Fiscalía y justicia especializada contra la corrupción

La sospecha de que la endémica corrupción sobrepasa a la justicia, urge especializar la estructura judicial para sancionar delitos de lesa Patria.

Jacobo Rousseau afirmó que el hombre buscó su “mayor perfeccionamiento” a través de un “pacto o contrato social”, renunciando intereses personales, propios de su naturaleza “egoísta y antisocial”, pero no, son tangibles sus actos tramoyistas, por obra y gracia de mesiánicos líderes que han institucionalizado la corrupción en innúmeras latitudes y en el Ecuador.

En el sistemático afloramiento de casos de corrupción es protagónico el periodismo de investigación, por lo que los trolls activaron su ofensiva adjetiva tratando de detener ese trabajo que parece llegar al liderazgo de la “organización delincuencial” institucionalizada y placentera con multimillonarios contratos cuando tenían el poder total, pero hoy tienen pesar con  entramados contratos en el sistema de salud.

Cierto que diariamente brotan noticias de contenidos protervos, quizá porque se aligeró el arcano dogal político-administrativo gubernamental, pesado, persecutorio y ruin durante los desenfrenos de la “revolución ciudadana” que institucionalizó la violencia verbal, la hipocresía, el dispendio, la mentira, el cinismo, la dádiva, acentuó pobreza en gran parte de la población y engendró una burocrática clase media divorciada del eficiente servicio público.

Los efectos de esta pandemia resienten gravemente las cuentas nacionales en la emergencia sanitaria, porque los ingresos son insuficientes para cubrir la onerosa planilla burocrática, cuando entre enero y mayo los ingresos tributarios bajaron 18,5%, por renta e IVA 20% y los arancelarios 37%, según el Observatorio de la Política Fiscal.

Autoritarismo y abuso de poder

La calamitosa herencia de la “revolución ciudadana” tiene raíces que recuerda la historia escrita del Ecuador. En agosto de 1563 se fundó la Real Audiencia y Cancillería de Quito, pero solo en marzo de 1564 se posesionó el primer presidente, el “experimentado” administrador Hernando de Santillán. Cuatro años después fue destituido, multado y desterrado de América por “abuso de poder”, entre otros cargos. A Rafael Correa el Ecuador ya no lo quiso presidente, pulula en Europa luego de una fallida alerta roja y tiene cargos penales en el país.

El historiador Federico González Suárez señaló que Santillán se condujo “como señor absoluto y único árbitro del gobierno de la Colonia” y al resumir la historia colonial concluyó que Quito (Ecuador) “ha sido perseguido por no sé qué estrella funesta: sus gobernantes han sido, ordinariamente, dotados de cualidades más propias para labrar la desgracia, que para procurar la prosperidad de la sociedad”. Rige el símil.

El autoritarismo y la voracidad por dinero público a veces han tenido desenlaces cruentos. A fines del siglo XVI, en Logroño, los oprimidos shuaras, liderados por Quiruba, abrieron, con un hueso, la boca del gobernador y le vertieron oro recién fundido, incrustándole tanto como preguntándole la suficiencia para saciar su codicia. Hoy, la fiscalía y la justicia tienen cúmulos de casos, que merecen evacuación profesional y vigilancia para que no sea burlada la legislación penal.

Y en la historia, a la codicia se ha sumado el desinterés por la adopción de políticas de Estado. En la Colonia la seguridad y el desarrollo económico y social de la Provincia de Quito no estuvieron en los planes de la generalidad de sus gobernantes. Ante cada asedio y ataque de corsarios y piratas a sus costas (Guayaquil) solo organizaron defensas emergentes, no permanentes, pagadas por contribuyentes ordinarios. Igual, hubo conformidad con los bloqueos reales a las exportaciones quiteñas. Hoy persiste la desidia por adoptar políticas de Estado para bienestar ciudadano.

Nepotismo y corrupción

El nacimiento del Estado del Ecuador (luego República) tampoco fue halagüeño. Quito tenía destacados talentos para su nueva existencia jurídica, política y administrativa, pero fue ungido presidente un cuestionado foráneo, Juan José Flores, cuyo gabinete tuvo igual insignia, quien, a poco, se hizo girar “una libranza de 15 000 pesos sin que conste en ninguna parte la deuda” y luego dispuso “el pago de 2 000 pesos anuales a un médico cercano al Jefe de Estado, por funciones de Inspector de hospitales que no existen en el país”, como denunció el investigador periódico “El Quiteño Libre”, cuyas redactores fueron perseguidos y asesinados por ser críticos.

Y Santillán también inauguró los gobiernos con “amigos y allegados (nepotismo)”, replicado ordinariamente por la “argolla” de los regímenes de  la “restauración “ y “progresismo”, cuyo epílogo desastroso fue el alquiler de la bandera ecuatoriana a Chile por una coima inicial de 2 250 Libras Esterlinas. La Revolución Liberal de 1895 fue la respuesta, madurada con la sistemática investigación periodística de Luciano Coral.

Consulta popular

El autoritarismo y la corrupción tienen como antídoto al periodismo investigativo que una vez más  muestra desobediencia de las Funciones del Estado al pronunciamiento popular. En febrero de 2018 el 74% de electores dijo “SÍ” a la figura jurídica de “Muerte civil” a funcionarios públicos  condenados por corrupción, pero los poderes Legislativo y Ejecutivo desentienden el pronunciamiento de añadir al Art. 233 de la Constitución impedimentos para ser candidatos a cargos de elección popular, para contratar con el Estado, para desempeñar un cargo público, a más de los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, el testaferrismo, el tráfico de influencias, el lavado de activos, la asociación ilícita y la delincuencia organizada relacionada con actos de corrupción.

Dos años después no se prescribe en el enmascarado Código de la Democracia los nuevos impedimentos para ser candidato a dignidad de elección popular, no se incluyen en la Ley Orgánica de Servicio Público para desempeñar funciones en cualquier nivel del sector, ni en el Código Orgánico Integral Penal las adiciones a los Arts. 60, 77, 280, 285 y 289.

Por ejemplo, en el Art. 77 debió incluirse un inciso para que los condenados con sentencia ejecutoriada respondan con sus bienes hasta el monto de la reparación integral al Estado y la sociedad; Al 280 (cohecho) y 285 (tráfico de influencias) un inciso para que en caso de determinarse responsabilidad de la persona jurídica sea sancionada con la disolución y liquidación y pago de multa de 500 a 1000 salarios básicos y en el Art. Art. 289 (testaferrismo) establecer que las personas jurídicas serán sancionadas con su extinción y multa de 500 a 1000 salarios básicos.

Democracia directa

Los acontecimientos diarios tienen bajo sospecha ciudadana a organizaciones políticas y Funciones del Estado que desayunan, almuerzan, cenan democracia, respeto a la voluntad popular, pero parece ser frecuente añadir aderezos de corrupción, por ello es imperativa la acción de la sociedad civil para concebir una Ley Especial que tipifique a todos los actos de corrupción en el sector público como delitos de lesa Patria, elaborada por profesionales patriotas, no filibusteros, determinando Fiscalía y Juzgados especializados para la sustanciación sumaria de procesos, acelerando la recuperación del enriquecimiento ilícito en el país y en el exterior.

Por ello, la formación de esta especialísima ley no debe sujetarse a lo establecido en el Art. 132 y siguientes de la Constitución, sino a lo previsto en “Democracia directa” (Arts. 103-107), esto es mediante consulta popular, con vigencia inmediata a la decisión electoral.

Es que “la democracia no es un mero conjunto de técnicas, de mecanismos, de estructuras;(sino) que la democracia exige en su fundamento una ética; (por)que la democracia prospera cuando el discurso público sobre sus fines se desarrolla sin hipocresías, sin manipulaciones y sin concesiones; (por)que la democracia persigue fines que conciernen también el mejoramiento de los individuos según sus preferencias articuladas, discutidas, contrastadas, redefinidas”, resalta Gianfranco Pasquino.