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Crónica sobre una Ley de Comunicación: ¿por qué el correísmo quiere que vuelva?

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Un recuerdo de los efectos que tuvo la Ley de Comunicación de los tiempos de Correa y los organismos creados para perseguir a los medios y a los periodistas que no estaban de acuerdo con él.

Foto: Flickr Secretaria de Comunicación Ecuador

Simón Espinosa escribe: “la insolencia desenfrenada en la tragicómica asamblea nacional se desmadró cuando 75 héroes aprobaron una Ley de Comunicación que no pasó por la Unidad Técnica Legislativa; farragosa, por tanto, y criminal, pues se inventa estupideces para matar la libertad”. Roberto Aguilar señala: “el proyecto que había aprobado la Comisión de Relaciones Internacionales sobre la base de una propuesta del Ejecutivo (y que contenía ciertos avances democráticos en la materia) fue archivado sin pena ni gloria. Según el informe de minoría: una propuesta del correísmo y del ala más recalcitrante de Pachakutik, representada aquí por Ángel Maita. Una ley que otorga a la Defensoría del Pueblo una función punitiva sobre los medios crea la figura de medios públicos oficiales y deja la puerta abierta a la criminalización de la opinión”.

Agrega Aguilar: “la nueva vicepresidenta, Marcela Holguín, se dio el lujo de mentir que no hacía eso. Como el proyecto nunca fue debatido por el pleno, nadie está en condición de contradecirle. La nueva ley (…) se aprobó con los votos a favor que era de esperarse”.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “la consolidación de la democracia depende de la libertad de expresión”. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión”.

Se constata en los párrafos anteriores que los legisladores del correísmo, de Pachakutik y los “rebeldes” buscan reciclar la que, en su momento, fue denominada “ley mordaza”, para el retorno de las horas más oscuras de la llamada “revolución ciudadana”, cuando las verdades, voluntades y designios pertenecían a una sola persona, el expresidente Correa, desde las sabatinas y en cualquier tarima o escenario.

Temen el retorno de la ‘Ley Mordaza’

Desde el inicio de su gobierno (2007-2017) Rafael Correa, atacó a los medios de comunicación y a los periodistas, con acometidas verbales y acciones judiciales en su contra. Las denominadas “sabatinas” (cadenas de radios y televisión de los sábados) eran el espacio donde Correa exponía sus actividades, sin dejar de hablar de asuntos personales y temas banales (qué comió, dónde se hospedó, qué conversó), para llamar la atención del público.

La Contraloría General del Estado (CGE) señaló que estos enlaces significaron fuertes egresos de dinero del presupuesto estatal. Solo entre el 1 de junio de 2013 y el 24 de mayo de 2017, se destinó $ 6,7 millones para el montaje de esos espacios. El entonces mandatario buscó estar presente en casi todo asunto de interés público –ya sea político, social, económico, religioso o deportivo– en persona o por redes sociales. Pero la herramienta más usada fueron los enlaces ciudadanos. Correa hizo 523 en su mandato. Se calcula que de diez años habló un año completo…

Según Correa, había un “diálogo directo” con las comunidades. Estas cadenas, difundidas por TC Televisión y Gama TV (incautados en el gobierno correísta a los hermanos Isaías, dueños también del Filanbanco, en una operación que se suponía era para devolver los ahorros a los clientes de ese banco cerrado) y otros medios locales y regionales, así como radiodifusoras del holding de estaciones del gobierno. Correa “todo lo veía y lo sabía” como el Gran Hermano, del que habla Orwell en su novela 1984.

Correa era maestro de ceremonias, cantante, presentador, bailarín y todo lo que la situación ameritase. Lo acompañaba su traductor al quichua, el “mashi” (compañero) José Maldonado. Sus alocuciones incluían segmentos como la “caretucada o la cantinflada de la semana” donde hacía mofa de políticos, activistas, sindicalistas, mujeres y periodistas.

Y daba órdenes para que, en la semana posterior, algunos jueces impulsen juicios a favor de Correa y su gobierno. Según los defensores de los enlaces, Correa llevó la política a actores nunca tomados en cuenta. Para sus detractores, fue el escenario para vapulear opositores en vivo y en directo, exhortando a sus seguidores a tomar la justicia por su mano mostrando fotos de periodistas, activistas y opositores para identificarlos.

La consultora independiente Gobierno Responsable, del exalcalde de Quito Mauricio Rodas, hizo un monitoreo. En 2009, Correa profirió 171 insultos contra políticos, periodistas, organizaciones sociales, campesinas, empresarios y otros. En sus diez años hizo 523 enlaces ciudadanos (1.544 horas de cadenas financiadas con recursos públicos). La Fiscalía conoció un examen de la Contraloría sobre los gastos de la Secretaría de Comunicación en los enlaces entre 2013 y 2017 y señaló indicios de responsabilidad penal.

El proyecto de Ley de Comunicación y los artículos sensibles

Lo que decía y lo que hacía

El entonces mandatario hacía representaciones mediáticas, con libreto preestablecido por los asesores de imagen, modificable de acuerdo con la audiencia. En el enlace ciudadano del 26 de enero del 2010, Correa preguntó a un grupo de seguidores si fueron pagados para asistir. Todos contestaron que sí y alzaron la mano, lo que le disgustó mucho. Eso no era parte del guión…

En sus discursos, Correa conminaba a que “no compren ni lean El Universo, compren El Telégrafo”. De manera maniqueísta decía que “unos mienten y otros dicen la verdad”, que, en el caso de la prensa ecuatoriana, tenía que ver con quienes estaban a favor del gobierno (medios públicos e incautados) y en contra (medios privados). Dedicaba en cada sabatina una parte a las “mentiras de la prensa”, en la sección “la libertad de prensa ya es de todos” y utilizaba el estribillo de una canción del cantautor argentino Piero: “…y todos los días y todos los días los diarios publicaban porquerías…”

Foto: Flickr Presidencia de la República

Una de las premisas de Joseph Göebbels, asesor de propaganda de Hitler (admirado por Vinicio Alvarado, asesor de comunicación de Correa), es que “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. El objetivo de la retórica correísta era persuadir y que la persuasión proviniera de lo verosímil. No de la verdad absoluta, sino de la aparente, lo cual hacía que el orador fuese creído. Aplicando este concepto al caso Correa, se puede decir que el paso fundamental para que el orador fuera creído era el “ethos” o actitud del orador al iniciar su discurso para ser creído y aceptado.

Luego estaba el logos (el discurso propiamente dicho que, en el caso citado, era lo menos importante) y el pathos (actitud del auditorio, que aceptaba el discurso y al orador). Para esta última parte se apelaba al simbolismo, orgullo y recuperación de la patria. Con esta técnica se alababa a los propios y se atacaba a opositores con frases como: “odiadores”, “sufridores”, “prensa corrupta”, “sicarios de tinta”, “restauración conservadora” o “caretucos”.

Correa, la prensa y la libertad de expresión

¿Qué define las relaciones entre la prensa y el poder político? El escritor y filósofo francés Albert Camus decía: “una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala”. Los medios ecuatorianos vivieron un enfrentamiento constante con el gobierno, lo que llevó, de manera particular, a grandes empresarios de la comunicación a formar grupos de oposición compleja, que fueron caldo de cultivo para largas y acaloradas discusiones de todo tipo y nivel.  

Correa fue intolerante con la crítica, en especial del sector periodístico, al que sin reparo etiquetó como “bestias salvajes” abriendo una guerra sin cuartel. Para muchos periodistas, la libertad de expresión tuvo un momento difícil, incluso la Sociedad Interamericana de Prensa reconoció el hostigamiento a la prensa por parte del gobierno.

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A mediados del 2009, Correa Delgado firmó el Decreto No. 1793, con lo cual modificó la Ley de Contratación Pública, prohibiendo que el Estado celebre contratos con empresas creadas fuera del país, pero de propiedad de ecuatorianos, golpeando duramente a algunos medios de comunicación que tenían acciones en el exterior.

El periodista Jorge Lanata, en el diario Clarín de Buenos Aires, hace 10 años, explicó la situación de Correa ante los medios de comunicación: “el secretario de Comunicación de Correa, Fernando Alvarado, aseguró en una entrevista a la revista Gatopardo que los medios “eran una maleza que había que limpiar” y le aconsejaba a Correa: “tiene que cortar la maleza y podarla todos los días porque no se va a morir”. La entrevista a Alvarado en Gatopardo, de agosto de 2012, es reveladora: el funcionario explica su interés por polarizar la sociedad, como único remedio para sostener su lucha política. La política es un ring en el que hay que vencer al contrario”.

Cuando se aprobó la Ley de Comunicación, en 2013, el gobierno creó organismos como la Superintendencia de Comunicación (Supercom) y el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom). Intentó crear la Defensoría de Audiencias, para que cada medio tuviera un veedor externo, pagado con fondos propios, para controlar los contenidos de programas, noticiarios e informaciones. Desde la aparición de estos organismos se llamó a varias empresas de comunicación y periodistas a declarar ante tribunales de la Supercom y hubo multas a medios radiales y televisivos.

Los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita fueron enjuiciados por Correa por el libro El Gran Hermano, donde revelaban los millonarios contratos entre Fabricio Correa, hermano mayor del mandatario, con el Estado. También fue atacado el caricaturista Xavier Bonilla (Bonil) de El Universo, quien declaró ante tribunales, pidió disculpas e hizo aclaraciones por sus dibujos. Uno de los enfrentamientos más fuertes fue contra el periodista Emilio Palacio y el diario El Universo.

Foto: Internet

Palacio escribió un artículo sobre los sucesos del 30 de septiembre de 2010: una sublevación policial que, según el discurso oficial, fue un intento de golpe de Estado. Palacio advertía: “en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben”.

Cuando los abogados de Correa tomaron acciones contra Emilio Palacio, también enjuiciaron a El Universo, con la figura de “autoría coadyuvante”, por permitir publicar el artículo. El entonces mandatario demandó a tres directivos del diario y al periodista, que renunció. Un juez de primera instancia condenó a tres años de prisión y un pago de $ 30 millones a Palacio y los hermanos Pérez, dueños del medio, y $ 10 millones contra El Universo. Organizaciones de defensa de la libertad de expresión condenaron la sentencia. En septiembre de 2011, un tribunal reafirmó la sentencia.

El Universo apeló ante la Corte Nacional de Justicia. En enero de 2012, el director de El Universo, Carlos Pérez, ofreció dar las disculpas requeridas por el mandatario para retirar la demanda, si dejaba de acosar a la prensa. Palacio solicitó asilo en EE. UU. La jueza Mónica Encalada declaró a la Fiscalía que el juez Juan Paredes, quien firmó el fallo de primera instancia, le reveló que el autor real era uno de los abogados de Correa, con evidencias en una memoria USB, con archivos a nombre de “chucky seven”, elaborados en el estudio jurídico de Gutenberg y Alembert Vera. Según Encalada, Paredes ofrecía dinero al magistrado que se encargara del caso. El video, con cámara oculta, está en el documental de Santiago Villa “Retrato de un Padre de la Patria”.

El 16 de febrero de 2012, tras una audiencia de más de 13 horas, la Corte Nacional de Justicia confirmó la condena a un pago de $ 30 millones y tres años de cárcel para cada sancionado: Emilio Palacio y los hermanos Pérez. El Universo fue condenado a pagar $ 10 millones. El 27 de febrero de 2012 el entonces presidente desistió de su acusación y declaraba que: “perdona, pero no olvida”.

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Volver a la mordaza

La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea decidió no reformar la ley de comunicación, sino modificarla. Una minoría de tres correístas (Mónica Palacios, Raisa Corral, Fernando Cedeño) y uno de Pachakutik (Ángel Maita) hizo lo que quiso, quedándose con lo peor de la ley vigente (inaplicable porque el presidente Lasso derogó el reglamento), suprimió avances introducidos por el expresidente Moreno y recuperó el viejo espíritu (con artículos textuales) de la punitiva ley original del correísmo. 75 asambleístas la aprobaron sin leer el texto que, según Roberto Aguilar, podría ser “la ley más estúpida del continente”.

Un reportero entrega un reportaje de investigación a su editor, jefe o director que lo revisa y le dice al reportero que no puede publicarlo por cualquier razón: no interesa, no tiene fuentes, no se ajusta a las políticas del medio o está mal escrita.  El reportero denuncia al editor por censura previa y, de acuerdo con esta propuesta “la Defensoría del Pueblo concluye que la conducta del editor viola el nuevo artículo 18 de esta ley (artículo 10 de las reformas). Antes, la censura previa la podían hacer autoridades o funcionarios. Ahora serían los accionistas, socios, anunciantes “o cualquiera que, en el ejercicio de sus funciones o en su calidad, revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión”.

Así se quiere convertir a la Defensoría del Pueblo en una especie de Supercom que supervise y castigue a los medios que se portan mal y permita el acceso a las salas de redacción a este defensor del lector o de audiencias. En este mamotreto o informe de minoría se establece que esos defensores serán funcionarios de la Defensoría. También deroga artículos de principios, fundamentos y mecanismos sobre autorregulación y el Estado se hace cargo de las veedurías. El artículo 21 de la reforma reemplaza el texto “la ciudadanía tiene derecho a organizarse libremente mediante veedurías” por “el Estado promoverá el desarrollo de veedurías”.

Como resultado de la nueva mayoría legislativa, el sector indígena, representado por Pachakutik, puso más leña en el fuego en la parte que señala que si el medio es de una comuna, comunidad, pueblo o nacionalidad indígena, según el artículo 43 de las reformas, “se regirá por su derecho propio”. Esta es una patente de corso en caso de manifestaciones y paros, como el violento y reciente de junio de 2022. Esto, a propósito de la distribución del espectro radioeléctrico y de las frecuencias de radio y televisión, donde ya se establece una distribución entre medios públicos (33%), privados (33%) y comunitarios (34%). Las sanciones solo las impondrían las asambleas comunitarias.

Se ve en esta propuesta de nueva ley un trato preferencial a los medios comunitarios, otorgándoles facilidades financieras, privilegios tributarios, fondos concursables, subsidios para comprar equipos y producir contenidos (que ya tenían), más el 34% de la publicidad estatal y el 30 % de puntos por acción afirmativa en concursos de frecuencias y, además, pueden competir con ventaja frente a los privados por las mismas franjas del espectro radioeléctrico.

Dice Roberto Aguilar que “basta con oír a los proponentes de la nueva ley de comunicación (Ángel Maita o Mónica Palacios, por ejemplo) hablando de los medios como agentes del neoliberalismo y enemigos del pueblo, para entender que el propósito que los anima es el mismo que llevaba a Rafael Correa a romper periódicos en público, entablar juicios millonarios y poner en marcha una estrategia de acoso profesional y financiero contra los medios”.

Una guerra mediática

La guerra entre Correa y los medios de comunicación privados continuó hasta el final de su mandato (mayo de 2017). Su gobierno estableció un sistema polarizado de comunicación con los medios como opositores políticos, generando confrontación en los espacios de opinión pública. Los medios, que fueron un factor determinante para su llegada al poder, porque muchos periodistas y medios, a los que luego el exmandatario atacó, fueron sus impulsores, invitándole a entrevistas cuando era un desconocido profesor de la Universidad San Francisco de Quito.

La capacidad mediática de Correa, materializada en los enlaces semanales, fue otro factor para construir a un personaje idolatrado por la población. Se quiso edificar una figura mitológica (lo que no ocurrió) y política, más relacionada con el marketing, por el manejo de sus asesores, los publicistas Vinicio y Fernando Alvarado.

Foto: Flickr Secretaria de Comunicación Ecuador

En esta confrontación, algunos medios y periodistas pasaron del rol de construir la información desde la verdad, a convertirse en agentes políticos interesados, a favor y en contra del régimen, produciendo un enfrentamiento entre intereses corporativos de algunas empresas periodísticas privadas con holdings públicos de medios. Los medios fueron actores privilegiados del juego político. Con la irrupción de redes sociales e información a través de plataformas digitales el debate fue más complicado por las “fake news” o noticias falsas y un entorno en donde prevalecía la posverdad.

Cuando se aprobó la Ley de Comunicación en junio de 2013, el gobierno creó organismos como la Superintendencia de Comunicación (SUPERCOM), dirigida por el ex periodista de medios privados Carlos Ochoa (ahora prófugo) y el Consejo de Regulación de la Comunicación (CORDICOM). Lo integraron el ex presentador de noticias Patricio Barriga y el sociólogo y experto en comunicación, Hernán Reyes.

Se intentó crear la Defensoría de Audiencias, para que cada medio tenga en sus instalaciones un veedor externo, pagado con dineros de cada estación, radiodifusora, periódico o revista, para controlar contenidos de programas, noticiarios, informaciones y otros tópicos. Reyes y Barriga decían que no eran órganos de censura. Pero desde que entraron en funcionamiento se llamó a varios medios y periodistas (como Diego Oquendo, Gonzalo Rosero y Miguel Ribadeneira) a declarar ante la SUPERCOM.

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Un episodio suigéneris fue el de la Secretaría de Comunicación (SECOM) que realizó una cadena llamada “la ciudadanía le habla a los medios” donde hacía mofa del experimentado presentador Alfonso Espinoza de los Monteros (récord Guinness por 55 años de presencia ininterrumpida en la televisión del mundo). Al final el CORDICOM tuvo que llamar la atención a la SECOM y el secretario de comunicación, Fernando Alvarado se retractó y pidió disculpas. Ojalá nunca vuelvan esos disparates.

  • Partes del artículo son del libro del autor “El Discurso de un Caudillo Neopopulista”

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