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Los retos de Guillermo Lasso frente a los Derechos Humanos

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Guillermo Lasso Ecuador Derechos Humanos

La persecución del correísmo deja una tarea monumental para recomponer la relación entre el Estado y los ciudadanos. Lea esta reflexión.

Foto: Bolivar Parra – Flickr Presidencia de la República

La cuestión de los derechos humanos, de su protección y promoción, en la región hispanoamericana siempre ha sido un tema delicado. Esto se da no tanto por vulneraciones actuales y presentes a los derechos fundamentales de muchos ciudadanos en los países de esta zona, lo que sí ocurre, sino más bien por la historia del siglo anterior, en la que muchos gobiernos, más allá de su tendencia ideológica, violentaron garantías y libertades de las poblaciones que se supone habrían tenido que proteger. 

Este recuerdo pesa enormemente, y para países como el Ecuador, que por desgracia tiene un récord especialmente negativo sobre protección y promoción de derechos humanos, como apuntan recientes informes de Amnistía Internacional (https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/ecuador/), cualquier caso actual o pasado suele resultar vergonzoso, al punto de marcar agenda sobre el asunto.

Por contingencias particulares, incluida la reciente crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, así como la presencia de pueblos y nacionalidades indígenas, con protección especial en acuerdos internacionales de derechos humanos y en el ordenamiento interno, o su propia situación de país en vías de desarrollo, y el legado de 14 años de un modelo cuestionable en su tratamiento a grupos como los periodistas, el Ecuador se enfrenta a un desafío interesante sobre la protección y promoción que debe dar su nuevo gobierno a los derechos humanos como parte de su política pública, como se indica en un reciente artículo publicado en Plan V (https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/derechos-humanos-la-otra-deuda-que-deja-lenin-moreno).

Para poder analizar esto de forma más detallada, hay que considerar de transversalmente las áreas en las que el Ecuador ha tenido actuaciones cuestionables en derechos humanos en los últimos años, cuáles son las normas que rigen, desde el derecho internacional de derechos humanos y el ordenamiento constitucional y legal interno, en estas áreas, y si existe algún interés manifiesto por parte del nuevo gobierno, de su presidente Guillermo Lasso, o de alguno de sus altos funcionarios o de las instituciones creadas para promocionar derechos humanos en el país, como la Secretaría de Derechos Humanos, encabezada por Bernarda Ordoñez. (https://www.eluniverso.com/noticias/politica/bernarda-ordonez-una-experta-en-derechos-humanos-y-genero-para-el-gabinete-de-guillermo-lasso-nota/)

En principio, hay que destacar que existe una diferencia notable entre los enfoques sobre materia de derechos humanos que se han dado entre los gobiernos de Rafael Correa, de su sucesor Lenín Moreno, y del actual presidente, Guillermo Lasso, puesto que durante los dos primeros se dieron violaciones de derechos humanos, de forma sistemática en el primero, y de forma excepcional en situación de crisis en el segundo. Este legado sirve para disponer de algunos de los retos principales que habría de asumir el gobierno de Lasso, y muy probablemente se convertiría en su núcleo, más allá de su propia afinidad por causas liberales, como la feminista (https://scopio.info/deshojando-el-plan-de-gobierno-de-guillermo-lasso/) que promueve su Secretaria de Derechos Humanos.

En el gobierno de Rafael Correa, a pesar de demostrar una aparente protección de derechos humanos con el propio proceso constituyente que promovió al inicio, sobre derechos sociales y económicos, tiene un registro muy malo que puede influir las áreas de acción del nuevo gobierno en esta materia. (https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/observaciones%20preliminares%20visita%20EC%202018.pdf)

La principal diferencia que podría comenzar marcando el gobierno de Lasso frente al de Correa sería sobre la abstención de vulneraciones al derecho a la vida (cosa que en realidad consiste en un deber mínimo) y el derecho a la integridad personal, así como el respeto al debido proceso, y los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de asociación y de reunión, que son los principales derechos de los que constan vulneraciones por parte del Estado durante el gobierno de Rafael Correa.

Todos estos derechos son reconocidos tanto por la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como por la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, de los cuales el Ecuador es Estado-parte, habiéndolos firmado y ratificado, en los artículos 3, 11, 19 y 20 de la primera, y en los artículos 4, 5, 7, 8, 13, 15 y 16 de la segunda. 

Los casos de vulneraciones de derechos humanos del correísmo son extensos, y algunos son notables y muy conocidos, de acuerdo con la investigación realizada por el equipo de redacción de Plan V (https://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/derechos-humanos-violaciones-durante-el-gobierno-rafael-correa), como las muertes del General Jorge Gabela o del periodista Fausto Valdivieso, el secuestro del político Fernando Balda, la detención y tortura de los estudiantes del Colegio Mejía, o de los 10 de Luluncoto, un grupo de manifestantes comunistas opuestos a Correa, o la represión militar en el pueblo amazónico de Dayuma y como tales, no pueden repetirse bajo ninguna circunstancia bajo el nuevo gobierno, que, a diferencia de Correa o de los funcionarios de su gobierno, habría de responder por ellos como vulneraciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos, en el muy improbable caso de que se dieran.

El gobierno de Lenín Moreno fue relativamente mejor que el de su antecesor (https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/derechos-humanos-la-otra-deuda-que-deja-lenin-moreno), incluso asumiendo responsabilidad legal por algunas de las vulneraciones de derechos humanos mencionadas, pero tuvo otro reto excepcional, que eventualmente repetible bajo el gobierno de Lasso, y que representó un caso grave y concreto de vulneración de derechos humanos: la contención y represión de la protesta indígena en octubre de 2019, y eso sin contar otros casos que van marcados por la misma línea que la del correísmo, como el del secuestro y asesinato de los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra en la frontera con Colombia por grupos de la narcoguerrilla, en los que el Estado fracasó absolutamente en proteger las vidas de sus propios ciudadanos.

De todas formas, el punto de quiebre en derechos humanos de ese gobierno fue la manifestación convocada por algunas de las principales organizaciones indígenas del país, y ante el incremento en el avance y en la violencia que se dio en ella, el presidente Lenín Moreno, a través de su Ministra de Gobierno, María Paula Romo, tuvo que autorizar el uso de la fuerza contra los manifestantes, ante la potencial desestabilización política que podrían provocar, que ya se pudo percibir desde la declaración de estado de excepción ante esa situación.

Por estos eventos, que incluso fueron denunciados por la dirigencia indígena dentro del marco de crímenes de lesa humanidad (https://www.efe.com/efe/america/politica/indigenas-ecuatorianos-denuncian-por-crimenes-de-lesa-humanidad-a-lenin-moreno/20000035-4365993) dispuesto por los Convenios de Ginebra sobre derecho internacional humanitario y por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de derecho penal internacional, en los que el Ecuador es Estado-parte, y que si bien no son instrumentos de derechos humanos, y protegen derechos fundamentales en contingencias de conflicto como ya ha explicado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en sus múltiples documentos de trabajo (https://www.ohchr.org/documents/publications/hr_in_armed_conflict_sp.pdf), el registro de protección de derechos humanos que hereda Guillermo Lasso de su predecesor es bastante complejo, y más aún cuando este grupo en concreto está además protegido por otro instrumento internacional de DD.HH. vinculante para el Ecuador, que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Es esencial exponer estos elementos, porque todos los retos en derechos humanos a los que se va a enfrentar Guillermo Lasso y su gobierno van a orientarse por estos caminos, y que principalmente debe ocuparse de resolver las graves falencias que permitieron que se den violaciones a esos derechos fundamentales en los gobiernos anteriores.

Particularmente, las dos cuestiones que más tendrían que tomarse en consideración son la libertad de expresión y los derechos de los indígenas, que pueden estimarse como los dos principales desafíos que habría de asumir el gobierno del Guillermo Lasso, y especialmente su Secretaría de Derechos Humanos, ya que ha sido en estas áreas en las que han ocurrido los mayores y más visibles incidentes de vulneraciones de derechos humanos en nuestro país en los últimos años.

Formalmente, la situación en la que el Ecuador se encuentra en materia de libertad de expresión y en derechos de los indígenas es ambigua, ya que la normativa interna heredada del régimen anterior apenas cumple con las disposiciones y obligaciones de los convenios y tratados de derechos humanos de los que el Estado ecuatoriano es parte, lo que permitió en el pasado muchas de las vulneraciones ya descritas.

En libertad de expresión, por ejemplo, el Ecuador se ve obligado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, instrumentos en los que es Estado-parte, y que la reconocen expresamente como derecho fundamental en sus artículos 19, 19, 13, 14 y 4, respectivamente, y que lo disponen como una de las características del respeto a la dignidad individual de la persona humana.

Constitucionalmente, la libertad de expresión es reconocida en los artículos 39, 45 y 384 de la norma suprema, y la mayor expresión legal de su regulación era con la aún vigente Ley Orgánica de Comunicación, que fue promulgada por el gobierno de Rafael Correa y mantenida por el de Lenín Moreno, que significó la legitimación de una serie de abusos cometidos por el gobierno del primero, tales como la persecución judicial a periodistas y medios de oposición, así como la toma de medios de comunicación privados, que se transformaron en públicos, y la cooptación de frecuencias en manos de funcionarios y políticos afines al régimen.

Sin embargo, esta misma ley fue una de las primeras que Guillermo Lasso ha buscado derogar desde el su mandato, remitiendo en su remplazo un proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación (https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/cambios-proyecto-libre-expresion-presidente-lasso.html), mucho menos restrictivo que el de la norma vigente, y que permite un ejercicio real de la libertad de expresión mucho más acorde al espíritu de los artículos antes citados, aunque no contempla una forma eficiente de promover el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta que manda el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que si hacía, más allá de su tendencia abiertamente limitante, la Ley Orgánica de Comunicación del correísmo.

De misma forma, al aún no ser promulgado como norma vigente y aplicable el proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación, todavía no se pueden percibir sus consecuencias y aplicación en el contexto ecuatoriano y su ejercicio (https://www.eluniverso.com/noticias/politica/ley-de-libertad-de-expresion-y-comunicacion-inicia-tramite-en-asamblea-nacional-nota/), ya que apenas representa un cambio formal en nuestro ordenamiento para alinearlo a la tendencia internacional en derechos humanos, aunque sin que signifique un cambio inmediato en cómo se protege la libertad de expresión. 

La inclinación, sin embargo, es hacia un modelo mucho más democrático, que implicaría que el gobierno de Lasso afrontaría mejor el reto de proteger y promover la libertad de expresión como un derecho humano que sus antecesores, aunque eso aún está indeterminado en el futuro.

Por otra parte, tenemos la cuestión de los derechos de los indígenas, que son regidos a nivel internacional como derechos humanos por la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidad sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, resoluciones e instrumentos en los que el Ecuador o bien votó a favor, como para la primera, o bien es Estado-parte, y por tanto quien tienen efectos vinculantes, como ya señaló el Foro de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de Asia y el Pacífico, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde su informe del año 2013. (https://www.ohchr.org/documents/publications/undripmanualfornhris_sp.pdf)

A nivel constitucional, los derechos de los pueblos indígenas están protegidos desde muchos ámbitos y generan un paralelismo institucional diseñado para proteger sus costumbres y tradiciones (https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00532561/document), pero otorgándoles, informalmente, ciertos privilegios a los que la población de base mestiza no puede acceder por su condición étnica.

Esto se puede explicar desde la perspectiva de la acción afirmativa, pero no deja de ser un desafío, y más aún frente al recuerdo reciente de la represión de la protesta indígena o del estigma cultural que suele generar, además de estar potencialmente en conflicto con la extensión universal del principio de los derechos humanos de igualdad ante la ley, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en sus artículos 2, 3, 24, y 2, respectivamente, aunque cumple con ciertas disposiciones como la del artículo 5 de la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la del artículo 5 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, o la del artículo 7 de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y que permite la aplicación más extensa posible de la igualdad como no discriminación.

En todo caso, la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas puede, bajo muchos aspectos, ser el principal desafío jurídico que deba asumir el gobierno de Guillermo Lasso, ya que su protección bajo el marco de derechos humanos puede ser invocada, por grupos políticos con carácter étnico, como una forma de limitar medidas, sobre todo de carácter económico (https://www.cadal.org/publicaciones/articulos/?id=13627), que deba adoptar en algún momento, aduciendo que estas vulneran sus derechos propios como los de consulta o de autodeterminación, además de no adecuarse a sus formas tradicionales con protección especial de derechos, y que por tanto, significaría que estarían perjudicados.

Sin duda se trata de un asunto a considerar desde la labor de la Secretaría de Derechos Humanos, que excede el marco constitucional en el que normalmente podría actuar, ya que invoca potenciales contradicciones en la interpretación de normas cuyo origen son acuerdos internacionales, que no se pueden ser resueltas por acción del ejecutivo o del legislativo, sino directamente por la justicia constitucional, a la que el gobierno habría de acudir periódicamente, respetando la separación de poderes, para consultar sobre su aplicación dentro de la potencial política pública que podría proponer mediante decretos o proyectos de ley, como ya ocurrió con el frágil tema del aborto, como destacó Santiago Basabe en una reflexión reciente. (https://www.primicias.ec/noticias/firmas/corte-constitucional-democracia-mujeres-independencia-ecuador/

Estas dos aristas observadas tienen esferas de aplicación que involucran  distintos sectores y niveles de la sociedad, y al menos en el reto de la libertad de expresión en la política de derechos humanos del nuevo gobierno, su labor simplemente ha consistido en una reforma legal y en la observancia de los principios del derecho internacional de los derechos humanos que son aplicables a esta materia, aunque esto no signifique que tendrá resultados inmediatos, sino que es la base formal para una reestructuración institucional orientada al mayor ejercicio posible de este derecho, garantizando una cultura democrática para la oposición.

El tema de los derechos de los indígenas, por otro lado, puede significar un desafío mucho mayor, ya que implica una serie de derechos contemplados de forma casi paralela, aunque en el mismo ámbito de aplicación, que muchas normas de derechos humanos de uso general. 

El gobierno de Guillermo Lasso probablemente tendrá que consultar con frecuencia a la Corte Constitucional sobre su aplicación en el contexto ecuatoriano, para permitir su ejercicio dentro de las políticas que sean propuestas.

  • El autor es estudiante de Derecho en la Universidad Internacional SEK, y ha sido becario de los Institutos Mises y Acton y de The Fund For American Studies. Además, es corresponsal para Hispanoamérica del periódico español España Confidencial, investigador de Libre Razón Think Tank, y escribe frecuentemente para la revista norteamericana The Libertarian Catholic.
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