El conflicto entre izquierda y derecha en España
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En España, igual que en Ecuador, los bandos políticos pugnan por controlar las instituciones. ¿Qué llegó primero, la judicialización de la política o la politización de la justicia? “Los magistrados van marcados como reses a las instituciones”.
La izquierda y la derecha se acusan de atentar contra la democracia, la izquierda está en el gobierno y la derecha en la oposición. El conflicto entre “comunistas” y “fachas” tiene mucho tiempo en España y el apasionamiento llevó a la guerra civil que dejó un millón de muertos. El Pacto de la Moncloa, un acuerdo político para poner fin a la guerra, le dio a España 40 años de paz y prosperidad y ha servido de ejemplo para otros acuerdos políticos en todo el mundo.
Indulto en España a los golpistas en nombre de la reconciliación
La alternancia en el poder de izquierda (Partido Socialista) y derecha (Partido Popular) le dieron al España un alto grado de gobernabilidad y unidad a pesar de la diversidad idiomática y cultural entre regiones. Ese equilibrio se rompió por el desprestigio de la política provocado por la corrupción y la división de los grandes partidos en nuevos grupos políticos, algunos de ellos independentistas.
Una de las claves de la estabilidad política era el acuerdo entre los principales partidos para la designación de magistrados de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Incapaces de ponerse de acuerdo entre partidos, han dejado a las instituciones con magistrados prorrogados en sus cargos o puestos vacantes que no pueden ser llenados por el cálculo del signo político de la mayoría, por eso dice un columnista español que los magistrados van marcados con el hierro de la ganadería política.
La mayoría que sustenta al gobierno
Los dos grandes partidos ya no pueden hacer mayoría en el Congreso y deben buscar apoyo en los partidos pequeños. España es una Monarquía Parlamentaria, el Rey es el Jefe de Estado, pero el gobierno está en manos del Presidente del Gobierno Español, elegido por mayoría de votos en el Congreso.
El actual Presidente, pedro Sánchez, armó una mayoría con todos los partidos pequeños, los separatistas catalanes, los separatistas vascos y partidos herederos de los sanguinarios grupos terroristas cuyos líderes están en las cárceles españolas y algunos en Francia. Sánchez juraba que no llevaría al gobierno a los comunistas de Podemos y que jamás pactaría con el partido vasco Bildu. Traicionó todas las promesas para llegar al poder y, de inmediato sus socios en el gobierno empezaron a exigir el cumplimiento de las promesas.
Sánchez ha negado y luego cumplido cada una de las condiciones: pactó con Bildu; llevó a la vicepresidencia a los comunistas y populistas que habían asesorados a Chávez, Morales y Correa en Sudamérica; otorgó amnistía a los catalanes acusados de sedición; acercó a su domicilio a todos los terroristas presos donde sus seguidores tienen el control del gobierno autónomo, de las cárceles y de la policía; propuso un proyecto de ley, sin los trámites normales, para eliminar el delito de sedición en favor de los catalanes y el delito de malversación para permitirles volver a la política.
El choque de funciones que amenaza a la democracia
La gota que derramó el vaso fue el intento de cambiar la ley que regula la designación de los magistrados para colocar izquierdistas y tomar el control del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. La reforma legal fue aprobada por el Congreso de los Diputados, pero antes de que llegue al Senado, la oposición planteó un recurso judicial para evitar que el Senado conozca y resuelva una ley que viola los procedimientos constitucionales.
El corrosivo populismo en España
La aprobación de la ley le permitía al gobierno designar jueces de izquierda que le permitirían cumplir todas sus promesas políticas incluyendo la posibilidad de convocar un referéndum en Cataluña para que los ciudadanos decidan sobre la independencia de esta región. La oposición considera que sería una violación constitucional y la ruptura de la unidad de España y por eso apeló a la justicia.
El gobierno y sus seguidores consideran que la Justicia no puede impedir que el Senado conozca y decida sobre la ley porque sería una intromisión inaceptable en otro poder de Estado y añaden que al impedir el debate prejuzgan de la constitucionalidad antes de que se hubiera aprobado la ley.
La oposición sostiene que nadie está por encima de la ley, ni el Congreso ni el gobierno, por ello apela a los jueces que están para limitar los excesos de las otras funciones del Estado. La izquierda consiguió aplazar la decisión en la Cámara de Diputados que aprovechó para aprobar, de urgencia, sin la presencia de la oposición, pero la Corte Constitucional emitió un fallo en contra para impedir que el Senado apruebe la ley, con 6 votos contra 5. El caso curioso es que la ley pretendía cambiar la mayoría del Tribunal, pero la actual mayoría le impidió al gobierno concluir su plan.
Los comunistas presionaron al gobierno para que no acate la decisión del Tribunal y presione al Senado para que no se someta a los jueces. El gobierno anunció que acata la sentencia del Tribunal, pero anunció que tomará “medidas precisas” aunque no esclareció qué clase de medidas pudieran ser. La Comisión Europea respaldó al Constitucional señalando que “las reformas de calado requieren consultas previas”.
La Comisión Europea respalda al Constitucional porque le preocupa mucho que pase en España lo que pasó en Hungría y Polonia, la intromisión del Ejecutivo en las instituciones de la justicia. Las prisas son malas consejeras y el poder efectivo que tiene el Ejecutivo no puede llegar a la justicia que está para hacer cumplir las leyes y controlar a los otros poderes.
