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Inseguridad jurídica electoral

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El Consejo Nacional Electoral está inmerso en el proceso electoral, con la mayoría forzando su marco legal.

Foto: Xavier Villafuerte T. – Flickr CNE

Aún no arranca la campaña electoral para los comicios del siete de febrero del 2021, pero el proceso se envicia por obra y gracia de presuntos cálculos políticos y grupales de la mayoría de miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), fortaleciendo la endémica inseguridad jurídica en el Ecuador.

Es, por decir lo menos, “sospechosa” la decisión mayoritaria del CNE de no aplicar el “democrático” Reglamento de Democracia Interna, porque desde que fueron ungidos por el Consejo Participación Ciudadana y Control Social, transitorio (CPCCS) guardaron silencio y no previeron que al organismo no le “corresponde obstaculizar la participación o poner frenos o límites” a los aspirantes a dignidades de elección popular, omitiendo la derogatoria y/o reforma al “célebre” marco normativo vigente desde el cuatro de octubre de 2012.

No, no lo hicieron, por lo que la normatividad expedida con dedicatoria para obstaculizar una candidatura presidencial en las elecciones del 2013, que devenía en competencia para la demagogia y el populismo entonces imperante, regula el actual proceso; al no hacerlo podrían incurrir en delitos políticos y penales.

El sospechoso silencio guardado sobre la abolición de la “antidemocrática” norma alcanza a quienes hoy cínicamente se sienten perjudicados, como el inefable Rafael Correa, quien descaradamente ha pretendido optar la precandidatura vicepresidencial sabiendo perfectamente que no podía hacerlo por delegación que el mismo impuso.

La norma en cuestión determina que “La proclamación y aceptación de precandidatura de postulación popular es expresa, indelegable y personalísima, y se realizará en unidad de acto en el plazo de 10 días de efectuada la elección, ante los delegados del Consejo Nacional Electoral, en las oficinas de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas tratándose de dignidades nacionales…”.

Hasta los días precedentes al registro de precandidaturas los impugnadores se sirvieron de la norma “democrática” para todos los procesos electorales precedentes, pero fieles a su “ingenio” hoy lo encasillaron como “antidemocrática” por afectar a su inspirador y ejecutor, asediaron al CNE, hasta con presuntas amenazas a sus miembros sino registran, para la papeleta presidencial, al forzado binomio Araúz-Rabascall.

Según la normatividad constitucional y legal, los cambios en las reglas electorales deben realizarse hasta un año antes de la convocatoria a las elecciones.

Inseguridad jurídica

Por el contenido de los discursos, la resolución de la mayoría del CNE parecería haber sido concertada con uno de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, porque un día antes éste dictaminó que dicho requisito “impone un gravamen innecesario, inaceptable e improcedente para el ejercicio de los derechos de participación de aquellos ciudadanos que se verán obligados a trasladarse y comparecer de manera personal y física al cumplimiento de una formalidad”.

Horas después, dicha mayoría concordó en que “no nos corresponde obstaculizar la participación o poner frenos o límites. Corresponde a las diferentes corrientes de pensamiento político presentarse y en una justa contienda electoral recibir o no la confianza o el apoyo ciudadano. El último juez es el soberano a través de las urnas y tendrá la obligación de escoger…”.

De ser así, por sobre la normatividad vigente, probablemente den beneplácito a los binomios Giovanny Andrade-Katherine Mata, Juan Carlos Machuca-Cristóbal Luna y Yaku Pérez-Virna Cedeño, también incursos en normas reglamentarias, mientras el aspirante Andrés Aráuz ha ingresado documentos distintos a su identidad, reflejando sospecha sobre su condición ética o de pretender engañar al CNE.

De validar las candidaturas de los nombres citados, el CNE pondrá en manos de los electores una papeleta con tufo a fraude, o al menos no legítima, como lo registrará la auténtica historia política electoral ecuatoriana, mientras los responsables de permitirlo estarán vedados, ética y políticamente, de invocar respeto a la normatividad electoral durante el proceso.

Es que el episodio riñe con el Art. 117 de la Constitución y el 7 del Código de la Democracia, porque ignorar la norma del Reglamento de Democracia Interna, para calificar candidaturas, implica supresión de la misma, pese a ser clara y precisa, por lo que interpretarla para favorecer derechos de participación a quienes omitieron cumplir normas públicas y notorias, que las conocen perfectamente desde el 2012, pone en entredicho a la mayoría del CNE.

El incidente político también se ha dado en medio del sospechoso silencio de partidos y movimientos políticos, de fiscales políticos y jurídicos, silencio que corrobora criterios de que el Ecuador es meca de inseguridad jurídica, fortalecida por quien, el 2008, se autodefinió como “irascible”, es decir colérico, iracundo, irritable, furioso, violento, rabioso, arrebatado, quisquilloso, puntilloso, susceptible, inseguridad que puede derivar graves consecuencias al país desesperado por reparar su crítica situación económica y social.

30S

El “irascible” es el mismo individuo que dos años antes de expedir el controvertido Reglamento de Democracia Interna, fue protagonista de las cruentas horas del 30 de septiembre del 2010, del 30S, cuando pese a tener todas las garantías para hacerlo, se negó a salir del hospital de la policía de Quito, a menos que le vaya a “rescatar” el Ejército.

“Horas antes de la masacre, el general Freddy Martínez Pico y otros integrantes de la Comandancia General de Policía ingresaron al hospital de la Policía. No encontraron resistencia, constataron que el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) leales a Correa, controlaban el interior del edificio y que hombres del Grupo de Integración y Rescate (GIR), también leales a Correa, controlaban la entrada de Emergencia del hospital por donde luego salió el Presidente”, ha dicho el coronel (sp) Carlos Orbe Fiallo, y añade:

“El general Martínez puso al tanto del presidente los detalles y le pidió que le acompañara, ‘la Policía garantizaba su seguridad’”. Correa se negó. Dijo que no saldría hasta que llegue el Ejército.

“Se lo advirtió el general Martínez Pico, cuando le suplicó que no cometa el error de convocar a los militares porque las antiguas rivalidades entre policías y soldados ocasionarían un baño de sangre”. Uno de los presentes describió la escena, narrada por el oficialista diario El Telégrafo: “Se arrodilló (Martínez) y no controló las lágrimas. Estaba preocupado por su gente (…), pero ya era tarde”.

Resalta que el informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dice: “El Sr. Presidente, en base a contacto telefónico, dispone al Sr. Ministro de Defensa Nacional y al Sr. Jefe del Comando Conjunto, que se proceda a rescatarlo. Para el efecto se coordina en forma personal o como vía telefónica con elementos de la seguridad del Sr. Presidente”.

Diez años después la Fiscalía ha reabierto el caso, sindicando como presuntos responsables de los hechos a oficiales subalternos, cuando estos no habrían actuado si los mandos políticos (Presidente de la República y Ministro de Defensa) no hubiesen dado tales instrucciones a los mandos operativos que delegaron el cumplimiento de la orden a responsables de unidades específicas. La Fiscalía tiene el imperativo de tipificar a los auténticos responsables del 30S. Ya lo hizo en el caso “Sobornos 2012-2016”. 

Dictámenes de jueces que han revisado cientos de casos juzgados por inducción han evidenciado que en el 30S no hubo intento de golpe de Estado ni de magnicidio, por lo que quienes fueron penados recobraron su libertad y otros esperan reintegro a sus puestos de trabajo. Reflejan que tras los sucesos hubo una mente malévola, cuyo objetivo habría sido consolidarse como único juez, fiscal y arbitro de la vida socio-económica-política-jurídica del Ecuador, sin ningún tipo de seguridad jurídica para actores económicos, políticos y sociales.

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