Los diques del juicio político
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Para destituir al presidente de la República mediante un juicio político es necesario romper los diques puestos en la Asamblea Constituyente para proteger al dueño de esa Asamblea. Los que quisieron proteger a Rafael Correa han terminado protegiendo a Guillermo Lasso.
El dique de la opinión pública
Ningún juicio político puede tener éxito en contra de un presidente popular. El primer dique a romper es el de la opinión pública que no parece interesarse en el debate político a pesar de que, las encuestas revelan que los índices de popularidad del presidente Lasso son bajísimos. Con índices más altos fueron destituidos otros presidentes.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los índices de popularidad de la Asamblea Nacional son iguales o peores. Había que buscar mecanismos para erosionar la imagen presidencial, preparar el terreno para un juicio político. Esa tarea le correspondió al portal digital La Posta. La campaña desarrollada en vísperas de la consulta popular apuntaba al presidente y preparaba el camino para el juicio político. El formato de novela, el lenguaje agresivo y la exageración y dramatización de las acusaciones, tuvieron mucho impacto, si a eso se suma la presencia de los acusadores en la fiscalía y en la Asamblea, se entiende el volumen político que alcanzaron las denuncias.
Las acusaciones tienen base en un informe policial, archivado por la fiscalía y por el juez. El revuelo mediático y político asustó a la Fiscalía y reabrió una investigación archivada, sin mucha claridad. La Fiscal General dijo que no conoce el informe, que el informe que aparece en la denuncia difiere del presentado a la fiscalía y que no se habían analizado algunas llamadas telefónicas.
Por último, la Asamblea Nacional conformó una comisión distinta de la Comisión de Investigaciones para analizar el caso. Se montó un espectáculo con discursos apasionados, casi histéricos, groseros y con clara inclinación política. La información más importante recogida por la comisión y presentada por la superintendencia de compañías, fue declarada reservada. Esa información revela, según el Asambleísta Ricardo Vanegas, empresas y personajes de la política que tienen nexos con la mafia albanesa. Los alguaciles alguacilados, según el mismo asambleísta.
El dique de los votos
En los juicios políticos es muy difícil asegurar el número de votos comprometidos. Los votos claves cuestan mucho, exigen mucho o traicionan. La disciplina partidista sufre temblores y se negocia todo el tiempo, los votos hay que contarlos tarde y mañana.
Pueden ponerse de acuerdo para destituir al presidente. No es difícil considerando la extraña conducta política del presidente de enemistarse con todos. A los partidos y a sus líderes les ha acusado de conexiones con el narcotráfico, de exigir dinero para aprobar proyectos, de mentirosos, traicioneros, evasores de impuestos y toda una gama de insultos y acusaciones.
Sin embargo, nadie daría su voto para destituir al presidente sin conocer quién le va a reemplazar. En apariencia no hay duda porque es la Constitución la que establece la sucesión. Sin embargo, algunos asambleístas han adelantado que el vicepresidente seguirá el mismo camino, que no cambiaría nada si se queda Alfredo Borrero. Aparentemente hay un sector que apoya a Virgilio Saquicela y otro a Alfredo Borrero. Tienen que ponerse de acuerdo para sumar los votos.
No es lo mismo sumar 104 votos para apoyar un informe inocuo, no obligatorio, inútil, que sumar votos para destituir al presidente. Tampoco es lo mismo amontonar denuncias, sugestiones y sospechas en un informe político, que poner la firma en una demanda constitucional que debe ser calificada por la Corte Constitucional.
El dique de las causales
Para iniciar el juicio político debe presentarse al Consejo de Administración Legislativa (CAL) la acusación constitucional contra el presidente Guillermo Lasso con la firma de respaldo de 46 asambleístas. Esa acusación debe ser calificada por el CAL y enviada a la Corte Constitucional para que autorice el enjuiciamiento.
El informe de la Comisión especial es puramente informativo, no es obligatorio ni tiene relación con la acusación. Sin embargo, el hecho de que ese informe haya contado con la aprobación de 104 votos en la Asamblea, presionará para que se convierta en la base de la argumentación a pesar de las críticas que ha merecido fuera de poder legislativo.
La acusación tiene que ser un instrumento jurídico que establezca con claridad los delitos, que muestre la relación directa de esos delitos con el presidente y que tengan relación con las causales que la Constitución aprueba para destituir al primer mandatario. Cualquier delito que no constituya causal de destitución no tiene cabida en la acusación constitucional.
El gobierno y los legisladores del partido de gobierno han calificado como absurdo el informe de la Comisión y constitucionalistas reconocidos han señalado que es un mamotreto que delata ignorancia y audacia. Puede ocurrir que los asambleístas designados para liderar el juicio político redacten un documento que corrija las fallas del informe y consigan la autorización de la Corte Constitucional.
El dique de la Corte Constitucional
La Corte Constitucional tiene un tiempo limitado para analizar la acusación al presidente y su dictamen no significa que pase juicio sobre la inocencia o culpabilidad del acusado, solamente establece que cumpla las condiciones formales y que se ajuste a las causales establecidas en la Constitución.
Todos esperan que la Corte Constitucional sea muy severa en el análisis de los supuestos delitos y que no tome en cuenta acusaciones que no constituyen causales. Todos aceptarán el dictamen porque no hay otra instancia a la cual se pueda reclamar y en caso de que sea negativo, pondrá fin al juicio político.
El gobierno luce confiado. Puede ser que tenga confianza en que la Corte Constitucional será el último dique, insuperable, que ponga fin a la tenaz persecución de la oposición política al presidente Lasso. Su confianza puede basarse también en la posibilidad de apelar a la muerte cruzada, si el dictamen de la Corte Constitucional es adverso.
El juicio político y la muerte cruzada son mecanismos políticos nuevos o con nuevas modalidades que no han sido probadas porque fueron incluidos en la Constitución de Montecristi. Cuando se trata de aplicar mecanismos nuevos, siempre se encuentran vacíos o imprecisiones que debe resolver la Corte Constitucional.
Ya fue necesaria una interpretación para entender el significado de la expresión “una sola vez” por parte de la Asamblea Nacional. La Corte interpretó que no se puede volver a utilizar el recurso para destituir al sucesor.
En caso de que el presidente decidiera aplicar la muerte cruzada, debe cumplir también las condiciones establecidas en la ley y respetar las causales. Una vez emitido el decreto de disolución de la Asamblea Nacional, ya no habría quién reclame las legitimidad de su aplicación porque los legisladores habrían perdido su condición y sus privilegios.
Los diques de las conveniencias
En política las conveniencias tienen con frecuencia más valor que las disposiciones legales. Dos presidentes fueron destituidos por abandono del cargo, aunque estaban en el palacio presidencial. Otro fue destituido por incapacidad mental. En todos los casos se impusieron los votos por encima de las leyes.
Si el juicio político al presidente Lasso ya cuenta con los votos y pueden pasar por alto la legalidad, si la política está regida por las conveniencias, conviene preguntarse si a los opositores les conviene la caída del presidente, aunque tengan resentimientos y aunque fuese un mal presidente.
Si el correísmo es el principal partido de oposición y se beneficia con la impopularidad del presidente y mucha gente sostiene que el mal gobierno traerá de vuelta a la revolución ciudadana, ¿cómo puede convenirle la destitución del presidente? Si a los recién elegidos prefectos, alcaldes, concejales, les conviene paz y tranquilidad para probar eficacia en sus mandatos, si su futuro político depende de su gestión, si les beneficia probar que son diferentes de la generación de ladrones y prófugos, ¿cómo puede convenirles la destitución del presidente?
Dentro del mismo partido pueden convivir opiniones divergentes sobre la destitución del presidente, aunque se presente una imagen pública de unidad. También puede haber algo de verdad en la idea de que hay un acuerdo secreto entre Lasso y Correa que no se desvanece desde que se hizo pública la conversación telefónica entre ellos y las explicaciones muy livianas que se han dado para explicar el apoyo al paquete de impuestos y la libertad del ex vicepresidente Glas. La supervivencia de Lasso todavía es posible.
Si la asambleísta Veloz es designada para liderar el juicio político y la acusación lleva el contenido del maltratado informe de la Comisión especial, el juicio político terminará en la Corte Constitucional.
A Pachakutik y la Conaie no les conviene ponerse al servicio del correísmo en la Asamblea ni organizarles una conmoción política en las calles. Al líder de la Conaie le conviene un gobierno de derecha porque no conoce otro destino político que la revolución. Hasta ahora son limitadas las amenazas de paralizar al país, están más preocupados de las divisiones internas de las organizaciones indígenas.
