CARGANDO

Escribe para buscar

Debate Portada

Del 30-S al octubre negro: más de una década de violencia y errores

Compartir

El protagonista de ambos hechos fue el correísmo. De hecho hay denominadores comunes, intentos por subvertir el orden, se buscó obtener ventajas de situaciones concretas, exagerado uso de violencia y muchas víctimas inocentes. Un análisis.

Fotos: API

Dos episodios importantes para entender la historia ecuatoriana entre 2010 y 2019, sin olvidar los efectos causados por la pandemia del COVID-19 durante casi todo el 2020, han sido la revuelta o “intento de magnicidio y secuestro”, llamada 30-S y la protesta indígena y gremial de octubre de 2019, cuando el gobierno quiso liberar los precios de la gasolina extra y el diésel.

Hay denominadores comunes entre los dos hechos: intentos por subvertir el orden, se buscó obtener ventajas de situaciones concretas, exagerado uso de violencia verbal y física y muchas víctimas inocentes. El principal perjudicado, en ambos casos, el pueblo ecuatoriano.

Los nostálgicos del correísmo señalan que el 30 de septiembre de 2010 fue un intento de magnicidio y golpe de estado para “despojar” del poder a Rafael Correa. Lo verdadero: el 30S fue una protesta gremial del personal de tropa de la policía, disgustado por perder privilegios. 

En el caso de la protesta indígena y gremial, lo que parecía un reclamo por una medida económica del gobierno, poco a poco se convirtió en un intento de algunos grupos violentos para tomarse las instituciones del Estado y, como fin último, deponer al gobierno. Responsables: los indígenas y los infiltrados del correísmo… 

En ambos casos hubo leyes y decretos que incomodaron a algunos grupos. En el caso del 30S, la noche previa, la Asamblea aprobó la Ley de Servicio Público, donde la Policía y los militares fueron integrados a dicha ley y las instituciones educativas de ambas instituciones pasaron al Ministerio de Educación y sus servidores fueron adscritos al sistema estatal. Los policías paralizaron sus labores -poniendo en peligro a Quito y Guayaquil-. En la movilización indígena estuvo en discusión la promulgación del Decreto 883 liberando los precios del diésel y la gasolina de 85 octanos. 

Correa, por leyes como la señalada, anunciaría ese 30 de septiembre la “muerte cruzada”, para convocar elecciones a corto plazo. Había el antecedente de un informe que involucraba al gobierno de Correa en aportes económicos de las FARC a su campaña electoral. El expresidente creía que con ir al Regimiento Quito Nº1 atenuaría la protesta. Pero la violencia aumentó.

Lo que para algunos de sus seguidores fue un secuestro policial, para personajes del régimen era normal, como lo declaró el entonces ministro de Turismo, Freddy Ehlers. Horas después, Correa ordenaba a los militares sacarlo del hospital. Hubo censura de prensa y se obligó a los medios a enlazarse a los canales oficiales.

Algunos analistas sostienen que lo que hizo Correa fue ensayado, pues se desajustó la corbata y se aflojó la camisa tres veces antes de presentarse ante los policías. De lo que se conoce, nadie lo retuvo en el Hospital ni lo secuestró, ingresó al Hospital por sus medios. Tampoco hubo intento de asesinato ni siquiera en la mañana, cuando pidió que le disparen (le pudieron haber obedecido). Fabricio Correa ironizaba que, “por suerte, no le hicieron caso”.  

Fidel Castro declaró desde La Habana que se fraguaba un golpe de estado en Ecuador. Poco después dijo algo parecido el presidente venezolano Hugo Chávez, corroborando así que la versión del golpe se originó en Cuba y Venezuela. En la misma noche el alcalde de Quito, Augusto Barrera -militante del partido en el poder- ordenó limpiar los alrededores del Hospital, haciendo desaparecer evidencias.

Para investigar el presunto secuestro o golpe de estado, años después, se formó una comisión integrada por el luego fiscal Carlos Baca, Diego Guzmán y Óscar Bonilla, que manipuló videos incriminando inocentes, los implicó en la investigación y los condenó a prisión. Otro involucrado, el general Luis Castro, quien comandó el operativo para sacar a Correa del Hospital, declaró que el exmandatario ordenó atacar el centro de salud (según el estatuto de Roma: “delito de lesa humanidad”).  

Rafael Correa manipuló eventos para convertirse en “héroe nacional”, por derrotar un ilusorio golpe de Estado e intento de magnicidio. El teatro montado por el correísmo le salió caro al Ecuador: 5 muertos, 274 heridos y 531 procesados por la Fiscalía (109 sentenciadas con penas de hasta 12 años de cárcel), sin contar con los millonarios gastos de propaganda y campañas de desinformación tras el incidente (la Megan), pagados con dineros de los ecuatorianos.

Las revueltas y movilizaciones de octubre de 2019

Ya había disconformidad con el gobierno por el tema económico. Entre julio y septiembre, diversos grupos (profesores, exempleados eléctricos, jubilados, fuerzas vivas del Carchi, empleados e indígenas) anunciaron y, en algunos casos, tomaron medidas de hecho para exigir pagos pendientes y que se cumplan ofrecimientos previos. Se anunciaba una huelga nacional para los primeros días de octubre.

El 1 de octubre, el presidente Lenín Moreno anunció el Decreto 883, con medidas económicas y laborales para equilibrar balances fiscales. La medida más controversial fue la eliminación del subsidio a los combustibles extra y diésel, colocándolos a precios internacionales.

Esta medida buscaba sincerar los precios y generar un ingreso fiscal de USD 1 700 millones, pero afectaba la economía de sectores sensibles. Se buscaba evitar el contrabando de combustibles a Colombia y Perú -negocio para los contrabandistas- y no beneficiar al narcotráfico en esos dos países (donde se usa ese combustible como precursor en la producción de droga). Así, se llegó al tres de octubre. 

Los transportistas, al ver que los beneficios de su negocio se afectaban, paralizaron y bloquearon las vías. El gobierno lo solucionó incrementando el pasaje del transporte público, lo que molestó a los indígenas, que anunciaron marchas, tomas simbólicas, bloqueos, paralizaciones y traslados masivos a las capitales provinciales y una, la más importante, a Quito, el 4 de octubre. 

Desde varias provincias llegaron unos 25 000 indígenas al parque “El Arbolito”, usando como base el ágora de la Casa de la Cultura y como lugares de acogida y abastecimiento algunas universidades cercanas: Católica, Politécnica Nacional, Politécnica Salesiana, Andina Simón Bolívar y Central. La movilización ganaba espacio. Pronto, con noticias falsas e infiltraciones, sectores del correísmo y de izquierda se sumaron a la protesta.

Una guerra de 12 días: la “rebelión de los ponchos y el terrorismo correísta” o “el octubre negro”. No sirvieron las medidas paliativas presentadas: ajuste de vacaciones a la burocracia, reducción de empleos y el día obligatorio de descuento salarial. La eliminación del anticipo al impuesto a la renta satisfizo al sector empresarial.

Actores del correísmo (los asambleístas Gabriela Ribadeneira y Pabel Muñoz, el militante Virgilio Hernández y la prefecta de Pichincha, Paola Pabón) sugirieron “adelantar las elecciones o la salida del presidente”. En tiempos de Correa era prohibido manifestarse. Algunos, siendo legisladores votaron en la Asamblea, para impedir la incautación de bienes mal habidos por corrupción. Desde Bélgica Correa aconsejó adelantar las votaciones para evitar procesos penales en su contra. 

Entrado en vigor el Decreto 883, la marcha indígena, encabezada por Jaime Vargas y Leonidas Iza (sobrino de un dirigente de los 90), inició la toma de Quito. Miles de indígenas llegaron desde sus comunidades en Cotopaxi, Tungurahua e Imbabura, mientras otros grupos actuaron en sus territorios.

Inicialmente exigían derogar el decreto. Tomaron las gobernaciones de Chimborazo, Cañar y Sucumbíos, boicotearon instalaciones petroleras y cerraron ductos en el Oriente. Atacaron instalaciones y antenas de transmisión de radio y televisión en Tungurahua y cortaron el suministro de agua en Ambato. En su marcha a Quito, especialmente en Cayambe y Machachi, los indígenas agredieron a trabajadores y agricultores, destruyeron campos, producción y vehículos. Había violencia, vandalismo y saqueos (Guayaquil, Quito, Cuenca y Ambato).

Atacaron centros históricos de ciudades patrimoniales como Quito y Cuenca y hubo una toma “pacífica” de la Asamblea Nacional, protagonizada por el prefecto del Azuay, Carlos “Yaku” Pérez (defensor del agua y la lucha anti minera que, irónicamente, combatía por combustibles fósiles subsidiados) y el incendio de la Contraloría. Desde el 7 de octubre, las estrategia desestabilizadora de los correístas coincidió con la del indigenado y la izquierda. Vargas incluso “ordenó” a los militares desconocer y derrocar al presidente (alentado por militantes del marxismo, infiltrados en universidades públicas).

El gobierno ordenó que militares y policías hagan una contención progresiva a las manifestaciones en el parque El Arbolito y sectores cercanos al centro histórico. El 9 de octubre, en la asamblea indígena en el ágora de la Casa de la Cultura, se llamó a la desobediencia al gobierno. Retenidos contra su voluntad, policías, periodistas y camarógrafos. El reportero Freddy Paredes, de Teleamazonas, fue agredido al salir del ágora por no declarar “que no estaba retenido”. 

El 12 de octubre, manifestantes atacaron el mismo canal de televisión y efectuaron actos de violencia en varios sectores de Quito, bloqueando vías y atacando la propiedad privada (quisieron atacar Ecuavisa y el diario El Comercio). Los ánimos seguían agitados. Esto fue aprovechado por correístas, vándalos y delincuentes comunes para cometer desmanes. En la agitación influyeron las noticias falsas incitando al odio, saqueo y vandalismo, a lo que los indígenas no fueron ajenos.

Se cuestionó, desde el gobierno, el papel de cinco universidades quiteñas (Católica, Central, Salesiana, Politécnica y Andina) acogiendo presumiblemente, junto a los indígenas, a malhechores que pudieron aprovecharse de esa situación para proseguir su acción. Las universidades señalaron que su acogida fue pacífica.  

¿Quién estuvo tras el paro? ¿Quién patrocinó al movimiento indígena? ¿Solo querían la derogatoria del Decreto 883? ¿Por qué tanta violencia y destrucción de las ciudades, siendo Quito la más afectada? ¿Se intentó un golpe de estado? 

En un video de octubre de 2018, en un evento realizado en Latacunga, el ex ministro de Correa, Ricardo Patiño, había instigado a la insurgencia. Esto hizo suponer que hubo un plan orquestado por el correísmo para desestabilizar al gobierno. La estrategia de muerte cruzada y adelanto de elecciones buscaba impedir los juicios a Correa y sus excolaboradores para que sea candidato en las elecciones de 2021.

Hubo incertidumbre, sensación de vacío de autoridad y grupos violentos asustando a la población. Quito estaba desprotegida. El presidente gobernaba en Guayaquil, mientras el alcalde Yunda desapareció, por lo que fue acusado por grupos de quiteños como corresponsable por los daños del centro histórico. 

Asumieron como mediadoras dos instituciones muy cuestionadas por el papel que juegan en algunos países: la ONU (en esos días Venezuela fue nombrada representante latinoamericana en el Comité de Derechos Humanos) y la iglesia católica (el papa Francisco es blando en condenar actuaciones de gobiernos afines al socialismo del siglo XXI en Sudamérica).

En la tarde y noche del 12 de octubre en la sede del Colegio Menor Salesiano Spellman en Lumbisí (Tumbaco) hubo “negociaciones” entre los indígenas y el gobierno. Vale recordar el papel de los salesianos en el conflicto, como actores interesados y favorables a los indígenas, al acogerlos en la sede de la Universidad Salesiana de Quito, con un antecedente importante: la toma indígena de esa universidad en días previos a la caída del presidente Lucio Gutiérrez en 2005. 

El gobierno cedió todo para restaurar la paz, en una negociación desigual, con la cancha inclinada por el rol jugado por la iglesia y la ONU y en sede amigable para los indígenas, que impusieron sus pedidos. Parecía la firma del Protocolo de Río de Janeiro, en enero de 1942, cuando el Perú, con su ejército ocupando provincias fronterizas y los garantes de ese tratado imponiendo al canciller Tobar Donoso la pretensión peruana.

Los indígenas seguían ocupando la ciudad con intenciones, declaradas por ellos a medios de comunicación, de modificar el orden constitucional e imponer otro modelo económico y de desarrollo. El gobierno derogó el Decreto 883 y concedió lo que los indígenas pidieron. 

Nunca quedó claro el saldo de víctimas. La ministra Romo hablaba de 6 muertes, la Defensoría del Pueblo de 8 fallecidos en las protestas. Mientras la ministra ratificaba que no hubo desaparecidos, el líder indígena Jaime Vargas, hablaba de cien desaparecidos. Durante la Primera Guerra Mundial, hace más de cien años, el senador estadounidense Hiram Johnson dijo: “cuando llega la guerra, la primera víctima es la verdad”. En ambos casos, fue la derrota de la razón y el triunfo de la sinrazón…

Etiquetas:

Deja un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *