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Índice de capacidad para combatir la corrupción en Sudamérica

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El Índice de capacidad para combatir la corrupción (CCC) examina 14 variables clave, como la independencia de la instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y la cantidad de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco.

Los esfuerzos para combatir la corrupción están dentro de aquellas prioridades de los ciudadanos que ven en este fenómeno social agravado por la impunidad. La misma pandemia puso en evidencia varios entramados de corrupción en la adquisición, distribución y asignación de los insumos médicos y hasta vacunas tan necesarias para bajar la mortalidad de la población más vulnerable; mientras que en ese mismo contexto, varios gobiernos decidieron relegar las reformas o acciones contra la corrupción, para enfrentar los problemas económicos de inflación, o el impacto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Con el objetivo de evaluar y clasificar a los países en función de la eficacia con la que combaten la corrupción, Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks publicaron la edición 2022 del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), que evalúa la capacidad de 15 países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción; analizando 14 variables clave, incluidas la independencia de las instituciones judiciales, la fortaleza de periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco, entre otras.

¿Cuánto le cuesta la corrupción al país?

El reporte señala que la lucha contra la corrupción presentó un panorama mixto en toda América Latina durante el último año. Algunos países mostraron resiliencia, mientras que otros, incluidos los dos países más grandes de la región, México y Brasil, vieron nuevos reveses para instituciones clave y el entorno anticorrupción en general. No obstante, varios gobiernos dieron prioridad a la lucha contra la corrupción y al fortalecimiento de las instituciones, incluso en países con elecciones recientes como Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú, lo que podría indicar que ciertas instituciones clave son sólidas.

A pesar de registrar una disminución en su puntaje, el país con la puntuación más alta en el Índice CCC 2022 es Uruguay (7,42 sobre 10), seguido por Chile (6,88), Perú (5,66), Argentina (5,04), y Colombia (4,87) dentro del top 5 sudamericano. Ecuador ocupa la sexta posición con 4,82 puntos, calificación que prácticamente no ha cambiado desde 2021 (mejorando 0.05 puntos únicamente respecto de 2021).

Esta leve mejora, se debe entre otros factores, al crecimiento moderado en la categoría de Democracia e Instituciones políticas, y al escalamiento del puesto 11 al 5 a nivel regional en la variable que evalúa el nivel de cooperación internacional, puesto que Estados Unidos por ejemplo, ha fortalecido su colaboración con el país en investigaciones de corrupción en el último año mientras se da un aumento de la violencia relacionada con el tráfico de drogas. 

Considerando que la presencia de la corrupción no siempre se puede medir de manera precisa, y lo mismo sucede con la noción de cuáles serían actos considerados “corruptos”; siempre será importante tener claro el impacto que ésta produce en la sociedad, sus individuos y sus instituciones. Si por un lado, las acciones emprendidas por el presidente Lasso como la creación de la Secretaría Anticorrupción, el Decreto No. 4 sobre las normas de comportamiento ético gubernamental para evitar el nepotismo y el uso indebido de los recursos públicos, la estrategia nacional anticorrupción para 2022, y la conocida solicitud de extradición de un expresidente condenado a 8 años de prisión; otro de los frentes de acción a trabajar implica la activación de los ciudadanos para que monitoreen la acción de los funcionarios públicos basada es sus resultados, promoviendo la rendición de cuentas y la transparencia.

Guillermo Lasso fortalece su lucha contra la corrupción

Para esto, será indispensable hacer que la información sea accesible a través, por ejemplo, de leyes de acceso a la información y del gobierno abierto. Adicionalmente, deben implementarse canales de reclamo más allá del típico “voto castigador”, como puede ser la creación de espacios para la participación y denuncia a través de plataformas digitales o las mismas redes sociales, que sean promovidas desde el propio Estado.

Tras los últimos acontecimientos del paro indígena, se evidencia que cada situación política, sea coyuntural o creada a propósito en el país, desvía o disminuye la visibilidad de los hechos de corrupción, así como en el rechazo y la percepción que estos hechos despiertan en sus habitantes; quienes tenemos el deber moral de erradicar al menos, esa nefasta normalización de que los actos incorrectos están bien.

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