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El populismo y el libertinaje aborrecen la responsabilidad, superar estas taras harán el futuro positivo del Ecuador.

Foto: Gianna Benalcázar – CCQ

La Asamblea Nacional parece estar empeñada en aprobar proyectos al margen de la normativa para la formación de la Ley. La última, la denominada “Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social”, que otorgaría, a los gobiernos autónomos descentralizados, “herramientas legales” para gestionar viviendas a sectores populares.

El populismo legislativo no tiene límites. Atropella sus normas. Sin rubor, el presidente de la mesa de gobiernos autónomos (PK), agolpa que “las observaciones que no fueron recogidas tras el segundo debate serán incorporadas una vez que se presente el veto parcial al proyecto”. Absurdo, por decir lo menos.

No solo esa barbaridad en la formación de la ley, determina subsidios para vivienda de interés social, sin identificar montos ni fuentes de financiamiento, haciéndolo engañoso, falaz; pero, seguro es que los tramposos urdirán movilizaciones para “defender el derecho a vivienda popular”. Otro monumento a la irresponsabilidad, como aquel “aumento de sueldos” a USD 1 000 a los maestros, sin financiamiento.

Este libertinaje recuerda lo generado por el Consejo Directivo del IESS, presidido por el inefable Ramiro González, para entregar servicio “de salud de calidad, con oportunidad y calidez a los familiares de los afiliados y jubilados”, sin financiamiento, en los días del correato.

El subsidio se mantiene para los hijos menores de 18 años de los afiliados, sin aporte alguno. Los “defensores” del IESS no mencionan esta trastada, guardan silencio, manipulando razones del desfinanciamiento del institucional.

La crisis financiera del IESS no solo es obra de los gobiernos que lo utilizan como “caja chica” para cubrir déficits fiscales, succionando ahorros de los aportantes, sino instalando administraciones que generan clientelismo electoral (burocracia desmedida) y negociados impunes. Si el IESS fuese manejado profesionalmente, sería la institución de ahorro más grande y poderosa del Ecuador y sus servicios serían óptimos, pero es fiel reflejo de la antiética política.

El IESS es fuente de “negocios”, por lo que ya hay “expertos” que infunden “salvación financiera” con emisión de bonos del Estado para cubrir la deuda gubernamental de casi USD 8 000 millones, lo que aumentaría la deuda pública, que alcanza a USD 65 170 millones, el 60% del PIB.

A tales populismos e irresponsabilidades, se adiciona la indocilidad ciudadana respecto al virus Sars CoV-2, generador de la letal COVID-19, que, desde hace casi dos años, mantiene en jaque a la humanidad.

La indocilidad sería consecuencia del presunto posicionamiento de la generación de “cristal” muy afecta a derechos pero repulsiva a deberes, que exige libertades sin responsabilidades, posicionada desde las “novedosas” esferas políticas del llamado siglo XXI, que reniegan la historia existente antes de ellas.

En el caso parecen haber licuado derechos y libertades reduciendo la pandemia a “simple gripe”, por lo que cuesta pensar que atemperen la magnitud del desastre, en el que han perecido ya más de 5 millones de personas y la economía y el bienestar humano estén afectados.

Son los individualistas, inmediatistas, a quienes solo importa vivir el hoy, los que fuerzan convertir caprichos en derechos, con eco en populistas legisladores insulsos, los que no valoran el ayer ni el mañana, por ello ignoran que la peste negra asoló entre 1346 y 1353, que la viruela en el siglo XVI desapareció a casi toda la población nativa americana; que la gripe española mató no menos de 50 millones de personas entre 1918 y 1920.

Los tétricos saldos ocurrieron porque no hubo vacunas. Hoy existen, por ello la letalidad del Sars CoV-2 no es inmensa, pero habrían sido afectados los descuidados e irresponsables. Son frescas las imágenes de mediados del 2020: cadáveres en aceras y calles del Ecuador y del mundo. La “simple gripe” es letal. Los antigripales no han hecho boom en el mercado farmacéutico.

Las circunstancias actuales reafirman el criterio del doctor Pablo Herrera Ordóñez: dentro o fuera de casa la prevención es la solución. El sistema constitucional de salud garantiza la prevención, prevenir es vacunarse, pero esto parece ignora la “Defensoría del Pueblo”, que exhorta al Consejo de la Judicatura no pedir carné para ingresar a las dependencias judiciales, invocando normas constitucionales.

El exhorto incurriría en que tal Defensoría manipula la Constitución en favor de un sector ciudadano y omite la disposición que, resalta: la salud es un derecho que garantiza el Estado. ¿A la Defensoría solo le importa el trabajo de los abogados y no la salud de la población?

Los parámetros científicos conocidos hasta hoy aconsejan que para prevenir el Sars CoV-2 hay que vacunarse y fortalecer el sistema inmunológico. No desaparecerá, será endémico, como el de la viruela y otros. La vacuna es el antídoto actual, no utilizarla atentaría contra sí mismo, contra la familia, contra compañeros de trabajo. El ser humano es un ser social, por lo que resistir, conscientemente, la vacunación, rayaría en perversidad; podría derivar acciones legales.

Parece que la Defensoría del Pueblo está en búsqueda de protagonismo publicitario; por su exhorto, sugiere que iniciaría una acción legal contra el Estado (el gobierno) por garantizar la salud de la población. ¿Populismo e irresponsabilidad?

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