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Campañas electorales: pelea de box sin árbitros

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Legitimación activa dentro de las acciones electorales, las cuales limitan demasiado el actuar ciudadano. Un análisis.

Foto: @master1305 – Freepik

En Ecuador, los candidatos suelen recurrir a trucos sucios y nadie hace nada al respecto. Actos de precampaña, entrega de obras por candidatos a la reelección, repartición de regalos a cambio de votos, todas sancionadas como faltas graves por el Código de la Democracia, y esta es una enumeración corta de las ilegalidades presentes.

Se constata cómo la democracia está pisoteada por un tifón de ilegalidades y ridículamente no hay ni una sola sanción. Y, ¿nos sorprende que el ecuatoriano reniegue del sistema democrático?

Esto es así porque el diseño del sistema favorece las ilegalidades. Por un lado, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), no puede sancionar de oficio, la entidad que debería denunciar, el Consejo Nacional Electoral (CNE), no cumple su trabajo y, para culminar, la ciudadanía no tiene capacidad de denunciar las ilegalidades.

Por un lado, el Tribunal tiene prohibido presentar denuncias sobre posibles irregularidades electorales. Esto, porque el sistema de control y sanción electoral se vería afectado por un juez parcializado, que solicita e impone las sanciones.

Aunque el TCE está lógicamente inhabilitado de presentar denuncias. El CNE es también llamado a ejercer el control popular; sin embargo, el interés de no perder sus apoyos políticos, limitan o reprimen su accionar.

Por otro lado, los candidatos, siendo directamente afectados, prefieren abstenerse de denunciar por temor a ser sancionados por sus propias fechorías.

En el caso de los ciudadanos, parecería que cualquiera puede presentar una denuncia, pero estos pueden hacerlo, únicamente si sus derechos se han visto directamente afectados. Es contradictorio que la Constitución establezca el derecho a la participación ciudadana como un interés público y, que el TCE lo limite.

Un ejemplo horroroso se dio en 2021, cuando Daniel Noboa, hijo de Álvaro Novoa, regaló tablets como parte de su campaña. Ante la denuncia de la Fundación Lucha Anticorrupción, el TCE expresó que las personas en capacidad de votar podían denunciar, exclusivamente cuando sus derechos hayan sido directamente vulnerados. Pese a que los denunciantes no eran electores en el Guayas, ¿no se vulnera directamente la voluntad del pueblo? ¿Si los ciudadanos no pueden denunciar, quién lo hará?

El reglamento del TCE permite que nadie pesque estas ilegalidades, dejando obsoleta la justicia electoral y sentando un claro precedente: «Si no hay sanción para las ilegalidades, la ley está para ser quebrantada».

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