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Actores políticos timoratos para impulsar bienestar nacional

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Gobierno y legislatura se esfuerzan por mantener la crisis de empleo y la inseguridad, al ser contemplativas y bizantinas a la modernización de la economía y de las relaciones laborales.

Foto: @jannoon028 – Freepik.es

Cada vez parecen más ajenas iniciativas y reformas estructurales legislativas para atraer capitales frescos sobre la base de nuevos esquemas laborales, mientras surgen mayorías parlamentarias para abortar procesos sancionadores de corrupción pública, abonando al desarrollo de desconfianza  para la inversión y generación de empleo.

Lamentable que se restrinjan al discurso los deseos de realizar nuevos acuerdos bilaterales de inversiones, motivadores de ingreso de capital fresco, normas que posibiliten reinversión, emprendimientos y sistemas laborales destinados a superar la endémica crisis de empleo pleno.

La semana anterior el riesgo país nuevamente rebasó los 1000 puntos (1096 el cuatro de febrero, 244 más desde el 22 de enero), entre otros factores externos, porque los mercados perciben el riesgo ecuatoriano por la timidez gubernamental y la tensión interna legislativa en torno a las reformas al Código Monetario y Financiero y de las Finanzas Públicas, la revisión de subsidios, entre otras, a lo que se sumó el desgrane de la frágil mayoría absoluta parlamentaria por resistencia de unos cuantos a juzgar políticamente actos de corrupción en el Consejo Nacional Electoral.

Pese a la fracturada legislatura por los desencuentros en torno a la prevalencia de la ética política, al interior se escucha que en la Comisión legislativa de Trabajadores avanza la composición de un proyecto de Código integral laboral, que sustituiría al vigente que data de 1937 (gobierno militar de Alberto Enríquez Gallo). “Un cuerpo legal inmenso que toca el régimen laboral privado y público, (pero) va a tomar tiempo porque hay que escuchar a todo el mundo: a trabajadores, a empleadores, a jueces, a los académicos, pero fundamentalmente en esa construcción tienen que participar esos 5,5 millones de ecuatorianos que no tiene empleo”.

Demagógico, por decir lo menos, es pretender escuchar a 5,5 millones de desempleados, mismos que ni siquiera tienen representantes, porque las organizaciones sindicales son específicas de quienes tienen empleo pleno. Porque los 5,5 millones que experimentan dramas de sobrevivencia,  apuestan por modalidades de trabajo que les permita llenar, al menos su canasta básica, nuevas modalidades para el Ecuador, pero que desde hace mucho tiempo rigen en otras sociedades.

Si los actores políticos actuaran con responsabilidad y sindéresis, y fueran sinceros en sus discursos engalanados y teóricamente enérgicos por ansiar el bienestar ecuatoriano, no dudarían en impulsar, tramitar y aprobar legislación coherente con procesos de desarrollo socio-económico nacional.

Si es claro que crear una calificada plaza de trabajo demanda inversión de alrededor de USD 10 000, Gobierno, Asamblea y organizaciones sociales tienen que concertar acuerdos para potenciar inversión nacional e internacional privada, porque reclamar trabajo al Ejecutivo es quimera, vistos sus crecientes déficits fiscales, por mantener dispendios y subsidios indiscriminados, que le impiden hacer inversiones en obra pública.

Los actores políticos y sociales deben valorar con profunda serenidad la perversa conducción económica entre el 2007 y 2017, pensada en el sentido de que incrementando sistemática y desmedidamente sueldos y salarios a la burocracia se le daba liquidez para que supuestamente evidencie crecimiento de la economía, cuando lo único que hizo fue afectar la producción nacional e incrementar importaciones suntuarias que encarecieron el costo de la vida en el Ecuador, convirtiéndolo en uno de los países dolarizado más caros del planeta.

En tal lapso hubo supremos esfuerzos para arruinar los procesos productivos ecuatorianos, básicamente con decisiones tributarias recaudatorias para proyectar obras faraónicas gubernamentales, casi todas envueltas en vicios legales, que analistas no dejan de mencionar que superan los USD  70 000 millones en beneficio de la entonces cúpula gobernante.

A estas alturas, legislatura y Ejecutivo reflejan debilidad política y tienen parsimonia para acometer acciones para solucionar el grave problema de empleo, de cuya carencia germina la violencia, la inseguridad y alienta corrupción, al, eventualmente, haberse enfrascado en el tira y afloja de los turbios acuerdos que llevaron a la Comisión de Fiscalización y Control Político a dejar en el limbo el proceso contra la instalada corrupción en el Consejo Nacional Electoral.

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