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Ecuador mejoró el puntaje en el Índice de Integridad Pública

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Ecuador es uno de los países que mejoró el control de la corrupción. Conozca más de esta medición.

De acuerdo a la OCDE, la Integridad Pública es definida como la “alineación consistente y la adhesión a valores, principios y normas éticas compartidas para mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados en el sector público”. 

Es vista como una condición necesaria para responder a la corrupción, mantener la confianza en las instituciones públicas y gestionar de manera eficaz todo tipo de crisis como las generadas por la pandemia. 

En la actualidad, varios índices muestran que la corrupción sigue siendo un problema clave en las sociedades modernas; sin embargo, los índices comunes sobre corrupción nos informan, principalmente, acerca de cómo los ciudadanos y/o los expertos perciben el estado de corrupción en su sociedad, pero no nos dicen nada sobre las causas de ésta, ni sobre cómo se podría mejorar la situación. 

Es por esto que, desde el Centro Europeo de Investigación para la Lucha contra la Corrupción y la Construcción del Estado (ERCAS por sus siglas en inglés), adoptan un enfoque diferente, creando el Índice de Integridad Pública (IPI), que evalúa la capacidad de una sociedad para controlar la corrupción y garantizar que los recursos públicos se gasten sin prácticas corruptas.

En su edición 2021, el IPI analiza de 114 países, seis componentes, a saber: Independencia judicial, Transparencia administrativa, Servicios en línea, Transparencia presupuestaria, Ciudadanía electrónica, y, Libertad de prensa. 

La puntuación (entre 1 y 10) de cada componente se normaliza para generar un promedio ponderado equivalente al IPI, donde los valores más altos representan un mejor desempeño tanto en el índice como en sus componentes. 

El reporte indica que el 2021 estuvo lejos de ser el año histórico esperado por muchos para la anticorrupción, a pesar de que la introducción de la “transparencia” en la metodología ha subido un poco el listón. A pesar de que el impacto de la pandemia en la calidad de la gobernabilidad en los países ha sido perjudicial, y ha generado una tendencia de estancamiento o retroceso en algunos casos, en el caso de Sudamérica existen países como Ecuador, que han mejorado su puntaje en este índice, pasando de 5.95 en 2019 a 6.59, 10 puntos en 2021. 

Paraguay lidera el ranking con 7.88 puntos, seguido de Chile con 7.49, y Brasil que ocupa el tercer lugar pasando de 6.26 en 2019 a 7.23/10 puntos en 2021 (el mayor crecimiento en la región). 

Ecuador, a pesar de haber mejorado su puntuación, se mantiene en el séptimo lugar en Sudamérica, tras de Perú y Colombia que ocupan el quinto y sexto puesto respectivamente; a nivel mundial, el país ha escalado para bien, del puesto 78 en 2019 al puesto 49 en 2021. Pero, a pesar de esto, el pilar peor evaluado del Ecuador es el de Independencia judicial (3/10 puntos), colocando al país respecto de este pilar en el puesto 104 de 114 del Índice, debido a las injerencias del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, a pesar de que la Constitución ecuatoriana establece taxativamente la independencia de todos los órganos de control y la separación de poderes. 

El reporte resalta también que el gran problema sigue siendo la desigualdad. El aumento del número de ciudadanos digitales (componente ciudadanía electrónica) nos da esperanzas, sin embargo, la brecha permanece mostrando que más del 90% de las personas tienen conexión a Internet en el mundo desarrollado, frente a menos del 50% en el mundo en desarrollo. Solamente el 28% disfruta de conexiones a Internet en África y el 48% en Asia-Pacífico, frente al 82% en Europa y el 77% en las Américas. Si la transición hacia la buena gobernanza está impulsada por la demanda, para ver qué países podrían cambiar, habrá que verificar en dónde es mayor la discrepancia entre el estado de la gobernanza y el número de ciudadanos digitales. 

Puesto que la corrupción obstaculiza la productividad del sector público y privado, perpetúa la desigualdad y la pobreza, afectando la distribución de los ingresos y socavando las oportunidades de los ciudadanos de participar por igual en la vida social, económica y política; la integridad se vuelve esencial para construir instituciones sólidas que aseguren a los ciudadanos que el gobierno está trabajando en su interés, y no solo para unos pocos. 

La integridad no tiene que ser vista solo como una cuestión moral, también se trata de hacer que las economías sean más productivas, los sectores públicos más eficientes, las sociedades y las economías más inclusivas. Se trata de restablecer en forma integral la confianza, no solo de “confiar en el gobierno y sus servidores”, sino confiar tanto en las instituciones públicas y los reguladores, así como en el sector financiero y las empresas.

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