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¿Por qué no conviene que Correa sea extraditado desde Bélgica?

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El canciller, Juan Carlos Holguín aseguró que su Cartera de Estado sigue el proceso de extradición de Correa que lleva a cabo la Corte Nacional de Justicia de cerca.

Foto: Flickr Presidencia de la República

La noticia de la semana pasada: “Bélgica concede asilo político al expresidente Correa”. Lo dijo el abogado Christophe Marchand, del estudio jurídico Jus Cogens de Bruselas. Este bufete ha defendido a políticos que huyeron de sus países, como el líder autonomista catalán Carles Puigdemont quien, como Correa, también vive en Bélgica y de quien también se pidió su extradición en España. No hay que olvidar que este consorcio jurídico estuvo también presente en el país en la defensa de algunos acusados del Caso Sobornos 2012/2016, hace dos años.

El anuncio de Marchand se produjo pocas horas después de que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, anunciara que había firmado una orden solicitando al reino de Bélgica la extradición del ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado, expresidente del Ecuador, residente en ese país, desde su salida del poder en 2017. ¿Coincidencia o ratificación de que las manos metidas en la justicia por el exmandatario siguen presentes en todas las instancias judiciales del país? No hay que olvidar que Saquicela tiene un año en el cargo y lo primero que anunció al posesionarse es que haría este pedido. ¿Por qué se tardó tanto?

El asilo es una figura del derecho internacional. Un estado lo concede para acoger a un solicitante. Hay tres razones para que un país, en este caso, el reino de Bélgica, lo otorgue: por matrimonio con un súbdito, por ser perseguido político (el lawfair al que alude el exmandatario) o por el estatus de refugiado (solo permitiría asilar a los que huyen de algún conflicto bélico, que no es este caso, aunque la doctrina europea habla de protección de derechos individuales, porque el asilo es una institución histórica del derecho interamericano). Rafael Correa tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada por corrupción (cohecho) en el caso Sobornos 2012/2016.

Bélgica concede asilo político a Rafael Correa

El asilo está regulado por convenciones internacionales (las cartas de la ONU, la OEA y de derechos fundamentales de la Unión Europea, entre otras) y es “obligación de los estados” (según el art. 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), que manifiesta: “toda persona puede buscar protección fuera de su país de origen por conflictos que ponen en riesgo su vida (raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a grupos sociales). Un Estado protege a personas cuyos derechos fundamentales están amenazados por actos de persecución o violencia”.

Hace 55 años, el expresidente Velasco Ibarra volvió al país de su exilio -Argentina- cuando el congreso de esa época lo quiso inculpar por la muerte del estudiante Isidro Guerrero, ocurrida durante protestas estudiantiles de 1955 y se pidió su extradición. El principio de no devolución prohíbe a los estados expulsar a una persona al territorio donde su vida o libertad están amenazadas (¿alguien recuerda al excanciller anglo/franco/ecuatoriano Long cuando expulsó a muchos cubanos del país en 2016?).

No extraña que Correa haya pedido asilo o refugio en Bélgica. De allí es su cónyuge y es bastante probable que también haya accedido a la doble nacionalidad (ecuatoriano-belga) por naturalización. Hace cinco años Correa aseguraba que iba a solicitar asilo (Marchand ratifica que su solicitud fue en 2018, una vez iniciado el proceso contra el exmandatario por el secuestro de Balda). Le pidieron arriendos, certificados y matrículas de sus hijos.

En esa época le preguntaban al exmandatario si tenía miedo de ir a la cárcel y respondía:  “¿quién no va a tener miedo de eso? Uno siempre tiene miedo de perder su libertad” y agregaba: “a mí me quieren preso o muerto”. Para la doble nacionalidad de Correa se agrega el aspecto político. La derecha nacionalista flamenca gobierna ese país. La legislación belga es algo permisiva y asila a ciudadanos del propio bloque (esto parece que le fue útil al exmandatario y al líder autonomista catalán Puigdemont), pues el Tribunal de Justicia Europeo deja librado el derecho de asilo a la ley de cada país.

¿Qué dice la legislación belga?

Un excomandante de policía belga jubilado residente en el Ecuador, Daniel Hooft, contaba hace algunos años que entre el asilo, el refugio y el otorgamiento de la doble nacionalidad, a Correa le convenía la primera opción, porque veía complicado que reciba rápidamente la nacionalidad, aunque su cónyuge sea belga y es padre de hijos de esa nacionalidad. Los años que vivió en ese país habrían posibilitado la segunda opción.

La legislación belga prevé estar casado y vivir en Bélgica por al menos tres años. No hay la figura de la cohabitación legal (es decir, la unión libre). El peticionario debe haber vivido en ese país por más de cinco años y aportar una prueba de conocimiento de las tres lenguas nacionales (en el nivel A2 según el marco europeo de referencia).

Además, debe probar su integración social: obteniendo en Bélgica un diploma de enseñanza secundaria superior, tener un recorrido de integración al país y demostrar que tiene al menos 400 horas de formación profesional y certificar 234 horas de trabajo (o tres cuartas partes de las cotizaciones sociales como trabajador por cuenta propia). Se desconoce si Correa ha podido cumplir estos requisitos.

Según Hooft, entonces, “era evidente que Rafael Correa no cumplía con las condiciones 1 y 2 (residir legalmente en Bélgica por lo menos 5 años y vivir en Bélgica con su esposa desde hace 3 años). No se puede considerar que residía en Bélgica, aún casado con una belga o como padre de menores de edad belgas, porque es patente que era presidente del Ecuador y no podía residir de manera permanente en Bélgica”.

“Además”, agrega que “tiene que tomar en cuenta que en Bélgica, a diferencia del Ecuador, uno no puede decir «mi domicilio es tal» sin más, con una factura de servicio básico. A los ocho días de su llegada al domicilio, el candidato debe presentarse al municipio para entregar una solicitud y el municipio pedirá a la policía zonal (UPC) que verifique que reside efectivamente en el lugar declarado, lo que toma de una semana a un mes y solo entonces empieza a correr el plazo de cinco años”.

Para este ciudadano belga el único medio que podía acelerar el proceso era “que Rafael Correa pida su naturalización antes de 2013. Si uno puede tener un domicilio y una secunda residencia, lo que no es lo mismo, no puede tener dos domicilios. Y en el caso que alguien resida efectivamente en dos países, lo que no implica un domicilio, se considera que su residencia principal es en el país donde reside más de 180 días por año”. Parece que recién hizo esta petición en 2018, cuando empezaron sus problemas con la justicia ecuatoriana.

Irónicamente, Hooft agregaba que había “otras posibilidades legales pero son todavía más restrictivas: Rafael Correa no es un jugador de fútbol candidato a la selección nacional”. En el caso del asilo político o de otra medida más o menos similar que en Bélgica se llama protección subsidiaria (que podría definirse como refugio), el solicitante debe dar pruebas convincentes a Bélgica, de que si regresa a su país no solo va a ser perseguido por sus opiniones políticas sino también temer por su integridad.

Correa debió haber presentado evidencias de que las decisiones de los jueces de los tribunales ecuatorianos que él mismo nombró implicaban no solamente una persecución política sino que también eran un peligro por su integridad, a pesar de que un tribunal de otro país, en este caso Colombia, reconoció el secuestro del señor Balda.

El nuevo round entre Fernando Balda y Rafael Correa (La plata en Europa)

Donde se complicaba su situación era porque un candidato a refugiado político debía hacer su solicitud a la primera autoridad belga cuando pisa el suelo de ese país, lo que no ocurrió en el caso de Correa, que probablemente entró al espacio Schengen vía Amsterdam o Madrid, y en ese caso, debía solicitarla en Países Bajos o España.

Correa permaneció en Bélgica con una visa de larga estancia o similar o por agrupamiento familiar. Para solicitar el estatuto de refugiado político, había el riesgo de que si su solicitud era rechazada, debía ser expulsado, generando un conflicto de normas. Por eso se tardó cinco años analizando la situación con sus abogados para obtener el estatus de refugiado, previo a la naturalización y así le fue otorgado el refugio.

Foto: Fernando Lagla – Flickr Asamblea Nacional

El abogado Marchand explicó que la solicitud se presentó en 2018 tras el inicio del proceso del Caso Balda, una fallida operación de policías encubiertos ecuatorianos que, por orden de la SENAIN, intentaron secuestrar en Bogotá para traer al Ecuador al opositor Fernando Balda. Se presentó en Bélgica “documentación sobre los casos criminales en su contra con motivaciones políticas” y “destinados a impedir su carrera política”, lo que motivó que pida protección en ese país.

La petición de extradición del presidente de la Corte Nacional de Justicia se sustentó en un convenio suscrito entre Ecuador y Bélgica el 28 de mayo 1887, en la presidencia de José María Plácido Caamaño. Según este antiguo tratado “el Gobierno de Ecuador y el Gobierno de S.M. el Rey de los Belgas se obligan recíprocamente a entregarse, siempre que así lo pidan sus agentes diplomáticos respectivos, y sin otra excepción que sus nacionales o naturalizados, a los individuos que hallándose en el territorio de uno de los países, estuviesen perseguidos, sindicados, acusados o condenados como autores o cómplices por las autoridades competentes del otro país, a consecuencia de uno de los crímenes o delitos que se menciona en el Art. 2”.

Según la Corte, numeral 17 artículo 2 de ese convenio, determina que entre los crímenes y delitos que darán lugar a la extradición está la “corrupción de funcionarios públicos, árbitros y jurados.” El máximo personero de la función judicial citó también la Convención de la ONU contra la Corrupción, de 2003, ratificada por Ecuador -en 2005- y también por el Reino de Bélgica.

Correa tiene cuentas pendientes con la justicia

El portal Plan V hizo una cronología de los hechos: “el 19 de mayo de 2021, el juez Walter Macías, de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, solicitó a Saquicela el inicio del procedimiento de extradición de Correa. Según información proporcionada por la oficina de Interpol a la Corte, Correa tiene su actual residencia en Bélgica, dice el documento con el pedido de extradición. El 26 de abril de 2020, los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela emiten la sentencia contra Correa en calidad de autor mediato del delito de cohecho dentro del caso Sobornos. Tiene una condena de 8 años y perdió sus derechos políticos por 25 años. Correa, además, debe pagar $ 778.224,017”. A partir del rechazo de un recurso de casación hecho por Correa y otros procesados se dispuso la localización y captura del exmandatario.

Correa viaja libremente por el mundo y se presenta en varios países afines al socialismo del siglo XXI (Argentina y México), además de haber trabajado como entrevistador en la cadena rusa de propaganda del régimen de Vladimir Putin (Russia Today). El Ecuador intentó algunas veces que la Interpol emita una alerta de difusión roja contra el expresidente, sin conseguirlo.

Correa insiste que su involucramiento como autor del manejo de dinero en el caso Sobornos, fue bajo “la modalidad de instigación por medio de su influencia cognitiva” a la que el correísmo denomina la tesis del “influjo síquico”. Pero, una regla no escrita de cualquier organización mafiosa (como fue su gobierno) es “que al capo no se toca”…

Bélgica ha sido un país bastante permisivo con ciertos casos de políticos que pidieron protección en ese reino europeo, como terroristas del grupo vasco ETA y el líder del movimiento autonomista catalán Carles Puigdemont, en donde España no pudo conseguir sus extradiciones.

El Tratado de Ámsterdam de 1999 eliminó el asilo en Europa, pero Bélgica sigue concediéndolo. Tras el fallido intento de proclamar una República catalana en Barcelona, encabezada por el político autonomista Carles Puigdemont en 2017, éste viajó a Bruselas y analizó por meses la posibilidad de pedir asilo a Bélgica por los cargos formulados en su contra en España.

Cancillería espera que la CNJ avance con la extradición de Correa

Las autoridades belgas señalan que solo conceden asilo si hay señales de persecución o evidente imposibilidad de protección en los países de origen. Las autoridades de esa monarquía europea se basan también en aspectos de la Convención de Ginebra que establecen que alguien que “deje su país de origen por ser perseguido a causa de su nacionalidad, raza, creencias políticas o religiosas» y si «existe riesgo de que sea dañado seriamente si regresa», entendiendo por eso «la amenaza de pena de muerte, ejecución, torturas». La misma decisión la toman con refugiados y apátridas y allí no cabe recurso.

Bélgica también concedió asilo a un terrorista de ETA y negó pedidos de extradición de España señalando que no había garantías de un juicio justo, provocando roces entre Madrid y Bruselas que llegaron incluso a una instancia supranacional, como el Tribunal de Justicia de Estrasburgo. No obstante, Bélgica mantuvo el asilo.

¿Qué es la extradición?

Es una institución jurídica que permite la colaboración entre los Estados para evitar que un delincuente o presunto malhechor se sustraiga a un juicio o al cumplimiento de una sentencia, implementada entre países que celebran un tratado para colaborar en la entrega de un procesado o presunto delincuente, para evitar la impunidad.

La figura de la extradición pretende que los límites fronterizos entre diversos Estados no sean una restricción para que la justicia siga su curso; es decir esta figura del derecho internacional actúa cuando un presunto delincuente sale por diversas razones del país donde se lo investiga.

El derecho internacional desarrolló la extradición para resolver problemas cuando un presunto delincuente se refugia en un Estado sin jurisdicción sobre él o no puede procesarlo porque los medios de prueba están fuera de ese país. Para que opere la extradición hace falta la cooperación internacional si los Estados homologan su normativa interna con la internacional, para colaborar entre sí.

¿Qué requisitos debió tomar en cuenta el Ecuador para pedir la extradición? La conducta por la que fue sentenciada o está siendo procesada la persona sujeto de la extradición, que debe estar tipificada en la legislación interna del país requirente y del país requerido.

Entre los varios delitos por los que el expresidente Correa es investigado, están el tráfico de influencias (tiene sentencia condenatoria por cohecho, según el COIP). En Bélgica también son consideradas delito estas conductas, por lo que se cumple el primer requisito. El Estado requirente debe demostrar fehacientemente la causa por la cual se ha procesado al sujeto (sentencia condenatoria o solicitud de prisión preventiva en su legislación interna).

Los supuestos delitos cometidos por Correa según el COIP prevén penas privativas de libertad de 1 a 3 años por cohecho, 3 a 5 años por asociación ilícita y 3 a 5 años por tráfico de influencias tipificadas en el artículo 534 del Código, que establece los requisitos para que proceda la prisión preventiva, “…una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a un año”. (Código Orgánico Integral Penal, 2014, art. 534 núm. 4). Este requisito también se cumple.

El Estado solicitante debe tener jurisdicción para poder juzgar y ejecutar lo juzgado y debería existir un convenio internacional de extradición entre el país requirente y el país requerido, como es en este caso. De no haberlo se complica el procedimiento.

El Asilo y el Refugio

El tratadista Diez de Velasco afirma que el asilo es una protección que un Estado ofrece a personas que no son sus nacionales ya que su libertad o su vida corren peligro, debido a persecuciones o amenazas de otro Estado.

El asilo territorial permite que todo Estado, ejerciendo su soberanía, admita en su territorio a quienes crea conveniente, sin que otro Estado pueda reclamar y sin importar la manera en que hayan ingresado en su territorio. Ningún estado está obligado a entregar a otro Estado o expulsar de su territorio a perseguidos por motivos o delitos políticos. El asilo, en el derecho internacional, es un amparo ofrecido por un Estado en beneficio de una persona de cualquier nacionalidad diferente a la del Estado protector, para brindar auxilio a la persona que huye de un país en donde peligra su integridad o su vida, para ofrecerle resguardo y asistencia. Nunca fue ese el caso de Correa.

El asilo lo consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948): “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país” (art.14 num.1). El asilo puede ser disfrutado en el caso de los perseguidos. Por su soberanía los países tienen la facultad de decidir el asilo de una persona o rechazar su pedido, sin justificar su decisión. Hay dos tipos de asilo: el territorial que se concede al interesado, tras analizar su solicitud, en el territorio del país protector; y el diplomático que se otorga en embajadas del país protector. El efecto inmediato del asilo a una persona es la aceptación tácita de su no extradición.

En lo que se refiere al refugio otorgado a Correa, Bélgica se basa en la documentación que el exmandatario entregó al Comisario General de Bélgica para Refugiados y Apátridas. Esta protección, otorgada por la monarquía belga, no le impide viajar ni hablar de política y le posibilita, incluso, si se le llegasen a perdonar todas sus condenas (que parece ser el objetivo de la nueva mayoría legislativa), vuelva a candidatizarse en el Ecuador, lo que representa un riesgo para esta ya endeble democracia.

¿Por qué no conviene que Correa sea extraditado desde Bélgica? Se trata de un político hábil, que dejó un entramado jurídico e institucional que solo le podría permitir a él usarlo en su beneficio. No hay que olvidar que, durante diez años, Correa fue el dueño de todas las instituciones estatales y no sería raro que volviera a serlo en el supuesto de que sus sentencias sean absueltas para así retomar el poder y esta vez, para permanecer por algunas décadas.

  • El autor de esta nota, además de ser comunicador social y colaborador de Criterios Digital, es doctor en Derecho Internacional.

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