El informe sobre corrupción de la CIDH revela los problemas de la región
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El informe sobre Corrupción y Derechos Humanos publicado al término del año revela una crisis de transparencia en la región. Hay dos llamados de atención para Ecuador.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe sobre Corrupción y Derechos Humanos dentro de los estándares interamericanos. Con este informe se busca consolidar una estrategia a nivel regional para combatir y erradicar el fenómeno de la corrupción.
El informe demuestra el impacto multidimensional de la corrupción, tanto en la democracia, como en el Estado de derecho, esto desde una perspectiva de los derechos humanos, en donde la corrupción debilita la gobernabilidad, fomenta la impunidad y exacerba la desigualdad.
Esta investigación plantea diferentes niveles de corrupción, desde la complicidad entre agentes del Estado con el crimen organizado, el narcotráfico como una amenaza al tejido social, político y económico de un país y recoge además otras áreas en las que afecta la corrupción, entre las que están la libertad de expresión y los grupos vulnerables que históricamente han vivido discriminación.
Sobre la libertad de expresión en particular, y a través de un mecanismo de monitoreo, la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han manifestado que existen algunas figuras penales que restringen el debate público y por tanto, ha llamado la atención sobre este fenómeno en Venezuela, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Brasil, Perú y Guatemala. En el caso ecuatoriano además, la Relatoría Especial ha llamado la atención sobre la aplicación del delito de injuria judicial en contra de un periodista que había denunciado la posible comisión de delitos de lesa humanidad por parte del entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa.
Según la CIDH, mitigar la corrupción requiere un cambio paradigmático y estructural en las formas que tradicionalmente operan los gobiernos y la relación con sus ciudadanos. Un ejemplo de esto son los denominados ‘gobiernos abiertos’ que, basado en valores y principios de transparencia, democracia participativa y rendición de cuentas, busca mayor participación ciudadana. El objetivo de este informe es delinear políticas públicas en el mismo sentido, de manera que se modernice la gestión de lo público. Una de las recomendaciones del organismo es que la contratación pública debe ser especialmente regulada y fiscalizada “estableciendo sistemas transparentes, competitivos, con control independiente, rendición de cuentas y sanciones efectivas y proporcionales en caso de incumplimientos”. Y resalta la labor de Chile, Uruguay y también de Ecuador en esa materia, por su portal de compras públicas.
El informe destaca que, con el propósito de prevenir conductas irregulares en la función pública, algunos países han avanzado en el fortalecimiento y promoción de marcos normativos en donde destacan Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y otros; sin embargo el Ecuador no figura en la lista.
Finalmente, “la CIDH advierte que la falta de sanción efectiva genera un ambiente de impunidad que fomenta corrupción” por tanto es importante que los Estados ofrezcan una respuesta adecuada y a la medida de los actos de corrupción.
