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Drama fiscal, de producción y empleo

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Casi todo va para abajo: presupuesto fiscal,  producción, empleo, mientras la institucionalizada corrupción serpentea entre escenas de dolor y sufrimiento de la población por el COVID-19.

Foto: Gianna Benalcázar – CCQ

“Ya no soportamos más, es urgente volver a trabajar, volver a la normalidad”, son frases que trabajadores y empresarios, informales, claman desde todos los rincones del país y esperan que el COE-Nacional determine procesos para que la economía, paulatinamente, recobre su dinamismo.

Pero no volverá la “normalidad”, al menos hasta el mediano plazo, hasta cuando se determine una prescripción médica para eliminar el virus contagioso, hasta tanto imperativo es fomentar la cultura del aseo, con riguroso uso de mascarillas, distancia social, lavado de manos, desinfecciones de los sitios y materiales de trabajo de origen externo, lo que deben constar en protocolos sobre el movimiento de personal hacia y en los centros de trabajo.

Las relaciones con los usuarios también deben supeditarse a protocolos específicos, como la movilidad de estos, de no adoptar las medidas preventivas, asumiendo compromisos, el COE-Nacional tendrá limitaciones para determinar la modificación del semáforo rojo al amarillo o al verde.

El proceso de restablecimiento a la “normalidad” es directamente proporcional a los niveles de organización y disciplina de todos los agentes de la producción y comercialización de bienes y servicios, incluyendo activistas políticos que reparan sobre formas legales emergentes adoptadas suponiendo beneficio empresarial, cuando esta coyuntura permite valorar la certeza de la convivencia del capital y el trabajo como generadores de renta, riqueza, producción, comercialización, impuestos, circulante, organización, disciplina, educación, especialización, cultura, bienestar formal e informal, individual y colectiva y, cuando uno o los dos se debilitan encienden alarmas, desatan nerviosismo, desazón, angustia, desesperación.

El cese de operaciones durante más de 60 días evidencia ello y ya superan 100 000 los nuevos desempleados, por lo que los pronunciamientos políticos tienen que reparar en la realidad y no en consignas membretadas desde hace décadas. De la forma como trabajadores y empresarios armonicen sus relaciones en esta coyuntura transitoria podría determinar nuevas formas de convivencia del capital y el trabajo en el futuro próximo, quedando el gobierno en su razón fundamental de ser: administrador y regulador de la cosa pública, más no benefactor.

Esta hora es dramática para las cuentas fiscales, para la producción y empleo, para la sobrevivencia ciudadana, situaciones que han evidenciado la perversidad del manejo de la cosa pública por dirigentes que han hecho de la corrupción agenda diaria de trabajo a costa de los aportes impositivos y de la riqueza natural que llegan a las arcas fiscales, determinando la precariedad de subsistencia de casi 5 millones de ciudadanos con empleo inadecuado, por la aberrante subsistencia de inseguridad para la inversión, el exceso tributario y la enorme e ineficiente burocracia que percibe sueldos onerosos.

Drama fiscal

Así, es coherente que hoy el gobierno se asemeje a procesos que determinan informalidad laboral, pues sus ingresos se redujeron a cifras insospechadas, debido a la merma de recepción de valores por impuestos, exportación de petróleo y otros, que analistas sitúan en  USD 7 235 millones, el 20% del presupuesto inicial de USD 35 498,42 millones.

En mayo dicho monto inicial ya es quimera, puesto que proyecciones de reducción oficiales estiman su baja a USD 30 173 millones (valor casi similar al del 2012 que fue de USD 30 025 millones), es decir USD 5 325 millones menos y podría ser mayor después de que el 30 de este mes el Consejo Nacional de Seguridad del Estado (Cosepe) reciba de las Funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, de Transparencia y Electoral, la revisión de sus asignaciones presupuestarias, principalmente en el pago de sueldos.

Preciso es recordar que el presupuesto inicial para el 2020 previó ingresos por USD 22 516 millones, pero con la citada merma bajaría a USD 15 271 millones y si se mantiene el nuevo techo presupuestario, el déficit  llegaría a USD 14 902 millones, valor que, bajo la situación actual, podría ser cubierto con más deuda externa, o disminuir esta necesidad si el gobierno decide recortar el rol de pagos de empleados, para lo cual están asignados USD 8 897 millones.

Aún se desconoce si se mantendrán USD 4 030 millones para la compra de derivados del petróleo, pero el Ministro de Recursos No Renovables socializa un proyecto denominado sistema de mercado de combustibles.

Para la reducción presupuestaria, el gobierno estaba atado al Art. 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que autoriza reducir o aumentar el techo presupuestario, aprobado por la legislatura, hasta el 15% de su monto total, pero el proyecto de Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, aprobado el sábado último por la legislatura, determinó que el Ministerio de Finanzas podrá modificar presupuestos para disminuir el Presupuesto General del Estado. Para su vigencia, el Presidente de la República debe sancionar el proyecto. 

Con tal escenario legal, la autoridad financiera podría modificar la estructura presupuestaria inicial, en la que el Ejecutivo concentra el 97,52% del total, mientras las Funciones Legislativa, Judicial, de Transparencia y Electoral el restante 2,5%. La Electoral representa el 0,11%, la Legislativa el 0,16%; la de Transparencia y Control Social el 0,67%, la Judicial el 1,54%.

Los sectores de mayor concentración, en el presupuesto inicial, son: Educación, USD 3 818, millones, 10,75%; Salud, USD 3 003 millones; 8,55%; Ministerio de Inclusión Económica y Social, USD 1 432 millones,  4,04%; Defensa Nacional, USD 1 193 millones, 3.93%, Policía Nacional, USD 1 193 millones, 3,36%. Para servicio de deuda pública (externa USD 41 428 millones; interna, USD 16 790 millones) se asignaron USD 7 615 millones, 24.5 %. En el eventual ajuste, todos tendrían variaciones.

¿Mantendrá las asignaciones para Espectáculos culturales y sociales de USD 5 275 345; para eventos públicos promocionales USD 3 851 507, para eventos oficiales USD 1 734 911, montos que podrían ser transferidos para ciertas compras emergentes de salud?

Crisis productiva y de empleo

Si aquel es el drama en la caja fiscal, en el sector productivo no es menor. Un gremio empresarial estimó que al finalizar el año se registraría pérdidas de 250 000 empleos en manufacturas, comercio y otros, pero no llegarían a tal extremo si el régimen orienta créditos por al menos USD 3 000 millones, tras advertir que la caída en ventas podría oscilar entre los USD 10 000 y USD 12 000 millones. Pronósticos conservadores estiman que el Producto Interno Bruto (PIB)  caería en el 6%. El PIB nominal para este año fue registrado en USD 110 434 millones, valor que podría variar con la modificación de la estructura presupuestaria prevista a realizarse en junio entrante.

Los estragos en empleo causados por el COVID-19 son fuertes. El 2020 arrancó con un registró de 5 151 323 (60%) ecuatorianos sin empleo adecuado de la población económicamente activa de 8 379 355 (100%), según el INEC, cifra que tendrá incremento importante. En efecto, el 8 de este mes, el Ministro de Trabajo reveló que su cartera registró 78 598 actas de finiquito laboral por efectos de los coletazos de la epidemia. A la misma fecha, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) reveló que cesaron de su registro 120 000, sugiriendo que más de 31 000 empleados y trabajadores estarían en litigio laboral.

Por otra parte, al transcurrir 52 días  de la emergencia, el 75% del aparato productivo nacional registró importantes problemas de flujo de caja. Las más pequeñas que generan el 46% de empleo,  son las que tienen apuros de liquidez, por lo que requieren asistencia inmediata.

Las empresas con solo 45 días de resistencia sin liquidez requerirían USD 633 millones para cubrir  completamente los salarios de sus trabajadores, mientras las que soportarían hasta 60 días necesitarían USD 1 025 millones para mantener los empleos en 24 823 compañías durante dos meses. Todo está a la baja: presupuesto, producción, empleo, exceptuando el estrés que se eleva en la población con no pocas víctimas y la corrupción. 

Crónica roja

En medio del preocupante panorama financiero, económico y social, la corrupción no descansa, pero a diferencia de la década trucada donde sus actores actuaron con blindaje, por lo que el periodismo investigativo potenció su actividad para develarlos, esta vez los actores parece no quedarán en la impunidad porque no han sido ocultados y sus rostros navegan por redes sociales y otros medios. Los funcionarios inescrupulosos, probablemente prevalidos de supuesto soporte político en sensibles niveles de gestión público ya han recibido condena social por sus desparpajos cometidos en los escenarios de tensión, dolor y sufrimiento de pacientes afectados por el COVID-19 y de las escuálidas finanzas públicas. La Justicia está llamada a realizar su parte con sanciones previstas en la Constitución y la Ley.

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