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La crisis en Perú, para principiantes

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Lo que ocurre en Perú, que no es de ahora, se trata de una sucesión de hechos que se remontan a las tres últimas décadas, desde la llegada de Fujimori al poder. Un análisis al respecto.

Foto: Flickr Presidencia del Perú

Siendo presidente de Perú, Alberto Fujimori viajó a Japón en 2000, acosado por denuncias de corrupción y redes de espionaje y sobornos encabezadas por su asesor Vladimiro Montesinos. Desde el país del lejano Oriente del que era oriundo, envió un fax en el que renunciaba a un cargo que había ostentado como mandatario constitucional y jefe supremo del país (para lo que había logrado la sumisión del poder parlamentario y judicial). Para muchos peruanos, este episodio quedó grabado en la mente. Pero, la capacidad de asombro de los habitantes del vecino del sur estaba recién empezando.

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Fujimori, un ingeniero de origen nipón, que había logrado la presidencia en 1990, con su agrupación Cambio 90, había irrumpido en la política peruana como un denominado outsider, logrando derrotar en el balotaje de segunda vuelta al laureado escritor Mario Vargas Llosa. Fujimori creó, desde entonces una dinastía de políticos sin éxito, con sus hijos Keiko (diputada y derrotada en dos elecciones, por Pedro Kuczynski y Pedro Castillo) y Kenji (que no ha podido despuntar desde una curul parlamentaria).

Decepcionado por su derrota, Vargas Llosa hace un recuento de aquella campaña electoral en su libro “El Pez en el Agua”, en donde hace sentencias que siguen siendo actuales para los momentos que vive su país hasta ahora, aunque él se retrotrae a lo sucedido cuando Fujimori rompió el orden constitucional de su país con su autogolpe del 5 de abril de 1992.

“Desde el 5 de abril de 1992 se ha iniciado en el Perú una era de confusión y de notables paradojas, muy instructiva sobre la imprevisibilidad de la historia, su escurridiza naturaleza y sus sorprendentes zigzags. Una nueva mentalidad anti estatista y anti colectivista ha cundido en vastos sectores, contagiando a muchos que, en 1987, lucharon con denuedo por la nacionalización del sistema financiero y ahora apoyan, entusiasmados, las privatizaciones y la apertura de la economía”.

Agrega: “Pero ¿cómo no deplorar que, este avance, se vea lastrado por un simultáneo repudio popular de los partidos políticos, de las instituciones, del sistema representativo y sus poderes autónomos que se fiscalizan y equilibran, y, peor todavía, con el entusiasmo de largos sectores por el autoritarismo y el caudillo providencial? ¿De qué sirve la saludable reacción de la ciudadanía contra el apolillamiento de los partidos tradicionales, si ella conlleva la entronización de esa agresiva forma de incultura que es la «cultura chicha», es decir el desprecio de las ideas y de la moral y su reemplazo por la chabacanería, la ramplonería, la picardía, el cinismo y la jerga y la jerigonza que, a juzgar por las elecciones municipales de enero de 1993, parecen ser los atributos más apreciados por el «nuevo Perú?”

Lo que Vargas Llosa profetizaba hace casi tres décadas muestra la tónica de la política peruana desde entonces, con una sucesión de presidentes que llegan al poder tras reñidas segundas vueltas, con escrutinios voto por voto y resultados impugnados por los perdedores. Mandatarios y encargados que abusaron del poder. No solo es Fujimori. Lo hicieron, a su momento, Toledo, Humala, Alan García, Kuczynski y Viscarra. Muchos de ellos con juicios, otros tras las rejas y uno que prefirió quitarse la vida antes que entregarse a la justicia, el exmandatario Alan García. Incluso candidatos como Keiko Fujimori estuvieron implicados en casos como Odebrecht.

Lo de Castillo, al intentar disolver el Congreso, siendo detenido al día siguiente de su decisión, solo es parte de un lamentable anecdotario de cómo ha sido la política peruana y, de cierta manera, cómo ha sido la política latinoamericana, con sus matices, mostrando el enorme poder que actualmente ostentan los parlamentos de los países, porque lo de Castillo fue un golpe parlamentario, como lo intentaron por tres ocasiones los asambleístas ecuatorianos en los últimos tres años (contra Lenin Moreno y Guillermo Lasso).

El 6 de diciembre fue un día en que gran parte de Perú dirigió sus miradas al Congreso, donde se volvía a plantear una votación de vacancia contra el presidente por cargos de corrupción. Antes del mediodía, el mandatario peruano ofreció un inesperado discurso televisado, anunciando la disolución del Congreso y la instalación de un gobierno de emergencia, causando la sorpresa de los líderes políticos, incluidos los del oficialismo. Las cartas estaban jugadas. Castillo ponía en juego su capital político y, como suele ocurrir en muchos de estos casos, perdió.

Renunciaron en masa los funcionarios del gobierno. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la medida, mientras que las fuerzas armadas y la policía emitieron un comunicado conjunto donde anunciaron que quitaban su apoyo al presidente, conocido por su sombrero. Castillo fue destituido del poder y arrestado. Su vicepresidenta Dina Boluarte fue juramentada como presidenta siendo la primera mujer en liderar al Perú.

La vieja clase política sigue viva

Se trató del primer presidente de izquierda elegido constitucionalmente en más de una generación. Castillo es un campesino, profesor de escuela y activista que prometió acabar con la crisis y la pobreza del Perú. Intentó hacer lo que casi treinta años antes había logrado Alberto Fujimori: disolver el congreso y asumir el poder supremo. Como se dijo antes, Fujimori, tras su “autogolpe”, tuvo el apoyo mayoritario de la población, hastiada de la vieja clase política peruana, encabezada por el APRA, y apoyó la medida. Con matices, la decisión de Castillo sí fue respaldada por la población, que sigue manifestándose violentamente en las calles de algunas ciudades andinas.

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Por eso, en las calles de muchas ciudades, especialmente del altiplano peruano, se ve a miles de manifestantes que exigen la vuelta del destituido mandatario. Se han dado, desde la salida de Castillo, eventos de violencia, como la toma del aeropuerto de Arequipa, por partidarios del defenestrado mandatario.

Castillo, cuya administración se vio obstaculizada por casos de corrupción, ya había sobrevivido a dos intentos de juicio político. Pero, por años, Perú ha vivido varios escándalos de corrupción en el más alto nivel. El resultado:  seis presidentes desde 2016 (un promedio de uno por año). En los 16 meses de Castillo en el poder, el Congreso quiso derrocarlo dos veces, pero no le alcanzaron los votos para iniciar un juicio político.

Castillo era uno de los varios líderes izquierdistas de América Latina que llegaron al poder gracias a los votos de un electorado desilusionado con la élite política, por décadas de desigualdad, desempleo y una clase dirigente contaminada por la corrupción y las luchas internas, y se esperaba su alineación con otros mandatarios de la tendencia del socialismo del siglo XXI, lo que no terminó de cuajar, por la falta de medidas radicales y el manejo más bien escrupuloso de la economía, que mantiene buenos niveles de crecimiento a pesar de la crisis política.

Desde sus anuncios, tras la toma de posesión en Arequipa, en donde Castillo anunciaba reformas políticas y hasta la probable convocatoria de una asamblea constituyente, ya durante los primeros días de su mandato se enfrentó no solo con la oposición en el congreso, sino también con la oposición interna de las agrupaciones que lo llevaron al poder, entre los que estaban viejos militantes y simpatizantes de partidos marxistas y del movimiento terrorista y subversivo de Sendero Luminoso, quienes lo cuestionaron por alejarse de la línea partidista y nombrar como ministros, especialmente de finanzas y producción, a miembros de la derecha ortodoxa.

Como no parecía que el líder de izquierda quisiera cumplir sus promesas de campaña se enfrentó a una serie de obstáculos que paralizaron su gobierno, incluidos escándalos de corrupción de alto nivel, investigaciones criminales y varios cambios de gabinete en los 16 meses de mandato, en donde nombró más de 80 ministros y ocupó muchos cargos con aliados políticos sin experiencia relevante. Muchos de ellos se encuentran bajo investigación por corrupción, violencia doméstica y asesinato.

Desde la Fiscalía se acusó a Castillo de liderar una organización criminal con legisladores y familiares para sacar provecho de contratos del gobierno y obstruir a la justicia, como cuando su hija o su cuñada desaparecieron del palacio presidencial ante su posible arresto. Mientras tanto, los índices de aceptación del mandatario seguían cayendo al 19% en Lima, aunque mantiene un 45% en zonas rurales (bastión de su elección), según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos.

El Congreso programó una tercera votación de juicio político durante la primera semana de diciembre luego de que Castillo amenazara con disolverlo. Pero, apenas unas horas antes de esa votación, Castillo anunciaba la disolución del Congreso y la instalación de un gobierno de emergencia para gobernar mediante decreto y con la declaración de un toque de queda nacional.

“Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción, de restablecer el Estado de derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia, convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución”, dijo Castillo.

La frágil democracia peruana volvía a enfrentar una crisis política. Castillo no contó con el apoyo institucional (sobre todo de las fuerzas armadas, claves para sostener cualquier gobierno en esta región) para su no muy meditada medida, lo que se evidenció con la renuncia de sus colaboradores y la declaración conjunta de las fuerzas del orden retirándole el respaldo, lo que abonó para que sea capturado. “Rechazamos el quebrantamiento del orden constitucional y exhortamos a la población a respetar la Constitución Política y a mantener la calma. Asimismo, confiar en las instituciones del Estado”, decía la policía en un comunicado.

La Embajada de Estados Unidos en Lima condenó a Castillo. “Estados Unidos insta enfáticamente al presidente Castillo a revertir su intento de cerrar el Congreso y permitir que las instituciones democráticas de Perú funcionen según la Constitución”, señalaba la embajada en un tuit. “Alentamos al público peruano a mantener la calma durante este tiempo incierto”.

Aunque parecía que la decisión de Castillo era meditada, las advertencias del mes pasado de disolver el congreso parecían ser parte de una estrategia en la que incluso sondeó a los militares buscando su apoyo. Esta posibilidad se disolvió con la renuncia del ministro de defensa (por motivos personales, decía). A esto se sumaron los rumores sobre una asonada militar (a favor y en contra) y la decisión de los congresistas de permanecer en el parlamento durante el fin de semana a la espera de un intento de las fuerzas castrenses por tomarse esa institución (que no ocurrió).

Solo dos horas después del anuncio de Castillo, el Congreso se reunió y votó para destituirlo. Los legisladores votaron 101 a favor y 6 en contra, con 10 abstenciones para sacarlo del poder. Las escenas de Castillo saliendo del palacio presidencial hacia una estación de policía y luego a la fiscalía parecían tomadas de los viejos escenarios de la política latinoamericana: el avión para la fuga de Bucaram, el helicóptero de Gutiérrez, Jamil Mahuad leyendo en la soledad del Palacio que “un presidente no renuncia”, las varias caídas de Velasco Ibarra, del expresidente argentino De la Rúa tras “el corralito” y de Dilma Rousseff en Brasil.

Dina Boluarte asumió como nueva mandataria de Perú y en su primer discurso señalaba:

“nos corresponde, señoras y señores, conversar, dialogar, ponernos de acuerdo”, luego de jurar su cargo ante legisladores que la aplaudieron. “Solicito un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno”. Luego, la mandataria designada pidió una tregua a los partidos políticos. Exmilitante del partido marxista que apoyó la llegada al poder de Castillo, renunció al ministerio de desarrollo e inclusión social y mostró desacuerdos con el mandatario tras la conformación de su último gabinete.

Poca gente en las calles conocía a Boluarte y en una encuesta reciente los peruanos prefirieron que la convocatoria a nuevas elecciones generales antes que una sucesión presidencial en el caso de que Castillo dejase el poder. El expresidente Martín Vizcarra, el único dirigente peruano destituido exitosamente antes de Castillo, dejó el cargo tras una votación en 2020, aunque presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que nunca se pronunció sobre su legalidad.

Lo que se viene en Perú

Los analistas sostienen que, pese a que se llegó a una solución pacífica y constitucional, y está a cargo una nueva presidenta, existen muchos obstáculos por delante. Boluarte habló en sus primeras intervenciones de adelantar el llamado a elecciones, pese a que en la calle va ganando espacio el grito “que se vayan todos” o la misma exigencia de elecciones. Boluarte aseguró que se realizarán en 2024, algo que no aceptan los manifestantes.

Durante las últimas dos décadas, el Perú se ha visto afectado por constantes casos de corrupción e incompetencia en las más altas esferas del gobierno, lo que genera desconfianza de los peruanos en las instituciones públicas. Según las últimas encuestas, más del 80 % de peruanos reprueba el desempeño del Congreso. Además, persisten la pobreza y la desigualdad, lemas de campaña de Castillo -líder rural de militancia izquierdista- que llegó a la presidencia pese a su poca popularidad y a una ajustada segunda vuelta frente a Keiko Fujimori.

“El reto más importante es el de la prosperidad compartida”, declaraba al New York Times Hugo Ñopo, economista sénior del Banco Mundial. “Somos un país que se ha caracterizado por una buena estabilidad macro, pero todavía con serios retos en conseguir que esta bonanza macro sea inclusiva”.

Ñopo agregaba que Perú fue “uno de los países del mundo más afectados por la pandemia: la pobreza subió unos 10 puntos porcentuales”. Y aunque hay una recuperación, la creación de empleos sigue sin mejorar. Tres de cada cuatro trabajadores peruanos son informales. En noviembre la ONU señaló que Perú tiene la más tasa alta de inseguridad alimentaria en Sudamérica.

Nuevo fracaso de la izquierda latinoamericana

La caída de Pedro Castillo ha provocado otro cisma en la izquierda latinoamericana. Mientras que Colombia, México, Bolivia, Cuba y Venezuela han hecho llamados para que el mandatario destituido regrese al poder, Argentina y Chile marcan una llamativa distancia frente a la situación. Aunque la crisis dista de ser resuelta, la pregunta ahora es ¿qué países reconocerán a Boluarte? ¿cuál será el rol del Perú en organismos regionales latinoamericanos y mundiales como la Alianza con Asia-Pacífico, de la que ese país forma parte?

Como no se descarta la posibilidad de que convocar a elecciones anticipadas, se agrega, que el cambio de mando en la Casa de Pizarro no ha sido recibido de buena manera en la región, porque a que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos son de izquierda y Boluarte fue candidata junto a Castillo. Sin embargo, algunos mandatarios cercanos al socialismo del siglo XXI rechazan lo sucedido.

El 14 de diciembre estaba programada en Lima una cumbre de la Alianza del Pacífico. Castillo debía recibir la presidencia pro tempore. Sin embargo, la cita fue postergada y el presidente mexicano, Manuel López Obrador, declaró que no existen condiciones para entregar esa dignidad al gobierno peruano y ha hecho algunos llamados de atención al Perú, lo que ha generado malestar en sectores de la diplomacia limeña. Pero, también el nuevo gobierno ha recibido reconocimientos en Latinoamérica, tanto de gobiernos de izquierda como de derecha.

El mandatario argentino, Alberto Fernández, conversó con Boluarte (en un hecho que llamó mucho la atención), mientras las cancillerías chilena y ecuatoriana reconocieron a la nueva mandataria. El gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil hizo lo propio, rechazando además la decisión de Castillo de disolver el Congreso

Lula da Silva, que asumirá el poder el 1 de enero, mantiene prudencia y dice que respetará lo sucedido en Lima y aclaró que, “aunque lo lamenta, la destitución fue constitucional”. Gustavo Petro, en Colombia, recordó que “la democracia requiere el reconocimiento de la voluntad popular” expresada en las urnas. Petro pidió que la Convención Americana de Derechos Humanos expida medidas cautelares en favor de Castillo.

López Obrador, que ya generó polémica con sus declaraciones de que “los intereses de las élites económicas y políticas” mantuvieron “un ambiente de confrontación y hostilidad” contra Castillo, obligó a que la Cancillería peruana de Torre Tagle llame a consultas a su embajador en Ciudad de México para discutir si ese país piensa otorgarle asilo, algo que se esperaba cuando Castillo fue detenido.

En Bolivia, el presidente Luis Arce, dijo que “desde un inicio la derecha peruana intentó derrocar a un gobierno democráticamente electo por el pueblo” y que hay un “constante hostigamiento de élites antidemocráticas”. Castillo, también recibió apoyo del venezolano Nicolás Maduro y del cubano Miguel Díaz-Canel.

Lo que parece, de acuerdo con algunos analistas, es que en la región se viene imponiendo una especie de “parlamentarismo de facto” que es el que viene tomando las decisiones cuando los gobiernos no acceden a las peticiones e incluso a los chantajes de las funciones legislativas en cada país. Por eso, Castillo quiso disolver el congreso y éste terminó derrocándolo…

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