Crisis inobjetable

Saldremos de la creciente recesión con disciplina, unidad y dirigentes convencidos de que la política es instrumento de servicio a la sociedad y no de servirse la sociedad

La historia económica, social y política del Ecuador no registra dramáticas experiencias sanitarias como la presente que tiene casi exánime al Estado, pandémico del virus de la corrupción, que han derivado a pobreza fiscal, a paralizar la manufactura, el comercio y servicios, a develar la tangible debilidad de la administración pública, pese a lo cual subsisten esperanzas de recuperación  lenta y sostenida solo si sobreviene un liderazgo ético, con acendrados principios de progreso y desarrollo económico y social, destino que está en los electores del 2021.

La tarea actual es promover ese horizonte, porque con la casi inmovilidad del capital y el trabajo con la consecuente reducción de generación de impuestos, el gobierno solo piensa en hacer más recaudaciones, rechazo que le lleva a rellenar la caja fiscal con más deuda, visto el vertiginoso crecimiento del déficit fiscal, porque el antecesor se divirtió hipotecando, onerosamente, la riqueza petrolera y habría “robado” casi USD 70 000 millones en contratos amañados.

Dicha inmovilidad ha determinado que, en abril, la recaudación de impuestos se reduzca al 41% de lo esperado, más dramática de lo ocurrido en febrero, la más baja de los últimos 7 años por la ya evidente recesión, al sumar USD 2 221 millones, 7% menos de los USD 2 384 millones del 2014.

A mayo, la abultada deuda pública adicionó USD 1 400 millones, uno de cuyos tramos, USD 643 millones, del FMI, se obtuvo al 1,05%, que muestra el beneficio de créditos obtenidos con organismos multilaterales, porque en la década trucada su representante festejó préstamos con China y Tailandia que oscilaron entre el 6 y 10%, que aún asfixian al país.

El drama de las finanzas públicas es correspondiente el drama de la producción y la comercialización de bienes y servicios, porque su inmovilidad repercute negativamente en los ingresos del Presupuesto del Estado, lo que no parece entender el gobierno que mantiene de su antecesor la epidemia del impuestitis contra empresarios y trabajadores, para sostener sus onerosos egresos burocráticos y dispendio en presunta obra social.

El dogma también le ha llevado a desatar inconsulta legislación temporal tratando de arreglar la inmovilidad productiva, para legalizar forzados cierres de empresas y despidos laborales, antes que encausar esfuerzos financieros para redimir al sistema productivo afectado en su liquidez, especialmente en la micro, pequeña y mediana empresa, los mayores generadores de empleo.

Oxigeno financiero

La propuesta legislativa muestra que los subsistentes, “topos”, “teóricos” de la “revolución ciudadana” siguen empeñados en debilitar el aparato productivo, sembrando dispersión social, como efectivamente despertaron a los populistas sociales con su añeja consigna de “defensa de los derechos laborales”, desentendiéndose del contexto de la crisis, de la forzada inmovilidad productiva, que, como para remediarse del COVID-19, demanda oxígeno, pero financiero, organización y disciplina preventiva sanitaria de la población para reintegrarse a su dinamia. Sin ventas, es inútil la producción.

Los recetadores y los populistas sociales no valoran el impacto humano del cierre de negocios y despido de trabajadores, que sumarían 500 000 al fin de año, adicionándose a los 5 151 323, el 60% de la población económicamente activa sin empleo adecuado, que el país registró al iniciarlo.

El discurso populista imagina que el clamoroso déficit fiscal sería resuelto recuperando USD 70 000 millones “robados” por la administración predecesora del régimen, pero extraños, ¿por conveniencia?, a la realidad política, social y judicial, se desentienden que la recuperación es engorrosa y tediosa, por decir lo menos, porque los presuntos ladrones son parte de la estructura de la “delincuencia organizada” que mantiene “topos” en todas las Funciones del Estado, como ha dicho un vocero presidencial.

Es que “topos” y populistas sociales muestran convencimiento de que el gobierno genera riqueza y bienestar, más no los factores de la producción y de servicios, quienes alimentan al fisco vía tasas e impuestos, porque el gobierno, no el Estado, tiene fortaleza en mostrar números rojos en la gestión de sus “emblemáticas” empresas: Petroecuador, Petroamazonas, IESS, Tame, ferrocarriles.

Mercado de competencia

Y mientras “topos” y populistas entretejen acciones intentando minar al régimen, entre la acechanza del virus la población ha palpado la bondad del mercado de competencia en la compra de alimentos. Tiendas y abacerías aterrorizaban con especulación a usuarios tensos por la amenaza, de pronto ingresaron, a múltiples barrios, camiones repletos de verduras, hortalizas, frutas y otros bienes, desde el productor al consumidor, abaratando precios. Así, inesperadamente, la gente supo la bondad del mercado de competencia, supo que, aunque informalmente,  este reguló precios a su favor, compró más con menos dinero, con el COVID-19 presente.

Incertidumbre y esperanza

Y el virus también develó, al cierre del tercer año de año gobierno, que el régimen entienda que su planilla de sueldos es desmesurada y onerosa, que no tiene dinero para continuar sustentándola, porque los generadores de riqueza y bienestar fueron inmovilizados, por lo que ha reiterado su discurso de reducir el peso burocrático innecesario y dispendioso, que debía hacerlo al inicio de su mandato.

A nadie viene bien el desempleo, pero tangible ha sido ver cúmulos de gentes extraviados de la gestión pública, no solo por carencia de sitio para sentarse o no contar con función específica, sino porque sin control han ambulado por calles, plazas y restaurantes, para regresar a las oficinas a registrar firmas o huellas de salida. Es el clientelar “talento humano” inventado por la “revolución ciudadana”.

Y bien, al inicio del último año del actual gobierno, el país rebasa la incertidumbre porque tiene la certeza que terminará en recesión, con innúmeros “topos” de corrupción. Al comenzar la cuarentena, el 16 de marzo, el Ecuador ya estaba con “una economía prácticamente estancada”, “en recesión”, con el Riesgo País en 3 447 puntos y el precio referencial del petróleo ecuatoriano, el WTI, en USD 31,73. En la última semana de mayo esos indicadores siguen en deterioro.

Es que a excepción del sector agropecuario, con sus recurrentes dificultades, la producción, el comercio, los servicios, el empleo, el descenso del consumo y la inversión, no solo por el virus, acumulan crisis consecuentes de las recurrentes políticas económicas y sociales gubernamentales erráticas, no consecuentes con principios de desarrollo, progreso y bienestar, acaso porque ha preferido conducirse con las torres, alfiles, caballos y peones de su predecesor, probables actores conscientes de la sistémica corrupción y de afanadas acciones por relevos del poder.

Es preocupante que en el discurso presidencial haya conciencia de que “hay delitos en las eléctricas, en las refinerías, en la salud, en las telecomunicaciones, en la educación, en el SRI, en la obra pública, en las aduanas, en la administración pública, en pensiones adeudadas. Mejor dicho: ¿en dónde no hay delito?”, pero evidencie debilidad en “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes…” contra la pandemia de la corrupción.

Sobre la base de la probable extensión de la “revolución ciudadana” con “nuevo estilo”, de las enormes dificultades económicas, sociales, políticas y sanitarias, el Ecuador camina a un proceso electoral, en el cual los sufragantes tienen la oportunidad de determinar no solo su futuro próximo, sino la senda para las nuevas generaciones, eligiendo ciudadanos que comulguen y conjuguen principios éticos, cívicos, de producción, de bienestar, que devuelvan a la política su sustantiva razón de servicio a la sociedad, dejando atrás su perversa analogía con maniobras, subterfugios, corrupción, edificados durante los últimos doce años.