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Corruptos en “Muerte Civil”

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Las sentencias sobre el caso Sobornos 2012-2016 deben adecuarse a la decisión legislativa del pueblo ecuatoriano en la consulta popular del 4 de febrero de 2018.

Foto: Flickr Presidencia de la República

De quedar en firme las sentencias de los políticos y empresarios imputados en el caso Sobornos 2012-2016 perderían los “Derechos de Participación” establecidos entre los artículos 61 y 65 de la Constitución, entre ellos no elegir ni ser elegidos a dignidades de elección popular, no desempeñar empleos o funciones públicas, no participar en asuntos de interés público, no fiscalizar  actos del poder público; serían interdictos de la “muerte civil” aprobada por la consulta popular del 4 de febrero de 2018.

Entonces, la pregunta 1 consultó: “¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes como dice el Anexo 1?”, y obtuvo el apabullante 73,71% de votos, resultado publicado en el Registro Oficial, siendo sustituidos el Art. 233 de la Constitución, el numeral 2 del Art. 96 del Código de la Democracia, el primer inciso del Art. 10 de La Ley Orgánica de Servicio Público, y se incorporaron disposiciones a los Arts. 60, 68, 77, 280, 285 y 289 del Código Orgánico Integral Penal, COIP.

De negarse las aclaraciones, ampliaciones y casación, a las que aún podrían recurrir los sentenciados, después de negadas las apelaciones, los políticos Rafael Correa Delgado, Jorge Glas Espinel, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Christian Viteri, Viviana Bonilla, Pamela Martínez, Laura Terán; los empresarios Víctor Fontana, Rafael Córdova, Bolívar Sánchez, Edgar Salas, Ramiro Galarza, Alberto Hidalgo, Teodoro Calle, Pedro Verduga, Mateo Choi, William Phillips y las empresas relacionadas, las sentencias, por delito de cohecho agravado, deben adecuarse a lo prescrito en la decisión popular contenida en el mentado Anexo de la Pregunta 1, que incluye la pérdida de “Derechos de Participación” entre diez y veinticinco años, no por los años de presidio (8).

Así, los eventuales sentenciados en este y los múltiples que se procesan por corrupción perderán los “Derechos de Participación”, responderán con sus bienes hasta el monto de la reparación integral del Estado y la sociedad, las empresas involucradas serán disueltas y liquidadas y deberán pagar una multa equivalente de 500 a 1000 salarios básicos unificados del trabajador en general, esto es entre USD 188 000 y USD 394 000.

El saneamiento de la corrupción en el sector público será posible si se lo sanciona como delito de lesa Patria, con pérdida de “Derechos de Participación” de por vida, prisión y reparación integral al Estado y a la sociedad. Una consulta popular es viable; por ahora, se espera el cumplimiento del Anexo 1 a la pregunta 1 de la consulta popular de febrero de 2018, que dice:

ANEXO 1

Constitución De La República Del Ecuador 

Sustitúyase el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador por el siguiente texto:

Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y será responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados a las instituciones del Estado, están sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas  normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las cualidades antes señaladas.

Las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico  de influencias, y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita, y delincuencia organizada relacionada con actos de corrupción; estarán impedidos para ser candidatos a cargos de elección popular, para contratar con el Estado, para desempeñar empleos o cargos públicos y perderán sus derechos de participación establecidos en la presente Constitución.

Ley Orgánica Electoral Y De Organizaciones Políticas De La República Del Ecuador, Código De La Democracia

Sustitúyase  el número 2 del artículo 96 de la  Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, por el siguiente:

2. Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación  ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción.

Ley Orgánica De Servicio Público

Sustitúyase  el primer inciso del Artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio Público por el siguiente  texto:

Las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de: peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación  ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción; y, en general, quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones del Estado están prohibidos para el desempeño, bajo cualquier modalidad, de un puesto, cargo, función o dignidad pública.

Código Orgánico Integral Penal

Agréguese el numeral 14 al artículo 60 del Código Orgánico Integral Penal, que disponga:

14. Inhabilitación para contratar con el Estado que se aplicará en sentencias condenatorias por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción, pena no privativa de  libertad que será comunicada al organismo técnico regulatorio del  Sistema Nacional de Contratación Pública.

Agréguese como segundo inciso en el artículo 68 del Código Orgánico Integral Penal, el siguiente:

En el caso de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada  relacionados con actos de corrupción, los jueces de forma obligatoria aplicarán esta sanción por un lapso de entre diez y veinticinco  años.

En el artículo 77 del Código Orgánico Integral Penal incorpórese el siguiente inciso final:

Las personas  condenadas con sentencia ejecutoriada  por la comisión de delitos  de  peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias  y testaferrismo; así como ,lavado de activos,  asociación ilícita, delincuencia organizada  relacionados con actos de corrupción, responderán con sus bienes hasta el monto de la reparación integral del Estado y la sociedad.

En el artículo 280 del Código Integral Penal añade el siguiente inciso final:

En caso de determinarse responsabilidad de la persona jurídica será sancionada con la disolución y liquidación  y el pago de una multa de quinientos  a mil salarios básicos  unificados del trabajador en general.

En el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal incorpórese como tercer inciso, el siguiente:

En caso de determinarse responsabilidad  de la persona jurídica  será sancionada con la  disolución y liquidación y el pago de una multa de quinientos  a mil salarios  básicos unificados  del trabajador en general.

En el artículo 289 del Código Orgánico Integral Penal incorpórese como segundo inciso, el siguiente:

En caso de establecerse responsabilidad de personas jurídicas  serán sancionadas con su  extinción y multa  de quinientos a mil salarios  básicos unificados del trabajador en general.

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1 Comentario

  1. Edison Toledo 27/07/2020

    Buenas noches.

    Tengo bastantes sugerencias hacia la impunidad y corrupción para que exista justicia, por lo que creo que seria mejor que indique un correo electrónico, o mejor todavía si puedo presentar documentos para que vean la veracidad.

    Responder

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