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Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deben reestructurar, urgente, el Consejo Nacional Electoral.

Foto: Flickr Consejo Nacional Electoral

Y no para, y no parará, la angustiosa democracia ecuatoriana sigue su marcha. El Consejo Nacional Electoral, cuyo objetivo es “asegurar que las votaciones y los escrutinios traduzcan la expresión auténtica, libre, democrática y espontánea de la ciudadanía y sean el reflejo oportuno de la voluntad del electorado expresada en las urnas por votación directa y secreta”, está bajo sospecha. Goza de desconfianza como para organizar y ser garante de las elecciones presidenciales y de asambleístas que se avecinan.

El Consejo Nacional Electoral está integrado por personas que han mostrado vaivenes ideológicos y políticos, que les costaría asumir que la “ideología política es el juego ético de ideas y principios” o que la doctrina es un “conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos”.

Ciertamente que cuando los integrantes fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-T) hubo esperanza de que el Consejo Nacional Electoral revalorice su imagen afectada por las truculencias de sus predecesores, pero las “democráticas” resoluciones de mayoría han puesto en alerta a la población, más que a los denominados sujetos políticos que han cuestionado seriamente sus actuaciones.

Un Consejo Nacional Electoral que en su interior se acaloran con documentos que verificarían cometimiento de fraude en las elecciones de febrero de 2019 y tráfico de influencias, no es referente valido para “organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente y eficaz los procesos electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar los resultados y posesionar a quienes resulten electas o electos” en las elecciones de 2021.

¿Se puede confiar esas responsabilidades cívicas-políticas a personas que han certificado y validado en su seno a un responsable de procesos electorales imputado por asociación ilícita y otros artificios?

La democracia ¿puede confiar la organización y realización de elecciones a personas dubitativas para tomar acciones que impulsen investigaciones sobre posible existencia de supuestas actas recontadas durante el escrutinio de los comicios de febrero de 2019 y anomalías en el escrutinio de Los Ríos y Manabí?

¿Puede haber confianza en un Consejo Nacional Electoral que realiza escrutinio con caos informático (apagones)?

¿Puede haber confianza en integrantes de un organismo señalados por sus propios colegas de ser impávidos ante informes de que “se adulteraron los resultados en el recuento de actas”, que “hubo actos deliberados” para favorecer a unos candidatos y perjudicar a otros en las elecciones de 2019?, O sea, ¡hubo fraude! De forma urgente la Asamblea Nacional y el CPCCS tienen que tomar cartas en el asunto y elegir personas que demuestren que, al menos, “la capacidad de sentir vergüenza es una buena brújula moral”. Que la Comisión de Fiscalización y Control Político haya represado, sin puertas de desague,  el juicio político contra la presidente del Consejo Nacional Electoral, evidencia que la desvergüenza, la corrupción ha hecho raíz en la República del Ecuador, desde su desenfrenado desbocamiento iniciado en el 2007. Esperar el desborde del represamiento tendría impredecibles consecuencias políticas.

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