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Escenarios de una conspiración

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Los distintos escenarios que tuvo la conspiración en marcha desde inicios de noviembre, al que el Presidente reaccionó, pero los peligros siguen latentes, mientras existan grupos opositores.

Foto: César Muñoz – API

Aunque sea repetitivo y haya sucedido en ocasiones anteriores, durante todo el período de gobierno de Guillermo Lasso, las ínfulas de los grupos de oposición no se han calmado y por el contrario, siguen buscando formas de demoler el orden establecido, con un solo objetivo: el regreso, libre de culpas y con los juicios anulados (a la manera del expresidiario y nuevamente presidente electo Lula da Silva en Brasil), del expresidente Rafael Correa, por quien se han hecho todo tipo de artimañas, como buscar adelantar elecciones, crear estados de conmoción interna (en los carteles que muestran los presos en la Penitenciaría del Litoral, luego de los motines, hay uno que dice “que vuelva Correa”) o argucias de todo tipo, con interpretaciones constitucionales y legales.

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Los intentos por subvertir el orden se han vuelto muy recursivos pero, por lo mismo, muy repetitivos y predecibles, dadas las situaciones que se han presentado. Indígenas que siguen un libreto revolucionario y violento, correístas que buscan cualquier pretexto para romper el estado de derecho, socialcristianos que se suman a los pedidos de los seguidores del expresidente y bandas delictivas aliadas a los carteles mexicanos del narcotráfico que han provocado, de manera coordinada (y también muy sospechosa) una serie de atentados, ataques e intentos de desestabilización en todo el país, causando miedo y zozobra en la población ecuatoriana.

Primer escenario: las revueltas y amenazas de los indígenas

Como el gobierno no puede ni debe dar gusto en todo a los indígenas, éstos siguen sintiéndose defraudados luego de los tres meses de negociaciones con el ejecutivo y a pesar de que existen más acuerdos que desacuerdos, las amenazas no se detienen. La Fenocin ha vuelto a reiterar sus llamados a la paralización a mediados de noviembre, pese al toque de queda y estado de excepción vigente en algunas provincias.

Resulta hasta dudosa la actitud de los líderes indígenas frente a la ola de violencia que se ha producido en estos días, con una serie de atentados en gasolineras, en viviendas, en las cárceles, coches bomba y otros. Leonidas Iza y sus amigos han publicado un comunicado que es, como dice José Hernández, “incoherente, cínico y cómplice con los criminales si se lee con sentido común. Totalmente apegado al manual de Iza y sus huestes cuando se lee Estallido, el libro en el cual expone su proyecto revolucionario”.

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Para acogerse a una idea que también exponen los correístas y algunos socialcristianos, Iza, en su cuenta de Twitter, habla de que Lasso ha llevado al país a convertirse en estado fallido: “Mi solidaridad con las familias por el dolor de la violencia, frente a la ineptitud del Gobierno el pueblo debe permanecer unido y organizado. Lasso generó un Estado fallido donde el crimen aumenta en el desempleo, el alto costo de la vida y la falta de acceso a la educación”.

La postura de los indígenas es coherente con lo que Iza planteó en su libro, en donde señala que la violencia es el principal camino para la toma del poder. Como expone Hernández, tomando como referencia el texto citado: “Iza no cree en la democracia. Y tampoco en el Estado republicano”. El Estado es, para él, “una aplanadora de violencia” (pág. 170), “una institución abocada a la administración sistemática de la violencia” (pág. 175), “un garante del terror” (pág. 264). La policía y las FFAA son “cuerpos represivos” (pág. 134), “fuerzas represivas” (pág. 269), contra las cuales se puede ejercer esta “violencia sagrada” de la cual habló Enrique Terán, primer secretario del PSE, que Iza recoge en el libro (pág. 273).

Agrega el articulista: “la cereza del pastel está en el último párrafo: estos problemas solamente se resolverán con el pueblo organizado (es decir, cuando triunfe su revolución sangrienta). ¿Y mientras tanto? Crear autodefensas. No para luchar contra mafias o la delincuencia. Su objetivo está definido en Estallido (pág. 228): una fuerza de choque contra las fuerzas del orden”.

Segundo escenario: los escándalos de corrupción del correísmo

Lo de Nilsen Arias en Petroecuador es solo la punta de un iceberg que tiene como destinatarios a los grandes cerebros e ideólogos de la corrupción en tiempos del correísmo. Las coimas, diezmos y sobornos protagonizados por este “pez mediano”, aunque le apodaban “gordo”, tienen como responsables a Correa y Jorge Glas, quienes organizaban, supervisaban y autorizaban todo lo que tenía que ver con contratación petrolera y entrega de campos, así como de barriles de petróleo a países como China y a las grandes corporaciones internacionales.

Según una investigación del portal Primicias: “el avión presidencial se usó en al menos tres ocasiones, entre noviembre de 2016 y enero de 2017, para las negociaciones de contratos de la petrolera estatal. Las investigaciones de la Fiscalía alrededor de la corrupción en los contratos de preventas petroleras de Petroecuador han puesto los ojos sobre los movimientos del avión presidencial”.

Esta indagación señala que las negociaciones de estos contratos se hicieron con el visto bueno de la Presidencia de la República de entonces. Primicias identificó al menos dos viajes más en los que también se usó el avión presidencial para que Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, se traslade con su equipo y con personal del Ministerio de Finanzas y Petroecuador.

Los oficios que autorizaban estos traslados los firmaban los exministros de esa cartera, Fausto Herrera y Patricio Rivera. En tres viajes aparecen dos nombres siempre presentes: Nilsen Arias y William Vásconez, subsecretario de Financiamiento Público de Finanzas, procesado por la Fiscalía. Los viáticos de cada funcionario eran de $ 2.000. Según la Fiscalía, los viajes eran para negociar los contratos de preventa petrolera, pero también se coordinó la entrega de sobornos. Otros viajes realizados por el avión presidencial fueron a destinos como Madrid, Dubai, Bangkok, París, Luxemburgo y Nueva York. Todo conocido por la presidencia y la vicepresidencia de entonces.

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Nilsen Arias está detenido en Estados Unidos y enfrenta una pena de más de diez años de cárcel por conspiración para lavado de activos. Arias busca reducir la pena porque se declaró culpable y viene cooperando con los fiscales estadounidenses. Todo lo que él pueda declarar está causando conmoción entre los principales líderes del correísmo, porque muchos de ellos -libres, presos y prófugos- tienen relación con esta trama.

Nilsen Arias es el segundo funcionario ecuatoriano de más alto rango que EE. UU. procesa por lavado de dinero por sobornos. Fue gerente de comercio internacional de Petroecuador en el gobierno de Rafael Correa. El exmandatario niega su relación con Arias y dijo que fue puesto en el cargo “por los marinos”, algo ya desmentido por las investigaciones periodísticas de Fernando Villavicencio. Correa también rechaza que se lo vincule con el ex contralor Carlos Pólit, aunque estuvo más de diez años en el puesto y fue calificado por el mismo Correa como “mi” contralor con nota de 10/10 en los concursos hechos entonces por el correísta Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El exministro y expresidente ejecutivo de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuzzelli (“Capaya”), quien se entregó a la justicia ecuatoriana y regresó de EE. UU. para ser encarcelado en la cárcel 4 de Quito bajo la figura de cooperación con la investigación, publicó un libro desde su cautiverio y en su comparecencia ante la comisión de fiscalización de la asamblea, anunció los nombres de más de veinte funcionarios involucrados en una red de corrupción de la estatal petrolera, que tuvo su auge en el régimen de Correa, pero que no dejó de funcionar ni en el gobierno de Moreno ni en el de Lasso. La presencia de “Capaya” ha provocado más de una incomodidad en los asambleístas de RC.

Otro tema del que sigue surgiendo más información es el de la Refinería del Pacífico: Una investigación del Portal Plan V señala que “las actas de los directorios de la Empresa Refinería del Pacífico, que intentó construir un enorme complejo petroquímico en las cercanías de la ciudad de Manta, en la costa manabita, evidencian cómo la voluntad política de los jerarcas correístas de intentar construir la Refinería, aún sin tener ni financiamiento ni petróleo para poder operarla, se impuso a cualquier criterio técnico o económico”.

Agrega la investigación: “tras fracasar en por lo menos dos ocasiones en sus intentos de obtener no menos de 10 mil millones de dólares para la construcción de la planta, el régimen correísta se empeñó en gastar dinero de Petroecuador y PDVSA para las llamadas “obras tempranas”, que consistieron en una enorme explanada. Además, cerca de la explanada, está construido un campamento para los empleados, que tenía el propósito de alojar en viviendas prefabricadas a los trabajadores de la planta petroquímica”.

Los datos sobre esta obra inconclusa revelan algo más: “entre 2008 y 2018 se gastaron $1.531 millones en la Refinería del Pacífico, de los que $613 millones corresponden a estudios, ingenierías, licencias y servicios de asesoría gerencial y legal, $678 millones al valor agregado del costo de los terrenos y construcción de las obras tempranas, $83 millones a gastos operativos y de compensación social y $157 millones al pago de impuestos”.

¿A dónde fueron y quién se llevó los dineros gastados? En junio de 2022, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo publicó el estudio “La Importancia de los Beneficiarios Finales y cómo buscarlos” de Mónica Almeida, en donde se precisa que “conocer a los beneficiarios finales de tal o cual entidad jurídica permite establecer conexiones entre empresas y revelar esquemas creados para recibir sobornos, acaparar contrataciones en el sector público, evadir impuestos, lavar activos del narcotráfico o camuflar otras actividades ilícitas como el financiamiento al terrorismo”. Se sostiene también que los beneficiarios finales son “las personas naturales que poseen y/o controlan una entidad jurídica y por ende reciben las ganancias de su actividad”.

Cuando ocurren estas denuncias, los asambleístas del correísmo empiezan a gestar anuncios de muerte cruzada, buscan que haya estados de conmoción interna y buscan apartar de la legislatura (por decirles mafiosos) a Villavicencio. También promueven cortinas de humo que tratan de disipar el evidente involucramiento de los cabecillas del movimiento RC en los actos de corrupción durante los diez años de su gobierno.

Tercer escenario: una asamblea que no disimula sus intentos

Difícil creer que el actual poder legislativo está para legislar y fiscalizar. Las bajas cifras de aprobación de esta función del estado (5%) van en perfecta concordancia con la actuación de los legisladores, dedicados más a tareas de conspiración y a escándalos internos (como los ya infaltables diezmos) y asambleístas expandilleros que se ofrecen para negociar con los narco carteles y bandas delictivas a cambio de “la renuncia del presidente”.

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Se trata de una Asamblea que rechaza el inexistente bloqueo contra Cuba, pero que se ha quedado en simple retórica cuando hay que enfrentar los actos de terrorismo dando declaraciones obvias y previsibles. Algunos de sus miembros -del correísmo y otros grupos- han usado el terror para conspirar. Hay que leer las redes sociales de algunos de ellos, especialmente los que tienen vínculos con pandillas y narcos en una piscina de Miami (como Ronny Aliaga), convertido en la “estrella de la legislatura”. Los indígenas son parte de estos intentos cuando Leonidas Iza culpa de la violencia al “estado colonial”, mientras Salvador Quishpe pone en el tapete el tema de la muerte cruzada.

Rafael Correa, que se muere por volver, pero limpiando sus juicios y sentencias, tampoco oculta sus intenciones.  En Twitter dice “vamos entonces de las palabras a las acciones. Con 92 votos en la Asamblea se pueden anticipar elecciones y buscar una salida democrática a esta pesadilla”. ¿Qué salida democrática? Seguramente que Lasso se vaya a su casa. Las pandillas no parecen importarle (¿cuál es su relación con estos grupos? ¿y cuál fue el vínculo cuando él era presidente y se tomaba fotos con delincuentes y pandilleros, así como lo hacían sus familiares y algunos de sus ministros, como el prófugo José Serrano, que hasta casó a la hija de uno de ellos?).

Mientras tanto, los socialcristianos, que tampoco disimulan sus deseos de subvertir el orden o pescar a río revuelto, toman frases del presidente autoritario de El Salvador, Nayin Bukele, quien en Twitter señalaba: “el Estado de Excepción es una herramienta, no una varita mágica. Aprobar un Estado de Excepción sin una estrategia contra los terroristas, no sirve de nada. Los gobernantes deben entender que los problemas no se resuelven por decreto, sino con acciones”. Para los socialcristianos, tan hábiles para moverse tras bastidores “son las acciones las que resuelven los problemas, no las palabras”. Y detrás de sus intenciones, campañas para legalizar el uso de armas, como manifestaba hace poco en un discurso la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri.

Cuarto escenario: un presidente débil y un gobierno incapaz

Poco hizo hasta ahora el presidente Lasso para salirse del esquema que se vislumbra desde fuera de su gobierno: una faceta autoritaria frente a sus ministros y funcionarios, a quienes no solo ha restado protagonismo en sus áreas de interés, sino que les ha prohibido acudir al congreso a dar informes, porque existe hostigamiento de los legisladores. También decide en qué medios dan o no dan declaraciones. Tal como hacían Correa en 2012 y Moreno en 2019.

Sin embargo, lo que pasó a inicios de noviembre no pareció ser fruto de la casualidad: el traslado de unos mil presos de la penitenciaría, intentos de matanzas y motines en las cárceles, atentados en Guayaquil, Durán, Esmeraldas y Santo Domingo y actuaciones políticas de correístas, nebotistas (socialcristianos) y del presidente de la legislatura Virgilio Saquicela, demostraron algunas coincidencias con las acciones delictivas.

18 atentados perfectamente coordinados: uno cada diez minutos. No fueron ataques a civiles, sino a policías y en lugares como gasolineras y PAI policiales. Atacar a la Policía para causar miedo (seis gendarmes muertos). Los correístas hablaron de “conmoción interna” (que consta en el artículo 130 de la Constitución) para buscar otra vez la muerte cruzada y mientras tanto, los socialcristianos indagando las vías constitucionales, en ambos casos, para sacar a Lasso del poder.

Los presos de la penitenciaría, al saber de su traslado (por filtraciones de sus fuentes exteriores, que podrían estar incluso en el SNAI o en otras instituciones como soplones), hicieron una campaña de desinformación. Luego se produjeron enfrentamientos entre las facciones de las bandas carcelarias. Murieron dos reos y seis quedaron heridos, mientras en la calle se producían actos terroristas buscando extorsionar al gobierno e impedir el control militar de las cárceles. Todo con un objetivo: crear ese estado de conmoción interna.

Correístas, socialcristianos y disidentes de Pachakutik, basados en ese presunto estado de conmoción, buscaron remover al mandatario. Mientras tanto, Correa y sus amigos atacaban al presidente en redes sociales y lo acusaban de la situación económica, de la inseguridad, de su gestión a la que calificaban como inepta y hasta de su estado de salud (es visible la dificultad que tiene para caminar).

El expandillero correísta Ronny Aliaga, figura clave de la conspiración, fue encargado por Saquicela para presidir la asamblea, buscando que su figura se convierta en un enlace entre las bandas narco delincuenciales y los asambleístas. Su pedido sonó hasta hilarante: “yo negocio con los grupos irregulares si renuncia el presidente Lasso”. Tampoco sorprendería que sea el candidato a la presidencia de esta impresentable legislatura en los próximos dos años.

Felizmente, Lasso suspendió un viaje programado a Orlando (EE. UU.), sede de los parques temáticos de Disney, que había provocado muchas críticas y se puso al frente de la situación. No cedió ante el chantaje, dictaminó que se siga trasladando a los presos, pidió que sean reubicados dos líderes de los chone killers en La Roca y dio la orden de capturar a los que provocaron los atentados en las calles. Esta rápida acción de militares y policías en Guayaquil y la foto de los presos detenidos mostraron a un presidente decidido y presente en el puesto de mando en el 911 de Samborondón.

Con estos pocos pasos se pudo detener, al menos coyunturalmente, ese estado de conmoción interna y se evitó que haya más desmanes y ataques en La Penitenciaría. El presidente Lasso recuperó su protagonismo al reunir al Consejo de Seguridad Pública y dar a conocer un Plan de Seguridad. Además, también viajó a Esmeraldas. Es hasta explicable que sus funcionarios no acudan a dar información a los asambleístas, especialmente sobre el tema de seguridad, porque se tiene el percepción de que puede haber “soplones” entre algunos legisladores, ante información sensible y reservada.

Quinto escenario: el crimen organizado y la narcopolítica

Poco se puede creer que los actos de los delincuentes en las calles y en las cárceles obedezcan solo a actos específicos de estos grupos para causar temor en la población. Cierto es que los carteles mexicanos están dotando de armamento sofisticado y mucho dinero a los capos de las bandas dedicadas al macro y microtráfico, pero vale la pena recordar en qué gobierno se declaró a la narcoguerrilla de las FARC como fuerza insurgente, se estableció la ciudadanía universal, se permeó las fronteras y se permitió el acceso de todo tipo de grupos mafiosos al Ecuador: el gobierno de Rafael Correa.

Sería iluso también creer que Correa mantuvo a raya la delincuencia, cuando lo que hubo fue un pacto entre esos grupos (uno de sus integrantes es asambleísta) y el régimen (hay muchas fotos del expresidente, funcionarios y parientes de Correa con delincuentes y narcotraficantes). Vale recordar que en los aviones presidenciales se transportaba oro, dinero en efectivo y otros materiales a paraísos fiscales. Tampoco hay que olvidar la salida de los EE. UU. de la Base de Manta, la narco valija, la refinería del pacífico (terreno aplanado en el que aterrizaban avionetas) y las carreteras construidas que permitieron sobrevuelos de narcoavionetas en provincias del Ecuador, especialmente en Manabí.

Tampoco hay que perder de vista las denuncias que hace el legislador Fernando Villavicencio sobre la presencia en la asamblea nacional de legisladores -dice que son hasta veinte y que pronto se sabrá los nombres- que tienen vínculos con el narcotráfico, la delincuencia y la minería ilegal (que son negocios conexos y que actúan a la par).

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