Seguridad: urge un acuerdo nacional
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La tasa de homicidios en el país refleja una desviación significativa que afecta la seguridad y el tejido social que forzosamente debe estudiarse desde lo sociológico y lo antropológico.
Una rápida observación de la estadística y un análisis breve -y no por ello superficial- de las muertes violentas por homicidio y asesinato en el Ecuador, describen escenarios de híper violencia; en términos comparativos, el crecimiento es exponencial a partir del segundo semestre del 2021. A esa fecha, el promedio de homicidios intencionales por mes era de 110, la resolución de casos superaba el 65% y la tasa de homicidios -indicador proxi de inseguridad en el mundo- se mantenía muy por debajo de la media de América Latina (7.1).
La violencia en las cárceles no para
A partir de julio del 2021, el promedio mensual sube a 270 y termina ese año con la tasa duplicada y de dos dígitos (14.1). En ese mismo período, la resolución policial de casos se reduce drásticamente a cerca de 28%; sin duda, indicadores muy negativos y un cambio radical en la tendencia. En el año 2022 se repite el incremento: llega a una cifra de 4 784 muertes en frecuencia, con un agravante adicional, la resolución de casos no supera el 10%.
Se esperaba terminar el año conteniendo la violencia, los escenarios decían, uno con tasa de 22 sobre la base de lo registrado el primer semestre (promedio mensual de 350 muertes) y otro tendencial con tasa de 30, dato al que se llegaría en la medida en que no se lograra aumentar las capacidades estratégicas de los organismos de control.
Desagregada la información recogida por la Policía, resulta que el tercer cuatrimestre -septiembre, octubre, noviembre y diciembre- se incrementa la violencia criminal y se extiende contra policías que son asesinados en sus propias instalaciones. Con estos hechos, aumenta el miedo ciudadano y crece el promedio: en estos meses se sobrepasa los 450 homicidios y finaliza el año con un diciembre que registra 508 muertes por homicidio intencional, la tasa de homicidios nacional termina en 26,6 muertes violentas por cada cien mil habitantes, muy por encima a la media regional; incluso, sobre la tasa de Colombia y México, y únicamente bajo de la de Venezuela y Honduras.
Desde la perspectiva del Gobierno, el fenómeno obedece al aumento de incautaciones de drogas (200 toneladas), con este enfoque, se pretende explicar que existe una relación causal directa entre el accionar del Estado contra el narcotráfico y el aumento de la violencia criminal; así, se construye un enemigo permanente en la droga y se deja de lado la urgente discusión nacional sobre la administración de justicia.
Lo cierto es que la tasa de homicidios en el país refleja una desviación significativa que afecta al tejido social y que forzosamente debe estudiarse desde lo sociológico y lo antropológico, los relacionamientos podrían estar también atados con la economía criminal que genera mayor desigualdad e inequidad social, educación y cultura de ilegalidad en ciudades menos resilientes, salud post COVID-19 -niños y jóvenes huérfanos, abandonados y excluidos-, migración exacerbada, modelo de gestión, agenda política y estrategia de seguridad.
Por ejemplo: una metodología válida para estudiar socialmente esta violencia, es la que se utiliza en temas de salud pública, con la razón de mortalidad estandarizada (SMR standardized mortality ratio), instrumento de medición que facilita la comparación entre poblaciones por grupos etarios. La relevancia de la investigación reside en comprender las mayores o menores probabilidades de ocurrencia del problema en determinados territorios, sea por las variables de composición demográfica, por la necesidad de inversión social o por las vulnerabilidades del sistema, con lo cual se puede construir un modelo predictivo de respuesta estatal.
Los grupos poblacionales expuestos a la violencia criminal coincidentemente son los más propensos, las edades de mayor criticidad responden al mismo perfil y se sitúan entre los 18 y 30 años; los territorios donde suceden con mayor intensidad son similares, la mayor concentración está en ciudades de frontera y las de mayor cercanía o conexión con la costa del Pacífico, a pesar que todas las provincias registran incrementos.
De ahí la necesidad de emitir lineamientos que respondan a una determinada política intersectorialmente conectada. Si lo vemos desde los patrones de comportamiento, tenemos varios, el principal, sin vacilación, es la impunidad, una variable que se constituye en la aliada del homicida y del violento al no existir sanción por el delito más grave que atenta contra la vida, el impacto es la multiplicación de espacios de violencia y la consecuencia la sufrimos todos en términos de seguridad y democracia.
El siguiente, es el uso de armas de fuego: cerca del 90% de muertes violentas se registra con un arma de este tipo; en cada escena de delito violento se recoge, en promedio, 10 indicios balísticos. Muchas de las pericias de estos elementos no se realizan por falta de profesionales (cantidad) o por ausencia de profesionalismo, corrupción o intimidación, que se convierten en la principal alerta sobre los graves problemas del sistema de justicia. Un elemento nuevo tiene que ver con el hecho violento en sí mismo: hasta hace un par de años, los ataques estaban dirigidos a una sola persona, hoy han crecido los homicidios múltiples y seriales con participación de menores de edad, se “naturalizan” eventos con varias víctimas, son ataques armados a familias y comunidades enteras, incluso, con actividades de terrorismo menor y uso de explosivos.
Al hablar de tasa de homicidios, sin que tenga que ver necesariamente con el crimen organizado, se debe mencionar, en términos generales, la violencia social y específicamente el femicidio, la cifra tampoco es menor ni con tendencia a disminuir; al contrario, crece y es un indicador de la otra violencia que solo es noticia cuando las mujeres patean el tablero mediático: el victimario sigue siendo la pareja o expareja de la víctima y la edad de la mujer oscila mayoritariamente entre los 25 y 35 años, se asocia con ingesta problemática de alcohol y droga. El debate en este tema es profundo y apremiante, porque es poner atención sobre el paradigma de ciudadano que está criando y educando la sociedad ecuatoriana.
La violencia no para en Ecuador
En este contexto, urge entonces un gran acuerdo nacional por la seguridad en la que todos los actores se sienten a la mesa y de forma periódica. Deben entender que está en riesgo la vida de los ciudadanos y sus familias, el desarrollo económico y social del país, tanto, como la vigencia misma del Estado de derecho.
Las organizaciones criminales, ejemplos abundan, no solo desafían al Estado, también lo cooptan y las consecuencias de ello es la pérdida de derechos y libertades para todos. La lógica del crimen es tener aliados políticos, es someter al sistema de justicia al terror o comprarlo, es asesinar y/o cooptar a la seguridad pública; los criminales persiguen la impunidad para tener poder, ante lo cual, solo una sociedad cohesionada y un Estado fortalecido pueden detener su avance y, con el tiempo, ponerlos en su lugar con todos sus cómplices y aliados: la cárcel.
En lo técnico operativo, se requiere de la construcción de una nueva batería de indicadores con la información disponible. La utilidad de este instrumento es la necesidad de desarrollar manuales procedimentales y exigir a las instituciones de control formal, mayor transparencia en la administración y rendición de cuentas oportuna que permita evaluar mejor la gestión y así evitar que ciertos descubridores de verdades y distorsionadores de la opinión pública, acostumbrados a producir infiernos con diagnósticos mal intencionados, fragmenten y deslegitimen las acciones que se requieren para cambiar la realidad.
