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La ciudadanía universal: así permitió la “revolución” ciudadana la entrada de mafias y carteles

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Ya va pasando la euforia futbolística y se vuelve a los temas políticos. Esta semana presentamos una investigación sobre la famosa «ciudadanía universal» de Correa, que dejó abierta la puerta para que toda clase de delincuentes entren al país y lo tengan en estado de zozobra.

Foto: Flickr Presidencia de la República

La Constitución de Ecuador, aprobada en 2008, consagró en el Art. 416, la ciudadanía universal como principio rector de las relaciones internacionales del Estado ecuatoriano al propugnar “la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición extranjera como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente norte-sur”.

Políticos temerarios desafían a los pueblos

Muchos analistas, entonces, sostenían que esta Constitución tenía uno de los más avanzados textos políticos, porque consagraba y garantizaba derechos humanos, individuales y sociales y hasta reconoce los derechos de la naturaleza. En la teoría pudo haberse considerado a este texto como intachable, incuestionable, irreprochable, pero su aplicación práctica le trajo muchos problemas al país.

Uno de los más conspicuos defensores del correísmo, Jacques Ramírez, escribía en un ensayo titulado “Ecuador: entre la ciudadanía universal y el control migratorio”, que “en el contexto anteriormente descrito, Ecuador, junto con Bolivia, plantearon el paradigma del buen vivir o sumak kawsay, colocado como la piedra angular de la nueva constitución del Ecuador, aprobada en 2008. En efecto, en el marco de la llamada revolución ciudadana se produjo un debate teórico político para pensar un nuevo pacto social y una forma de convivencia más incluyente, no sólo en el nivel nacional, sino a escala planetaria”.

Agregaba: “esto permitió que se incorporara en la agenda los temas migratorios a fin de superar las visiones hegemónicas que hablan de la necesidad de gestionar las migraciones, así como cambiar la división decimonónica entre nacionales y extranjeros. Varias de estas reflexiones se plasmaron en la nueva carta magna, en donde quedó estipulado “el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países”.

Señalaba Ramírez que, desde la llegada del correísmo en 2007, “Ecuador incluyó en su política exterior, tanto bilateral como multilateral, los asuntos migratorios; no sólo colocando en la mesa de debate y negociación dicho enfoque, sino haciendo propuestas concretas para una nueva forma de manejar la cuestión migratoria en el nivel global”. Esos eran los sueños del correísmo, que se vieron truncados porque la libre circulación de ciudadanos de muchos países permitió que se produzcan problemas que siguen sin solucionarse hasta la fecha.

“Entre las acciones más reconocidas en el ámbito inmigratorio, sobresalen: eliminar las visas de ingreso al país para todas las nacionalidades, reconocer como refugiados a casi 30 000 colombianos, entre 2009 y 2010 (en una coyuntura de ruptura diplomática con Colombia), otorgar residencia a migrantes haitianos afectados por el terremoto de 2010, impulsar la propuesta de ciudadanía suramericana en el seno de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) e incorporar esta noción en su nuevo marco legal, así como conceder el asilo diplomático al fundador de WikiLeaks, Julian Assange”, agrega Ramírez.

Lo que para el correísmo suponía un avance, significó un retroceso en esa materia porque al permitir la libre movilidad se dio discriminación porque los que migran pueden ser buenos o peligrosos, creando estereotipos, como decir que la ola delincuencial del país solamente lo causan grupos de migrantes de diferentes lugares del mundo, lo que ha generado que mucha gente, especialmente jóvenes, quieran salir del país, pero otros, al no tener oportunidades, incursionen en bandas delictivas.

Como la inseguridad aumenta en el país, automáticamente se la asocia con la migración, especialmente de Venezuela. Estos y otros hechos de violencia que involucran a ciudadanos extranjeros, especialmente en Quito y Guayaquil, determinó que el Gobierno de Lenin Moreno endurezca los controles migratorios y a realizar reformas a la Ley de Movilidad para poder expulsar y deportar a extranjeros que habían llegado al país a delinquir.

El supuesto humanismo de Correa y su sueño de la ciudadanía universal y libre tránsito de seres humanos por el mundo, causó mucho daño en la sociedad ecuatoriana porque nunca existió un real justificativo para tal medida. Apenas dos años duró la idea de la ciudadanía universal, consagrada en Montecristi, pero los efectos se siguen viendo y sintiendo en la sociedad ecuatoriana.

Actualmente se exige visas a ciudadanos de 37 países, al contrario de lo que pasaba en 2008, cuando se abrió la frontera sin exigir visados, lo que promovió la llegada de extranjeros de toda proveniencia y laya, abriendo el escenario para actividades delictivas de grupos como las mafias albanesa, rusa, china y japonesa, las guerrillas y disidencias colombianas y los carteles mexicanos de la droga. En 2010 Correa tuvo que dar marcha atrás, pero el tiempo había pasado y muchos ya habían logrado su objetivo de ingresar al país.

Países como Estados Unidos y otros encendieron las alertas al estado ecuatoriano sobre las actividades delictivas de algunos de estos grupos y las detenciones de algunos cabecillas lo que obligó, en 2010, la exigencia mediante acuerdo ministerial de visas a ciudadanos de 12 países: entre ellos Afganistán, Kenia, Nigeria, Pakistán, Corea y Cuba. 

Fronteras abiertas y permeables

En un hilo de Twitter el periodista del portal Código Vidrio, Arturo Torres, señalaba textualmente hace poco que en “los dos años que Ecuador abrió sus fronteras ingresaron miles de ciudadanos de África, Medio Oriente y Asia (por ejemplo, Afganistán, China, Eritrea, Etiopía, Irak, Cuba, Pakistán y Somalia)”.

Según la Dirección de Migración del Ecuador, agregaba Torres, “en 2006 (antes del cambio de política) hubo 92 entradas de paquistaníes. Para 2008 ya eran 178 y en 2010, 518. Un aumento del 550% en 4 años. Es más, entre 2008 y 2010 ingresaron a Ecuador unos 60.000 cubanos, según estimaciones oficiales. La mayoría iba a EE. UU”.

Torres señalaba que “un caso que destapó la magnitud del problema fue la detención del etíope Dawit Tadese Yaee, en marzo de 2011. Fue apresado portando una visa venezolana y deportado inmediatamente a EE. UU. Documentos de la corte de Columbia señalan que Yaee, quien inicialmente fue confundido con un primo de Osama Bin Laden, operaba una organización de traficantes de inmigrantes que transportaba personas desde África y Oriente Medio hacia EE. UU., vía Venezuela y Ecuador”.

Así, la entrada indiscriminada de extranjeros a Ecuador se volvió un dolor de cabeza para la lucha contra el crimen organizado regional y las transnacionales del narcotráfico. Por eso, en los siguientes años se aplicó más restricciones. Entre 2019 y 2021 el gobierno de Lenin Moreno impuso visas a ciudadanos de 22 países más, incluido Venezuela. Desde septiembre de 2022 se viene exigiendo visas a personas de Albania, Uzbekistán y Tayikistán, como lo confirmó el canciller Juan Carlos Holguín.

El jurista Pablo A. Zambrano sostiene que “un acto de soberanía básico y elemental para un Estado es su política migratoria y las restricciones debe aplicar, más aún por cuestiones de seguridad. Dejar abiertas las fronteras es un acto de irresponsabilidad y coadyuvante a la inseguridad que vivimos”.

El actual gobierno, en su lucha contra la delincuencia y el crimen organizado transnacional intenta poner fin a la utopía correísta de la ciudadanía universal. En una entrevista con el portal Primicias, el ministro de relaciones exteriores Juan Carlos Holguín declaraba que actualmente se está pidiendo visa a ciudadanos albaneses y de otros 36 países. “Este concepto de la ciudadanía universal fue una de las medidas que, de forma deliberada, causaron este momento (de inseguridad) que estamos viviendo”, sostiene el canciller.

Agregaba Holguín que “esta operación de mafias, sobre todo, europeas, africanas, haitianas, en nuestro país, tuvo su génesis precisamente en esa política pública que no fue estudiada. Desde hace poco se pide visa a ciudadanos albaneses y muchos se preguntan, por qué no antes, pero estos temas se trabajan dentro del Consejo de Seguridad del Estado, y se tiene que buscar el momento para hacerlo…».

Sin dudas es el caso de Albania es uno de los más complejos y mediáticos, por la captura y posterior e inexplicable liberación (decisión tomada por dudosos jueces de medio pelo que operan en el sistema judicial ecuatoriano) de un capo albanés del narcotráfico, Dritan Rexhepi. Desde junio del 2008, el expresidente Rafael Correa decidió que los extranjeros podían ingresar y permanecer seis meses sin portar visa. Esta decisión partía del concepto de “ciudadanía universal” que causó mucho daño en la seguridad interna del país.

Para explicar mejor este concepto, Holguín sostiene que “porque estas mafias operan de manera global, con equipamiento y capacidades muchas veces superiores a las de algunos estados. La única manera de abordar este problema es con un control efectivo de estas organizaciones, compartiendo capacidades, especialmente de inteligencia e infraestructura. Hay una multiplicación de actores que operan en varios países como Ecuador, desde donde sale una parte importante de la cocaína colombiana hasta naciones europeas”.


Como señalan los estudiosos del tema de seguridad, las organizaciones criminales han montado estructuras en muchos países latinoamericanos, pero tienen sus bases de operación en Europa (Amsterdam en Países Bajos, Amberes en Bélgica y Tirana en Albania son destinos muy cotizados para el envío de los alcaloides). Las mafias que operan en Albania y en otros países europeos, tienen a los cabecillas de sus bandas y principales operadores en las cárceles de Ecuador, Colombia y Perú. Muchos de esos líderes son los que han protagonizado los motines y revueltas carcelarias de los últimos dos años.

Entre 2007 y 2017, el Gobierno de Ecuador tomó medidas y decisiones que llevaron a la situación actual. La primera fue el retiro del requisito de visas, por el concepto de ciudadanía universal, lo que posibilitó que miembros de grupos mafiosos tengan una puerta de entrada y permanencia en el país. Así fue como malhechores de Albania y de mafias de Haití y África establecieron sus bases en el país.

Otro aspecto analizado señala que, por una coyuntura ideológica, presentada bajo el falso concepto de soberanía, en el gobierno de Correa se decidió la salida de tropas estadounidenses de la Base de Manta; posteriormente se desmanteló el sistema de inteligencia ecuatoriana (que fue usada en tiempos de la SENAIN para espiar a opositores políticos) y la contratación de radares de proveniencia china que no funcionaron, por lo que se dejó de tener controles en las ciudades portuarias y en algunas zonas del país, lo que posibilitó la construcción de narco aeropuertos en muchas provincias, especialmente en Manabí.

“El Ecuador exige actualmente visa a 37 países, incluidos Albania, Uzbekistán y Tayikistán desde septiembre y se analiza en el Consejo de Seguridad del Estado cuáles son las medidas que se deben adoptar desde la óptica de relaciones exteriores y de movilidad humana”, agrega el canciller Holguín.

El gobierno ecuatoriano intenta detener las operaciones de las mafias y de sus actividades en las cárceles con la pregunta sobre si “permitir la extradición a narcotraficantes” que consta en la consulta popular propuesta para febrero próximo. A propósito, ¿por qué Rafael Correa se opone tan decididamente a esta pregunta desde sus redes sociales?

Según datos de la actual inteligencia ecuatoriana en el país hay armas y munición capturadas a los delincuentes, cuya proveniencia es de EE. UU., Brasil, México y Perú. Muchas de las capturas de aeronaves con droga en pistas clandestinas tenían como destino el país azteca.

Sin embargo, con bastante frecuencia se sigue capturando armamento, municiones y explosivos que ingresan clandestinamente desde Perú, mientras que la cocaína entra desde Colombia. Para el canciller “más allá de los cambios políticos que han tenido ambos países, hay una coincidencia en que el objetivo debe ser desterrar a estas estructuras criminales”.

Hay que tomar en cuenta para esto la filiación política de los mandatarios de esos dos países: el izquierdista Castillo en Perú (con problemas para sostenerse en el cargo) y el exguerrillero Petro en Colombia (que más bien se ha mostrado dócil y blando con las actividades de las guerrillas y los carteles).

El problema sigue siendo que en Perú hay libre venta de armas y municiones (incluso algunas son robadas de los arsenales de las fuerzas armadas), mientras que en Colombia Petro suspendió las fumigaciones de sembríos ilegales de coca y ha cambiado su política frente a estos temas y otros, como en el inicio de la negociación con la narcoguerrilla del ELN y los narcoguerrilleros disidentes de las FARC y además hace críticas a las actuales políticas antidrogas de EE. UU., la ONU y los países europeos.

Algunos apuntes finales

Como resultado de la implementación de la libre movilidad, Ecuador se convirtió desde el 2008 en un importante destino migratorio, con flujos provenientes de países europeos, centro y sudamericanos, así como de africanos. El libre visado que impuso el correísmo en 2008 y una economía dolarizada, hicieron del Ecuador un lugar para emprender en este tipo de negocios ilícitos sin mayores contratiempos.

Hay que tomar en cuenta que, según los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2010, un 59 % de la población extranjera en Ecuador era colombiana, seguida por peruanos, estadounidenses, españoles, cubanos, y venezolanos, pero la cifra puede haber variado con los datos más recientes. Vale recordar que muchos extranjeros incluso tienen actualmente el derecho del voto y otros, especialmente disident+es guerrilleros colombianos, obtuvieron, desde el 2008, fraudulentamente pasaportes y cédulas de identidad ecuatorianas para circular libremente por el país. Todo esto fue en tiempos de Correa.

La llegada masiva de migrantes como consecuencia de la aplicación de esta política migratoria evidenció la incapacidad del país para responsabilizarse de la situación de estos nuevos inmigrantes. La incapacidad demostró que ni siquiera las posteriores medidas para frenar el ingreso según el lugar de origen, rompió el concepto original de la ciudadanía universal.

Asimismo, la imposición de trabas administrativas a los migrantes, exigiendo visados, cartas de invitación o declaraciones juramentadas y las deportaciones masivas de inmigrantes cubanos y haitianos (en tiempos del canciller franco/anglo/ecuatoriano Guillaume Long), segmentaron y distorsionaron la aplicación de la entonces tan publicitada ciudadanía universal y la libre movilidad humana.

Glas sí podría volver a la cárcel

La promulgación de leyes, reglamentos y otras normativas cambian de acuerdo con el talante y la ideología del gobierno de turno, centradas más en el cortoplacismo. La idea de ciudadanía universal pudo ser algo altruista, pero la práctica demostró lo apresurada que fue la medida tomada por Correa e impuesta por la Constitución de Montecristi.

La situación de muchos migrantes que han llegado al país sigue siendo precaria y se constituye en un imán para que muchos de ellos incursionen en actividades delictivas al no encontrar fuentes de trabajo o a buscar que el Ecuador sea un país de paso, circunstancia que aprovechan coyoteros y traficantes de personas para ofertarles cruces seguros de fronteras al llegar a México, antes de pasar a EE. UU., país que ha tenido que modificar sus políticas migratorias, sin mayores resultados, para ahuyentar a quienes deciden cruzar al otro lado del Río Grande, arriesgando sus vidas.

Así, el principio de la ciudadanía universal perdió sus objetivos iniciales y se volvió una oportunidad para que personas de todo el mundo lleguen al Ecuador para hacer de este país un importante centro de actividades delictivas, abonando el terreno para la proliferación de redes del crimen organizado dentro y fuera del país o, en otros casos, lugar de paso hacia países que ofrecen mejores oportunidades.  

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