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Los tentáculos de la corrupción: la otra pandemia del Ecuador

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La historia democrática reciente del Ecuador está manchada por actos del corrupción. Cambiar es posible pero requiere de un acuerdo social y político.

Foto: @rawpixel – Freepik

Ningún gobierno podrá enfrentar la grave situación del país sin antes hacer un acuerdo contra la corrupción, en lugar de hacerse de la vista gorda ante ella o permitirla como sistema de operación, como ocurrió desde la vuelta a la democracia, pero especialmente en los últimos dos gobiernos, cuya raíz fue la “revolución ciudadana”, que posibilitó un método de acción que enriqueció a pocos y perjudicó al país.

La corrupción es uno de los grandes males de la sociedad actual. Se la menciona en noticiarios, periódicos y casos de estudio como un problema relacionado, la mayoría de las veces, con falta de ética, valores y escrúpulos que, generalmente, debe tener -sobre todo- el funcionario público al manejar recursos estatales.

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la corrupción “es el fenómeno por medio del cual un funcionario público es forzado a actuar en modo distinto de los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa”. La corrupción es, por lo tanto, el comportamiento ilegal de aquel que juega un rol en la estructura estatal.

En los gobiernos de Rafael Correa (2006-2017) y Lenín Moreno (2017-2021), de acuerdo con estimaciones de expertos, las pérdidas por corrupción han sido de un 11% del Producto Interno Bruto (PIB). Aunque en el gobierno de Moreno se dejó de ocultar las cifras oficiales, se especula que el desvío de dinero por corrupción fue de alrededor de 40 000 millones de dólares. Informes, como el de la Comisión Anticorrupción (creada fuera del establecimiento político) la situaron en 65 000 millones de dólares durante el correísmo, sin poder establecer aún datos del gobierno que termina.

Entre los años 2010 y 2014, los ingresos provenientes por la venta de petróleo al exterior tuvieron un precio internacional entre los 70 y 150 dólares por barril en los mejores momentos, dando un total de 350 000 millones de dólares (que pudieron haber sido un motor del desarrollo y no un beneficio para pocos). 

No quiere decir que antes de la denominada “Revolución Ciudadana” no hubo corrupción. El país recuerda las muñecas de trapo como obsequios de Navidad para la Policía del ministro Carlos Feraud -gobierno de Jaime Roldós (1979-1981)-; el del arroz con gorgojo y el caso de la compañía petrolera mexicana Permargo para la exploración de gas en el Golfo de Guayaquil en el mandato de Oswaldo Hurtado (1981-1984); el caso Ecuahospital en la administración Febres Cordero (1984-1988); “Flores y Miel”, involucrando a una hija y al esposo de una nieta del ex presidente Sixto Durán Ballén (1992-1996), por mencionar algunos. 

En todos los gobiernos de la última etapa republicana aparecieron, bajo diferentes denominaciones, “hombres del maletín” que acudían al Parlamento, Congreso o Asamblea, e incluso a la Presidencia de la República, para comprar conciencias de diputados o asambleístas -y se intentó con mandatarios- para inclinar la tramitación de proyectos de ley y concesión de obras de infraestructura para beneficiar ciertos intereses. 

Fueron más evidentes los casos de corrupción en el gobierno de Abdalá Bucaram (1996-97): la mochila escolar, su huida del país con bolsas de yute llenas de dinero y el nepotismo en los cargos públicos (con amigos, hermanos y parientes del presidente). 

Muchos casos de corrupción en su gobierno prescribieron y el exmandatario volvió al país. Aunque nunca pagó por las culpas de su desastrosa administración, está otra vez implicado en otros delitos, como posesión de armas y tráfico de piezas arqueológicas, así como sobreprecios en la venta de insumos médicos en los hospitales de Guayaquil durante la pandemia, junto con su nuera Gabriela Pazmiño, sus hijos Dalo, Jacobo y Michel y otros personajes como Daniel y Noé Salcedo.

El presidente Alarcón (1997-1998) fue acusado de “piponazgo” (más de 1000 personas que no trabajaron nunca, cuando era presidente del Congreso) y no se olvida, en su corto interinato, los manejos de los fondos privados y la ayuda estatal destinada a los damnificados del fenómeno de El Niño y el pago de comisiones a la compañía Andrade-Gutierres de Brasil por trabajos no realizados en la vía Méndez-Morona (por este hecho, tras su mandato, Alarcón estuvo en prisión).

Luego, el país eligió a Jamil Mahuad, y las cosas no cambiaron: más bien, empeoraron. Aunque su gobierno quiso calmar a los sectores sociales y financieros. Eran evidentes sus vínculos con la banca (los hermanos Isaías, Guillermo Lasso, Ana Lucía Armijos -hija del coronel conservador Rafael Armijos Valdivieso-, Fidel Jaramillo Buendía, Luis Jácome y otros), que fueron parte de su círculo de poder.

Luego vino la crisis bancaria, generada por el impuesto a los cheques (ideado por los socialcristianos y aceptado por el entonces mandatario), provocando una especulación sin precedentes y una crisis de liquidez. La gente prefería sacar sus ahorros del país o guardarlos bajo el colchón (el “colchón bank”) para evitar el impuesto.

Mahuad quiso imponer medidas económicas como alzas de combustibles, impuestos, subir el gas y los servicios básicos, etc. Los taxistas y otros gremios reclamaron. La “fiebre amarilla” llenó las calles. Taxistas y buseros bloquearon el país.

Luego vino el colapso bancario de marzo de 1999. Se congeló las cuentas de los ecuatorianos. Cercanos al círculo de poder accedieron a información privilegiada e hicieron fortunas especulando con el tipo de cambio, antes de anunciarse la dolarización (la cotización del dólar en pocos meses subió de 5 000 a 25 000 sucres por cada unidad estadounidense). 

Tras la asonada del 21 de enero de 2001 y la caída de Mahuad, llegó al poder su vicepresidente Gustavo Noboa, quien hizo vagas promesas de justicia social y de lucha contra la corrupción. Un golpe a su imagen fue la renuncia, el 23 de junio de 2002, de su ministro de Economía, Carlos Julio Emanuel, luego que varios alcaldes acusaran a funcionarios de su ministerio de exigir sobornos a cambio de liberar partidas presupuestarias para sus municipios. Emanuel acusó a los hermanos Noboa de promover una supuesta red de corrupción. Otro escándalo fue el del director de aduanas, un sacerdote -recomendado por el mismo mandatario-, el cura Carlos Flores quien, tras cometer una serie de atracos, huyó a EE.UU., donde fue capturado.

Luego de dejar la presidencia, el entonces diputado León Febres Cordero, acusó a Noboa por la negociación de los bonos Global en el mercado de valores internacional, denunciando que el exgobernante habría logrado beneficio personal. Por esta causa, Noboa pidió asilo en República Dominicana.

El 15 de enero de 2003 tomó posesión Lucio Gutiérrez, el excoronel golpista cuya aventura política de dos años antes culminó con su victoria electoral de 2002. Su régimen se caracterizó por indecisiones, rectificaciones y desmentidos. Su combate a la corrupción quedó en palabras, pues los vicios que criticó a gobernantes anteriores fueron habituales en su régimen. Él y sus colaboradores fueron acusados de nepotismo, abuso de autoridad, listas de enemigos del régimen, entre otras. 

Así, en mayo de 2005, lo sucedió su binomio, Alfredo Palacio, tras la denominada “rebelión de los forajidos” donde participó “el forajido número 090881351-2” (cédula de identidad de Rafael Correa, ministro de Finanzas de Palacio por breve lapso). El gobierno de Palacio no estuvo exento de casos de corrupción y ciñó la banda presidencial a Correa, el 15 de enero de 2006. 

Los analistas sostienen que, tanto el gobierno de Correa como el de Bucaram, fueron los más corruptos de nuestra historia reciente. Ambos exmandatarios fueron sindicados recientemente por casos de corrupción y, en el caso de Correa, tiene una sentencia ejecutoriada de 8 años de prisión, por el caso Sobornos 2012-2016, uno de los tantos en los que se involucró junto a otros integrantes de su régimen.

¿Mal sin remedio?

En el país hay un alto nivel de corrupción y se debería hacer campañas para enfrentar este azote ético. Es necesario crear conciencia entre los jóvenes, para que no se involucren en estos actos y piensen, erróneamente, que la única forma de hacer dinero es mediante comportamientos corruptos en política pública.  

Es peligroso que la gente se acostumbre a la corrupción en contratación pública con sobreprecios y coimas. La batalla no es fácil. Se debe concienciar a la gente para que se indigne cuando hay peculado, robo o estafa de fondos públicos. Pero, sobre todo, se requiere voluntad política del Estado. Lo paradójico es que la corrupción se haya instalado, como parte de la cotidianidad, en algunos países latinoamericanos.  

El ex presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz de 1990, Oscar Arias, decía que los países “no podemos darnos el lujo de entregar en manos de líderes corruptos el destino de nuestras sociedades”. Para él, el gran dilema de la corrupción es “a quién culpar, si al corruptor o al corrupto, al que paga haciendo pecar al funcionario corrupto o a quien acepta la propina o soborno porque su salario no le permite vivir con dignidad”.

¿Cómo identificar la corrupción?

Hay tres tipos de corrupción: el cohecho, que es una recompensa para cambiar a su propio favor el juicio de un funcionario público; el nepotismo, es decir la concesión de empleos o contratos públicos sobre la base de relaciones de parentesco en lugar de mérito; y el peculado por distracción, es decir la asignación de fondos públicos para uso privado. 

La corrupción suele mirarse en términos de legalidad e ilegalidad y no de moralidad e inmoralidad y por esto, hay que tomar en cuenta la diferencia que existe entre prácticas sociales y normas legales y la diferencia de evaluación de los comportamientos entre el sector privado y el sector público.

La corrupción se entiende como una transacción o cambio entre el que corrompe y el que se deja corromper, como una promesa de recompensa a cambio de un comportamiento que favorezca los intereses del corruptor; pero no suele haber castigo si hay algún comportamiento que perjudique los intereses del corruptor.

La corrupción es pan diario en Ecuador. El funcionario que exige pagos por gestiones o trámites, el agente de tránsito que es sobornado para dejar ir vehículos que contravienen normas de tránsito o que multa sin razón a otros, los contratos firmados al apuro o asambleístas que cobran “diezmos o impuestos al trabajo” a sus asesores, son solo la punta del iceberg.

El fenómeno de la corrupción se produce ante un sistema imperfecto de representación y un discriminatorio acceso al poder decisional. Son notorios los efectos de la corrupción en el funcionamiento de un sistema político. Si la corrupción se difunde o, al menos, se acepta parcialmente, sus consecuencias pueden no ser completamente disfuncionales. 

Pero, si la corrupción sirve sólo para mantener el poder y si además los corruptores son elementos externos del sistema político nacional, como empresas internacionales (Odebrecht), es probable que su empleo a gran escala cree, por un lado, tensiones en el seno de los grupos de poder y, por el otro, reacciones entre las masas, que pueden ser activas a través de demostraciones o pasivas, cuando miran las cosas con apatía. Así, la corrupción puede ser un factor de disgregación del sistema.

En un sistema altamente burocratizado, como el ecuatoriano, la corrupción podría “mejorar el funcionamiento del sistema y hacerlo más expedito, desbloqueando algunas situaciones”, pero no es esto lo que debería pasar.

Funcional a su tiempo, sobre todo si ciertos obstáculos impiden el desarrollo económico, la corrupción es paliativa y aún en este sector su influencia a largo plazo es negativa, acabando con el favorecimiento de unas zonas respecto a otras. La corrupción es un modo de influir en las decisiones públicas que golpean el corazón del propio sistema. Este tipo privilegiado de influencia, reservado a aquellos que poseen los medios -a menudo solo económicos- para ejercerla, conduce al desgaste del recurso más importante del sistema, que es su legitimidad.

¿Cuáles son los procedimientos y comportamientos corruptos?

Hay contratos suscritos luego de declarar el estado de emergencia, pero que no necesariamente responden a las causas que la motivaron y tampoco cumplen los requisitos establecidos por la ley. 

El régimen de Correa, desde su inicio, realizó varias declaratorias de emergencia (en salud, educación y petróleos), permeabilizando la posibilidad de contrataciones directas “a dedo”, sin procedimientos legales. Se adujo, entonces, que los informes de Contraloría y Fiscalía se dilataban y que ése era un obstáculo para atender cuestiones urgentes. Por esa razón, en ese gobierno se modificó la capacidad legal de la Contraloría, abriendo la puerta a contratación descontrolada y, por lo tanto, a corrupción. 

Igualmente, la autorización y ejecución de proyectos sin financiamiento, con rápido deterioro de obras o bienes, lo que impide prestar un servicio eficiente a la comunidad. Lo que interesa es que se suscriba el contrato para cobrar comisiones y pagos de anticipos a los contratistas, pero la obra no concluye y a veces ni se inicia (como el caso del Hospital de Pedernales).

Otro motivo de corrupción pública es realizar obras de beneficio a particulares y no a la sociedad, como carreteras, que son desviadas de sus rutas hacia propiedades privadas (de políticos, caudillos o caciques locales).

La creación de ministerios coordinadores, secretarías y entidades que administran proyectos, pero generan lentitud burocrática y obligan al pago de comisiones de compromiso, por los lentos desembolsos y el retraso en presentar reportes de estados financieros, que derivan en solicitudes de prórrogas que encarecen los trabajos contratados originalmente.

En el caso de los contratistas hay otros ejemplos. Demoras en presentar planillas para beneficio de las compañías, pues los reajustes se hacen en las fechas de pago. Asimismo, se puede demorar intencionalmente la suscripción de contratos, presentar reportes sobrestimados, falsos u otros. Dos de esos casos fueron la construcción (levantamiento de tierras) de la Refinería del Pacífico en el Aromo (Manabí) o la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas.

En la adquisición de bienes y servicios también hay algunas formas de corrupción: cotizaciones de un mismo ítem a diferente precio, a través de diferentes empresas del mismo dueño. La confabulación entre oferentes, para distribuirse las adjudicaciones. El contratista ganador se compromete a pagar el llamado “derecho de corcho” a las otras compañías o prestar su nombre para otras licitaciones. 

También, la cotización de propuestas a costos elevados fuera de competencia en el mercado local o internacional, si son productos únicos de fabricación monopólica. Cuando se adquieren alimentos o medicamentos sin fechas de producción, vigencia y expiración, lo que puede afectar la salud.

La adjudicación de contratos a oferentes fantasmas, sin estar legalmente constituidos o la oferta de productos obsoletos o descontinuados, pagados como nuevos. Por pedido de las entidades públicas muchas veces los contratistas facturan los bienes a precios superiores a los reales, y la diferencia se distribuye a esos proveedores y entre los servidores que intermedian las compras como comisión.

También los servidores públicos incurren en corrupción cuando adjudican contratos a oferentes por amistad, orientan especificaciones hacia los mismos oferentes, promueven a contratistas con plazos irreales, no hacen efectivas las devoluciones de las garantías cuando se cumplen los contratos, sustraen piezas o herramientas declarándolas robadas, usan maquinaria y obreros de las instituciones para trabajos particulares o de terceros y la baja intencional de presupuestos para no requerir informes de ley.

En los famosos proyectos “llave en mano” se instalan equipos de menor calidad que los ofertados y las obras se construyen sin cumplir las más mínimas especificaciones. Finalmente, la celebración de convenios de donación para lograr exenciones tributarias del país donante o supuestas adquisiciones falsificando documentos, para beneficiar a los servidores públicos. La gama de opciones es ilimitada. Los candidatos a la presidencia tienen la palabra.

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