Los desastres que va dejando el socialismo del siglo XXI en Latinoamérica
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La conmemoración de los 10 años de la muerte de Chávez, un Ortega que sigue destrozando Nicaragua, los gobiernos de Argentina, Perú y Colombia siguen mostrando el fracaso del socialismo del siglo XXI.

Diez años después de la muerte de Hugo Chávez, un caudillo que dejó a su país en ruinas y que ocasionó la mayor diáspora contemporánea en América Latina y que, sin embargo, logró expandir a otras naciones su fórmula populista para empobrecer a la gente, y su tendencia política sigue manteniendo su fuerza y obteniendo los votos, porque sabe ofrecer a los electores cosas, aunque al final no las cumple, porque el objetivo de los militantes del socialismo del siglo XXI es ganar elecciones y una vez en el poder, permanecer por largo tiempo.
Según los últimos informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 7,13 millones de venezolanos son refugiados y migrantes en todo el mundo. Hay más de 1 millón de solicitantes de asilo y más de 211.000 reconocidos como refugiados. Por eso asombra que Chávez, incluso tras una década de su muerte, siga encabezando las encuestas en su país. Esa sería la causa por la que el chavismo sigue más vivo que nunca, a pesar de los dislates de Nicolás Maduro (el delfín de Chávez).
Una anécdota contada por el premio Nobel colombiano, el escritor Gabriel García Márquez, cuando compartió un vuelo con Chávez tras su investidura presidencial en 1999, mostró algo de lo que Venezuela vive actualmente: “me estremeció la inspiración de que había viajado y conversado a gusto con dos hombres opuestos. Uno a quien la suerte empedernida le ofrecía la oportunidad de salvar a su país. Y el otro, un ilusionista, que podía pasar a la historia como un déspota más”. Gabo no se equivocó en la segunda parte, pero a Chávez, los que están en ese país, todavía le siguen creyendo y queriendo.
El 5 de marzo de 2013, Nicolás Maduro lloraba al anunciar su muerte y muchos opinaron que el chavismo no sobreviviría sin su líder. Pero Chávez conserva un 56% de aceptación frente al 22% de Maduro, según Datanálisis. La muerte de Chávez por cáncer elevó al caudillo a la categoría de mito, aunque la situación en ese país ha seguido empeorando y, aparentemente, todo es por culpa de Maduro.
Chávez surgió de un intento de sublevación junto a un grupo de militares contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, el 4 de febrero de 1992. El intento golpista no logró sus objetivos y los rebeldes se rindieron. Chávez fue a prisión y desde la cárcel construyó su mito (habría que recordar el encarcelamiento de Hitler luego del pusch de la cervecería en Múnich en 1924).
Su llegada al poder estuvo adornada por altos precios del gas y del petróleo (Venezuela es uno de los países con mayores reservas de estos hidrocarburos en el mundo) y los pobres que vivían en las barriadas, frente a la riqueza que mostraba una clase alta que tenía más vínculos con Miami que con su país. Desde entonces, Chávez llamó a esas élites “escuálidos”. Según Rafael Correa, seguidor del comandante, ”con Chávez mejoró muchísimo la equidad en Venezuela, por fin el petróleo fue para los venezolanos y la plata dejó de ir a los condominios de la oligarquía en Florida”. En ese momento estaba naciendo la “boliburguesía” (grupos empresariales afines al mandatario que siguieron haciendo negocios y ganando mucho dinero del Estado).
Sin embargo, sucedió algo parecido también después en el Ecuador, cuando los precios del petróleo llegaron a niveles nunca antes vistos, entre 2009 y 2014, y posibilitaron un régimen clientelar y populista similar al de Chávez, en el Ecuador, con proyectos megalomaníacos (como la Refinería del Pacífico, donde Correa y Chávez colocaron varias veces la primera piedra) y muchos otros en donde hubo bastante corrupción. Cuando la bonanza petrolera terminó, comenzaron los problemas que se han desbordado en ambos países, aunque al Ecuador lo sigue sosteniendo el dólar.
Luego se pasó a la construcción de un mito mediático, con el programa Aló Presidente y después el comandante se adueñó de todos los medios de comunicación, expulsó del país a periodistas críticos y controló medios alternativos. También Chávez generaba impactos comunicativos con sus constantes visitas a instalaciones y edificios privados que eran confiscados sin piedad. Luego nacionalizó PDVSA (la petrolera del país) y generó un sistema de control a los ciudadanos a través de las brigadas revolucionarias que se instalaron en todas las zonas del país.
Con Maduro la situación empeoró, la economía llegó a niveles escandalosos de crisis, con mega devaluaciones de una moneda y unos billetes que solo sirven para que los artesanos que migraron fabriquen objetos en cualquier calle de Bogotá, Quito, Buenos Aires o Santiago.
¿Por qué sobrevive el sistema? Pese a los niveles de pobreza, al éxodo masivo de gente que huye de la crisis y una deriva antidemocrática que se inició con Chávez y perfeccionó su sucesor, hay claves que explican por qué el mito le gana a la realidad. Más que un movimiento político, el chavismo se ha convertido en una especie de virus social, tal como el peronismo en Argentina, que sigue ganando elecciones, pese a que ese país sigue en situación calamitosa, aunque sin llegar a los niveles venezolanos.
A Maduro le tocó una época más difícil, ya sin la bonanza de los petrodólares y con la salida de las empresas que no encontraron posibilidades de crecer en el chavismo (hasta los boliburgueses volaron a Miami y para sostener la economía surgió el dinero sucio del narcotráfico y el cartel de los soles, encabezado por otro delfín del caudillo, Diosdado Cabello).
Maduro justificaba todo en la lucha contra el imperialismo (como pasó en Cuba) y acusando a EE. UU. de ser la causa de todos los males de su país. Sin embargo, nunca hubo un bloqueo como pasó con la isla. Cabe anotar que Maduro no es Chávez ni tiene su gracia ni carisma, pero quiso imitarlo (muchos recuerdan cuando hablaba con pajaritos). Pero a Maduro solo le sirvió aumentar la represión contra los opositores.
Poco a poco Maduro encontró su propio estilo. Se alejó del mito de Chávez y en 2021 dio un giro económico al liberalizar precios, dolarizar la economía y dar una sensación de apertura económica, para ganar tiempo. Pero, la Venezuela de hoy es un país desencantado y sin reacción (con anomia). Los que se quedaron ensayan protestas (como los funcionarios públicos hace algunos meses), pero la oposición no logra ensamblar un proyecto diferente y alternativo (fracasaron Guaidó, Ledezma, Capriles, López y Corina Machado). Para Maduro fue una “bendición” la invasión rusa a Ucrania, porque le permitió vender gas y petróleo a países europeos y hasta a EE. UU. (que en declaraciones públicas acusa al régimen venezolano, pero en privado le sigue comprando hidrocarburos)
Y tanto se recuerda a Chávez que, en los diez años de su muerte, fueron a Caracas algunos de sus incondicionales de tiempos del socialismo bolivariano. El presidente boliviano Luis Arce, los expresidentes Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia), Raúl Castro (Cuba) y Manuel Zelaya (Honduras). También estuvo el dictador nicaragüense Daniel Ortega. Ellos, junto a Maduro, debatieron sobre el futuro de la izquierda. Pero no es buena la relación del régimen venezolano con otros gobiernos de esa tendencia, como el de Chile (Boric ha criticado a Maduro y a Daniel Ortega) y los de Brasil y Colombia (que muestran un llamativo silencio frente a esta izquierda del socialismo del siglo XXI).
El nazismo nicaragüense
Una investigación de la ONU determinó que el presidente Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo y otros funcionarios de su gobierno cometieron abusos contra los derechos humanos, aportando pruebas para que sean juzgados en el extranjero bajo los cargos de “crímenes de lesa humanidad”. Según los investigadores hubo sistemáticas y arbitrarias detenciones y procesamientos de opositores al gobierno.
El jefe de la investigación, Jan-Michael Simon, pidió sanciones internacionales contra el gobierno y comparó el historial de Nicaragua en derechos humanos con el de los nazis. Para el experto, “el armamentismo del sistema de justicia contra los opositores políticos, como se hace en Nicaragua, es exactamente lo que hizo el régimen nazi”. A esto, se agrega, que “se despoja masivamente a la gente de su nacionalidad y se la expulsa del país: esto es exactamente lo que hicieron los nazis”.
La jurisdicción internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad establece que los tribunales de cualquier país pueden juzgar a personas por atrocidades cometidas en cualquier sitio. Se trata de un mecanismo mundial para que los abogados de derechos humanos, sobre todo europeos, procesen crímenes de guerra cometidos por gobiernos como los de Siria y Liberia. Así, Ortega, su esposa, sus parientes y otros allegados a su régimen podrían ser arrestados y juzgados en cualquier otro país si alguien acude ante un juez local, como pasó con Pinochet en el Reino Unido.
En 2018, Ortega y Rosario Murillo enfrentaron un levantamiento masivo opositor, donde cientos de miles de manifestantes protestaban contra los recortes a la seguridad social y el deterioro de la democracia, bloqueando las calles y paralizando el país. Desde entonces el régimen inició una sistemática campaña de persecución y arrestos de opositores (que se incrementó en las últimas elecciones con los candidatos presidenciales que buscaban enfrentar al autócrata), incluyendo en tiempos más recientes a miembros de la prensa y de la iglesia católica. Hace poco, también se prohibió la operación de las ONG y el gobierno de Ortega ordenó cerrar la principal cámara empresarial de Nicaragua.
La ONU analizó 40 ejecuciones extrajudiciales y concluyó que agentes policiales y grupos progubernamentales actuaron coordinadamente. Cuando terminaron las manifestaciones, había cientos de fallecidos. Hasta la actualidad “se siguen cometiendo violaciones”, dice Simon. El gobierno niega haber matado deliberadamente a manifestantes y calificó las protestas como intentos de golpe de Estado, señalando que también murieron policías.
El informe de la ONU se publicó pocas semanas después de que el gobierno de Ortega quitara la ciudadanía a 300 nicaragüenses a los que un juez calificó como “traidores a la patria”. Entre los afectados estaban activistas de derechos humanos, escritores (como Sergio Ramírez y Gioconda Belli) y periodistas (miembros de la familia Chamorro, propietaria del diario La Nación), entre otros, aunque la mayoría ya vive fuera del país.
La escritora Gioconda Belli, al enterarse de la decisión del juez nicaragüense, rompió su pasaporte en televisión y declaró que “cuando la historia haya olvidado a estos tiranos yo voy a seguir existiendo en mis libros como poeta nicaragüense”. Mientras tanto, el escritor Sergio Ramírez, a quien el régimen de Daniel Ortega le retiró la nacionalidad junto a otras casi 100 personas, aceptó recibir la ecuatoriana, aunque reside en España. Otros países, como Chile y Colombia, también le ofrecieron la ciudadanía.
Ramírez fue parte de la Junta del Gobierno de Reconstrucción Nacional tras el triunfo de la revolución sandinista contra la dictadura de Sornoza en 1979, fue legislador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FLSN) y fue candidato en 1996 a la presidencia por el Movimiento de Renovación Sandinista, una ruptura del FLSN. Tras las protestas de 2018 se convirtió en uno de los más visibles opositores al régimen desde el exilio.
Otras perlas del continente
Los líos familiares del presidente colombiano Gustavo Petro siguen creciendo. Su hermano, Juan Fernando, es investigado por la Fiscalía por supuestamente ofrecer beneficios penitenciarios a presos a cambio de dinero. Petro pidió a la fiscalía que no solo investigue a su hermano, sino también a su hijo Nicolás, acusado de aprovechar el cargo de su padre para cobrar dinero a empresarios. El hermano respondió airadamente a las acusaciones, mientras que el vástago se puso a las órdenes de la justicia.
Mientras tanto, en Argentina, el peronismo se encuentra en una lucha interna por las candidaturas presidenciales, matizado por una catastrófica situación política y económica bajo el mandato de Alberto Fernández. Como un gesto hostil fue calificado que la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, rechace una botella de agua que le ofreció el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones del Congreso, el 1 de marzo de 2023.
A poco más de cinco meses para las primarias de donde se escogerá al candidato presidencial para las elecciones de octubre, el Frente de Todos muestra que existe una pugna fuerte e irreconciliable entre el presidente, Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner. Una pugna que se ha hecho más evidente entre todas las facciones que siempre brotan en el peronismo.
Fernández inauguró el año Legislativo atacando a la Corte Suprema, a la que acusa de dictar sus fallos beneficiando a la oposición, pero todavía no aclara si buscará la reelección. El kirchnerismo le quitó el apoyo y le pidió que se aparte. Pero Fernández dijo que solo se bajará si aparece un mejor candidato. Cristina Kirchner se autoexcluyó de la carrera en diciembre tras ser condenada por corrupción a seis años de cárcel e inhabilitación política.
Pero, como ningún peronista supera los cinco puntos en los sondeos, Máximo Kirchner usa todas sus influencias para convencer a su madre. La opción más viable, al momento, es la del ministro de finanzas Sergio Massa, quien aceptó dirigir la economía del país en el peor momento y está buscando financiamientos externos. Si Massa logra dar respiro a la economía podría salvar su opción presidencial.
La Kirchner tiene un piso del 25%. Por eso quienes la acompañan luchan contra “la proscripción” judicial contra la segunda mandataria para así convencerla de que sea candidata a presidenta o senadora. El kirchnerismo no perdona a Alberto Fernández por no haber hecho lo suficiente para resolver los problemas judiciales de Cristina, que es la jefa del movimiento, asunto que él niega tajantemente, pero la ruptura está.
Perú no sale de la espiral de violencia
Luego de la detención y expulsión del expresidente Pedro Castillo tras lo que muchos consideraron como un autogolpe de Estado en diciembre, estalló otro capítulo más de la crisis política que azota a ese país desde hace años con 11 presidentes desde el 2000.
El nuevo gobierno de Dina Boluarte no logra asentarse. En varias regiones hay protestas contra la nueva mandataria, que sucedió al izquierdista Pedro Castillo cuando el congreso lo destituyó por su intento de autogolpe. La represión policial ha dejado decenas de muertos y es el reflejo de la crisis que sufre el Perú desde hace años y que explotó en las últimas semanas.
Casi 20 candidatos se presentaron a la primera vuelta electoral hace poco más de un año, sin que ninguno logre altos porcentajes de votos. Castillo ganó en la primera vuelta con solo el 18,9% de sufragios. En la segunda vuelta contra Keiko Fujimori pudo vencerla por el rechazo que generaba la hija del autócrata, que gobernó en Perú en los ‘90.
Sin embargo, Castillo fue incapaz de gobernar frente a un Congreso que le abrió varias investigaciones por corrupción, le prohibió salir del país y presentó tres mociones por vacancia moral, de las cuales sólo consiguió la última luego que Castillo intentara disolver el Congreso.
Los problemas que enfrenta el socialismo del siglo XXI en América Latina
En la región, a consecuencia de los bajos precios de las materias primas existe estancamiento económico pese a que los gobiernos buscan implementar reformas económicas beneficiosas -muchas veces clientelares- para los sectores más vulnerables, no aparecen los resultados, por lo que el crecimiento económico continúa estancado en la región.
La corrupción es otro problema persistente en América Latina, particularmente evidente en los gobiernos socialistas, por la inexistencia de control y transparencia en el gasto público, que genera mucha desconfianza entre la población.
La desigualdad económica y social sigue siendo una de las principales preocupaciones en América Latina. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos de esa tendencia para promover la igualdad de oportunidades (esto más en el discurso), los resultados no son positivos. La región sigue inmersa en una profunda inestabilidad política durante los últimos años. Las protestas y la inseguridad social han aumentado, lo que genera incertidumbre.
Igualmente, el desempleo es otra preocupación creciente en América Latina, especialmente para los más jóvenes. Pese a los esfuerzos de los gobiernos de la tendencia del socialismo del siglo XXI por promover empleo, especialmente estatal, esto no surte buenos efectos.
El socialismo del siglo XXI ha fracasado en América Latina por varias razones, incluidas la falta de transparencia y responsabilidad gubernamental, la corrupción, la baja inversión en educación y servicios básicos, el aumento de la desigualdad económica y la incapacidad de esos gobiernos para crear empleos o mejorar las condiciones de vida de la población.
Estos fracasos provocan mucha desconfianza en el sistema político y en los gobiernos de la tendencia del socialismo del siglo XXI y generan la movilización de la sociedad civil y de grupos de derecha y centro. Además, estos gobiernos han demostrado incapacidad para resolver los problemas de la región (inundada por la violencia, el narcotráfico y la falta de institucionalidad).
Por todo esto, el socialismo del siglo XXI es visto como una solución ineficaz, pero paradójicamente mantiene las preferencias de un buen porcentaje de la población, aumentando la polarización en los países de la región, en donde los ciudadanos siguen esperando la llegada de un mesías o un caudillo populista que les salve, en lugar de fomentar la institucionalidad.