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Los Derechos Humanos y la Ley Creando Oportunidades

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Asamblea Ley Laboral

“Toda persona tiene el derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo…”. Eso dice el art. 23, Declaración Universal de Derechos Humanos.

Foto: Bolivar Parra – Flickr Presidencia de la República

El gobierno “exige” a la Asamblea Nacional, a través de su presidenta, aprobar el proyecto económico-urgente, denominado de “creación de oportunidades”, como mecanismo para revertir la crisis de desempleo en que se debaten siete de cada diez ecuatorianos de la población económicamente activa.

El proyecto, de 335 artículos, que afecta a 30 cuerpos legales vigentes y varias iniciativas, pretende materializarel plan económico-social gubernamental de cuatro años y acariciar el soñado equilibrio fiscal, imposible de lograrlo sin transparencia y disciplina. Efectiviza la mutación ideológica centrista del gobernante, mostrada en la campaña de segunda vuelta electoral, en la que reafirmó su deseo de rehabilitar la economía y combatir el desempleo abierto.

El documento de 180 páginas fue recibido con escepticismo y negativismo por parte de quienes hacen política con estribillos y consignas, pero pasadas las horas se encogieron al silencio, sin dejar de pregonar la eventual “inconstitucionalidad” de la iniciativa gubernamental, bajo el supuesto de afectar varias “materias”.

Ciertamente que la consigna o estribillo no fue acompañado de argumentos, que no sea el obsecuente discurso de presunta afectación al pueblo. Son los mismos que durante 14 años formaron el engranaje de “alza manos”, que, consecutivamente, afectaron la normativa procesal legislativa, como les consta a quienes desempeñaron altos cargos públicos, devenidos en legisladores.

Así, la “inconstitucionalidad” se reduce a consigna y aestribillo de interés particular, inconsecuentes con la ética política y la ortodoxia legal.

El Artículo 136 de la Constitución vigente es taxativo e inequívoco al ordenar que “todos los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia (…), con la suficiente exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarán o se reformarán”.

Como se lee, la norma no hace referencia a un solo cuerpo legal, sino “a una sola materia”, por lo que vicio habría si dijera “a una sola ley”, consecuentemente no podría tramitarse en la Asamblea Nacional.

Parecería ser que sobreviven “políticamente” solo por sus frecuentes escaramuzas en el uso del lenguaje y su desapego de elementales lecturas sobre acepciones de las palabras con las que se entretienen en lo que llaman debate legislativo. Una elemental revisión dice que la materia se relaciona con con cuerpo, organismo, corporación, colectividad, cada uno de los cuales se supone esta integrado por diversos componentes, que lo hacen distinto a una ley relativa a uno solo de ellos.

Si el Consejo de Administración Legislativa, CAL, se remitiera solo a la acepción de “materia”, calificaría al proyecto sin dilación alguna, pero como podría haberpresión “política” de quienes pregonan en contrario, seríaineludible el recurso constitucional de la interpretación normativa, cuya atribución corresponde la Corte Constitucional (Art. 436.1 de la Constitución).

Los elementos que cuestionan la constitucionalidad de la iniciativa, son los responsables, con diferentes acciones, del estado de crisis nacional, por la falta de transparencia en la gestión pública, por la recurrente oposición a la inversión generadora de empleo y bienestar. Son aquellos que ven peligrar el ahogamiento de sus discursos, sí importantes grupos poblacionales se alejan de la informalidad.

La propuesta ensambla inversión, generación de riqueza, estatal y privada, redistribución de ella, consecuentes con empleo directo e indirecto, generadores impositivos que alimenten la caja fiscal, redituables para fortalecer servicios de salud, educación y seguridad, la dinamia de la economía y de la sociedad.

Alarman estadísticas que muestran que solo el 32,4% de la población económicamente activa cuenta con empleo adecuado; es decir, alrededor de 3.2 millones de 8.3 millones de individuos, según encuestas de agosto último. 5.1 millones de ecuatorianos desesperan por ocupación fija o temporal para contar con mejores condiciones de vida familiar. La Asamblea Nacional tiene la enorme responsabilidad de pensar y trabajar por iniciar el proceso de reversión de la crítica situación social.

Debe tener presente que el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos prescribe que “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo…”.

Esta norma no es ajena a la legislación nacional, la contempla, taxativamente y con prevalencia, en el artículo 424 de la Constitución. La Asamblea no solo tiene responsabilidad con el respeto a la normatividad ecuatoriana, sino también a la internacional.

El proyecto tiene que ser debatido y valorado pensando en las perspectivas del bienestar del país.

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