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Ecuador: la antesala del infierno

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Un análisis que intenta explicar y reflexionar el origen de toda la violencia y por qué se instaló en el Ecuador este flagelo o cáncer. 

Fotos: César Muñoz – API

Los escenarios ante la violencia generada por las bandas narcodelictivas en el Ecuador y las soluciones propuestas no están logrando resultados para enfrentar a este verdadero cáncer que se está tomando el país. No se detienen los atentados, las bombas, los robos, los asesinatos, las extorsiones, las balaceras y las vacunas en ciudades y zonas tomadas por las bandas narco delincuenciales, mientras hay jueces de medio pelo que siguen liberando malandrines.

Recientes datos sostienen que Esmeraldas es la sexta ciudad más violenta del mundo, en relación con muertes por cada cien mil personas, muy cerca de ciudades mexicanas y brasileñas conocidas por este mal. El consulado de Estados Unidos en Guayaquil ha hecho advertencias a sus nacionales para que eviten caminar solos en esa ciudad, que eviten aglomeraciones, mantengan perfil bajo y solo permanezcan en zonas turísticas.

Entre 2021 y 2023, las muertes violentas han crecido más del 90% en Ecuador. Es el sexto país más violento de la región, por encima de México. Ecuador cerró 2022 con su peor registro de violencia criminal e inició el 2023 con índices con tendencia al alza. En el país se reportaron más de cuatro mil muertes violentas, lo que significó una tasa de más de 25 casos por cada 100.000 habitantes.

La inseguridad va marcando el pulso de la sociedad y de la economía, sobre todo en las provincias que forman parte del corredor del tráfico de droga hacia el Pacífico, como Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santo Domingo, Santa Elena, Los Ríos y El Oro. A eso hay que agregar la permeabilidad de las fronteras norte (como Colombia no vigila, hay corredores inmensos para el traslado de la droga) y sur (desde el Perú están ingresando fácilmente las armas, municiones y explosivos que son usados en los ataques, bombazos y atentados que se cometen casi a toda hora en el país).

Aunque es larga la historia de la violencia generada por las bandas narcodelictivas, que se remonta a fines del siglo XX, especialmente tras la crisis bancaria de 1999 y con la llegada al poder en 2006 de Rafael Correa que, al reconocer a las FARC como “insurgentes y no terroristas” al inicio de su gobierno y con el otorgamiento de la ciudadanía universal, que posibilitó la llegada al país en los años 2009 y 2010 de toda clase de ciudadanos extranjeros, creó un problema que se agravó con la migración venezolana ocasionada por la crisis política endémica que vive ese país.

Esta violencia se ha manifestado a través de asesinatos, extorsiones, secuestros y otros crímenes relacionados con las drogas. Las bandas narcodelictivas han causado graves problemas en el país, tanto en términos de seguridad como de desarrollo. Esto ha llevado a una creciente preocupación por los escenarios de violencia relacionados con el narcotráfico, así como por las soluciones propuestas para abordar la problemática.

Origen de la violencia generada por las bandas narcodelictivas

La violencia se ha visto agravada en los últimos años, pero este fenómeno se remonta a los años ochenta y noventa, cuando el Ecuador recibió gran cantidad de drogas procedentes de Colombia (que en tiempos de los carteles de Cali y Medellín buscaba salida para los narcóticos que producían). Esto provocó, desde inicios de la primera década del siglo XXI, el surgimiento de bandas narcodelictivas locales que operaban en los principales centros urbanos del país, especialmente en la región amazónica (alimentadas por las disidencias de los grupos paramilitares como las FARC y la presencia de los carteles mexicanos, buscando nuevas rutas para el narcotráfico).

Al principio, estas bandas se dedicaban principalmente al tráfico de cocaína y heroína, así como a la extorsión y el secuestro. La violencia se intensificó con la llegada de bandas extranjeras, tales como la Fuerza de Tarea conjunta, las disidencias de las FARC y el ELN de Colombia y el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua de Venezuela que buscan controlar el tráfico de drogas en el área y que iniciaron una pelea por los territorios de distribución y comercialización de las sustancias ilícitas.

La violencia generada por las bandas narcodelictivas también se ha visto agravada por el aumento de la inseguridad ciudadana y por la falta de control por parte del Estado (con legislación muy permisiva para estos delitos desde tiempos de Rafael Correa y con una justicia muy blanda que libera rápidamente a los delincuentes), lo que ha permitido que los grupos criminales operen con relativa impunidad. Esto se ha visto agravado por la existencia de estructuras corruptas en los gobiernos de turno, posibilitando a los grupos criminales influenciar el entorno político y social del país e infiltrarse en las diferentes organizaciones estatales. No solo eso, también están entrando, a través de testaferros o por presencia propia, en los cargos de elección popular (alcaldías, diputaciones, juntas parroquiales o como asambleístas).

Factores que contribuyen a la violencia generada por las bandas narcodelictivas

Hay varios factores que contribuyen al surgimiento y al mantenimiento de la violencia generada por las bandas narcodelictivas, entre los que se incluyen la falta de control del Estado, el aumento de la inseguridad ciudadana, la existencia de estructuras corruptas en todos los niveles del estado y la presencia de otras bandas extranjeras (carteles colombianos, mexicanos, albaneses e incluso de la camorra italiana y de otras organizaciones delictivas como la mafia rusa y china o la yakuza japonesa).

Esa falta de control del Estado ha permitido que las bandas narcodelictivas operen con relativa impunidad, porque no existe un marco legal adecuado para abordar el problema y no existe respuesta coordinada de las autoridades. Asimismo, el aumento de la inseguridad ciudadana contribuye al surgimiento y mantenimiento de la violencia generada por las bandas narcodelictivas por la falta de acceso a la justicia y de recursos para combatir la delincuencia (piénsese que para importar chalecos antibalas o armas de dotación, el trámite puede demorarse hasta un año en el sistema de compras públicas, mientras los delincuentes “importan” fácilmente armamento).

Además, la existencia de estructuras corruptas e inacción en el actual gobierno contribuye a la violencia generada por las bandas narcodelictivas. Ha habido y hay políticos y funcionarios corruptos que están dando apoyo a los grupos criminales (como jueces, policías o militares que son soplones de acciones que toman la fuerza armada en territorio). Por último, la presencia de bandas extranjeras contribuye a la violencia generada por las bandas narcodelictivas por la competencia entre los grupos criminales locales y extranjeros por el control de los mercados de drogas en el país.

¿Existe alguna solución?

Las autoridades han propuesto algunas alternativas de solución para abordar la violencia, como el fortalecimiento de las estructuras gubernamentales, programas de prevención y rehabilitación, la mejora del acceso a la justicia y la creación de alianzas internacionales, aunque los resultados de los viajes del presidente Lasso a Israel y EE. UU. no se han visto.

Se requiere el fortalecimiento de las estructuras gubernamentales y un marco legal adecuado para abordar el problema y la implementación de mecanismos de coordinación entre las autoridades de los poderes del estado y de las instituciones encargadas de la seguridad. Se requiere la implementación de programas de prevención y rehabilitación, especialmente en las zonas de mayor riesgo. Esto implica la creación de programas de educación y sensibilización dirigidos a la población o acciones de ayuda para los jóvenes en riesgo de caer en el narcotráfico o que ya cayeron. Hay que actuar en territorio en las zonas consideradas de alto riesgo, como Guayaquil o Esmeraldas

Se requiere la mejora del acceso a la justicia con la creación de un marco legal que permita el enjuiciamiento más severo de los delitos relacionados con el narcotráfico. Hay que fortalecer las instituciones de seguridad para mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades. Eventualmente debería existir cooperación entre los gobiernos regionales para combatir el tráfico de drogas y la violencia asociada. Lamentablemente países como Colombia, con Gustavo Petro, han ablandado su postura frente al problema.

Los niños sicarios

El sicariato se ha convertido en una triste realidad en el Ecuador en los últimos años. Esta práctica criminal consiste en el uso de los niños para la comisión de actos de violencia, tales como asesinatos, secuestros y robos. Esta es una forma de violencia que está aumentando, lo cual resulta preocupante. La principal causa se encuentra en el contexto social y económico de muchas familias. La pobreza y la desigualdad social han contribuido a un aumento en la delincuencia, especialmente entre los más vulnerables.

En muchas zonas del país, los niños son fácilmente influenciados por adultos delincuentes, que los usan como sicarios por su falta de madurez y vulnerabilidad. Estos adultos ofrecen a los niños dinero a cambio de realizar actos de violencia, prometiéndoles una mejor situación económica para sus familias o los chantajean amenazando a sus familias.

Además, el sicariato se ve favorecido por el desempleo y el aumento de la delincuencia en el Ecuador. Los jóvenes sin trabajo, especialmente aquellos de familias de escasos recursos, están expuestos a caer en la tentación de participar en actividades criminales.

Es necesario tomar medidas urgentes para frenar la presencia de niños sicarios en el Ecuador. Se debe fomentar la educación de los niños, especialmente en zonas de alto riesgo, así como mejorar las condiciones sociales y económicas de las familias vulnerables. Esto ayudaría a reducir el sicariato y evitar que los niños se expongan a esta forma de violencia.

No hay que olvidarse que la violencia, el delito y las acciones de las bandas narcodelictivas son un gran problema en el mundo. Estas actividades criminales afectan a todos los países, desde el más pobre al más rico. No solo tienen efectos negativos sobre la economía, sino también sobre la seguridad y la salud de la gente.

Una de las formas más eficaces de prevenir y reducir la violencia, el delito y las acciones de las bandas narcodelictivas es con educación, que sirva para informar a los jóvenes sobre las consecuencias de estas actividades criminales y promover el respeto a la ley.

Hay que establecer un sistema de justicia penal que castigue a los delincuentes sin discriminación, con penas que deberían ser lo suficientemente duras para disuadir a aquellos que estén tentados de cometer actos criminales y proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos, para que no reincidan, como ocurre actualmente. Más grave aún es que, como no hay denuncias, son fácilmente liberados por jueces venales.

Hay que implementar programas de rehabilitación para los que han cometido delitos relacionados con las bandas narcodelictivas, enfocados en la rehabilitación de los delincuentes y su reinserción social.

¿Por qué el gobierno ha fracasado en detener la violencia en el Ecuador?

El gobierno ha fracasado por muchas razones. Existe un déficit de recursos para combatir la violencia, especialmente en áreas rurales, urbanas y marginales. El gobierno también ha sido lento para abordar los problemas de raíz que contribuyen a la violencia, incluyendo el desempleo, las carencias de la educación y la pobreza. La falta de acceso a la justicia también contribuye al problema. Muchas personas no tienen los recursos para denunciar sus casos.

A esto se suma la corrupción en el sector público, incluyendo la impunidad de los delitos relacionados con la violencia, que así se ve impulsada por los cambios en el mercado de drogas, la inmigración ilegal, el crimen organizado y otros factores relacionados con la inseguridad.

A esto se agrega la desafortunada decisión del presidente Lasso de permitir el libre porte de armas. Aunque muchas personas creen que podría ser la solución para enfrentar el problema de la violencia, la realidad es que no es lo más viable. El libre porte de armas puede conducir a un aumento en el número de crímenes violentos debido porque los criminales tendrían acceso a más armas de fuego. Y puede aumentar el riesgo de lesiones y muertes accidentales por la falta de conocimiento de los usuarios sobre el almacenamiento y manejo de armas.

La raíz del problema de la violencia en Ecuador

“Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) muestran un aumento en la criminalidad en Ecuador. Entre enero y agosto de 2021 se registraron 16.017 robos a personas el país, por encima de los 12.475 reportados en el mismo período en 2020, según datos de la Comisión Estadística de Seguridad Ciudadana y Justicia presentados por INEC”, decía una nota de CNN en español. De acuerdo con cifras del Observatorio Ciudadano de Seguridad Integral (OCSI), el 2022 cerró con 4.539 homicidios, un incremento de 114% con relación al 2021. El presidente Lasso dice que más del 70% de las muertes violentas que ocurren en la provincia de Guayas ‘está de alguna forma relacionada con el tráfico de drogas’.

Ecuador es un punto clave de tránsito en la ruta de la cocaína desde Sudamérica a Estados Unidos y Asia. Es terreno fértil para los enfrentamientos entre pandillas. Las cárceles son campos de batalla por la supremacía. Según datos de 2020 de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) el 74% de la cocaína que ingresaba a Estados Unidos llegaba desde el Pacífico Oriental. La costa de Ecuador es un punto neurálgico.

Una «autopista de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa». El portal especializado InsightCrime señalaba así al Ecuador, apuntando el hecho de que más de un tercio de la creciente producción de cocaína en Colombia llega a Ecuador y desde los puertos ecuatorianos sale a EE. UU. y Europa. Washington incluyó a este país en su lista de países con mayor tráfico o producción de drogas. Ha dejado de ser solo «de tránsito» de la droga, a uno donde se almacena, se procesa y se distribuye.

Se evidencia en la mayor cantidad de droga -especialmente cocaína- que es decomisada, el descubrimiento de laboratorios y el aumento de la violencia, que se hace visible en las cárceles por bandas ligadas al narcotráfico que se disputan territorios dentro y fuera de la cárcel.

«El tema del tráfico de drogas siempre ha estado ahí», declaraba a BBC Mundo el general Giovanni Ponce, jefe de Antinarcóticos de la Policía de Ecuador. Agregaba que “en Colombia se producen más o menos 1.200 toneladas de droga al año. Alrededor de 450 en Nariño y Putumayo, departamentos fronterizos con Ecuador”. De esas 450, un 50% entra por la frontera: alrededor de 200 a 250 toneladas.

Desde Antinarcóticos coinciden que no existen cultivos en el país, porque el Ecuador es un país de tránsito y acopio de drogas, pero se han incrementado los laboratorios de procesamiento en el sur de Colombia, en Nariño y Putumayo. Un hecho que fue fundamental para esta especie de auge del negocio del narcotráfico en el Ecuador, señalan los analistas, fue el desmantelamiento de la base militar estadounidense en Manta en 2009, desde donde se rastreaban aeronaves utilizadas por narcotraficantes.

Fue una promesa electoral de Rafael Correa al mismo tiempo que hubo denuncias de que su campaña recibió dinero de las FARC y que llamó “insurgente y no terrorista” a ese grupo narco guerrillero. Su argumento fue que la base violaba la soberanía de Ecuador y se incluyó una prohibición en la Constitución de Montecristi de 2008.

Esto, según InsightCrime, hizo que «la cooperación antinarcóticos con los países de oferta y demanda entre los que se encuentra Ecuador se reduzca al mínimo». De esta manera “se permitió la penetración casi total del crimen organizado transnacional», manifiesta el coronel Mario Pazmiño, ex director de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Eso, más la adquisición de radares chinos defectuosos en tiempos de Correa y los traspiés de la instalación y luego el daño de los nuevos radares que se instalaron en Montecristi en el gobierno de Lasso, han impedido controlar el vuelo de narcoavionetas y su llegada a aeródromos clandestinos que crecieron exponencialmente desde el gobierno de Correa. Inclusive se usó como pista de aterrizaje al terreno aplanado, pomposamente llamado Refinería del Pacífico en el Aromo, cerca de Manta.

En septiembre de 2016, las FARC firmaron un acuerdo de paz con el Estado colombiano. Las negociaciones con la otra guerrilla, el ELN, intentan reiniciarse. Pero, desde antes de desmovilizarse, las FARC ya controlaban las cadenas de producción y distribución de la cocaína. Quienes tomaron el lugar de los desmovilizados fueron las milicias disidentes que controlan la circulación de la droga, entre ellas el Frente Oliver Sinisterra, responsable de la muerte de los tres periodistas de El Comercio, hace ya cinco años.

Según el periodista Arturo Torres, experto en temas de seguridad, estos grupos, que se mantienen especialmente en la frontera con Ecuador, en Nariño y Putumayo, se alían con los carteles mexicanos y otras organizaciones europeas, principalmente de los Balcanes, que llegan a la zona.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, siglas en inglés) en su reporte de 2021 señalaba que «en los últimos años, varios otros grupos europeos han surgido como actores importantes en el envío de cantidades significativas de cocaína a Europa, también estableciendo presencia y contactos propios en América Latina». «Hasta cierto punto, esto puede haber sido facilitado por un panorama criminal cada vez más fragmentado en Colombia a raíz de la desmovilización de las FARC-EP», agrega.

«La proliferación de grupos delictivos no estatales, armados y más pequeños, la ausencia de organizaciones monolíticas que controlan las diversas etapas de la cadena de fabricación y tráfico de cocaína y la mayor compartimentación de estas actividades, puede haber generado nuevas alianzas y cadenas de suministro. El informe se refiere en concreto a grupos de Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Montenegro y Serbia», finalizaba el texto.

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