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Las mujeres de la mafia y la planificación familiar

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Ancoceptivos Manabí Narcotráfico

La economía del narcotráfico ha inflado los precios de la atención médica en Manabí. Lea esta alerta.

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Foto: Freepik

El dispositivo intrauterino hormonal (DIU), conocido con el curioso nombre de Mirena, es un método anticonceptivo que dispersa, localmente, Levonorgestrel, una hormona sintética que vuelve el moco cervical impermeable a los espermatozoides.

El costo del implante en Aprofe (Asociación Pro Bienestar de la Familia Ecuatoriana) es de USD 127. Pero en la Clínica del Sol, en la ciudad de Manta su precio es de USD 350, a eso hay que sumar el costo de la consulta ginecológica que puede variar entre  USD 40 o USD 60. 

Otro tipo de DIU (ParaGard), conococido como T de Cobre, libera iones de ese metal en el útero que lo hacen inhóspito para los espermatozoides. Su costo es de USD 35 y la consulta USD 19. 

¿Por qué la diferencia de precios en los mismos métodos anticonceptivos (MAC)? 

Una mujer, de 38 años, Sara (el nombre es ficticio) residente en la ciudad de Manta, lo explica: “¡Quienes han hecho que los costos aumenten, son las esposas e hijas de los narcos! El lavado de dinero tiene a este pueblo jodido”. 

En la página del Ministerio de Salud Pública (MSP) dice: “Disponibilidad asegurada de insumos anticonceptivos. Garantizar la entrega oportuna y gratuita de métodos anticonceptivos y contribución a la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Embarazo en Adolescentes”. La información es falsa, al menos en lo que respecta a entrega oportuna. 

En varios subcentros de salud, las citas en el MSP para planificación familiar se agendan a inicio de cada mes, pero la atención se efectúa al final del mismo. 

La doctora, practicante en la mayoría de los casos, si considera que es necesario un ginecólogo, la remite al hospital, donde queda en lista de espera. En otros subcentros, la indicación es “llamar al 171 con insistencia, debido a la cantidad de personas que intentan comunicarse”. 

Cuando entra la llamada, responde una contestadora que indica inconvenientes en la línea telefónica y sugiere acceder a través de Internet. En la página del MPS, si el usuario no tiene un número de teléfono convencional para registrar, el sistema no le permite seguir. Agendar atención  a través de la aplicación salud.ec es más sencillo, pero la cita con una obstetriz se consigue para el siguiente mes, en barrios lejanos a la residencia,  incluso en otro pueblo.

Sara tiene un diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos, que requiere de asistencia especializada. Si accede a una cita y le formulan exámenes, debe solicitar turno, dependiendo del profesional, podría obtener la orden para que le ayuden directamente en el subcentro o por el contrario llamar, de nuevo, al 171. En este proceso transcurren, por lo general,  dos meses y medio o más.

El Informe sobre salud reproductiva 

Estado de los servicios de salud sexual y salud reproductiva, durante la emergencia por COVID-19, publicado en enero 2021, por el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos (Surkuna), señala: “se registraron otras dificultades como demoras o falta de acceso a consultas ginecológicas para el respectivo control o incluso numerosas mujeres reportaron no haber recibido tratamiento médico para afectaciones relacionadas con el uso de MAC, como sangrados y dolores recurrentes en el caso de implantes o el dispositivo intrauterino de cobre (DIU). Las mismas no fueron consideradas consultas urgentes; lo que llegó a afectar a grupos de atención prioritaria como mujeres víctima de violencia de género”. 

La salud reproductiva es un derecho que resuelve varios problemas encadenados como embarazos no deseados, muertes por abortos inseguros y un agravamiento doloroso de la pobreza en familias que no pueden cuidar de los recien nacidos. 

En varios casos la violencia física y sexual de la pareja inicia en el embarazo, por lo que constituye un factor de riesgo gestacional y morbilidad materna y perinatal, con el agravante de que obstaculiza la separación de la pareja. 

En este contexto, una sociedad artificialmente costosa en todos los servicios privados y con absurdas dificultades a los públicos, facilita la transformación en objeto de consumo de la mujer, voluntariamente o por la fuerza, la vida con un narco parece menos violenta que el riesgo de hambre, enfermedad o violación. 

Pero mujeres con trabajo o una buena situación económica también corren riesgo, cuando una ciudad entera se convierte en un mercado controlado por la corrupción y el crimen.

La protección de los narcos y una vida de lujo para las mujeres, parece mejor que apenas sobrevivir con un salario en el contexto de una sociedad deshumanizada en la que los privilegios, obtenidos por la violencia y corrupción, se normalizan. 

La salud reproductiva constituye una estrategia para sostener el tejido social, pues nos humaniza a todos, particularmente a los hombres abandonan la tribu y la sexualidad más instintiva por la inteligencia y el amor que se amplifica con la protección a los jóvenes, niños y adultos de cualquier género. Sabemos dónde están y quiénes son, es urgente formar equipos de jueces, fiscales y policías, en el contexto de leyes antimafias, para deterner la podredumbre social.

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