Nuevas realidades

Se aproxima la campaña electoral y el país urge propuestas que le rediman y le conduzcan por el  desarrollo y bienestar de su población, sin demagogia. 

Interiormente anémico, con epidermis aparentemente tersa, fue el Estado heredado en mayo del 2017 tras una década de farras, sonsonetes, obra pública improvisada y antitécnica, abultada burocracia para cometer y encubrir corrupción, entorpecer trámites simples, parrandeada caja fiscal, desidia del sucesor, patología que agudizó el COVID-19, que tienen al Ecuador sumido en dolor, angustia, desesperación, proyectando nuevas realidades.

Sería el escenario ecuatoriano en el cual, luego de más de 60 días, se convocarán a elecciones presidenciales y legislativas, para las que se visibilizan rostros que han liderado bloqueos de vías, desastres citadinos, entrenados opinólogos repentinamente adversarios del gobierno, como trajinados y novedosos rostros que pulsan por alcanzar dignidades de elección popular.

Si las redes sociales tienen alguna credibilidad, no serán ocho o diez los binomios, sino muchos más, incluyendo generadores de noticias que estaban ocultas y que han mostrado el estado de descomposición de la administración pública que ha negociado “con empresas de papel, creadas exclusivamente para hacer negocios con el Estado de venta de medicamentos”, como denunció  el 15 de marzo último, en diario Expreso, Miguel Palacios Medina, Director Ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos.

Palacios no será candidato, pero entonces describió que los negociados se realizaban a través “de combos o parrilladas” que incluyen “40 productos para los próximos 6 meses” y como la industria nacional no puede ofrecer el paquete, “resulta que solo una empresa puede ofertar los 40 items y a precios escandalosos. Y ¡Oh sorpresa!, esa empresa gana los concursos. Así es como se está manejando toda la compra pública. El Presidente lo sabe, el vicepresidente lo sabe, la directora del Sercop lo sabe y no hacen nada para cambiarlo rápido (…). Se sabe que en las unidades de salud se están robando el dinero de los ecuatorianos”.

Y pese a la denuncia en marzo, pasaron semanas y meses y nada se hizo. El periodismo investigativo y algunas autoridades siguieron  la pista y hay decenas de imputados, entre ellos actores y políticos que adicionan al Ecuador en el ascenso de la institucionalizada corrupción.

¿Baratillos milagrosos?

A los clamorosos déficits fiscales, voluminosa deuda externa, depresión económica, creciente desempleo e informalidad, corrupción institucionalizada, agazapados los de la “década trucada”, deterioro de los sistemas educativo, salud, vivienda, las candidaturas que se aprestan entrar en la lid electoral diseñan propuestas, y no pocos ¿baratillos milagrosos? para “remediar al pueblo del desastre económico, político y social” sabiendo del deterioro del arca fiscal.

Pero los que corran por el inquilinato del Palacio de Gobierno no podrán ser endebles, ni ostentosos, sino reales, vigorosos, férreos, comprometidos con el equilibrio y deseo firme del bienestar nacional que exige sustantivamente entrega y disciplina, comenzando por casa, disciplinando a la administración pública, porque es imposible que de 4.753 entidades del sector solo 276 hayan presentado informes completos de sus gestiones realizadas en el 2019, aunque el plazo para hacerlo vence el 30 de octubre próximo. Existen empresas gravitantes que hasta ahora no saben del estado de cuentas de los multimillonarios negocios que administran.

Los postulantes no deben ignorar la valoración de la proyección de crecimiento económico negativo del Ecuador para el 2020. El país tendría una caída del Producto Interno Bruto, PIB,  del 10,9%, solo superada por la peruana que reducirá al 13,9%. La nueva cifra es desalentadora frente a pronósticos precedentes, como del Banco Mundial que había estimado en -7,4%. El FMI advierte también la caída de los gigantes sudamericanos como Brasil con 9,1% y Argentina 9,9%.

Deuda y más deuda 

Durante la campaña y en el nuevo ejercicio gubernamental, el COVID-19 estará en boca de todos y no pocos lo harán presunto responsable del voluminoso déficit fiscal que oscilaría entre los USD 14 000  y USD 15 000 millones, que podrían mermar a USD 8 000 millones al finalizar el año si llega voluminoso financiamiento externo, pero el monto de USD 58 418, cifrado a mayo, se abultaría y para el 2021 crecería más si no se racionaliza el gasto público y no se sincera la acción económica del gobierno, con procesos que involucran reducción de gasto corriente y de capital, transferencias, medidas legislativas para permitir ingreso de capital fresco y estímulo adecuado a inversiones nacionales que redundarán en el restablecimiento de fuentes de trabajo.

Desarrollo y empleo

Valorando el estado de la escuálida caja fiscal y la dramática merma de ingresos, el nuevo inquilino de Carondelet no dejará de preguntarse sobre la factibilidad de inversión privada para la modernización de carreteras como El Guabo-Naranjal, Santo Domingo-Quevedo, Santo Domingo-Chone, Portoviejo-Guayaquil, Quinindé-Esmeraldas. Riobamba-La Troncal, rectificar la Quito-Lago Agrio, arterias de enorme movilidad humana y de producción para mercados internos y externos. ¿Urge la inversión privada?, ¿son fuentes de empleo a gran escala?, ¿dinamizan la economía?

Otro elemento para redimir el país del estado de crisis debería incluir la merma de la enorme gama de impuestos que desalientan la microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa nacional y extranjera. El empleo y las rentas para el fisco tendrían gran alivio, como alivio sería el rediseño de la orientación de los bonos de desarrollo humano, organizando micro y pequeñas empresas con crédito blando para la formación de capital, convirtiéndolas en eslabones de los engranajes de procesos productivos.

Sin capital no hay producción, no hay riqueza, no hay empleo ni bienestar. Las reglas laborales deben conjugar con el bienestar humano y el ambiente, a cuyo propósito se debe hacer efectiva la modernización de la maltrecha Refinería de Esmeraldas y de la de Santa Elena para contar con menos efectos contaminantes y mejor calidad de combustibles y acaso la construcción de una adicional  con lo cual el país dejaría de ser importador de derivados del petróleo.

El nuevo gobernante debe estar lejos de pensar que el Gobierno soluciona todo, porque la caja fiscal, hoy por hoy, la llenan los ciudadanos con sus impuestos, porque pasarán años para que vuelva el protagonismo de la renta petrolera y la minera. El sector agropecuario requiere reforzamiento para producir con mejor tecnología y sello verde para ser competitivo en los mercados nacional e internacional y el sistema educativo debe retomar la formación ética y cívica para inducir valores anticorrupción y de bienestar individual y colectivo.

Un medio para atenuar la acción de la corrupción pública llevaría al nuevo administrador del Estado a tamizar ciertos mandos medios, heredados de los 14 años “revolucionarios”,  reducir la estructura Administrativa del Estado dejando lo imprescindible y necesario y volverlo eficiente con auténticos profesionales e impulsar una consulta popular que sanee la justicia, la fiscalía y los órganos de control, el sistema electoral, el sistema educativo y establecer la irreversible independencia del IESS frente al gobierno.