Hay que eliminar el CPCCS: no sirve para nada
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El Consejo de Participación (CPCCS), que debe desaparecer para siempre. La historia de este organismo, desde 2008, ha sido nefasta para el país. Aquí, un análisis al respecto.
La Constitución de Montecristi de 2008 creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como un organismo autónomo que rompió -como quería Correa– los preceptos de Montesquieu (el de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, agregando los de control social y electoral). Lo que ha tenido el país es un remedo de participación ciudadana y muchos conflictos entre miembros de este organismo con las diferentes bancadas del legislativo, dependiendo de los pactos y amarres de la asamblea.
El CPCCS se prepara para elegir nuevo Contralor
Entre las atribuciones del CPCCS, según la norma constitucional, están realizar concursos públicos nombrar al defensor del pueblo, al contralor, a los superintendentes y ejercer influencia para designar autoridades de la función electoral y judicial. La pretensión original, que nunca se cumplió, era promover la participación ciudadana y el control social de lo público, la lucha contra la corrupción y la transparencia, además de nombrar autoridades. Ese CPCCS dedicó todos sus empeños, durante “la década del terror”, a satisfacer los pedidos del “jefe de todas las funciones”, como se autonombró Correa.
Este organismo no luchó contra la corrupción, no logró el empoderamiento ciudadano ni la inclusión ni el control social y nombró autoridades cuestionadas, como el ex contralor Carlos Pólit (hoy prófugo de la justicia) y el defensor del pueblo Carrión (en la cárcel). Hasta febrero de 2018 lo integraron siete consejeros principales y siete suplentes escogidos en dudosos concursos que eran promovidos a dedo por el régimen correísta, de acuerdo con sus conveniencias particulares.
Tras la consulta de febrero de 2018, se enmendó la normativa y se reestructuró el CPCCS, nombrando un consejo de transición presidido por Julio César Trujillo, que evaluó el desempeño de algunas autoridades y destituyó a quienes no cumplieron sus funciones (como el hoy prófugo ex superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, que no se sabe por dónde andará).
El gobierno de Lenin Moreno propuso -erróneamente- que los integrantes del CPCCS se eligieran en las urnas, en las elecciones de marzo de 2019. Los partidos y movimientos se esforzaron para completar listas de alcaldes, concejales, prefectos y presidentes parroquiales. Pero a los candidatos a este organismo costaba identificarlos. Así llegó lo que llegó al CPCCS…
Muchos eran cercanos a Rafael Correa y su gobierno. El plan de R.C. sigue siendo hasta ahora (luego del paso de dos gobiernos) tomarse esta función, deshacer todos los procesos judiciales que se siguen a los cabecillas del correísmo, revocar sentencias ejecutoriadas en su contra y retomar al poder. La precariedad de los gobiernos de Moreno y Lasso lo ha permitido y vuelve a dejar nuevamente a los ciudadanos ante una disyuntiva: anular nuevamente el voto.
Como decía el analista José Hernández “en la democracia republicana hay tres poderes; no cinco. Y acierta igualmente si se repasa la historia de lo que ocurrió con ese quinto poder durante el correísmo. Fue usado para, mediante concursos amañados, llevar a la cabeza de los organismos de control a correístas funcionales que no solo nada vieron y nada oyeron. Dejaron robar y, además, coimaron y se enriquecieron”.
“El caso más paradigmático”, agrega el analista, “(que está lejos de ser el único) es el del excontralor Carlos Pólit. Rafael Correa lo tuvo 10 años en el poder y siempre lo presentó como un funcionario modelo. Pólit está hoy detenido en Estados Unidos, acusado de seis cargos federales. Está en arresto domiciliario gracias a que pagó una fianza de 14 millones de dólares. Antes de esto, Correa lo seguía promocionando como un hombre honesto y había pedido a sus seguidores ayudar al pobre Carlos que estaba pasando apuros económicos en Estados Unidos…”
¿Autoriza usted eliminar definitivamente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Esta debió ser la pregunta que se debía incluir en la Consulta de febrero de 2023. Mientras tanto, los asambleístas del pacto “nebotcorreísta” siguen intentando adueñarse a dentelladas y pasándose por el forro cualquier resolución judicial de ese adefesio llamado Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).
Los destituidos integrantes de ese organismo –Ulloa, Estupiñán, Bravo y Rivadeneira- continúan aferrándose a uno de los “partos de los montes” de la constitución de Montecristi, que sigue siendo importante por sus funciones: nombrar funcionarios de organismos de control (contralor, procurador, defensor del pueblo, entre otros).
Desde la aparición del impresentable cura Tuárez (que está preso por tráfico de influencias) y su sucesor, Christian Cruz (que ejercía el cargo con un dudoso carné de discapacidad y fue destituido del cargo), así como la subsiguiente de turno, la “guacharnaca” Almeida (sobrina del asambleísta Luis Almeida), no sacaron de la modorra al disparate. Por eso, ¿qué espera el país para terminar con el CPCCS?
El cura Tuárez y otras hierbas
En la época de este personaje, se advirtió el peligro de que surgirían “pequeños correítas”. Uno de ellos usaba sotana: el cura Tuárez. “¡Vamos a exorcizar al país de sus males y a limpiar su alma!”, dijo al posesionarse como presidente del Consejo de Participación Ciudadana.
Asamblea se pronuncia tras decisiones del CPCCS
Las elecciones para este Consejo, en marzo de 2019, señalaron que 7 de cada 10 ecuatorianos habían anulado el voto, pidiendo implícitamente que desaparezca el organismo, creado por Correa en Montecristi. El doctor Trujillo, poco antes de su fallecimiento, fue al médico para pedirle un suplemento vitamínico para recoger firmas y así convocar una consulta popular que elimine este Consejo. No alcanzó a cumplir con ese objetivo, como tampoco lo logró el exvicepresidente del organismo transitorio, Pablo Dávila, a quien el CNE no le reconoció las firmas y la asamblea no calificó sus pedidos.
Hubo muchas denuncias contra este sacerdote: la inscripción de su candidatura violando disposiciones de la ley que, extrañamente, no tomó en cuenta el CNE. Si ocurrió con el cura Tuárez, también pasó con otros candidatos. Mientras tanto, el sillón que ocupó, dignamente, Julio César Trujillo, fue cuestionado por las conductas de un sacerdote, cuya militancia en el correísmo también lo inhabilitaba, además de algunas cuestionadas acciones privadas, como presuntamente despojar de sus bienes a una mujer mayor. Actualmente Tuárez está en la cárcel por tráfico de influencias.
El desventurado Consejo de Participación Ciudadana tiene que desaparecer. La desafortunada declaración del cura cuando decía que “su único interlocutor es el presidente y nadie más”, agregó elementos al enredo. Bien hizo la iglesia en apartarse de sus dislates. Pero el consejo seguía actuando y cometiendo disparates.
En lugar de ser discreto, Tuárez anunciaba exorcismos, y aparecía en videos gritando que “la espada de Bolívar camina por América Latina”, se comparó con Jesucristo (como lo hacía RC) y vociferaba contra sus enemigos, sobre todo la “prensa corrupta” (el parecido con el expresidente no era coincidencia).
El cura se olvidó que el amo que daba las órdenes ya no era presidente porque, junto con su gallada, fueron investigados por la fiscalía por delitos contra la fe pública y el erario nacional. Los poderes que la constitución de 2008 dio al CPCCS deben revocarse, pero hace falta creatividad y un gobierno fuerte, pues lo que quedaba de institucionalidad, el cura Tuárez quiso demolerlo.
Fue reemplazado por Christian Cruz, otro personaje de dudosas conductas, que continuaba ejerciendo el cargo a pesar de que aparecieron denuncias en su contra por la indebida utilización de un carné de discapacidad, otorgado por el Conadis en los tiempos que estos documentos eran entregados a diestra y siniestra y usados por personajes vinculados con actos de corrupción como Daniel Salcedo y políticos, como el ex asambleísta Fabricio Villamar, para sus fines y beneficios particulares.
Una pelea “guacharnaca”
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) fue otro “parto de los montes” de la Constitución de 2008 que supuestamente aseguraba que los ecuatorianos se interesen en lo público, pero lo que hizo fue crear una entidad mamarracha -otra más- cooptada por el expresidente Correa, para colocar en los cargos a personas, para que le dejen hacer “lo que le daba la gana”.
Asamblea Nacional destituye a cuatro vocales del CPCCSS
¿Por qué es importante el CPCCS? Tiene entre sus atribuciones algunas que nunca ha cumplido, como señala la Constitución: promover la participación ciudadana (no lo ha hecho), estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía (deben haberlo hecho entre gallos y medianoche), valores, transparencia y lucha contra la corrupción (desde la creación de este organismo es cuando más actos de corrupción han existido en el país), nombrar Procurador, Defensor del Pueblo y Público, Fiscal, Contralor, Consejo Nacional Electoral, Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, tras procesos de selección.
Recuérdese el catastrófico proceso para la selección del Superintendente de Bancos que terminó con una vergonzosa pugna del CPCCS de Ulloa con la Asamblea de mayoría correísta-socialcristiana, que dejó sin efecto el nombramiento, pero con muchas dudas, que derivaron en el juicio político y la destitución del grupo de consejeros presidido por Ulloa, que tampoco dejaron el cargo gracias a la decisión de un juez de La Concordia que anuló lo actuado por el legislativo, por una acción de protección.
En 2019, en una elección -con pocos votos- fueron escogidos Walter Gómez, el cura José Tuárez (destituido por tráfico de influencias), Rosa Chalá y Victoria Desintonio (estas dos correístas y la última es asambleísta, pese a su destitución de entonces) y la minoría con Christian Cruz (que también fue presidente y cesado por uso fraudulento de un carné de discapacidad), María Fernanda Rivadeneira y Sofía Almeida. Tuárez y Chalá presidieron el CPCCS por poco tiempo y fueron destituidos, con otro reacomodo (Almeida presidenta y David Rosero vicepresidente).
Se trató de dos bandos enfrentados: Sofía Almeida (hija de Pedro y sobrina de Luis, “el guacharnaco”, políticos socialcristianos que intentan mandar en el CPCCS), David Rosero (militante del ex MPD) y Juan Javier Dávalos (correísta) contra Hernán Ulloa (cercano al gobierno), María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán (ex socialcristiana, antes afín a Almeida).
Rota la mayoría vinculada al PSC, UP, UNES y Pachakutik, empezó una pelea que protagonizaron asambleístas de esas bancadas que hicieron juicios políticos al grupo de Ulloa, en una nueva mayoría legislativa de socialcristianos, correísmo, “los chinos” del ex MPD y el brazo político de los indígenas. Al final lograron destituir a cuatro de los siete consejeros, pero un juez de La Concordia declaró nulo lo actuado por la asamblea, por lo que Ulloa y su grupo se mantienen en los cargos, en pugna con el legislativo que anunció que “desconocerá todo lo actuado” por este grupo de consejeros.
Mientras tanto, la asamblea seguía nombrando consejeros de las listas de elegibles de 2019, teniendo algunos de los nombrados problemas (uno está fuera del país por estafa y otros, como Carlos Figueroa, ni siquiera se presentaron). La desesperación de la mayoría correísta-nebotista es evidente. Asimismo, el consejo de Ulloa sigue nombrando funcionarios y desarrollando concursos como el del contralor del estado. La Asamblea dice que desconoce todo lo actuado por el grupo de Ulloa y éste se mantiene en el cargo por la decisión judicial.
¿Olvidaron los socialcristianos las barbaridades del correísmo? ¿los indígenas coincidieron con el prófugo de Bélgica tras ser atacados por más de una década? ¿se acuerdan los ex MPD que Correa les cerró la UNE? Hay muchos intereses en el CPCCS. Tantos como para que estos carroñeros sigan buscando controlarlo. Le dieron la razón a Lasso cuando habló del trío golpista (Nebot, Iza y Correa). La pelea “guacharnaca” de un organismo que nunca debió existir.
Otro tema es el papel del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), creado como quinto poder en Montecristi 2008, pero muy cercano al poder ejecutivo para nombrar puestos clave –Procurador, Fiscal, Contralor, Consejo Electoral- que, por su lealtad al correísmo, facilitaron la corrupción que sigue campante en el país y con el agravante de que muchos de los funcionarios que este organismo debe nombrar, siguen en funciones prorrogadas.
Como decía José Hernández, en un reciente artículo de Expreso, El CPCCS atrae delincuentes: “y ahí vienen los interrogantes que suscita su actitud ahora que se sabe que una de las preguntas que el presidente Lasso incluirá en la Consulta busca eliminar las facultades que tiene ese ente para designar autoridades de control”.
Aunque Jaime Nebot es favorable a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, dice el analista “en estos años también ha dicho que esa es “una institución que no debería existir en una democracia normal”. Y que es “un organismo que debe ponerse de lado”. Esa posición fue ratificada en el comunicado emitido por su partido el 19 de septiembre pasado. En él afirma que esa institución nunca debió existir y, por lo tanto, debe desaparecer”.
Pero, “sorpresa: sucede lo contrario. El PSC libra, desde junio de 2021, cuando la sobrina de Luis Almeida fue reelegida presidente del CPCCS, una batalla política para controlar el bodrio correísta. Y lo ha hecho con el correísmo. Y lo ha hecho siguiendo una estrategia que prueba que el objetivo buscado es el mismo que practicó Correa en el poder: tener la mayoría del CPCCS, llevar a juicio político a los titulares de los organismos de control y poner ahí su gente”, agrega Hernández.
