Ahora sí: ¿Ecuador ya es un estado fallido?
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Los sucesos de esta semana siguen mostrando que este país sigue dando pasos firmes para convertirse en un estado fallido.
Los sucesos de esta semana siguen mostrando que este país sigue dando pasos firmes para convertirse en un estado fallido. La asamblea conspirando, la justicia dominada por los delincuentes y todo listo para allanar el camino para que los delincuentes de la década perdida regresen santificados y perdonados., Y si les fallaría eso, los indígenas anuncian que van a calentar las calles, porque el gobierno y la asamblea deben obedecerles,
Nota del Editor
¿Ecuador es un estado fallido?, se interrogaba el articulista de El Mercurio de Cuenca, Hugo Lucero: “hemos perdido el poder de asombro o preocupación por este calificativo, y lo que es más inquietante es que se desconoce su concepción, aceptada en la práctica al definirlo como un Estado que se caracteriza por su incapacidad para controlar el territorio, falta de autoridad y poca presencia ante la comunidad internacional”.
La pregunta está planteada: ¿ya es el Ecuador un estado fallido? Si no lo es todavía, va cumpliendo los requisitos. Los asambleístas están decididos a soltar los leones en el circo parlamentario para comerse al presidente Lasso. No importan las causales, lo único que quieren es el escándalo (hacen informes sin pies ni cabeza y después -si no existen- forjarán las pruebas). Leonidas Iza y la gente de la Conaie están decididos: o el presidente renuncia o ellos calientan las calles, sitian Quito y someten a los que no se sometan a su pensamiento comunista indoamericano. “Terrorista disfrazado de indígena”, lo moteja Anderson Boscán de La Posta, el de las denuncias del “Gran Padrino”.
Iza y la Conaie nunca aceptaron las mesas de diálogos que ellos mismos impusieron. Sin embargo, el líder de la CONAIE, aupado por muchos políticos, sigue creyendo que la única solución es que el mandatario renuncie, aunque en las bases de la organización empieza a haber disidencia (“el pueblo no come palos ni piedras”, dicen algunos líderes shuaras y de otras nacionalidades). Entonces, que renuncie Lasso, porque ha demostrado incapacidad para gobernar. Pero ¿quién lo reemplazará? ¿será mejor cualquiera que venga? ¿algún títere de Correa -o él mismo- o uno de Iza -o él mismo-?
Un Legislativo que no funciona y es una vergüenza, lleno de ignorantes y analfabetos (nuevamente hay que cuestionarse si cualquiera puede ser legislador o si debiera cumplir por lo menos algún requisito de estudios y conocimientos). Un poder judicial que parece estar cooptado por las mafias y los narcotraficantes, con fallos incomprensibles, con sentencias extrañas, recursos de protección o prelibertad de delincuentes sentenciados, casos evidentes de enriquecimiento ilícito de algunos magistrados (autos de alta gama, cuentas bancarias en el exterior o bienes inmuebles son el botín), retiros de visas estadounidenses a abogados (como el de Danilo Carrera), jueces, oficiales militares y policiales.
Un CPCCS que se salvó por los pelos en la consulta, pero que sigue sin cumplir y no va a cumplir nunca con sus funciones (porque es un adefesio que fue creado en Montecristi) y no ha servido para nada desde que fue creado y es un botín político que nombrará a las autoridades de control a su conveniencia y de esa manera liquidará las sentencias de todos los acusados de la década perdida, incluido el prófugo del ático de Bélgica.
Juan Esteban Guarderas, quien participó como candidato al CPCCS, y demostró con pruebas que le robaron la elección (aunque captó una vocalía suplente en un organismo que estará cooptado por correístas desde mayo) se preguntaba hace algún tiempo en un artículo en el diario El Comercio ¿somos un Estado fallido?
Y refiriéndose al triste y sonado caso de María Belén Bernal se cuestionaba: “¿en qué momento esto ya no es un país y se vuelve una jungla? ¿Cuál es el indicio que nos lo confirmaría? ¿Existe tal cosa como una civilización ecuatoriana o se trata de una jaula de monos rabiosos?”
Agregaba: “y, si un país no puede dotarse de un cuerpo de protección contra la delincuencia, ¿es eso un Estado? El hecho de no poder tener un mínimo sistema de castigo para quienes infringen la ley (corruptos, ladrones, narcotraficantes y narco políticos, diezmeros, evasores de impuestos, traficantes de influencias, etc.), ¿no nos hace eso -de facto- un Estado fallido?”. Para Guarderas nada funciona, porque ninguna institución de organización colectiva y pública funciona.
Para el columnista Christian Pérez estado fallido es “aquel que es ineficiente para proveer bienes y servicios públicos a su población y mantener control institucional y social en el marco de su territorio. Por ende, encarnan una amenaza para sus ciudadanos”.
El autor analiza que las funciones del Estado ecuatoriano se muestran incapaces para cumplir con sus mandatos. Los servicios públicos que dependen del Ejecutivo son cada vez más ineficientes: se debilita el derecho a la salud por falta de medicina en los hospitales públicos, hay incapacidad para luchar contra la delincuencia. Hay una Función Legislativa centrada en un conflicto político interno de pugna de poderes que dejó de lado su mandato de legislar y fiscalizar y solo escandaliza. Una Función Judicial sometida a presiones y amenazas, con jueces pusilánimes, extrañas sentencias, peligrosos delincuentes libres, narcotraficantes albaneses liberados y otras joyas.
Este chiste se ha vuelto muy popular entre los jóvenes. Ellos dicen que “la única salida que tiene el Ecuador son las fronteras terrestres o las terminales aéreas de Quito y Guayaquil”. Esta realidad ahora la matizan los migrantes que arriesgan su pellejo cruzando las selvas panameñas para cumplir el sueño americano. No se van solo por el desempleo, sino por la inseguridad, la violencia y la delincuencia. “Ecuador es la sucursal de México”, ironizaba en una entrevista el legislador Fernando Villavicencio, haciendo alusión a la fuerte presencia de los narco carteles mexicanos en el país.
El Ecuador se encuentra en una situación de estado fallido desde hace varios años, por varios factores, incluyendo una profunda crisis económica, una grave corrupción en el gobierno, una situación de inseguridad ciudadana, una infraestructura deficiente, una baja calidad de vida para la mayoría de la población y falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas de la población. Como resultado, el Ecuador se ha visto afectado por una serie de problemas sociales, económicos y políticos, que vienen contribuyendo a que se configure una situación de estado fallido.
Como sucedió en la década de 1990, la población salió a las calles en los últimos años con dos movilizaciones: la de octubre de 2019 contra la eliminación de los subsidios de los combustibles decretada por Lenin Moreno y en junio de 2022 contra Guillermo Lasso, ambas con claros objetivos de conspiración y desestabilización.
Desde la aparición en los ’90 del movimiento indígena como actor colectivo, capaz de mover la agenda política y ser un interlocutor forzoso para gobiernos, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, las cosas han ido variando, hasta convertir a los indígenas en árbitros de la vida política. Si no se hace lo que ellos quieren, se toman las calles, actúan con violencia, sitian las ciudades y destruyen la economía.
Aunque buena parte de las demandas de los pueblos y nacionalidades se fueron incorporando a las constituciones de 1998, primero, y de 2008 después, las cosas para la mayoría no han cambiado. Ha crecido la pobreza en el país, hay 6 millones de desempleados y los indicadores del deterioro de su nivel de vida son preocupantes.
En las calles del centro de Quito los comerciantes advierten a los ladrones que los “matarán con sus manos”, los que refleja el aumento de la violencia urbana y obliga a las personas a encerrarse en sus casas cuando cae la noche. Quito, a esas horas, es tierra de ladrones, delincuentes y grafiteros.
La violencia se desbordó en los últimos años hasta niveles insoportables. Crecen los homicidios, robos y acciones del narcotráfico. El presidente Guillermo Lasso ha decretado algunas veces el estado de excepción por “grave conmoción interna”, en las provincias en donde el fenómeno es mayor, pero los resultados logrados son mínimos, pese a la propaganda oficial.
El actual desastre ecuatoriano -incluyendo la posibilidad de que vaya convirtiéndose en estado fallido- presenta a un movimiento indígena y popular fuerte enfrentado a un Estado militarizado y a unas elites anómicas e indolentes que solo muestran su descontento en las redes sociales. Se evaporó el proyecto de país, no hay objetivos nacionales permanentes y queda solo un atisbo de lo que fue. En tiempos pasados, lo que unía al país era la posibilidad de una guerra con el Perú, pero ahora no existe ni eso.
La gobernabilidad del Estado depende de su capacidad para gestionar conflictos sin que peligre su estabilidad. Pero deben funcionar las instituciones, la economía y la sociedad. Las causas de debilidad se presentan en la vulnerabilidad frente a las crisis y conflictos internos y externos, la capacidad para enfrentar desastres naturales o paralizaciones sociales (como las de los indígenas en octubre del 2019 y junio del 2022).
¿Cómo se llega a ser un Estado fallido?
El fracaso estatal de muchos países se da por rupturas del orden legal-constitucional (camufladas con una pseudodemocracia legitimada por fraudes electorales de autócratas de turno). Aunque el Estado detenta el monopolio de las armas, no da seguridad a los ciudadanos, porque existen grupos armados que controlan las zonas donde comercializan drogas (cárceles, pandillas, sicariato y los carteles mexicanos que operan en el Ecuador). Se trata de estados que ya no cumplen la prerrogativa de “servir y proteger”.
En el Ecuador no existe capacidad para responder a las necesidades básicas de la población. Las prestaciones estatales son deficientes (no hay medicinas en hospitales o pasaportes en el registro civil), no existen servicios públicos de calidad y se cae en el asistencialismo como clientelismo, con subsidios a la población marginada, que también se vuelve un factor de corrupción (el bono o el subsidio a cambio del voto).
Rafael Correa desbarató la institucionalidad ecuatoriana, creando otra a su servicio y medida. Su régimen se adueñó de todos los poderes e instituciones del Estado (con un legislativo dócil y pusilánime, una justicia a la que le metió la mano y los otros poderes sometidos a los dictámenes del caudillo neopopulista).
Con el financiamiento de las FARC a la campaña presidencial de Correa en 2006, la salida de la Base de Manta en el 2009 y la ciudadanía universal promovida por este mandatario desde 2010, se facilitó la llegada y el surgimiento de organizaciones armadas, mafias, guerrillas, paramilitares que desafían -incluso hasta superan- el monopolio estatal de la fuerza y llegan a sustituir al estado en las zonas que controlan (no hay que olvidar el posible patrocinio de los narco carteles, las ELN y las disidencias de las FARC a la campaña de Andrés Arauz en 2021).
Otros factores que llevan a un país al fracaso son la pérdida del control físico del territorio, la erosión de la autoridad legítima para la toma de decisiones y la incapacidad para interactuar con otros estados. Al hablar de estados fallidos, se asocia el término a países afectados por la guerra, dictaduras que oprimen a la población o lugares que fueron escenarios de grandes desastres naturales, pero el término es polémico porque puede ser discriminatorio frente a países calificados como tales y que, en su tiempo, justificaron que las potencias intervengan militarmente en esos países.
Otro aspecto que se puede agregar a esta “receta” es la inseguridad de los ciudadanos. En ciudades como Guayaquil muere gente a cualquier hora del día y en cualquier lugar, hay atentados parecidos a los de México y la Colombia de tiempos de Pablo Escobar. También coadyuva el pobre acceso a necesidades materiales básicas como salud, educación e infraestructuras.
Son países que no ofrecen garantías ni atraen inversión extranjera, pero son paraísos para grupos delincuenciales porque son permeables en actividades como el lavado de activos ($ 4.000 millones anuales, según los expertos, en el Ecuador), tráfico de armas, drogas y migrantes. El puerto de Guayaquil se ha convertido uno de los principales puntos de salida de droga desde Latinoamérica hacia Europa y EE. UU.
Los estados fallidos no pueden aplicar las leyes uniformemente y esto trae como consecuencia un incremento de la criminalidad, la corrupción política, mercados negros o informales, ineficiencia de los tribunales de justicia (abuso de recursos de amparo, constitucionales y habeas corpus, prelibertades y la existencia de “narco jueces”), así como la injerencia de militares y policías en asuntos políticos y negocios ilícitos. También poderes fácticos con mucho dinero y más poder que el propio gobierno (incluso operando paralelamente, como en el caso “Gran Padrino”).
Jean Marie Grose dice que la tipología de los estados fallidos tiene cinco formas: a) estados anárquicos. sin poder político centralizado; b) estados fantasma, donde la autoridad del Estado es limitada; c) estados anémicos, que usan los escasos recursos para guerras frente a grupos secesionistas. d) estados capturados, manejados por grupos étnicos; y e) estados abortados, donde muchos grupos se reparten el monopolio de la fuerza (no hay presencia del estado, como pasa en Haití). ¿En cuáles de estas categorías entraría el Ecuador?
Un estado fracasa cuando otros agentes le disputan el monopolio de la violencia y las condiciones de inseguridad se manifiestan en todo momento, no hay políticas sociales o son ineficaces, el régimen y la clase política se degeneran (ya no representan ni sirven a las personas), la economía es obsoleta y se desencadenan las crisis.
La violencia se ha desbordado en el Ecuador en los últimos años con incremento de homicidios, robos y acciones del narcotráfico, con un gobierno que decreta estados de excepción maniatado por un poder legislativo que se ha dedicado a conspirar y organizaciones sociales que apelan a una supuesta “resistencia” para cometer excesos y violencia en las calles. El aparato armado no controla a las pandillas del narco que actúan en las ciudades, especialmente en Guayaquil, donde se producen el 70% de hechos violentos. Los aparatos estatales parecen fortalecidos pero resignaron el monopolio de la violencia, que es clave para la existencia de un Estado legítimo.
Un estado fallido también es aquel que no provee bienes y servicios públicos a su población de eficientemente y tampoco puede mantener control institucional y social en el territorio. No es desconocido que las funciones del estado son incapaces para cumplir con sus mandatos (cualquier asunto es pretexto para juicios legislativos “incumplimiento de funciones”, “amenazas a la paz” o “delincuencia organizada”, incluso sin pruebas).
Los servicios públicos que dependen del ejecutivo son cada vez más ineficaces por el debilitamiento del derecho a la salud y la falta de medicinas en los hospitales públicos, la sensación de inseguridad inexistente por la incapacidad para luchar contra la delincuencia organizada, al punto que las cárceles son tierra de nadie y muchos barrios y zonas de las ciudades han sido tomados por delincuentes que extorsionan y exigen “vacunas” (protección) a los comerciantes y vecinos.
Una función legislativa centrada en actuaciones conspirativas que no legisla ni fiscaliza. Una función judicial sometida a presiones delincuenciales y un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social secuestrado por los poderes políticos que luchan para manejar la selección de funcionarios de los organismos de control (Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo) que los grupos coaligados en la oposición (correísmo, socialcristianismo y disidentes de Pachakutik) tratan de cooptar para controlar el estado. Si no lo logran, siempre estarán Leonidas Iza y la Conaie para calentar las calles y llenar de violencia al país.
Este panorama, incluso, se aprecia en las calles con una sensación de violencia y terror. Según el Fragile States Index 2021 (Índice de Fragilidad de los Estados), Ecuador está en luz naranja (“de advertencia elevada”). El aparato de seguridad ecuatoriano está en la misma categoría que Guatemala y Haití, es decir, es muy débil.
No es casual que Guayaquil esté en el top 50 de las ciudades más violentas del mundo. La expansión del narcotráfico y la pérdida del control estatal sobre muchas ciudades ha quebrantado la institucionalidad, y también se presenta mucha corrupción. Hay estados que van en camino de ser fallidos (México y Venezuela), pero Ecuador va por ese camino y podría, a corto plazo, convertirse en el mayor generador de muertes de la región por diez mil habitantes. A fines de 2022 eran 22 muertos y compite con países latinoamericanos violentos y peligrosos (Brasil, Haití, Venezuela, Paraguay o Colombia).
Ahora sí, estado fallido…
Las noticias de cada día recogen atentados, niños sicarios, ataques con armas sofisticadas y robos. Guayaquil es el centro, pero en otros lugares también hay delitos: Quito, Manta y Esmeraldas son lugares peligrosos. Son infructuosas las gestiones de las autoridades, de la policía y de las fuerzas armadas. Los delincuentes siguen actuando y sus alianzas con carteles mexicanos y narco expendedores colombianos se fortalecen por nuevos nexos con mafias albanesa e italiana. El negocio de la droga florece y no permitirá que nadie interfiera. Los arreglos de cuentas entre bandas son a la luz del día. El micro mercado de las calles es apetecido y se usan niños cada más pequeños para el comercio de drogas y sicariato, mientras el Estado se muestra incapaz y la prensa es amenazada si investiga sobre estos temas.
Nuevamente las olas migratorias: Ecuador expulsa a sus ciudadanos
Las lógicas de ese estado debilitado e impotente demuestran que es poco lo que se puede hacer. En la teoría de los estados fallidos coexisten con el estado las “seudo naciones” paralelas que operan fuera de la ley. Los jueces, por temor, liberan a los delincuentes. Fue lamentable ver en vivo y en directo la liberación del líder de los “choneros”, alias JR, su salida de prisión y la difusión en redes sociales de la fiesta por su libertad. La delincuencia se ríe en la cara del Estado, de la justicia y de las instituciones…
Estos son síntomas innegables de un estado que se va volviendo fallido, porque ya no controla las estructuras delincuenciales, que se van tomando espacios y ganando adeptos. Han cooptado jueces y asambleístas y han entrado en la minería legal (donde tienen intereses otros “legisladores”). La policía da palos de ciego ante un problema que se le fue de las manos. Se aprehende delincuentes, el ejército decomisa armas, hay numerosas capturas de alijos y cargamentos de droga, los malandrines son investigados por la fiscalía y algunos jueces (bajo amenazas o cohecho) los liberan. Algo debe pasar para que esto cambie. Y no depende de los políticos, porque ellos son una de las principales causas de este problema…
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