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La Corte Constitucional puso una lápida a la indefensión de la sociedad

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Somos una sociedad que no aprendemos de las experiencias negativas que hemos vivido como país y reaccionamos ante las amenazas del momento, sin visualizar los escenarios negativos que se pueden presentar a futuro.

Foto: Gianna Benalcázar – CCQ

Las acciones de vandalismo, con tintes de terrorismo y sedición urbana que sembraron el caos y temor ciudadano en octubre del 2019, generaron el  clamor de los ecuatorianos, por una rápida y enérgica intervención militar y policial ante la visión aterrada de la destrucción de los pilares de la misma sociedad. Se criticó por la inacción de la Fuerza Pública, la que fue vilipendiada y humillada por un grupo de anarquistas desestabilizadores, amparados en una organización con tintes izquierdista llamada derechos humanos.

El argumento que esgrimía la Fuerza Pública, era, que no tenían el respaldo legal ni institucional para actuar, por lo que su accionar se transformó en simples espectadores de la destrucción del país, ante la mirada desorbitada de políticos timoratos que recurrían a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para que los protejan y eviten que el pueblo les exija su salida por ineficientes, incompetentes y corruptos.

Han pasado varios meses desde esos hechos lamentables y la amenaza no se ha disipado más bien se ha consolidado, los vándalos si han aprendido de los errores que la sociedad se niega a aceptar.

El Ministro de Defensa acogiendo el clamor por la inseguridad de la sociedad y el pedido de los miembros de la Institución, promulga “El Reglamento de Uso Progresivo Racional y Diferenciado de la Fuerza”, aprobado mediante Acuerdo Ministerial 179 publicado en el Registro Oficial Nro. 610 de 29 de mayo de 2020, que le permitía hacer frente a estas hordas de anarquista que quieren destruir la democracia y la seguridad de los ecuatorianos.

Un grupo de iluminados juristas, eruditos e incorruptos representantes del poder judicial, quienes dicen velar por los intereses del pueblo, declaran mediante resolución  “Suspender la vigencia del Acuerdo Ministerial No. 179 del Ministerio de Defensa publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 610 de 29 de mayo de 2020 hasta que el Pleno de la Corte Constitucional adopte una decisión sobre el fondo del caso”.

Estos iluminados han colocado al país en indefensión y a las instituciones garantes de los derechos y libertades de la sociedad en una inacción operativa. Esperemos que cuando las hordas de marquistas, vándalos, delincuentes y terroristas urbanos que vayan a destruir de locales comerciales, urbanizaciones, empresas, UPCs o instalaciones judiciales, no vayan a golpear los cuarteles para pedir ayuda pues esas instituciones trataron de tener las herramientas para enfrentar la destrucción, la inseguridad y el caos que no lo generaron los militares sino los mismos políticos que los colocaron en los cargos.

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