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Ironías y sarcasmos parlamentarios

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Fiel a su carga de “resoluciones”, la morosa Asamblea Nacional en la lucha contra la corrupción, demagógicamente homenajea a un adalid anticorrupción.

Foto: Fernando Lagla – Flickr Asamblea Nacional

Cuando el miércoles último se leía en un diario guayaquileño que “El discurso anticorrupción se instala en la Asamblea Nacional con dos actos”, no pocos pensaron que se trataba de una broma, ironía o sarcasmo, otros airearon que todo es posible en un organismo que hace de todo, menos leyes y fiscalización anticorrupción.

Pensar en la broma y en la desidia del parlamento era lógico, porque si algo ha caracterizado a la Asamblea instalada en mayo del 2017 ha sido su indiferencia al restablecimiento de la honradez en el Ecuador. Quizá porque muchas curules fueron ocupadas por entonces activos miembros del ya perecible movimiento Alianza PAIS, varios de los cuales habrían sido colocados en las listas para beneficiarse de inmunidad parlamentaria, de los que quedan no pocos sospechosos.

A menos de siete meses de que se despida la Asamblea, tiene el récord del 2% de aceptación, cuestionada por sus omisiones de fiscalizar a quienes declararon reservada y secreta información de interés público, como los contratos de preventas petroleras, o liberaron de culpa a quien alegremente nacionalizó a un australiano albergado en la embajada ecuatoriana en Londres, como no se motivó para hacer seguimiento de los dolosos casos expuestos por la Contraloría y el periodismo investigativo, aunque ha registrado calculado desperezamiento sobre los traficantes de la salud pública durante la emergencia sanitaria.

La broma, demagogia o cinismo parlamentaria producido en la sesión 686 de homenajear al hombre “ejemplo superior” de la lucha contra la corrupción pública, a Jorge Rodríguez Torres, originada en uno de los tantos sospechosos que alberga el recinto, invitó a pensar en su inopia para el trámite de un sistema legal ágil anticorrupción y de recuperación de multimillonarios montos sustraídos de diferentes entidades del Estado.

Conociendo como se conocía a Jorge, su espíritu debe haberse revuelto con asombro e iras y rechazar la demagogia y cinismo del proponente y de la proclamación de 91 adherentes que  solo tras su fortuito deceso se han alertado que Rodríguez Torres vinculó su existencia a luchar por el imperio de la ética y la transparencia en la administración de los bienes públicos, no porque la malhadada Constitución del 2008 consigne en un artículo (83.8) el deber ciudadano de “denunciar y combatir los actos de corrupción”.

Memorias frágiles 

El posible que en el seno parlamentario circulen “memorias frágiles”, por conveniencia, porque es público y notorio que Rodríguez Torres y la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), investigaron y elaboraron informes sobre protervos contratos del correato, por lo que el líder y sus adláteres no se inmutaron en perseguirlos y sentenciarlos a prisión y multa, lo que fue revertido por presión ciudadana, más no por acción  alguna de la esquiva Asamblea Nacional a la corrupción.

Algún baldeador esparció la versión de que la sesión 686 habría ensayado un forzado “lavado” previo al voto del controvertido juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien tiene el atajo de que una eventual censura y destitución podría ser leído como aval parlamentario a los estados de sitio de ciudades, atracos, destrucción y zozobra de la población ecuatoriana en octubre de 2019.

Si el proponente y los 90 legisladores hubiesen tenido sindéresis en el “homenaje” a Rodríguez Torres, más que el deseo de que el Municipio quiteño verifique una plaza para endosar el nombre del ferviente luchador anticorrupción, debía, a su nombre, exhortar, vigorosamente, a la Función Judicial desempolvar investigaciones, acelerar la tipificación e instaurar los juicios correspondientes de los involucrados en las decenas de casos que la CNA denunció hace mucho tiempo y lo sigue haciendo.

Sistema anticorrupción

Si ello hubiese sido noticia, mucho más lo hubiese sido que en homenaje a Rodríguez Torres la Asamblea se comprometía, aprobar, sin dilaciones, el segundo debate del proyecto de Ley de Extinción de Dominio y declarar prioritaria la construcción de un sistema legal, ágil y expedito para sancionar a la corrupción pública y recuperar los dineros sustraídos por funcionarios malabaristas.

Si los actores de la Asamblea estuviesen atentos al acontecer nacional, repararían en la urgencia de restablecer en el país la honradez en el sector público, colaborar con la CNA concentrada en elaborar una propuesta, un sistema anticorrupción que involucraría no solo nomas penales ágiles, sino reformas a la contratación pública, requisitos para ser candidatos a dignidades de elección popular, de la función judicial y otras, como ajustes en el sistema educativo para restablecer formación con principios éticos y cívicos.

Tales movimientos ciudadanos parecerían no interesar al grueso de la Asamblea, porque buen grupo de mentes conjugarían en continuar alargando el segundo debate de la citada Ley de Extinción de Dominio, para que los indiciados y otros de “delincuencia organizada puedan “lavar” lo dolosamente sustraído del fisco tras su perentorio paso por la función pública.

La señal dada por la sesión 686 habría dejado en claro que la lucha contra la corrupción es subalterna en su agenda, y si aprueba el proyecto de Extinción de Dominio sería porque está en la agenda del acuerdo gubernamental con el Fondo Monetario internacional, supeditado a su plan de ayuda de USD 6 500 millones: la adopción de legislación anticorrupción, entre otros parámetros.

Cierto que Jorge Rodríguez Torres constituye “ejemplo superior y constructor de hitos de valores éticos ciudadanos”, lo que no puede decirse de la Asamblea que paga remuneraciones a quienes no trabajan, como ocurre con quienes ambulan por México, sin que participen en una sola sesión desde hace meses o mantenga en su seno glosados y sentenciados.

Sobreprecios, coimas y…

Hay que preguntar ¿qué ha hecho la Asamblea sobre la denuncia de la Comisión que coordinó Rodríguez Torres, de que entre el 2007 y 2017 habrían sido atracados del fisco no menos de USD 35 000 millones? (otras fuentes hablan de USD 70 000 millones).

El informe provisional que, oportunamente, presentó Rodríguez Torres desglosó la suma así: USD 13 135 598 181 por sobreprecios en contratos de inversión; USD 7 881 358 908 por coimas; USD 6 964 600 150 por evasión y elusión tributaria; USD 3 176 484 000 por comisión de 1% en gasto corriente; USD 2 676 262 000 por comisiones por exportación de petróleo; USD 1 081 250 000 por comisiones en deuda pública; USD 780 321 600 en comisiones por importación de petróleo.

Expuso que la red de corrupción se habría embolsado a razón de USD 3 569 587 484 anuales, USD 9 915 521 diarios. ¿Si no hubo forcejeos en el reparto del monto diario, es evidente que operó un “grupo íntimo” de delincuencia organizada? La Asamblea Nacional, al menos debe dar una respuesta, cuando no seguimiento sistemático al trabajo realizado por Rodríguez Torres y la Comisión. Tal sería el mejor homenaje al insigne luchador social.

Así podrían esclarecerse ingresos de los flamantes hoteleros, inmobiliarios, inversionistas, que antes del correato sobrevivían a medias. El Registro de la Propiedad sería una fuente, el sistema bancario otra; la Lotería Nacional dejaría en claro que el sector público probablemente sufrió “loteriazos” en el correato.Si la Asamblea no deseara que su homenaje quede en bochorno, por lo menos, en estos días, debería centrar su atención en el Consejo de la Judicatura que presuntamente realiza múltiples malabarismos en torno a la selección de candidatos para la Corte Nacional de Justicia, de cuyo proceso se apartó, precisamente, como veedora, la CNA porque no se le proveyó información requerida.

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