Corruptolandia: la historia reciente de América Latina
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¿Habría corrupción si todos estuviéramos sometidos a la ley común y si los daños fueran reparados con patrimonio de los gobernantes? Un análisis al respecto.
¿Por qué en América Latina se enquistó y se desató la corrupción? La analista uruguaya Hana Fischer, en el sitio web de Panam Post, hace una disección del fenómeno: “si todos estuviéramos sometidos a la ley común, las autoridades serían mucho más cuidadosas en el nombramiento de subalternos y en el uso de los dineros públicos. Si gobernantes, jerarcas y legisladores tuviesen que responder con su propio patrimonio por los daños y perjuicios que les provocan a otros, muy diferente sería su actitud”.
Un principio general del derecho establece que quien cause un perjuicio deberá repararlo económicamente. No obstante, los servidores públicos están exentos de esa obligación. Cuando ellos -por incapacidad o desidia- perjudican a alguien, el dinero para la compensación correspondiente no sale de su bolsillo, sino de las rentas fiscales. Todos -incluso el propio damnificado- pagan “los platos rotos”. Precisamente una de las cosas que más rabia da es constatar la forma tan diferente en que las autoridades administran el dinero de los contribuyentes como si fuera dinero propio. Por esa razón es que hay países fundidos, con deudas soberanas desorbitantes, mientras que los tomadores de decisiones político-económicas nadan en la abundancia.
¿Cómo combatir la corrupción desde el sector empresarial?
¿Con ese tipo de incentivos es de sorprender que en el ámbito estatal predominen las conductas deshonestas? ¿Qué el dinero extraído a los contribuyentes se gaste “tirando lodo al techo”? ¿Llenando la plantilla estatal de gente ociosa e innecesaria? ¿Qué se escoja a los jerarcas por afinidad política, familiar o de amistad y no por idoneidad para ocupar determinado cargo?
Además, están las instituciones. En América Latina suele predominar la farsa. En las constituciones se establecen órganos de contralor. Pero, en gran medida, no son instituciones efectivas, porque a las autoridades de este continente no les gusta ser controladas y mucho menos tener su poder limitado. En eso no hay mayores diferencias entre ser “de izquierda o de derecha”; o de un partido “tradicional o progresista”.
La corrupción no es el mal de este tiempo. Existe prácticamente desde los albores de la historia, inclusive en el antiguo Egipto. Un papiro interpretado por el investigador Ahmad Saleh “cuenta la historia de un funcionario de Tebas llamado Peser que, en tiempos del faraón Ramsés IX, dirigía una trama en connivencia con una banda de saqueadores de tumbas. Según explica Saleh, el caso se cerró con un proceso en el que ni Peser ni otros cargos públicos implicados fueron condenados”.
En el mismo documento se señala evidencias de un arraigamiento de la corrupción en las sociedades antiguas. “Sin salir de Egipto, tenemos el Decreto de Horemheb, de 1300 a. C., y en el que ya se recogen normas contra estas prácticas. “Se castigará con implacable rigor a los funcionarios que, abusando de su poder, roben cosechas o ganado a los campesinos bajo el pretexto de cobrar impuestos. El castigo será de cien bastonazos. Si el involucrado fuera un juez, la pena será de muerte”, señala dicho código.
Dicho reglamento no extirpó el virus de la corrupción, que encontramos siglos después, igual de arraigado, en la Grecia clásica. Hasta las más ilustres figuras de la civilización helena se vieron salpicadas por escándalos de esta índole. Fidias, el arquitecto que construyó el Partenón, a quien sus contemporáneos echaron en cara quedarse con parte de los fondos destinados a las obras. Y el gran orador Demóstenes, acusado de delitos tan variopintos como chantajear a jóvenes adinerados con los que mantenía relaciones o quedarse con el dinero depositado en un tribunal como prueba de un delito”.
Según el historiador Paul Veyne, en Roma la corrupción se institucionalizó hasta el punto de que: “Lo malo no era que se realizasen estas prácticas, sino que fueran demasiado evidentes”. Hubo clientelismo, nepotismo, favoritismo y tráfico de influencias, mientras tanto, en las provincias era normal el enriquecimiento de los gobernadores y otros funcionarios, por el cobro de tributos.
Marco Tulio Cicerón fue muy popular por denunciar la corrupción de Verres, el gobernador de Sicilia. Él mismo escribió: “Todos robaban, todos saqueaban. Y entonces las riquezas empezaron a considerarse un honor, la pobreza un oprobio y la honradez sinónimo de malevolencia”.
En la Edad Media y en el Renacimiento fue en la Iglesia en donde se desarrollaron sofisticados sistemas de corrupción. La causa de la ruptura de Martin Lutero con el Papado, iniciando la Reforma Protestante, fue porque al reformista le molestaba que El Vaticano intercambie indulgencias por dinero. Carlos V obtuvo el título de Emperador del Sacro Imperio Germánico comprando la voluntad de los príncipes”.
En el primer diccionario del español, titulado “El Bello Tesoro de la Lengua Castellana o Española de Sebastián de Covarrubias, escrito en 1611, se dice: “Corromper. Del verbo latino corrumpo, contamino, vitio, destruo. Corromper las buenas costumbres, estragarlas. Corromper los jueces, cohecharlos. Corromper los licores, estregarse, y ellos suelen corromperse”.
Se creyó que con la Revolución Francesa y el auge de la burguesía estas prácticas arraigadas en los tiempos de las monarquías se terminarían. Sin embargo, lo que hicieron fue transformarse y perfeccionarse.
El historiador Alberto Brioschi en su obra “Breve Historia de la Corrupción”, señala que: “estas prácticas empezaron a ser comunes entre banqueros, industriales y políticos. Las grandes compañías internacionales empezaron a pagar sobornos en el exterior de sus países, y lograron millonarios contratos gubernamentales. La corrupción, mediante las asignaciones de contratos llegó a movilizar, en algunos países, más del 20% del dinero público, poniendo en entredicho el principio de igualdad entre las personas y, en ocasiones, a la misma democracia”. Esto suena muy contemporáneo…
Ramón Soriano, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (España), en su estudio sobre la corrupción política, tipos, causas y remedios, señala (pg. 323): “la corrupción política presenta diversas definiciones en la doctrina según se enmarque en términos legales estrictamente o abarque a supuestos de moral pública. De ahí deriva también la mayor o menor extensión del abanico de tipos de corrupción política y sus causas”.
En México, un país donde la corrupción se institucionalizó con la vigencia, por más de 70 años en el poder, del Partido Revolucionario Institucionalista (PRI), pero que no se ha detenido en los períodos de gobierno del PAN y de Morena (el partido de López Obrador) se identifica algunos tipos de corrupción: soborno, desvío de recursos, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión (acuerdo de algunas personas para perjudicar al resto), uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.
Incluso, como un lamentable atractivo turístico, el ingenio de los aztecas creó un servicio de turismo, para quienes deseen conocerlo, el “corruptour”, que es un autobús que recorre algunas de las instalaciones más emblemáticas en la práctica de la corrupción en el Distrito Federal de la capital mexicana.
Un acto de corrupción no siempre es antijurídico, sino que depende del sistema normativo de referencia. En diferentes idiomas hay muchas maneras de decir corrupción, sin usar la palabra: “You scratch my back, and I’ll scratch yours” (inglés): Ráscame la espalda y te rascaré la tuya; “pot-de-vin” (francés): Jarra de vino=Soborno; “Sin aceite no se puede manejar” (ruso); “Una mano lava l’altra” (italiano): Una mano lava la otra; “Gör beni, göreyim seni” (turco): Si me haces un favor, yo te haré otro; “Será que nao tem um jeitinho?” (Portugués): ¿No podemos arreglarnos de alguna otra manera?; “Toa kila kitu” (swahili): Danos todo el dinero que tengas.
En el gobierno de la “Revolución Ciudadana” (2006-2017) hubo casos de corrupción que involucraron a numerosos funcionarios de alto nivel del régimen. ¿Qué más agrega la autora Hana Fischer? “En todas partes los políticos y burócratas suelen despilfarrar la plata extraída a los contribuyentes. Sin embargo, en América Latina ese derroche alcanza cotas superlativas. Eso nos conduce a interrogarnos ¿por qué ocurre? Hay muchas posibles respuestas. Entre las principales se suele mencionar a la cultura imperante en esta región. Asimismo, a razones históricas: ese tipo de conducta estatal se arrastra desde la época colonial y continuó luego de las respectivas independencias”.
“Si bien esas explicaciones son correctas, ilustran tan solo parcialmente la verdad. Si esas fueran las causas esenciales -por definición inmodificables- entonces Latinoamérica estaría condenada a chapotear eternamente en medio de la mediocridad, la corrupción y el subdesarrollo”, agrega Fischer.
Algunos países lograron revertir esa nefasta tendencia e incorporar una saludable cultura política. Entre los casos más notables están Nueva Zelandia, Irlanda y Estonia, que eran estatistas, burocratizados, con una economía decadente debido a las múltiples regulaciones mal concebidas y a los monopolios estatales. Pero líderes lúcidos convencieron a la ciudadanía de la bondad de los cambios que pretendían implementar. Los resultados en cada uno de esos países han sido tan increíbles, que suelen ser tildados de “milagro”.
De los mencionados éxitos, este continente podría sacar provechosas lecciones. Debería empezar por desentrañar cuál fue la fórmula para cambiar en relativamente poco tiempo la cultura general. Las raíces tanto de las buenas como de las malas prácticas son los incentivos que operan en el ámbito público. Ellos se materializan en el derecho vigente y en las instituciones. Los incentivos perversos fomentan las diferentes variedades de corrupción (clientelismo, amiguismo, nepotismo, designar para dirigir a empresas estatales a individuos incompetentes pero correligionarios, etc.). En cambio, cuando los estímulos son los adecuados, ellos impulsan las conductas virtuosas.
Roberto Aguilar, al referirse a la corrupción de los gobernantes de la tendencia del socialismo del siglo XXI dice “cuando se ha visto todo eso da una mezcla de repulsión y risa escuchar las babosadas con las que gente que no estuvo ahí pretende sustentar la teoría del ‘lawfare’: que todo está basado en un cuaderno; que el influjo psíquico es una causa metafísica; que nada se ha probado…¿Cuál de estas necedades hace suya el gobierno de Argentina?”.
Uno de los males de la sociedad moderna
La corrupción es uno de los grandes males de las sociedades modernas. Suele destacarse en los noticiarios, periódicos y casos de estudio. Se lo relaciona, la mayoría de las veces, con falta de ética, valores y escrúpulos que, generalmente, debe tener -sobre todo- el funcionario público en el manejo de los recursos estatales. Se ha escuchado tanto este término en los últimos tiempos, especialmente desde el retorno a la democracia en Ecuador, a partir del año 1979. Por esta razón, es necesario identificar el fenómeno, para crear una conciencia ciudadana sobre los males que se pueden seguir ocasionando con este tipo de conductas incorrectas.
En los períodos de gobierno de Rafael Correa (2006-2017), de acuerdo con estimaciones de expertos, las pérdidas por corrupción de ese régimen se calcularon en alrededor del 11% del Producto Interno Bruto (PIB). Por la opacidad de las cifras oficiales, se especulaba que el desvío de dinero por corrupción fue de unos $ 40 mil millones, pero algunos informes, como el de la Comisión Anticorrupción (creada fuera del establecimiento político del correísmo) la situaron en unos $ 65 mil millones.
Vale recordar que, en esta década, los ingresos provenientes por la venta de petróleo al exterior, con un precio internacional que osciló entre los $ 70 y los $ 150 por barril en los mejores momentos (entre 2010 y 2014), fueron de $ 350 mil millones. Así, el tema de la corrupción -viendo las cifras del párrafo anterior- debe ser tomado muy en serio.
Tampoco quiere decir que, antes del periodo de la denominada “Revolución Ciudadana”, no hayan existido casos de corrupción. En el país se recuerda las muñecas de trapo como obsequios de navidad para la policía con el ministro Carlos Feraud, en el gobierno de Jaime Roldós (1979-1981); el del arroz con gorgojo y el de la compañía petrolera mexicana Permargo para la exploración de gas en el Golfo de Guayaquil en el mandato de Oswaldo Hurtado (1981-1984); o el caso Ecuahospital en la administración Febres Cordero (1984-1988); así como «Flores y Miel», involucrando a una hija y al esposo de una nieta del ex presidente Sixto Durán Ballén (1992-1996), como los más recordados.
La batalla contra la corrupción no es fácil. Se debe concienciar a la gente a indignarse cuando hay peculado, robo o estafa de fondos públicos. Pero, se requiere de una gran voluntad política del Estado, pues si esto no se da, será inútil emprender una lucha contra la corrupción.
Es paradójico que se haya instalado, como parte del quehacer cotidiano en algunos países latinoamericanos, la corrupción, pero la ventaja que se tiene frente a los regímenes autoritarios es que hay instancias como los medios de comunicación y en algunos países –no en Ecuador, lamentablemente- el congreso, que denuncian con las irregularidades. El mayor argumento es que la corrupción administrativa impide al estado atender los graves problemas sociales que existen. Si hay compras con sobreprecio en un hospital se impide que haya más camas, equipos o que se atienda a más personas.
El ex presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz de 1990, Oscar Arias, decía que los países «no podemos darnos el lujo de entregar en manos de líderes corruptos el destino de nuestras sociedades». Para él, el gran dilema de la corrupción es «a quién culpar, si al corruptor o al corrupto, al que paga haciendo pecar al funcionario corrupto o a quien acepta la propina o soborno porque su salario no le permite vivir con dignidad».
La corrupción produce crisis políticas
Un artículo del portal Plan V, de la periodista Mariana Neira señala que “la corrupción funciona como una ‘empresa legal’, pero tiene una estructura delincuencial dirigida por una familia con su círculo íntimo que también opera con familiares. Juntos reclutan a líderes leales que son capacitados en el manejo de las trampas económicas y legales para llevarse el dinero del Estado”.
Ecuador tras las ruta anticorrupción
Para la autora “no se puede decir que las crisis en un país las provoca únicamente la corrupción, pero esta influye mucho porque pone en juego dinero y poder”. Sin embargo, añade, pone como ejemplo lo que está sucediendo en Argentina, Perú y Ecuador. La corrupción funciona como una empresa legal, pero tiene una estructura delincuencial dirigida por una familia gobernante con su círculo íntimo que también opera con familiares. Juntos reclutan a líderes leales que son capacitados en el manejo de las trampas económicas y legales para llevarse el dinero del Estado”.
Los estrategas políticos mantienen y aumentan la masa de electores con subsidios, obras de relumbrón y lavado de cerebro y luego aparecen como víctimas de persecución o lawfare, para preparar su retorno, revestidos de inmunidad para amedrentar a la justicia. No dejan de intentarlo, con golpes y autogolpes de Estado. A esa estructura corrupta se añade un ‘plus’ delincuencial y en algunos países, vínculos con el narcotráfico.
Argentina vive gobernada, desde mayo del 2003, por la pareja Kirchner-Fernández, con variados casos de corrupción que comenzaron en el período de Néstor y se mantienen en los períodos en que ha gobernado o ha sido vicepresidente la esposa, Cristina. Los casos de esta pareja datan de hace muchos años pero la acción judicial es lenta porque Cristina Fernández mantuvo inmunidad cuando era presidenta, legisladora y actualmente vicepresidenta. Su reciente condena fue por la causa Vialidad. Su vicepresidente, Amaro Boudou también estuvo procesado y preso por corrupción en obra pública.
Perú tiene siete expresidentes involucrados por corrupción. Alberto Fujimori fue condenado por delitos de lesa humanidad en 2007 y en 2009 fue sentenciado por corrupción. En 2016, el Departamento de Justicia de EE. UU. denunció sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios públicos de doce países latinoamericanos. En la lista constaban los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, su sucesor Martín Vizcarra y recientemente Pedro Castillo quien, para evitar su enjuiciamiento, intentó un autogolpe que terminó volviéndose contra él: el Congreso lo destituyó y se desató la furia de la población exigiendo elecciones generales anticipadas.
En Ecuador, desde el 2007, cuando asumió Rafael Correa, la corrupción ha sido repartida entre la cúpula del gobierno con familiares, funcionarios y personas leales al proyecto. El líder, Correa, está sentenciado a ocho años por el caso Sobornos por delito de cohecho agravado. Buscó ser candidato a la vicepresidencia en 2021, intentando evitar o dilatar la sentencia, para tener inmunidad.
Correa tiene 33 denuncias y procesos judiciales por plagio, mal uso de los aviones presidenciales -glosado por la Contraloría-, renegociación de la deuda pública, irregularidades en la reconstrucción de Manabí, fallida construcción de la refinería del Pacífico, el caso Angostura, peculado, tráfico de influencias, daño moral, delito de odio, muerte de un policía el 10S, entre otros. Recientemente fue imputado en un multimillonario negocio de contratos petroleros, por el que hay un detenido en EE. UU.
El exvicepresidente Jorge Glas tiene dos sentencias en firme, por seis años por asociación ilícita y ocho por cohecho pasivo”, pero salió libre por orden de un juez y no devolvió ni un centavo de los $ 25 millones que, se supone, se llevó. Muchos exfuncionarios involucrados en la corrupción del correísmo están autoexiliados por el mundo: México, Venezuela, EE. UU. y Europa, con el argumento del lawfare (uso de procesos legales como arma política). Además, se declaran perseguidos políticos.
Como sostiene Mariana Neira, “la corrupción presidencial genera tanto dinero que los billetes los esconden hasta en los cielos rasos (Ecuador) o en conventos (Argentina). Pero los grandes montos van a paraísos fiscales (recordemos los Panama Papers, por ejemplo). Sin embargo, dicen cínicamente: “No hay pruebas”. Documentos, testimonios demuestran que sí hay”. En Argentina y Ecuador los denunciantes y testigos clave, casualmente, se suicidan, mueren de manera extraña o son asesinados por sicarios. Vale recordar el caso del fiscal argentino Alberto Nisman.
