, centrales sindicales e indígenas. No hicieron huelga de hambre para presionar a la Asamblea a generar fuentes de empleo, riqueza y bienestar en el Ecuador.

Parece haber concertación de camaleones, cuya diversidad de colores se presentaría conforme la exigencia de “derechos”. No se humanizan para exigir medios que los haga coherentes con realidades económicas y sociales. 

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