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Algo pasa en el CNE

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A tres semanas de las elecciones, se acumulan nubarrones sobre la organización electoral y el futuro de la Patria, si hay actores políticos serios deben actuar con energía. 

Foto: Flickr Consejo Nacional Electoral

A casi tres semanas de las elecciones presidenciales y legislativas en el Ecuador, todos los pronósticos son reservados, por el ambiente de incertidumbre que genera el Consejo Nacional Electoral (CNE), por su manifiesta ineficacia para aplicar las normas electorales, conexas y sus propias resoluciones, que podría generar acontecimientos y resultados impredecibles. 

Ello muestra el grado de fragilidad de la democracia ecuatoriana, de sus instituciones, consecuencia del desbarajusto al que fue sometido el país entre el 2007 y 2017, desde entonces visibilizado porque se han ido revelando las escorias cometidas, aunque lentamente. 

La integración del CNE realizado por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, alentó esperanzas de que el Ecuador retomaría senderos de legalidad y legitimidad en procesos electorales, pero bien pronto se anularon por la afloración de intereses particulares en la determinación de su organización interna. 

Desde entonces han sido seguidillas de apolillamiento jurídico en los trámites institucionales, deterioro que ha sido manifiesto desde antes de la convocatoria oficial al proceso electoral en marcha. Algunos creen, irónicamente, que al interior del organismo se producen ataques de Alzheimer, por no aplicar, taxativamente, el Reglamento de Democracia Interna, para la calificación y registro de candidatos, no acatar resoluciones de la Contraloría General del Estado sobre la ilegalidad de tres colectivos políticos, y en estos días, refugiarse en consultas jurídicas, cuando público y notorio es que un sujeto sentenciado a prisión, pérdida de derechos de participación y otras secuelas penales, orondamente ambula por estaciones radiotelevisadas y papeles con su rostro pegados paredes y postes promoviendo candidaturas, cuando está impedido de hacerlo por determinación del Art. 68 del Código Integral Penal, COIP,  concordante con los Arts. 233 y 61 de la Constitución. 

Si la sentencia determinó la pérdida de los derechos de participación del reo, quien previamente gobernó el Ecuador entre el 2007 y 2017, quiere decir que, entre otras limitaciones, quedó impedido de elegir y ser elegido para dignidades de elección popular, que no puede participar en asuntos de interés público, ni fiscalizar actos del poder público. 

Por ende, legalmente el sujeto está inhabilitado para inmiscuirse, en cualquier forma, en el proceso electoral, por estar vedado de participar “en asuntos de interés público”, como son las elecciones generales en proceso. El pretencioso actor político tiene esas limitaciones desde cuando en abril del 2020 fue sentenciado por cohecho en el caso sobornos que incluyó a algunos miembros de su gabinete gubernamental, confirmada en apelación y casación, por lo que se le exige cumplir la normatividad impulsada y promovida por él, así le cause rabietas como en su momento lo fue su propio Reglamento de Democracia Interna. 

Actuaciones controversiales  

Como el CNE, el binomio que auspicia el personaje de marras no tiene reparos en simular y olvidar los términos de la sentencia penal como las normas penales y constitucionales relacionadas, pese a que “Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución”, como determina el Art. 426 de la Constitución, por lo que la desobediencia e inobservancia de la sentencia podrían generar recursos legales futuros. 

Es que la liberalidad de esas actuaciones, darían lugar a pensar que algo raro, por decir lo menos, pasa en dichas organizaciones y personajes, porque sin escrúpulo ni vigilancia alguna se escucha y se ve al sentenciado por radios, audiovisuales digitales y en paredes y postes, promocionando al binomio y al número del colectivo político promovido y auspiciado por él, desde antes del inicio oficial de la campaña electoral, desde antes del 31 de diciembre del 2020. 

Extraño que hasta el cierre de estas líneas el Departamento Jurídico del CNE no haya dado respuesta a la consulta de sus superiores sobre la actuación del penado, para lo que es suficiente la lectura de la sentencia, del Art. 68 del COIP y los Arts. 233 y 61 de la Constitución. 

La Delegación Electoral de Pichincha, dentro de su competencia, puso freno a la arbitrariedad del penado y de su improvisado colectivo político, Correa, pero no ha exigido a los representantes legales correspondientes retirar las imágenes del judicializado, impregnadas, por decir lo menos, en paredes y postes de la extensa ciudad de Quito. 

Si el CNE no actúa inmediatamente, conforme lo dictamina la ley y la Constitución, daría lugar a pensar que actúa con algún favoritismo político en el proceso electoral, dejando en dudas su imparcialidad y honestidad. 

Irresponsabilidad  

Lo expresado no es la última novedad que gira alrededor del CNE; sus dignatarios también parecerían estar dedicados a la actividad comercial, buscando quien compre 6.2 millones de papeletas electorales presidenciales impresas con fallas en el Instituto Geográfico Militar a un costo de USD 561 960. Este es un tema que generaría glosas y eventuales responsabilidades legales por no haber reparado en su responsabilidad de revisar la matriz de la papeleta. No es con la destitución de subalternos que se soluciona el problema, porque los recursos utilizados pertenecen al pueblo ecuatoriano. 

Inconsistencias 

Y cuando el fin de semana el país se preparaba para aproximarse a lo que podría haber sido un debate radiotelevisado de los 16 candidatos presidenciales, organizado por el CNE, después de que un Comité Nacional de Debates acordó formatos,  elaborado preguntas de interés nacional que habrían de hacer los consensuados y destacados periodistas Ruth del Salto y Lolo Echeverría, el proyecto casi hizo agua, porque pocas horas después de este anuncio oficial, extrañamente se realizaron ajustes a la base de la programación política. 

Foto: Gianna Benalcázar – CCQ

En acto público, el consejero Luis Verdesoto expresó que se entregaban las 64 preguntas a los dos periodistas para que “preparen repreguntas” para los intervinientes, pero momentos más tarde, se ha dicho que el consejero llegó al lugar de los ensayos a informar que el formato había sido ajustado y más tarde algún asesor ha llamado a Echeverría anunciándole su exclusión del programa; extraño, por decir lo menos, porque momentos antes todos los organizadores e intervinientes en el evento resaltaron el “consenso” sobre el formato y los moderadores, para después recurrir al mismo artificio, en forma negativa, para notificar a Echeverría. 

La sorprendente desafección a Echeverría, motivó, en primera instancia, a Ruth del Salto apartarse del programa, avergonzada por la actitud de los organizadores, pero Echeverría le sugirió que anteponga su alto espíritu cívico y contribuya a la realización del evento. 

Hubo satisfacción general por la presencia de los dos destacados periodistas como moderadores del programa, por su alto profesionalismo, más si Echeverría es valorado como el analista político de mayor talento y credibilidad en el Ecuador en los actuales momentos. 

Algo pasa en el CNE, ¿si se judicializan determinados procedimientos, serán necesarios el suero y el polígrafo de la verdad para saber lo que realmente ha ocurrido al interior del organismo? La Patria, esperanzada por resurgir política, económica y socialmente, no merece estos visibles desmarques de tales anhelados propósitos. Si hay actores políticos serios, están llamados a actuar con energía.

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