Cuando la responsabilidad es de… nadie

La moda en los poderes del Estado es dejar hacer y dejar pasar. Pero hay consecuencias.

Por donde se lo mire, la única respuesta a lo que ocurre con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o con la explotación ilegal de las minas de Buenos Aires en Imbabura, llevan a la conclusión de que hay alguien que no está cumpliendo con su parte y culpa al que está al lado por los errores y desaciertos, frente a estos problemas.

Resulta risible, por decir lo menos, escuchar a las autoridades cómo se pasan la pelota en torno al cura José Carlos Tuárez y cómo llegó a ser candidato a la quinta función del Estado, que constitucionalmente (Art. 208) es la columna vertebral de la lucha contra la corrupción, la participación social, la nominación de autoridades, entre otras atribuciones. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha repetido que la calificación de Tuárez, como candidato a consejero en las elecciones de marzo de este año, se basó en un informe de quienes eran los responsables de emitir su dictamen sobre el cumplimiento de los requisitos. Y desde ese espacio se ha dicho que el problema es que presentó una declaración juramentada que no era verdadera y otra serie de documentos que no eran exactos.

En Buenos Aires, la fuerza pública remitió informes sobre la presencia de minería ilegal en la zona desde la época del ministro del Interior, Mauro Toscanini, es decir, desde 2017. En los dos años transcurridos lo que ha habido es reportes de prensa, que muestran como la tensión y el desarrollo de un negocio ilícito ha crecido, y más alertas de la fuerza pública. El estado de excepción recién vino a fines de junio y la ejecución del mismo ha llevado a la salida de la gente, pero la información pública, dada por el Ministerio de Defensa, es una muestra que este problema, que está dentro del crimen organizado, es más grave de lo que parece: 12 000 personas entre mineros legales e ilegales, 5 000 km2 de tierra donde se hace la explotación, líneas ilegales de suministro de comida, vituallas y armamento para la gente que está en la zona, muertos, heridos, arrestados…

Frente a esto, dos hechos con una fuerte carga política, la primera sobre una función del Estado y la segunda sobre seguridad nacional, provoca una serie de preguntas alrededor de quién sanciona a los responsables de estas ‘ligerezas’: ¿cuándo se va a establecer las cadenas de rendición de cuentas y sanciones a quienes violentan las normas, justamente para que el sistema de equilibrio de poderes y responsabilidades políticas funcione?, ¿cuándo los funcionarios públicos tendrán la decencia de dejar los cargos antes errores tan graves y que son presentados como simples errores?, ¿Sigue vigente en el país los ‘errores de buena fe’ que puso de moda la revolución ciudadana, cuando se trataba de equivocaciones mayúsculas de sus funcionarios de Estado?, ¿Por qué no hay responsables políticos que asuman las consecuencias de este manejo?

Este tipo de accionar, de funcionarios y autoridades del Estado, es parte de la impunidad que impera en el Ecuador y esta es quizá una de las más graves, porque se trata de un incumplimiento de funciones, de dejar hacer y dejar pasar, de falta de una moral pública, tan necesaria en tiempo de transición política o de gobierno transitorio, como le gusta llamarse al actual régimen encabezado por Lenín Moreno.