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De buenas intenciones…

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De buenas intenciones… no vive un país que atraviesa una profunda crisis marcada por la violencia, corrupción, inseguridad y otros factores que desembocan en un pesimismo.

Foto: Boris Romoleroux – API

Entre los innumerables problemas del Ecuador, probablemente el más saliente es una crisis de fe. La “nueva normalidad” ecuatoriana es la interacción de crisis de tantos tintes como nuestra marcada diversidad. El resultado es un innegable pesimismo colectivo.

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No es un fenómeno aislado. Ciertas piedras angulares: la democracia, la división de poderes, la seguridad jurídica, la libertad contractual, la libertad de expresión están bajo la lupa; en una mezcla entre vacuo relativismo del todo y honesta búsqueda intelectual de sentido a la contemporaneidad.

En el tumulto del populismo transversal de nuestra historia, seguramente exacerbado en el mundo de tweets, reacciones, trolls y tik toks, es difícil encontrar instituciones que puedan prescindir de la popularidad sin perder legitimidad o la necesaria influencia y poder para tener impacto social. Para devolver la fe.

El poder judicial invariablemente es menos relacionable a la cotidianeidad. Entre la espectacularidad unipersonal de los jefes de Estado y la perenne pregunta de qué hace el Congreso mientras sus miembros vociferan, como ambos constan en la papeleta, la identificación con el pueblo es ineludible.  

El poder judicial, más solemne, navegante de intrincadas reglas, parece que ve el espectáculo de lejos. Parece, sobre todo, no tener simplemente el poder de incidir materialmente en el caos colectivo (claramente las cortes son fundamentales en los conflictos particulares).

Esto creo es cierto para muchas cortes, excepto para ciertas cortes constitucionales. La interacción es simple, como la Constitución es la norma suprema, el intérprete de la Constitución, también debería ser bastante supremo.

Y surge de ello una inmediata preocupación, en el balance del poder, esta superioridad relativa se justifica en la autoridad de la Constitución sin duda, pero no en la autoridad del voto. Entonces, el que la Corte no es democrática ¿la legitima o la deslegitima a ejercer real poder e influencia?

Siempre me pareció que dentro del derecho constitucional estadounidense la “political questions doctrine” era fascinante. La Corte Suprema de Estados Unidos (también bajo la lupa), esencialmente en ciertos casos donde impera un problema político, elige no pronunciarse con deferencia a los poderes políticos (democráticos). Inimaginable elección en tierras tropicales, una autolimitación del poder.

Nuestra Corte está integrada de jueces inteligentes y honestos. Quien conoce el Ecuador sabe que esos dos elementos son aquí de valor excepcional.

La Corte, así compuesta, ha adoptado muchas decisiones emblemáticas desde 2019, en varias ocasiones escogiendo qué casos tratar bajo la figura de elección. A mí me gustaría referirme a dos: i) CASO No. 3-19-CN; ii) CASO No. 365-18-JH.

En el CASO No. 3-19-CN la Corte condicionó la declaración de existencia de dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable de los jueces, ya no a un simple proceso administrativo del Consejo de la Judicatura, sino a que previamente otros jueces (distintos a los acusados) lo declaren. Buena intención: que los jueces no sean sometidos sin discrimen a procesos de control, incluso conducidos por otros poderes del Estado y que sean independientes. Real resultado: lamentablemente la protección judicial ha hecho mucho más sencillo a malos jueces particulares tomar decisiones muy graves sin consecuencias inmediatas. Perdemos la fe en la justicia.

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En el CASO No. 365-18-JH la Corte amplió el alcance del hábeas corpus, que clásicamente permitía verificar la ubicación de una persona privada de libertad (para evitar desapariciones forzosas), para que ahora también proteja la integridad personal. Buena intención: ofrecer protección reforzada a personas eventualmente vulnerables. Real resultado: varios de los criminales más notorios de la sociedad lanzados a obtener la libertad argumentando en torno a la amplitud de la garantía. Perdemos la fe en la justicia.

En un Estado aparentemente no urgentemente reactivo a veces pensamos que toda solución es buena. Sin embargo, incluso en sociedad de tantos obstáculos y emergencias, conviene revisar el papel real de todas nuestras instituciones. Tal vez nuestro poder judicial, apartado del voto es el único que tiene el lujo de modesta y estoicamente decidir lo correcto, lo necesario y lo apropiado (no lo popular). Y, a veces, incluso más importantemente elegir no decidir.

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