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La Asamblea Nacional solo parece querer decantar derechos y no responsabilidades ciudadanas, por lo que el ejercicio de la democracia directa sería la respuesta para restablecer dinamias económicas y sociales.

Foto: Fernando Sandoval – Flickr Asamblea Nacional

La historia lo dice: no es tan difícil reclamar derechos; se parte de mínima organización y elaboración de una consigna que, repetida, logre impactos psicosociales. La no eliminación de subsidios a los combustibles es un ejemplo, aunque el subsidio, por su propia naturaleza, es coyuntural, no permanente, es temporal.

El gobierno militar que imperó hace casi 46 años no sabía qué hacer con el dinero que le ingresaba por el “boom petrolero”, pese a que “analistas” lo encasillaron como “desarrollista”, no impulsó transferencia de tecnología, procesos productivos, sino gastos en beneficio del parque automotor, como estimular el uso doméstico del gas licuado de petróleo.

Usualmente, los subsidios estimulan procesos productivos por ser generadores de empleo y bienestar, pero, en el caso ecuatoriano, han estimulado el vertiginoso crecimiento del parque automotor privado, el contrabando, hasta el procesamiento de denominadas sustancias ilícitas.

Así, el subsidio a los combustibles se institucionalizó ¿cómo política de Estado?, ¿es la única que rige al país durante casi cinco décadas?, por lo que los transportistas multimodales lo han asumido como un derecho, aupados, por dirigentes sindicales, de la Conaie y ciertos actores políticos opuestos al desarrollo y al bienestar.

Conforme las razones sociales, buena parte de los transportistas están asociados en empresas, las que no solo se benefician del subsidio a los combustibles, sino que adicionan exenciones en la importación de unidades, partes y piezas automotrices. Es, acaso, el sector empresarial que más apoyo tiene del escuálido fisco nacional y, siempre desea más.

Y, ¿el fisco, es el Estado?, claro que sí. Y, ¿quiénes conforman el Estado?, entre otros, la población, trabajadores, indígenas; en general, la población económicamente activa, entre los que están trabajadores formales e informales, segmentos poblaciones, quienes, en última instancia, subsidian los combustibles, que favorece a propietarios de vehículos, al contrabando, como a quienes dicen prestar servicio, con manifiesta deficiencia y cuestionable calidad.

Servicio cuestionable

Las quejas sobre el servicio de transporte público son múltiples; el más recurrente es la velocidad. En Guayaquil, las contravenciones más frecuentes, casi el 90%, son por exceso de velocidad, con no pocos daños a la salud de los usuarios, incluyendo accidentes y víctimas que lamentar, panorama similar en el resto de ciudades del país.

En Quito se registran 3 299 unidades de servicio pertenecientes a particulares y el municipio, entidad con participación ínfima, el 6,55% de dicho total. Aquellos bregan por alza de tarifas, pero resisten cumplir normativas para mejorar la calidad. Solo cuatro o cinco empresas y/o cooperativas, de 65 operadoras, se han certificado para aumentar el precio del pasaje.

Aparentemente, los representantes del grueso de las operadoras que resisten acoger la normatividad de calidad de servicio, son los que emblematizan el presunto perjuicio por la reducción mensual del subsidio. Contradictoriamente aducen no salir a trabajar porque no tienen dinero, cuando el axioma sustenta que la falta de dinero induce trabajar; ciertamente si la ética está en relación con el necesitado.

La consigna de que la progresiva “eliminación del subsidio” encarece la canasta familiar carece de sustento, porque las recurrentes mediciones inflacionarias oficiales y particulares develan impacto mínimo, casi una centésima porcentual, cuando no ha sido negativa, en general, por lo que el presunto impacto degenera a consigna o estribillo.

Asamblea en cuestión

Y en la Asamblea Nacional hay ecos de tales sesgos económicos y sociales, voces populistas membretados como presuntos defensores del pueblo, combatientes de la pobreza, pero diluyen sus adjetivos cuando se trata de aprobar legislación conducente a favorecer la inversión, consecuente con la generación de trabajo, de bienestar. La inversión genera empleo, mejora condiciones de existencia social; si esto ocurre, se termina el negocio de los “defensores del pueblo”, se les terminaría el negocio de sobrevivencia política.

Por ello es que levantan campamentos para rechazar amenazas a sus estribillos, rechazan iniciativas para tratar de revertir el drama laboral, para reducir la brecha de siete de cada diez desempleados. Son los mismos que apuestan como solución el incremento de subsidios para fortalecer la mendicidad.

Por ello no parece novedad, porque los más bulliciosos de la presunta defensa popular están entre la casi cuarta parte de asambleístas que tienen “cuentas pendientes en la Contraloría General del Estado”, por haberse hecho de dinero con formas reñidas con los marcos legales. De 32 con registro doloso en actuaciones de servicio público, 22 “arrastran valores confirmados que deben devolver al Estado”, por USD 48,2 millones.

Dos ejemplos: Pabel Muñoz López, el planificador del correísmo, cifrado con dos glosas por un total de USD 34 094 724,10, mientras que su colega legislador y exprefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, de PK, con USD 174 919,04, relacionados con procesos de contratación, liquidación de fondos de cuentas, comodatos, pagos por moras y responsabilidades patronales, gastos por combustibles y por la construcción de un puente vehicular en el cantón Nangaritza.

La oposición a establecer dinamia económica y social ¿tienen que ver con esas cuentas?, y las sospechas crecen porque el contralor subrogante “calificó a todas las glosas, las órdenes de reintegro, los exámenes especiales y los informes civiles y penales que elaboró la Contraloría General del Estado, como información reservada. Secreta”, según el portal “Periodismo de Investigación”.

Corresponde al contralor subrogante, ¿la declaratoria de información reservada, secreta, asuntos de interés público? La fiscal general, ¿puede iniciar indagaciones, imputar y solicitar al juez respectivo procesar a los legisladores glosados y ordenar el reintegro del dinero? Así, ¿es ético y transparente que ellos suelten altisonantes discursos sobre ética y transparencia?Con “cuentas pendientes”, favorecedores de subsidios, bloqueadores de iniciativas de inversión, de reforma tributaria y laboral, parecería ser obvio y natural que en ellos se estrelle cualquier proceso legislativo de desarrollo y bienestar, constituyéndose en auténticos impulsores del ejercicio pleno de la democracia directa: la consulta popular.

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