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Capaya cantó y el correísmo se estremeció

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Capaya cantó en la Asamblea y en la Fiscalía, lo que ha puesto nerviosos a los correístas. Aquí, el autor hace memoria de cuánto se robaron y el porqué de sus nervios.

Fotos: Flickr Presidencia de la República

Un viejo término de mafiosos que encubren delitos es “omertá”, un código de lealtad y silencio al que se someten los miembros de la organización criminal, para no delatar a los jefes. Otra frase común de estas organizaciones gansteriles es que “al capo no se toca”. Como lo intentaron las cuatro asambleístas de medio pelo -Aguirre, Palacios, Molina y Veloz- para rebatir a Capaya con consignas que alguien “les dio escribiendo” y que no les sirvieron de mucho.

El impacto del caso Arroz Verde en el sector privado

No se dieron cuenta que eso es lo que buscaban los detractores de “su amado líder”, prófugo en Bélgica y que se muere por volver, para lo que ha buscado el concurso de dos abogados desprestigiados. El exjuez Baltazar Garzón (prohibido de ejercer la profesión en España) y Eugenio Zaffaroni (defensor de Cristina Fernández y recordado por arrendar seis departamentos de su propiedad para que funcionen prostíbulos). El peligro sigue siendo la justicia ecuatoriana, porque como pasó en el Caso Singue, incluso se buscaría rever las sentencias del caso arroz verde y el ausente podría regresar, como si nada. Y hasta ser candidato, como Lula en Brasil (el presidente sentenciado).

En el libro “La Enciclopedia de la Corrupción en diez años de Revolución Ciudadana” (de próxima publicación), el autor de este artículo rememora los contratos y negociaciones de dudoso origen y resultado. En la parte correspondiente al período de gobierno de Rafael Correa se señala que “la década del correísmo fue considerada como el segundo boom petrolero de nuestra historia, que tuvo, gracias al aumento de los precios del barril de crudo en los mercados internacionales, un inusitado nivel de ingresos para el país”. 

También hay que reconocerla por los actos de corrupción causados, como el feriado petrolero. Ingresaron al erario nacional riquezas como nunca antes tuvo el país, Los precios del petróleo llegaron a $ 150 por barril y los ingresos totales por este rubro fueron de $ 83 mil millones. Mientras tanto, los ingresos no petroleros ascendieron a $ 282 millones por el aumento de los impuestos.

El gobierno de Correa recibió ingresos cuatro veces mayores que todos los gobiernos anteriores (desde el regreso a la democracia en 1979). Pero, pese a contar con ingentes recursos, el régimen siguió endeudándose en $ 23 mil millones más, gastados en obras faraónicas, carreteras, hidroeléctricas y más obras de infraestructura que, aprovechando declaratorias de emergencia, resultaron en contratos a dedo que generaron corrupción, por pagos de sobornos, coimas y comisiones en muchos contratos.

El Estado se engordó, pero lo que aumentó fue la burocracia y con ella el gasto corriente en salarios. Se calcula que de cada $ 100 que ingresaban al fisco, $ 69 estaban destinados a pagar sueldos y $ 31 se invertían.

Las obras construidas muestran un frenesí por la contratación pública nunca antes visto: hidroeléctricas que no se necesitaban y que, de paso, mantienen averías técnicas (como la Coca Codo Sinclair). Una refinería, la del Pacífico, que solo visibiliza lo que se hizo en el aplanamiento de un terreno, un puerto de aguas profundas cuya capacidad instalada es muy superior a la necesidad. Y finalmente, edificios que fueron construidos para albergar una creciente masa de burócratas que alimentaron el populismo y el clientelismo.

En algo se disimuló la pobreza. Cuando inició la dolarización en el 2000, el número de pobres se redujo en 5,4 % anual. En esta bonanza petrolera solo se redujo en 1,5% anual. Se creó una ficción de consumo en la economía, con lo que se incentivó el crédito, especialmente focalizado a los pobres, pero no se hizo nada con el sector privado para incentivar la productividad. En el Ecuador, ser emprendedor era entonces una mala idea, por la cantidad de trámites por hacer. Se aumentó inusitadamente los impuestos, se encareció las importaciones de materias primas y equipos. Sin embargo, la bonanza maquilló la crisis, que se evidenció al bajar el precio de petróleo en 2014 y con el terremoto de Manabí y Esmeraldas en 2016.

El Gobierno hizo como si nada y prosiguió con su nivel exagerado de gastos y endeudamiento con los chinos. Así, llegaron las elecciones de 2017, en las que el gobierno siguió con su política de contratar deuda, casi hasta que se celebró el comicio. Dijeron que “la mesa estaba servida”, pero no fue verdad. La diferencia con la crisis de 1999 es que la dolarización impidió́ que el gobierno cause más daño emitiendo moneda sin respaldo para financiar el excesivo gasto público.

Un libro de Fernando Villavicencio, periodista que investigó este problema, titulado precisamente “El feriado Petrolero” (2017), recoge algunas de las cifras: “¿Feriado bancario? Sí, porque la tesis que sustenta esta publicación se basa en dos datos. Uno: el gobierno recibió $115.000 millones ($93 mil millones por la exportación de 1297 millones de barriles, $7000 millones por derivados y $15 000 millones por la comercialización interna). Dos: por proyectos millonarios, coimas, malos negocios, renegociaciones… etcétera. se han perdido o repartido en corruptelas $ 23 mil millones. Esa cifra significa tres feriados bancarios.

El actual presidente de la Comisión de Fiscalización conoce el tema petrolero y maneja con solvencia las leyes y acuerdos ministeriales y habla de los campos petroleros, de la refinería de Esmeraldas, de los contratos, de las compañías petroleras, de los bufetes de abogados, de los intermediarios, de los funcionarios de ése y de anteriores gobiernos, de los contratistas, de las navieras, de las compañías estatales… Quizá esto lo ha convertido en el periodista-político más buscado por todos aquellos que tienen documentos y que, por los motivos que sean, quieren que se conozcan”, señalaba entonces el portal de investigación 4 Pelagatos.

Otros datos del libro demuestran en cifras lo que el gobierno se gastó y el dinero que se perdió el corrupción y en sobreprecios:  “…27 proyectos hidrocarburíferos que, según la documentación y los contratos a los que accedió, generaron pérdidas de $ 23 mil millones por ineficiencia en su gestión o corrupción. Los seis principales, detectadas por el portal de investigación Plan V son:

  1. Incremento de $ 3 en promedio en los costos de producción del petróleo en los campos petroleros de Petroamazonas y la ex Petroproducción en contratos de servicios específicos firmados con consorcios para operar los campos petroleros. Monto de pérdida: $ 4 mil millones
  2. Renegociación de contratos petroleros de Participación y Prestación de Servicios, perjuicio por aplicación de tarifas fijas sin considerar la variable precio. Monto de pérdida: $ 3 mil millones.
  3. Archivo de caducidad y juicio de peculado contra Petrobras, campo Palo Azul. Monto de pérdida: $ 2 mil 500 millones.
  4. Intermediación del petróleo entregado a China y Tailandia, perjuicios en fijación de precios fuera del mercado, 1.200 barriles exportados con perjuicio de $ 2 por barril. Monto de pérdida: $ 2 mil 400 millones.
  5. Construcción del proyecto petroquímico Eloy Alfaro (Refinería del Pacífico). Obra fallida por falta de financiamiento y sobreprecios en movimientos de tierras y fiscalización con Odebrecht y Worley Parsons. Monto de pérdida: $ 1 mil 500 millones.
  6. Pérdidas por la repotenciación y rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas. El proyecto inició con un costo de $ 187 millones y se disparó el 2016 a $ 2.200 millones, se estima que las obras ejecutadas no sobrepasan los $ 700 millones. Monto de pérdida: $ 1 mil 500 millones.

En el texto, Villavicencio hace un desglose del recorrido de algunos personajes del régimen de Correa con el negocio petrolero y algunos detalles de sus vidas y cómo éstas mejoraron al ingresar en este negocio en esos diez años: Cuenta la historia de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, detenido y procesado por el delito de cohecho con cinco empresas en Panamá (Pigmig, Escart, Girbra, Capaya y Rgh Investment Inc.). En Ecuador, según la investigación de Villavicencio, está vinculado a otras cuatro compañías vinculadas a su familia y que firmaron contratos petroleros, cuando antes del régimen correísta años era vendedor de edredones. Entró en Petroecuador por la puerta grande como director del programa de rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, uno de los proyectos más grandes del gobierno revolucionario que involucró más de $ 1.500 millones”.

Carlos Pareja Yanuzzelli, exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador era “un viejo conocido del sector hidrocarburífero, pero sobre todo, un hombre de absoluta confianza de Rafael Correa”. Esa amistad nació cuando fueron compañeros de gabinete en el gobierno de Alfredo Palacio y por las coincidencias que tuvieron cuando se declaró la caducidad del contrato con la empresa petrolera Occidental.

Luego aparecerán Enrique Cadena y su participación en la intermediación petrolera con China, Marco Calvopiña en las negociaciones con Tailandia; y Nilsen Arias, subgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, de quien dice Villavicencio que “su huella consta en los mayores y controversiales contratos de compra y venta de petróleo, ventas anticipadas, líneas de crédito e importación de derivados”, según Plan V.

Qué hacer con lo que declaró Capaya

Personajes de funesta recordación en el correísmo, como el exministro y exfiscal Galo Chiriboga (vinculado familiarmente con Correa e involucrado en un caso de apropiación de una lujosa vivienda de una pareja alemana en Cumbayá) sostiene que “lo que dijo Pareja es mentira”, que no existen los $ 300 mil de sobornos que Capaya dice haberle entregado por medio de Bravo. Sin embargo, aunque Chiriboga se pasea libre por las calles, siguen quedando dudas de su proceder en el sector público, como cuando declaró -con sorna- que él sabía quién era el corruptor en el caso Odebrecht.

Si los asambleístas del correísmo miran para otro lado y tratan de atacar al delator, estarán demostrando que la presencia de Pareja Yanuzzelli ha causado más de un inconveniente con elecciones seccionales en la mira y con todos los procesos contra los capos del correísmo en la mira. ¿Si ellos no fueron corruptos, mafiosos o peligrosos, como decía Fernando Villavicencio en la asamblea, entonces qué son?

Lo que está claro es que los más altos funcionarios del correísmo tuvieron conocimiento y participación en la trama de corrupción de los contratos petroleros. Capaya señala la existencia de una “gran estructura criminal” para encubrir actos de corrupción en el sector petrolero, dando nombres y funciones. Carlos Pareja Yannuzzelli (Capaya), actualmente preso, tuvo cinco horas para dar a conocer esta trama de corrupción ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y otros legisladores. La Asamblea, como en otros casos cobros de diezmos, la asambleísta de “si roban, roben bien” y escándalos como los de la minería ilegal y el crimen organizado), ¿se hará de nuevo de la vista gorda?

Para Pareja deben investigarse las acciones y omisiones de más de 30 personas en temas del sector petrolero con perjuicio de $ 5.000 millones al país. Para Capaya el jefe fue el expresidente Rafael Correa y Alexis Mera era el coordinador. En la Fiscalía Galo Chiriboga bloqueaba las denuncias, en la Contraloría, Pablo Celi y Flor María Guerrero (del equipo de Carlos Pólit) hacían informes favorables o desvanecían glosas; El exprocurador Diego García también acogía favorablemente los pedidos y con Jorge Glas se articulaban Finanzas, Hidrocarburos, Sectores Estratégicos y Petroecuador. Una trama para encarecer precios, decretos ad hoc, acuerdos ministeriales, alianzas estratégicas y ventas a dedo sin concurso lideradas por Nilsen Arias desde la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador. “Todos sabían todo”, según Capaya.

El correísmo: ¿una organización delincuencial?

Hay que recordar que Pareja Yannuzzelli quiso entregarse a la justicia, con la oferta de reducción de penas si colaboraba con las investigaciones. Tras su regreso al país el 11 de agosto de 2017 y su prisión, tras un acuerdo con Lenín Moreno y José Serrano, expresidente de la Asamblea, Capaya que estaba acusado de cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, ahora dice que lo traicionaron y no dieron paso a la cooperación, que implicaba delaciones por la rebaja de sus penas.

En su más reciente declaración ante los asambleístas ya no habla de “cooperación eficaz”, sino que solo quiere “decir la verdad” y denunciar el mecanismo corrupto que manejaba Correa desde la presidencia. Incluso Capaya dijo que presentó todas estas denuncias al propio Correa, a los ministros, fiscales, su Contralor y su Procurador. Pero, como todos eran parte de la misma corrupción era difícil que surta efecto. Capaya ya no tiene nada que perder. Está en la cárcel y allí va a seguir.

Conoció a Correa desde 2005, cuando era ministro de Alfredo Palacio y fue parte del gobierno y hombre cercano al exmandatario en todo su período de gobierno. Las denuncias de Pareja fueron entre 2008 y 2017 (pero sugiere que la “petromafia” sigue enquistada en la estatal petrolera). Correa y su cúpula lo supieron todo, “pero vieron en esto la posibilidad”, dice Capaya, “de obtener mucho dinero”.

Correa intuía que Capaya no era confiable, por eso lo tuvo cerca (como ministro y gerente) e incluso lo envío de cónsul a Houston. Pero siempre estuvo cercano al círculo de poder y sacando provecho. Su situación judicial se parece a la de los expresidente y exvicepresidente: tienen sentencias ejecutoriadas y todos deben responder por sus delitos, aunque las maniobras judiciales del correísmo siguen, para liberar de culpas a Correa y Glas.

Aunque los parlamentarios correístas lo acusan de corrupto y de mentiroso, Pareja forma parte del engranaje mafioso liderado por Correa que tuvo nexos en todos los poderes del estado. Tampoco se duda que en la burocracia estatal sigan existiendo funcionarios leales al proyecto “de los cien años”, esperando el retorno del “mesías” desde Bélgica. Lo que interesa ahora es que Capaya cante y cuente, como dice José Hernández, “el mecanismo corrupto en que Correa convirtió el Estado. Que cuente lo que significó -en el campo de los negociados- la concentración de poderes y su total control desde Carondelet”.

Agrega Hernández: “el testimonio de Pareja Yannuzzelli es doblemente valioso. Porque además prueba que ese sistema estaba bloqueado y era seguro para los corruptos. Acuerdos truchos -como el que relató de $ 10 mil millones de dólares a cambio de 181 millones de barriles, ligados a una operación crediticia ilegal con una garantía soberana ilegal- contaban con funcionarios expertos en ponerles barniz de legalidad. Y firmar”.

Los contratos con los chinos

Pareja dio a conocer el esquema de corrupción en el gobierno de Rafael Correa. Se negociaron incluso préstamos internacionales por más de $ 10 mil millones por 1.325 millones de barriles de petróleo, con precio debajo del de mercado. Pareja paga una condena de 10 años por peculado por su participación en el proceso de repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, también en el gobierno de Correa. Como mencionaba el autor de este artículo en otro publicado, titulado “el cuento chino de Rafael Correa”.

Escenarios de una conspiración

Los chinos aparecieron en varios negocios -petróleo, minería e hidroelectricidad-. A partir de 2010 entregaron $ 75 mil millones al país desde el Banco de Desarrollo de China CDB, el Comercial e Industrial de China y el de Exportación e importación de China Eximbank. Acotaba Villavicencio, en su libro, que Ecuador estaba en tránsito “desde la banana republic hacia la república de la patada china”.

Aunque los chinos llegaron con Lucio Gutiérrez, su primer gran golpe en petróleo fue en 2005-06 (gobierno de Alfredo Palacio), aprovechando la caducidad del contrato con Occidental de EE. UU. (acusada de transferir derechos y obligaciones a la canadiense Encana). Al final fue la multinacional China National Petroleum Company CNPC que se quedó con los contratos, pagando $ 1420 millones, adquiridos a través de Andes Petroleum, con sede en Barbados (paraíso fiscal) y creada por CNPC para conseguirlo.

Poco antes se establecía en Quito CPBE (subsidiaria de CNPC). Su gerente era Wilson Pastor (hasta enero de 2007). De ahí pasó a gerenciar Petroamazonas, en el gobierno Correa. Pástor, un petrolero vinculado por cuatro décadas a casi todos los gobiernos fue un caso de lealtad al gobierno de turno y con Correa fue evidente: ministro de energía, embajador en Viena y representante del país ante la OPEP. Aunque lo actuado en el caso Singue fue anulado por los jueces, el exvicepresidente Glas, Pástor (junto con su hija Silvana) y funcionarios del área petrolera, siguen involucrados, porque no se ha declarado su inocencia.

¿Cómo se contrataba con China? Con “facilidades petroleras” de dos clases: venta anticipada de petróleo (prepago), combinando una venta real a futuro de embarques de petróleo con un pago anticipado del precio (en jerga financiera, “true sale”); y la segunda, una forma de crédito o financiamiento, puesto que un financista (institución financiera formal o no), desembolsaba un crédito y exigía respaldo (colateral, garantía) embarques específicos de petróleo de los que se apropiaba si no se pagaba el financiamiento, usándolos como otra fuente de pago del crédito otorgado.

En la primera “facilidad” el contrato señalaba que el petróleo que se vendía dejaba de pertenecer al vendedor y era propiedad del “prepagador” desde el embarque. Se fijaba un precio anticipado o de referencia y la fecha de embarque. Eran contratos de corto plazo -no más de dos años- para evitar variaciones bruscas del precio del crudo y bilaterales, porque permitían hacer contratos secundarios con terceros.

Como acota Villavicencio, “la revolución ciudadana se volvió experta en suscribir contrataciones sin licitación, compraventa de crudo y fuel oil entre Petroecuador y Petrochina, protegidos por alianzas estratégicas”. Compromisos encubiertos en convenios de cuatro partes, firmados por el Ministerio de Finanzas, Petroecuador, Petrochina y el Banco de Desarrollo de China – CDB”. Ni Correa ni otros funcionarios de su régimen dieron a conocer la naturaleza de esos contratos.

Como menciona el maestro Alejandro Querejeta en La Hora: “hoy por hoy no quedan muchas dudas sobre qué pasó exactamente. Para los seguidores de Correa va siendo engorroso, por no decir casi imposible, seguir sosteniendo sus teorías sobre una supuesta conspiración en su contra. Las acusaciones de Pareja dejan al protagonista o cabecilla de la trama en el oprobio que despierta su comportamiento a todas luces cobarde, por decir lo menos”.

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