Corrupción: crimen de lesa Patria

Es imperativo crear una legislación penal, invocando la Declaración Universal de Derechos Humanos, para tipificar la corrupción pública como crimen de lesa Patria.

No toda la tenebrosa acción del COVID-19 tiene saldo rojo en el Ecuador. Cierta es la ola de temor, desesperación, angustia, pánico por la amenaza y el dolor por inesperadas pérdidas, pero también ha desnudado las pandémicas indisciplina, desorganización institucional y social, la añeja  corrupción en el servicio público.

El acecho del COVID-19 no cesará y será otro de los tantos virus endémicos que campean en el planeta, pero ya no con la letalidad reciente, porque la ciencia progresa en la elaboración de antídotos, hasta tanto, el Ecuador ha estandarizado un tratamiento para remediar sus efectos, como evidencia la recuperación y altas hospitalarias de más de 10 000 infectados.

Desorganización e indisciplina

Quizá el panorama hubiese sido menos dramático si el virus hubiese encontrado una población y gobierno organizados y disciplinados, pero no son culturas ecuatorianas, porque 80 días después de aislamiento es evidente el desate ciudadano conforme intereses individuales, reñidos con el interés colectivo, mientras representantes de municipios y prefecturas hacen agua a la ética con sobreprecios y otras colisiones en contratación directa de insumos para enfrentar la emergencia sanitaria. Por decir lo menos, ridículo es contratar 100 000 pruebas COVID-19 con presunto sobreprecios, pero también sin equipos de medición.

Así, fácilmente se autodesnuda la hipocresía política (populismo) en Quito y otros lugares del país, ajetreando a la profesional ‘Fuerza de Tarea Interdisciplinaria’ promovida por la Fiscalía, que está acorralando a los presuntos benefactores de amañados contratos de insumos sanitarios, implicados que, por los retratos publicados en redes sociales, están relacionados con los días ‘gloriosos’ de la ‘revolución ciudadana’, de Alianza PAIS, de la ‘delincuencia organizada’, y se espera  que ‘topos correístas’ judiciales no entorpezcan el trabajo del equipo interdisciplinario

La organización de la fuerza de tarea (doctrina castrense que se organiza especialistas para cumplir objetivos específicos y se disuelve finalizada su misión) por la Fiscal General, evidencia su pública desconfianza en la estructura institucional, judicial, legislativa y ejecutiva, llenas de ‘topos’ de la multimillonaria ‘delincuencia organizada’ para frenar su trabajo y maniobrar juicios políticos orientados a socavar las valoradas acciones contra la pandemia de la corrupción.

La pandemia de la corrupción que asola al Ecuador es endémica, como lo será el COVID-19, pero a diferencia de este, se han experimentado diversos antídotos para al menos mitigarla, sin resultados efectivos, como lastimosamente tendrían las acciones de la profesional fuerza de tarea cuando lleguen a los ‘topos’ de las instancias judiciales.

Por ello, es imperativo ciudadano sanear las instituciones públicas del Estado y la ortodoxa oportunidad la tiene en las programadas elecciones de febrero próximo para las que debe exigir y valorar candidatos profesionales, éticos, con marcado interés y decisión de adoptar y accionar políticas de Estado en producción, educación, salud, arte, bienestar sin exclusiones, alejándose de liderazgos que no ven más allá de sus parcelas y pretenden extenderlas con filantropía del erario público.

Subsidios y miseria 

El negocio de los supuestos filántropos políticos, de los hipócritas políticos, es sostener subsidios y miseria económica y social, para disgregar sus discursos mesiánicos, protestando contra la generación de riqueza individual y social, el emprendimiento, el trabajo productivo. Son sujetos que al llegar al poder político hacen del Estado y de sus instituciones administrativas agencias de empleo con latisueldos, como la actual planilla anual que demanda USD 11 000 millones, financiables solo con más deuda.

Por ejemplo, para hacer real el nombre de bono de desarrollo humano alguna vez habrían sido decisivas reuniones de los Ministerios de Inclusión Económica y Social, de la Producción, de Agricultura, de la Defensoría del Pueblo, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, del Instituto Nacional de Economía Social y Solidaria, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para articular iniciativas asociativas y productivas de los cientos de miles de beneficiarios. Pero no, esos proyectos terminarían con millones de clientes políticos de los hipócritas populistas, porque generarían  trabajo y bienestar.

La hipocresía política, el populismo, tienen plácemes con la asimetría económica y social, por un lado disfrutan su asistencialismo gubernamental; por otra, saborean los frutos de la consecuente corrupción en el sector público. “La causa fundamental de la corrupción (es) la pasión por la vida lujosa dentro del grupo gobernante (…). Era para alcanzar el costo del lujo que el grupo gobernante acudía a arreglos corruptos”, sentenció Abdul Rahman, en el siglo XIV.

La certeza de Rahman es tangible en los nuevos ricos de la ‘revolución ciudadana’: hoteles, edificios, fastuosos viajes, financiamiento de asonadas sociales, conforme innúmeras publicaciones de las redes sociales, voracidad que no se detiene en la emergencia sanitaria, donde los noticieros estelarizan noticias de sobreprecios, sobornos, coimas, como reajustes laborales, despedidos intempestivos, iliquidez empresarial, secuelas del desperdicio de la bonanza económica, del despilfarro generador de expectativas irreales, de la errática conducción gubernamental.

Tal libertinaje se amparó en el control del poder político, que se denuncia es parte de un proyecto regional desestabilizador de la democracia formal, por ello sus gobernantes amasaron y amasan multimillonarios recursos con los que habrían hecho un fondo común para torpedear sistemas como el chileno, peruano, colombiano y aún el estadounidense, usufructuando y tergiversando ideologías, pero al querer aprovecharse de otra emergencia, tropieza, una vez más, con el periodismo investigativo, con la Comisión Nacional Anticorrupción y con la Fiscal General y su grupo de tarea interdisciplinario, aunque procura restablecerse en la estructura judicial montada con la decisión de “meter las manos en la justicia”.

Crimen de lesa Patria

La emergencia sanitaria está mostrando que en el país opera la “delincuencia organizada”, probablemente monitoreada desde Bélgica, de México, de Venezuela, que ha desatado conmoción nacional por pretender lucrar en la crisis de salud humana, por ello resaltan ánimos de reestructurar la legislación penal vigente, para sancionar la corrupción en el sector público como delito de lesa Patria, amparado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque la afectación es al conjunto del Estado.

Es que, el delito es grave, porque confiados por el voto electoral para propiciar desarrollo, progreso y bienestar de la población, desvalijan el Presupuesto Nacional atentando contra el derecho a la vida y a la seguridad ciudadana; el derecho a la salud, a la educación de las personas; al bienestar poblacional, como prescriben los Arts. 3, 25 y 29 de dicha Declaración.

Los conscientes malversadores de los fondos públicos no pueden ser procesados por la legislación penal común, porque a más de cometer delitos políticos, se sustraen, manipulando legislación, recursos pertenecientes a toda la población activa, que sistemática y puntualmente alimentan el Presupuesto del Estado.

Con motivaciones fiscales y contraloras profesionales que imputen a los malhechores de los bienes públicos, el procedimiento debería ser sumario y sentenciar y confinar a los responsables a reclusorios especiales, no sostenidos por el Estado, sino por su propio trabajo, mientras las colectividades políticas auspiciantes ser penadas por elusión capacitadora de ética política a su militancia.

La corrupción, en el sector público, debe ser tipificada como crimen de lesa Patria en el país e internacionalmente, proscribiendo a los penados de toda participación política futura y limitando sus derechos civiles por haber atentado contra la integridad y seguridad del Estado. Es posible que este sea el antivirus letal contra la corrupción, porque otras formas la mantendrán endémica. El diálogo está abierto.