Crónica de una historia de locos en la política ecuatoriana
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Un análisis sobre la locura en la política nacional y los «locos» que nos han gobernado, a propósito de la ocurrencia de alguna asambleísta de decretar la locura del presidente Lasso para destituirlo.
La locura es parte de la vida y se transmite de generación en generación. Nadie reconoce tener cierta locura. No obstante, desde que se tiene uso de razón, se vive con ella y forma parte del ser. Con todo lo que sucede se podría decir que se vive en un mundo de locos. Y tan vieja es la locura como el inicio de los tiempos. Por ella hubo inventos, distracciones, vicios y sentimientos. Las relaciones entre seres humanos no existirían sin la locura ya que todos se hartarían de todos. Pero, la locura también es causa de problemas e incluso de guerras, ya que hay gente que muere por las ambiciones de los que ni siquiera fueron al campo de batalla.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la locura como un “trastorno o perturbación patológicas de las facultades mentales” o la “acción imprudente, insensata o poco razonable que realiza una persona de forma irreflexiva o temeraria”. Los psicólogos la califican como “un desequilibrio manifestado en una percepción distorsionada de la realidad, pérdida de autocontrol, alucinaciones y comportamientos absurdos y sin motivo”.
En su obra Ensayo sobre la Locura, Erasmo de Rotterdam señalaba, buscando convencer a su amigo Tomás Moro, de que la “estulticia”, la “insensatez” e incluso la locura, son la fuente de todos los beneficios, diversiones, placeres superiores que un humano puede deleitar.
La obra del neerlandés abarca todas las maneras en que los sujetos nos desempeñamos en sociedad, con roles sociales distintos, formas de pensamiento, de actuar y tratar a los demás; Erasmo confunde al lector, pues genera una imagen ilusoria que trata de convencerte de que todo está mal. Dice que las personas siempre se abstienen de expresar lo que realmente quieren decir, siempre cuidan el momento indicado, a tal grado que se prefiere agradar antes que morder.
La locura política se refiere al comportamiento irracional, irresponsable o insensato de líderes políticos, así como a los actos y decisiones políticas que no tienen sentido o que van en contra de los intereses de la población. Puede incluir el uso de la violencia para conseguir objetivos políticos, la adopción de estrategias políticas irrazonables, la toma de decisiones imprudentes o el abuso de poder. La locura política se ha convertido en un tema frecuente en la actualidad, con líderes políticos que parecen estar tomando decisiones sin considerar los efectos a largo plazo, con graves consecuencias para la estabilidad nacional, el bienestar ciudadano y la seguridad de un país. Solo tómese el caso del tirano nicaragüense Daniel Ortega, como un caso serio de estudio.
Ecuador no se ha convertido en un país de locos, porque locos parecería que hubo en todas las épocas de su accidentada historia republicana. Y como los locos parecen haber sido algo común en la política, hay varios presidentes a los que se les motejó como tales: Gabriel García Moreno (gobernante casi absoluto del país entre 1859 y 1875), José María Velasco Ibarra (cinco veces presidente, entre los años de 1934 y 1972), Abdalá Bucaram (auto apodado “el loco que ama” con un breve mandato entre 1996 y 1997), y Rafael Correa (sus opositores y detractores lo bautizaron como “el loco que odia”, a quien gobernó el largo período entre 2006 y 2017).
Ahora se quiere incluir en esta lista a Guillermo Lasso, el actual mandatario, a quien algunos legisladores de la comisión ocasional que investiga el Caso Encuentro tratan de incluir como una causal su incapacidad mental para enjuiciarlo políticamente. La vicepresidenta de la comisión aducía que Lasso tiene ese problema porque el mandatario, “como un día dice una cosa, al otro día dice otra cosa” o que “un día está fracturado un pie y al otro día está con el yeso en el otro”. Si un cuerpo médico negaría la causal (que consta en el art. 145 de la Constitución), la solución para Pazmiño serían las calles, en donde ya se alista Leonidas Iza.
Para muestra un botón: cuenta la historia que ante una obra de canalización en el centro de Quito en ese tiempo, un sacerdote que salía de la iglesia de La Merced tuvo que saltar entre piedras para poder pasar la calle y dijo “este loco nos va a matar”, sin darse cuenta de que el presidente Gabriel García Moreno estaba atrás de él. Grande fue la sorpresa y el sonrojo del religioso, que luego se persignó. Extrañamente el mandatario, que era un hombre temperamental, no reaccionó ante la frase.
Gabriel García Moreno era conocido por su conservadurismo religioso y su lucha contra la liberalización social. Sus oponentes lo criticaban por sus política y su resistencia a los cambios, lo que llevó a que los liberales lo llamaran «loco». Además, su excentricidad y su vida religiosa estricta agravaron la percepción de que era una persona «loca».
Desde sus inicios en la política Velasco Ibarra fue conocido por sus opiniones políticas radicales, lo que le valió el apodo de «El Loco». Algunas de sus propuestas políticas eran consideradas demasiado extremas e impopulares para la época. Era conocido por sus diatribas contra los gobiernos y por sus intentos de provocar la desobediencia civil. Estas ideas y acciones lo hicieron una figura controvertida y, por lo tanto, un blanco fácil para los detractores. Los contrarios a su postura política lo tildaban de loco para desacreditarlo y desestimar sus opiniones.
Cinco veces llegó José María Velasco Ibarra al poder y en cuatro de ellas fue derrocado. Murió pobre. Aunque le decían “loco”, difícilmente se puede dudar de su honestidad y de su calidad de estadista (aunque muchos que lo acompañaron se enriquecieron).
Durante alguna reunión de gabinete y asesores en los años ‘60, cuando se discutía sobre la formación del Partido Velasquista (que se creó, paradójicamente, muy poco antes de la muerte de su líder), Velasco preguntaba a sus allegados ¿quién de ustedes es velasquista? Todos, al unísono, dijeron que sí lo eran, menos uno que era, para sorpresa de todos, el popular «omoto» Manuel Araujo Hidalgo, quien se tildó como «antivelasquista». Seguidamente, Velasco se puso de pie y en lugar de increpar a su fiel escudero, se le acercó diciendo «entonces, ya somos dos, señor».
Abdala Bucaram gobernó apenas desde agosto de 1996 hasta febrero de 1997. Se le conocía como «El Loco» por su comportamiento impredecible, excesivo e imprudente. En su mandato se hicieron muchas reformas políticas y económicas que causaron división entre los ecuatorianos. Sus seguidores lo vieron como un líder que tomaría medidas drásticas para mejorar el país, mientras que sus detractores lo consideraron un loco que estaba destruyendo la estabilidad política y económica del país. Bucaram fue destituido por incapacidad mental en 1997 debido a la presión de la oposición y el Congreso, y se lo acusó de corrupción.
Bucaram se hacía llamar el “loco que ama”. Y toda su vida ha estado marcada por escándalos y actuaciones poco dignas. Al llegar a la presidencia convirtió al país en una “circocracia” (como la definió el expresidente Rodrigo Borja) y sus actos estaban reñidos con las buenas costumbres (comer guatita con cuchara) o dislates como el de pedir perdón a un presidente peruano en tiempos de conflicto limítrofe. El 5 de febrero de 1997, mucha gente salió a las calles a pedir su destitución. Al grito de «que se vaya Bucaram», la gente exigía y protestaba pacíficamente. Los manifestantes en Quito asistieron al Congreso, donde hicieron conocer al presidente del poder legislativo sus peticiones.
Los expresidentes Borja, Hurtado y Durán Ballén, tuvieron expresiones muy duras contra el mandatario, al visitar el Congreso. Borja ratificó que el gobernante no tenía nada más que hacer en el cargo y dijo que a Bucaram «se le acabó la pachanga». Hurtado expresaba su satisfacción por la reacción popular y reconocía que «había tenido mucha vergüenza en los últimos cinco meses». Durán Ballén lamentó el abuso que se estaba haciendo de la democracia y anunció que estaba con la paralización.
La población alentó al Congreso Nacional, que clausuró sus sesiones extraordinarias previas para dar paso a la reunión para tratar sobre la crisis nacional y la posible destitución de Bucaram. La expectativa nacional desde el 6 de febrero se centró en el Congreso, que con 55 votos válidos mocionó la destitución del mandatario, declarándolo “incapaz mental” (es decir, loco) para apartarlo del poder, en una medida que fue ilegal, porque no contó con pericias psicológicas o psiquiátricas para hacerlo.
Hace poco Bucaram comunicaba en Twitter su molestia por la gestión de las alcaldías socialcristianas en Guayaquil durante 30 años y las recientes inundaciones y hacía reminiscencia de su paso y el de su hermana Elsa por la alcaldía, diciendo “que ellos lo hicieron mejor”. Es muy difícil creer y hay bastante de cinismo en que Bucaram traiga a la memoria el basurero en que los roldosistas convirtieron al puerto principal.
Rafael Correa fue apodado «loco» por sus muchos actos controvertidos durante su presidencia. Esto incluye oponerse a la inversión extranjera en el país, reformar la Constitución para extender sus poderes y acusar a la prensa de difamarlo. También se le conoce por su temperamento intenso y agresivo. Sus políticas mantienen dividido al país entre los que lo apoyan y los que lo critican.
Durante el gobierno de Rafael Correa, se llevaron a cabo varias acciones consideradas por sus críticos como «locuras”, como modificar la Constitución para permitir la reelección indefinida del presidente, la aprobación de leyes para controlar los medios de comunicación, la educación y a las universidades, así como el uso de fondos estatales para financiar proyectos políticos y la apropiación de los fondos del IESS para invertir en proyectos de infraestructura, entre otros. Además, el gobierno de Correa también fue acusado de acoso a la oposición política y de abuso de poder.
¿Puede acusarse de incapacidad mental a Guillermo Lasso?
Aunque el presidente Lasso no tiene incapacidad mental, algunos opositores lo han acusado de tenerla para desempeñar el cargo de presidente. Estas acusaciones suelen basarse en la crítica de sus políticas y en comentarios que han hecho sus oponentes por su poca capacidad de liderazgo y los errores que sigue cometiendo en su gestión. Pero estas acusaciones no tienen ninguna base real y se consideran ofensivas para aquellas personas con discapacidad mental.
Como escribe Roberto Aguilar, de todo se ha querido acusar al presidente. De traición a la patria, concusión, cohecho, “peculado por omisión” (!!!), presunción de enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, tráfico de influencias, fraude procesal y obstrucción de la justicia: los integrantes de la comisión ocasional creada por la Asamblea para investigar el caso Encuentro van con todo”.
A esto, la vicepresidenta de la comisión ocasional, Mireya Pazmiño, le agregó “incapacidad mental”. Anota el constitucionalista Rafael Oyarte que “esta vieja causal de cesación presidencial, incorporada en la Constitución de 1845, ha sido objeto de numerosas modificaciones hasta la Carta de 2008”.
Añade: “como se observa, se habla de incapacidad mental o física y no de incapacidad moral, concepto mucho más amplio y que encontramos en la Constitución peruana, con la que cayeron, en línea, los presidentes Kuczynski, su remplazo Vizcarra, y Castillo”.
En Ecuador, esta causal cobró notoriedad en febrero de 1997, cuando el presidente Bucaram fue cesado por incapacidad mental para gobernar, moción sacada de la sesión extraordinaria convocada por el congreso para “analizar y resolver la crisis que vive el Ecuador y el Gobierno Nacional”, sin antecedentes sobre una presunta enfermedad mental del mandatario que le incapacitara, pero que fue aplicada para apartarlo del poder con mayoría simple, pues la constitución de entonces no preveía las dos terceras partes de los votos para destituirlo, sino solo de una minoría.
La Constitución de 1998, explica Oyarte, “dispuso que la incapacidad debía estar ‘legalmente comprobada’, pero como no se indicó la clase de prueba para demostrarla, la Constitución de 2008 estableció que debe operar con la certificación de un comité de médicos resultado de las ternas que remitidas por el IESS, el Ministerio de Salud y las facultades de Medicina”.
Para el jurisconsulto el informe no solo debe determinar que existe la incapacidad y si es o no permanente. Si se diera el segundo caso, agrega Oyarte, “no estaríamos dentro de un caso de cesación sino de ausencia temporal, por enfermedad u otra causa que impide transitoriamente ejercer el cargo”.
El experto explica “que la norma actual es insuficiente: no dice qué hacer con una incapacidad física no resultante de una causa médica (enfermedad o accidente), sino de un secuestro, como ocurrió en Taura en 1987 o, peor aún, de grupos irregulares, como ha acontecido en otras naciones”. Se refiere al secuestro del expresidente León Febres Cordero en enero de 1986, a quien los comandos que apoyaban a Frank Vargas Pazzos, le obligaron a suscribir decretos y amnistías para garantizar su vida y libertad.
En la constitución del Ecuador, el Artículo 167 señala textualmente que “el Presidente de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo en los casos siguientes: por terminación del período para el cual fue elegido, por muerte, por renuncia aceptada por el Congreso Nacional, por incapacidad física o mental que le impida ejercer el cargo, legalmente comprobada y declarada por el Congreso Nacional, por destitución, previo enjuiciamiento político y por abandono del cargo, declarado por el Congreso Nacional”.
La locura en la política ecuatoriana
La política ecuatoriana ha sido una de las más turbulentas de la región. En los últimos años, el país ha experimentado una gran cantidad de cambios, conflictos y movimientos políticos que han generado gran incertidumbre. Esto ha llevado a una creciente desconfianza en los gobiernos. Los disturbios en Quito y otros lugares del país a finales de 2019 y mediados de 2022, fueron una muestra de la profunda desesperación de muchos ecuatorianos ante el caos político que se vive en el país. La perplejidad en el Ecuador hace que muchos ciudadanos vean con temor el futuro.
De no prosperar las causales para el juicio político contra el presidente Lasso, los opositores plantean más alternativas: una de ellas es cesarlo por incapacidad mental. La legisladora Mireya Pazmiño, quien antes era de Pachakutik y ahora es leal al correísmo, lanzó la disparatada idea: “Cuando el presidente un día dice una cosa y al otro día dice otra cosa, cuando el presidente se fractura un pie y al otro día está caminando, ¿qué le pasará al presidente mentalmente?”
“Aquí el grave problema es Guillermo Lasso, y hay muchos caminos para deshacernos de ese problema”, agregó. E insistió: “Nosotros hemos escuchado decir al presidente una cosa y al otro día otra cosa; hay muchas posibilidades y muchos caminos, y si la Corte Constitucional no responde al país, también tenemos las calles y el pueblo ecuatoriano se estará levantando, pero la solución hay que darla”, completó. Mientras tanto, Leonidas Iza sigue insistiendo (sin ninguna autoridad moral ni política) en la renuncia de Lasso.
Para seguir hablando de locura, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, dijo en una declaración que esa propuesta es “un disparate fruto del trastorno político en que viven ciertos asambleístas”. A lo mejor habría que hacerles también a todos los asambleístas exámenes psicológicos o psiquiátricos…
El artículo 35 de la Ley de la Función Legislativa dice que la mayoría absoluta (70 votos, que sí los tiene el correísmo) de los miembros de la Asamblea Nacional puede solicitar la declaratoria de incapacidad física o mental permanente e inhabilitante del presidente al titular de la Asamblea, quien remitiría la petición al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para calificarlo.
En el artículo 36 se indica que si se calificase tal petición, en máximo 20 días, el CAL solicitaría al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al Ministerio de Salud Pública y a la Federación de Facultades de Medicina del Ecuador, ternas de para que integren el comité de médicos que hará la declaratoria. De las ternas, el pleno designa a tres profesionales médicos, quienes en máximo diez días hábiles presentan un informe detallado de la salud física y mental permanente del mandatario.
Ese informe, según el artículo 37, es conocido por el pleno de la Asamblea en sesión convocada por el presidente y en un solo debate y con dos tercios de votos (92 en total) puede declarar la incapacidad física o mental permanente e inhabilitante del presidente de la República y el cese de sus funciones.
De ocurrir esto, lo reemplazará el vicepresidente Alfredo Borrero (a quien se critica desde la calle “que no hace nada”) por el tiempo restante de su mandato. Todo forma parte de la locura colectiva que vive el país. Como decía la estrofa de una antigua canción, “Lilly Marlene”, que era cantada por los soldados alemanes durante la Primera Guerra Mundial, “sálvese quien pueda, los locos al poder”…
