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Infrascopio 2021 de las asociaciones público privadas

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Durante los últimos años en Latinoamérica, las asociaciones público privadas han logrado dar pasos significativos en aras de generar entornos propicios para los países.

Foto: Freepik

Cuando parte de los servicios, obras, o bienes que están a cargo y son responsabilidad del sector público son suministrados por el sector privado bajo un acuerdo mutuo que define objetivos compartidos para brindar ese servicio o abastecer de la infraestructura en una obra; se puede decir que -en términos sencillos- eso es una Asociación Público Privada (APP). Durante los últimos años en Latinoamérica, este modelo ha logrado dar pasos significativos en aras de generar entornos país propicios para desarrollar en forma eficiente y sostenible a las APP. 

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Si bien es cierto, las bases tanto regulatorias como institucionales para el desarrollo de las APP ya están establecidas en la región, el escenario actual señala que la atención debe centrarse en mejorar factores como la preparación de proyectos, el financiamiento y la gestión de riesgos de este tipo de asociaciones.

Es por esto que, en un mundo globalizado y “dataficado”, es fundamental medir para evaluar la capacidad de los países en implementar las APP en sectores clave de infraestructura física e inclusive social. Para lograrlo, la Unidad de Inteligencia de The Economist, diseñó y construyó el Índice Infrascopio de las APP, como un indicador de evaluación comparativa entre países, patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EB).

En la séptima edición del Infrascopio 2021/2022, que abarca ahora 26 países, se evalúa la preparación y la capacidad, dividiendo el entorno propicio de las APP en cinco componentes: a) Reglamentos e instituciones, b) Preparación y sostenibilidad de Proyectos, c) Financiamiento, d) Gestión de Riesgos y Seguimiento de Contratos, y e) Evaluación del desempeño e Impacto (Ex-post).

Los resultados para los países de Sudamérica, dan cuenta del liderazgo de Brasil y Chile en esta materia, registrando 76,3 y 75,3 puntos sobre 100, seguidos por Uruguay (66,8) y Colombia (66,4) en un empate técnico. Ecuador se ubica en la séptima posición de este ranking logrando una puntuación de 48,7 puntos en el continente y 15vo. en el ranking global, manteniéndose en la categoría de las APP desarrolladas, pero no maduras. 

En el país, las APP comenzaron formalmente en febrero de 2015, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 582, en el cual se dictó el Reglamento de Colaboración Público-Privada y establece que la coordinación de las APP se realizará a través de un comité multiministerial y una unidad de supervisión y apoyo técnico. Ambos esquemas organizativos son los responsables de la promoción, el apoyo técnico y la supervisión de las APP, mientras que las agencias contratantes individuales son responsables de las actividades de contratación e implementación de APP. 

Para noviembre de 2020, el gobierno emitió el Decreto Ejecutivo Nro. 1190, que brinda nuevas regulaciones a la ley de APP, con el objetivo de brindar más seguridad para el capital privado y especialmente para las APP; luego, en junio de 2021 Ecuador firmó la Convención sobre la Liquidación de Disputas de Inversión entre Estados y Nacionales de Otros Estados (el Convenio del CIADI), reafirmando el enfoque renovado para desarrollar un entorno comercial competitivo y brindar confianza a los inversionistas del sector privado.

Si bien ambos Decretos, significaron importantes avances para el marco regulatorio de las APP, el país aún enfrenta desafíos cruciales, la mayoría relacionados a políticas institucionales. Por ejemplo, mejorar la transparencia de la información con la creación de un registro nacional de APP, y que el marco regulatorio considere criterios relacionados con la equidad de género, el cambio climático, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, deberían ser parte de sus estándares de priorización y selección de proyectos.

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Así mismo, a pesar de manejar un cuidadoso enfoque en la asignación de riesgos, Ecuador no cuenta con ninguna normativa vigente para el análisis de riesgos ambientales o aquellos relacionados con desastres. Junto a la agenda comercial de más Ecuador en el mundo y viceversa, para crecer, el país debe generar empleo sostenible a través de la inversión, con una economía fiscalmente responsable, y sobre todo, seguridad jurídica sostenible en el tiempo. 

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