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Asamblea cita a 17 funcionarios

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17 funcionarios, entre Ministros, Secretarios, Fiscal y Policías fueron citados a la Asamblea Nacional por el Femicidio de María Belén Bernal.

Foto: Christian Medina – Flickr Asamblea Nacional

Fueron citados a comparecer, en la Asamblea, el Ministro del Interior, el Secretario de Seguridad, la Fiscal General, el Comandante General de Policía, entre otros. Estas convocatorias tienen el apoyo de varias bancadas, incluso el propio oficialismo.

La Asamblea también quiere respuestas sobre el femicidio de María Belén Bernal, acontecido en la Escuela Superior de Policía —en Quito— y que habría sido perpetrado por su esposo, el teniente Germán Cáceres, instructor de cadetes y hoy prófugo de la justicia. A pesar de que varias bancadas habían solicitado al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (independiente), que hiciera comparecer ante el Pleno a las autoridades relacionadas con seguridad, sin encontrar una respuesta por parte de Saquicela, fue la Comisión de Justicia la que dio pasos concretos. Para este martes, a partir de las 15:30, están llamados a comparecer 17 autoridades:

Diana Salazar, fiscal general; Patricio Carrillo, ministro del Interior; Fausto Salinas, comandante de Policía; Freddy Sarzosa, director de la Dinased; Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos; César Córdova, defensor del pueblo; Diego Ordóñez, Secretario de Seguridad; Francisco Jiménez, ministro de Gobierno; Juan Zapata, director del ECU-911; Francisco Zumárraga, exdirector de la Escuela Superior de Policía; Irany Ramírez, actual directora de esa institución; entre otros. 

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El asambleísta Alejandro Jaramillo (ID), presidente de la Comisión, aseguró que en este caso todo se ha hecho mal y que estas falencias no se reducen a la investigación para dar con el cuerpo de Bernal, sino que destapó una serie de irregularidades que van desde desde las fiestas o reuniones sociales en la Escuela Superior de la Policía, hasta no aplicar una adecuada estrategia para buscar a Bernal y su pareja. “¿Por qué la Fiscalía no formuló cargos cuando debía? ¿Quiénes estuvieron en dicha reunión social? ¿Quién omitió el parte sobre los hechos?”, son las preguntas que se hace el legislador y que espera respondan las autoridades convocadas. 

Agregó que esa mesa parlamentaria impulsa un proceso de seguimiento y evaluación de la Ley Orgánica para prevenir la violencia contra las mujeres, ya que se ha evidenciado en distintas provincias que no hay presupuesto para ejecutar medidas contempladas en esa normativa y otras acciones, como la capacitación y especialización de los funcionarios judiciales. “Estos casos son muy delicados y deben tratarse con sensibilidad y mucha solidaridad”, dijo. 

El pedido de los bloques

La bancada oficialista se sumó al pedido para que se convoque ante el Pleno a Carrillo, Salazar, Flores y Salinas para que expliquen al país las acciones tomadas por las diferentes Carteras de Estado y las acciones encaminadas a encontrar los responsables del femicidio y se haga justicia. El jefe de la bancada, Juan Fernando Flores, aseguró que el país necesita justicia y transparencia para luchar contra la impunidad. 

La primera en solicitar la comparecencia de las autoridades de seguridad ante el Pleno fue la asambleísta del ala rebelde de Pachakutik Mireya Pazmiño, quien inclusive pidió que se suspendiera el receso legislativo, que concluye el lunes, para atender este caso. La legisladora considera que este femicidio revela que en las instituciones encargadas de dar seguridad a la ciudadanía existe una cultura de violencia sumamente enraizada que debe ser tratada y erradicada con la intervención urgente del Estado. “Por las circunstancias en que se produjo la muerte de María Belén Bernal podríamos estar frente a un crimen de Estado, pues su desaparición y muerte se dieron en un recinto policial, presuntamente en manos de uno o varios servidores (policiales) que se encontraban en funciones”, dijo la asambleísta.

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Sin embargo, todavía no existía una respuesta por parte Saquicela. Mientras que la bancada correísta exige la renuncia del Ministerio del Interior. Sobre el ministro Carrillo ya existe una solicitud de juicio político por los hechos del paro de junio de este año, que ya fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa y que deberá ser tramitada por la Comisión de Fiscalización, que sin embargo tiene que tratar primero la solicitud de interpelación a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana.   

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