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A las ficciones del aspirante Andrés Arauz, se adicionaría el Defensor del Pueblo, para quien la Fuerza Pública habría realizado “ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil”, entre el 3 y el 16 de octubre de 2019.

Fotos: API

El Defensor del Pueblo ha encontrado en la primera quincena de octubre de 2019 el cometimiento de delitos de lesa humanidad, que habrían sido perpetrados por altos funcionarios gubernamentales, encabezados por el presidente de la república, conforme su denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

La acusación determina que entre el 3 y 16 de octubre de 2019 el país y la comunidad internacional han sido testigos o han recibido noticias del cometimiento de asesinatos, exterminios, como parte de ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, conforme la acepción de crimen de lesa humanidad.

Difícil tarea para la Fiscalía desentrañar la convicción del defensor, quien basaría su acusación en un “informe” presuntamente elaborado por una comisión extrajudicial, de la que dos de sus tres integrantes han renunciado; comisión “nombrada por un funcionario cuya objetividad se encuentra en duda, ya que acompañó a los manifestantes en el secuestro de policías y periodistas”, conforme la referencia gubernamental relacionada con el acusador.

Importante sería la develación del presunto plan gubernamental para realizar los ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil por parte de la fiscalía, porque el acusador no lo ha hecho para sostener su imputación.

Valoraciones del “informe” indican que solo da cuenta de algunos hechos violentos, por lo que debe ser completado en honor a la verdad histórica de los sucesos acaecidos, de lo contrario el caso podría semejarse a la conducta del aspirante presidencial Andrés Arauz, quien, desde el “debate” presidencial del Consejo Nacional Electoral, vacía su credibilidad, porque cada vez que habla su palabra se reviste de duda como, profusamente, publican redes sociales.

¿Motivación política?

A propósito, el presidente Moreno ha ubicado a la Defensoría del Pueblo como refugio de “un partido político”, probablemente porque al momento de la entrega del “informe” al titular de la institución estuvo el candidato presidencial Andrés Arauz, quien ofreció su “fiel compromiso para que siga la verdad, la justicia y la reparación en este caso”.

¿El defensor y Arauz tienen visiones similares sobre el “desate de la feroz violencia” de octubre del 2019, del ataque generalizado y sistemático contra la población civil?, el tiempo lo dirá, pero por ahora Arauz tiene enormes fatigas por la veracidad de sus palabras, al ver afectada su biografía por los cuestionamientos a su título profesional y a su calidad de servidor público en el Banco Central, cesado poco antes de su mención como aspirante presidencial, a través de una venta de renuncia, mientras el defensor se subió el peso de sostener y demostrar dichos ataques.

¿Los dos personajes hicieron algún acuerdo?, porque en el acto de entrega-recepción del “informe” estuvieron juntos, como probable “maniobra calculada para coincidir con las elecciones”, según Moreno, mientras el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reparó en que las conclusiones “son subjetivas y sesgadas, al carecer de documentos e informes probatorios sobre la planificación militar para las operaciones ejecutadas en apoyo complementario a la Policía”.

Cierto que a casi 18 meses después de los sucesos no se han revelado investigaciones ni sanciones efectivas sobre los protagonistas de innúmeros delitos ocurridos, como el intento de asesinato al periodista Freddy Paredes, el incendio del edificio de la Contraloría del Estado, la retención y humillación de periodistas y policías en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el bloqueo de servicios básicos, saqueos y demás vandalismos de grupos que bogaron por la caída y sucesión del gobierno. Si el Art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos destaca que “persona es todo ser humano”, fueron millones de seres humanos las víctimas de esos aciagos momentos.

Los derechos ciudadanos consagrados en la garantista Constitución fueron arrasados, pero la Defensoría del Pueblo, que constitucionalmente tiene como función “la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador” (Art. 215), no operó con “medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos” conculcados contra millones de ecuatorianos en esos días. Fiel a su rótulo, la Defensoría del Pueblo debió haber actuado consecuente con el mandato constitucional.

Empero, parecería que tal dirigencia y los actores de los vandalismos habrían encontrado tutela en la Defensoría del Pueblo para hacer la denuncia unidireccional en la Fiscalía con la eventual perspectiva de obtener algún tipo de rédito. Por cierto, todavía no hay luz sobre las denuncias presentadas a la Fiscalía respecto a la afectación a más de dos centenares de unidades militares y policiales y otros materiales, la afectación a la economía nacional en alrededor del 3% del PIB.

El titular de la Defensoría del Pueblo podría tener razones importantes para hacer la denuncia por delitos de lesa humanidad, figura compleja difícil de argumentar en momentos en que pocas decenas de miles de civiles tuvieron en zozobra a la República, a los elementales derechos humanos de millones de personas.

No se recuerdan imágenes fehacientes del 3 al 16 de octubre de 2019 que muestren ataque generalizado o sistemático contra la población civil por parte de la fuerza pública, de cuyos miembros más bien han quedado testimonios de estar casi a la defensiva, utilizando “material y equipo antimotines” ante nuevas formas de violencia social. La Convención Interamericana dice en su Art. 5.1 que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. Millones de ecuatorianos tuvieron estas afectaciones por quienes habrían instrumentalizado la tutoría legal de la Defensoría del Pueblo.

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