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El fin del trabajo y la producción

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El paro nacional y la violencia utilizados por la Conaie para presionar al gobierno, impiden el trabajo y la producción. El derecho a paralizar es un problema mundial y obliga a pensar lo que puede ocurrir en el futuro.

Fotos: Gianna Benalcázar – CCQ

Después de 14 días de paro y de violencia viene la hora de reflexionar en todo lo ocurrido. Cada ciudadano tiene su opinión, algunos inducidos por las redes, otros por los medios, otros por las aautoridaades y otros tienen opiniones arbitrarias porque “todo el mundo tiene derecho a opinar” y “todas las opiniones son respetables”. Examinar lo que ha pasado y proyectar hacia el futuro nos conduce inevitablemente a pensar el destino del trabajo como manera de vivir.

La CONAIE propone menos trabajo y más gasto

El paro de la Conaie, sin juzgar ahora si sus demandas son justas o no, si son viables o no, se puede describir como la aplicación de todas las estrategias posibles para impedir el trabajo. El cierre de caminos, la agresión a la propiedad privada, la violencia en las calles, el claro propósito de desabastecer a los mercados, son todas medidas para impedir el trabajo; incluso la amenaza de multas o cortes del agua a los campesinos para que salgan a la protesta, es otro mecanismo para impedir el trabajo.

La destrucción de bienes públicos, edificios, carreteras, árboles, parques y bienes perecibles, tiene un costo, pero es menor.   Catorce días sin poder trabajar, producir, vender y comprar; la mitad del mes que hay que pagar arriendo sin haber producido, los hoteles, hostales, restaurantes y artesanías que perdieron clientes. Toda la actividad económica de millones de trabajadores suma un costo  que resulta difícil calcular o tiene cifras arbitrarias. Dejar de trabajar y dejar de vender es también dejar de pagar los impuestos, al menos una parte de ellos, y todo para exigir al gobierno más gasto público.

Es más rentable vivir del Estado que trabajar

Dejar de trabajar es ahora un derecho y también impedir el trabajo es un derecho. En las sociedades avanzadas se exige menos trabajo y más ocio y se plantea el salario universal para lo que no trabajan. En las sociedades pobres es un derecho dejar de trabajar e impedir el trabajo porque el paro y la huelga están consagrados en las Constituciones para demandar bonos y subsidios, altos precios para los productores y bajos precios para los compradores. Todo a costa del Estado que pasa la factura a los que trabajan. Los Estados mismos exigieron dejar de trabajar durante la pandemia (muchos piensan que no era necesario) y repartieron dinero con generosidad porque los Estados tienen la posibilidad de exigir horas extra en las imprentas de billetes. Ahora están pagando con inflación el pago del trabajo no realizado.

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Resulta inevitable proyectar al futuro esta tendencia a condenar el trabajo, fomentar el ocio y alimentar la utopía de la renta universal. La proyección lleva a imaginar que la tendencia se generaliza hasta el punto de que las masas de desempleados exijan todo al Estado y las minorías de trabajadores encuentren más rentable vivir del Estado que trabajar.

Se acabará la vocación de producir

Esta proyección pesimista ha llevado al economista argentino Dardo Gasparré a decir: “Un mundo donde el trabajo no será meramente escaso o inexistente, como se ha predicho reiteradamente, sino donde será despreciado o abolido, (tal vez prohibido) reemplazado por el Salario o Renta Universal, o cualquiera fuere el nombre o el eufemismo con que se designe esa dádiva.

…lo que hoy es trabajo, en breve será gasto público. Semejante conjunción destructiva de factores económicos es necesariamente temporal, a menos que se recurra por un tiempo a la confiscación, como parece, hasta que se agoten tanto los ahorros, o el capital, como se le quiera llamar, y también la vocación de producir, lo que sin ninguna duda ocurrirá, con lo que desaparecerá el otro factor económico clave, o sea con lo que desaparecerá el bienestar global”.

Aunque asusta la idea, no parece tan absurda a la vista de lo que está ocurriendo. El incremento desproporcionado del gasto estatal castiga a los pagadores de impuestos, principalmente a los emprendedores. Por eso un internauta decía con sorna: “Llegó el momento de armar bandas, cofradías, pandillas de emprendedores. Seguir trabajando y produciendo con nuestras propias leyes, y protegernos de la depredación estatal a como dé lugar”.

La dinámica de los subsidios puede llegar hasta la renta universal y la presión al Estado hasta sus límites y del Estado a las empresas hasta convertir todo empleo público en empleo privado porque el Estado fija las condiciones y los salarios. También quedarían eliminados los conceptos de plusvalía y utilidades que fueron aceptados incluso por el marxismo más ortodoxo. El Estado dueño de todo y autoritario, vuelve a ser la utopía de la mayoría resentida, sin advertir que el odio a la riqueza puede conducir a la generalización de la pobreza como única forma de igualdad.

El Estado es una entelequia, el reclamo es a los demás

Los grupos sociales deprimidos y resentidos, son víctimas dóciles de milagreros que venden utopías y reúnen masas de protestantes violentos  que reclaman al Estado, no saben que el Estado es una entelequia y que el reclamo equivale a exigir a los demás ciudadanos que operen el milagro ofrecido. Los líderes de la protesta violenta no creen en el diálogo porque sería supeditar la emocionalidad a la racionalidad. Proponen un absurdo concepto de diálogo según el cual se deben garantizar las demandas antes de sentarse a dialogar; una definición del diálogo como absurdo e inútil.

Todos los absurdos son fruto de la degradación de la política. En Argentina los piqueteros que son grupos de protesta social al servicio de gobiernos de izquierda consumen buena parte del presupuesto, en Colombia los exguerrilleros tienen sueldo y puestos en el Congreso y en todos los países el número de empleados públicos inútiles es creciente porque son, en realidad, desempleados que viven del Estado. La política necesita de partidarios y fanáticos instalados en las dependencias públicas. La política que concibe el dinero público como dinero de nadie, no de todos, no de los que trabajan, dilapida ese dinero en falsos trabajadores, en compra de votos, en corrupción. La política pervertida es la que ha convertido las necesidades en derechos, la que repite los errores incansablemente, la que termina estableciendo gobiernos de tiranos.

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Impedir el trabajo a los demás no es un derecho

Es necesario rescatar el valor del trabajo como la actividad fundamental del ser humano y la única posibilidad para derrotar a la pobreza y mejorar las condiciones de vida. El derecho a la protesta y el paro laboral están consagrados como derechos, pero atentan contra los derechos cuando impiden trabajar a los demás.

El valor del trabajo ha sido establecido en la teología, la filosofía, la sociología, la economía, desde las distintas perspectivas nos han hecho ver que ni el exceso ni la ausencia del trabajo pueden considerarse situaciones dignas del ser humano. Desde una perspectiva más pragmática se describe cómo el trabajo es remunerado con el salario y el salario es lo que permite atender las necesidades de alimentación, vestuario, salud, educación, recreación, etc. del trabajador y su familia; incluso contratar otros trabajadores, que repiten el ciclo y dan origen a una economía en la sociedad.

Basta con estas consideraciones para advertir la responsabilidad que asumen los líderes y los grupos que deciden impedir el trabajo de los demás sin la justificación suficiente. No se nos escapa que los líderes que conducen los procesos violentos, generalmente ni trabajan ni necesitan trabajar. No necesitamos regalos, bonos, subsidios, ni utopías; lo que necesitamos es trabajo y salario para ser independientes y mejorar nuestras condiciones de vida. Los vendedores de humo provocan daños acumulan riqueza para ellos y se hacen humo.

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