Escribe para buscar

Contexto

¿Solo son “narco generales” o hay mucho más?

Compartir

El Estado debe dar una respuesta contundente ante el crimen. Los ejemplos de México y Colombia deben servir para el camino que debe recorrer el Ecuador.

Foto: Daniel Molineros – API

Ya se conocía que los carteles del narcotráfico infiltraron la política ecuatoriana desde los tiempos en que Rafael Correa consintió que las FARC construyan zonas de descanso en la frontera norte y que esa penetración también se dio en el aparato judicial cooptado por el exmandatario. Pero, que el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick haya declarado públicamente que hay altos oficiales de la cúpula policial involucrados en esa sospecha, ya es demasiado, puesto que se trata de la institución que debería luchar contra este flagelo global.

Lo decía hace algunos años el político, médico y periodista Francisco Huerta Montalvo, tras sus indagaciones del caso Angostura en 2010, cuando en su informe declaraba que el Ecuador se había convertido en un “narco estado” y tenía muchas evidencias, como las todavía no aclaradas denuncias de que las FARC financiaron las campañas de Correa, Moreno y Glas (2009 y 2013), la de Moreno y Glas (2017) y la de Andrés Arauz en (2021, en este último caso por la guerrilla del ELN). Insurgencias que perdieron hace mucho su norte y se volvieron “narcoguerrillas”, facilitando el camino de los negocios de transporte de droga desde el Ecuador a Europa y EE.UU., bajo la tutela de los principales carteles mexicanos.

Tampoco se olvida el sonado episodio del militar de alto rango, el ex capitán del Ejército, Telmo Castro Donoso (asesinado en el 2019 en la cárcel regional Zonal 8, en Guayaquil), quien cumplía una pena por su participación en actividades de narcotráfico, vinculadas con el también detenido Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien en su juicio en Brooklyn (EE.UU.) reveló que a Castro se le pagaba USD 100 por cada kilo de droga que enviaba en transportes militares.

Este hecho fue descubierto cuando uno de esos camiones pasó por una revisión rutinaria en la base de Manta en septiembre de 2018. Lo que sorprende es que ha habido más capturas de camiones militares, como el ocurrido recientemente, en octubre de 2021, de uno que intentaba pasar desde Carchi a Sucumbíos. La pregunta, maliciosa, es: ¿por los que se capturan, cuántos más logran pasar?

Como señalaba el general Paco Moncayo en un reciente artículo del diario La Hora, “pocas noticias han ocasionado tanto escándalo en la sociedad ecuatoriana como la entregada por el embajador Michael Fitzpatrick, al denunciar la existencia en Ecuador de narco generales y la presencia, dentro y fuera del país, de grupos que pretenden corromper a los sectores público y privado”.

Moncayo dice “es imprescindible luchar cooperativamente contra la corrupción, destacando la colaboración de su país en los casos del Instituto de Seguridad Social de la Policía, ‘Las Torres’ y el de ‘Álex Saab’. Y señala que -refiriéndose al embajador- que “más de una vez se refirió a la penetración del narcotráfico en las fuerzas del orden y en los sistemas de justicia, de lo cual han sido advertidas insistentemente las autoridades, sin prestarle la debida atención”.

Al asumir la presidencia Rafael Correa ya había declarado a las FARC como “un grupo guerrillero, no terrorista”. En el 2008 se detectó la presencia de un campamento de esa agrupación en Angostura (Sucumbíos) que fue bombardeada por fuerzas militares colombianas durante la presidencia de Álvaro Uribe, generando un impasse diplomático y la ruptura de relaciones ordenada por Correa.

Una Comisión nombrada por el exmandatario investigó el bombardeo. Su presidente, Francisco Huerta, advirtió sobre los peligros de que el país se convierta en un “narco estado”, lo que denunció el 30 de septiembre de 2010 en los noticieros (noticia que fue eclipsada por los lamentables acontecimientos de ese día y por el presunto golpe de estado del que Correa dijo ser víctima, como si se hubiese creado “una cortina de humo”).

Desde entonces, agrega Moncayo, “personalidades nacionales y colombianas denunciaron el financiamiento de las campañas políticas del movimiento Alianza PAIS, por parte de esa misma organización guerrillera; las masacres en los centros penitenciarios pusieron en evidencia que estos establecimientos estaban gobernados por los cárteles de la droga; hace poco se publicó un trabajo de la Universidad Central que denunciaba la existencia de un ‘pacto mafioso’ entre el Estado y el crimen organizado”. Lamenta el militar que todo quede solo en denuncias.

Lo que sí se puede afirmar es que ningún embajador estadounidense ha hecho declaraciones sin pruebas. Esta información sobre la injerencia de los carteles de la droga en las fuerzas policiales deja muchas dudas sobre la solvencia y honestidad que deberían prevalecer en dicha institución. Más aún si el propio personero diplomático ha señalado que a muchos oficiales les fueron retiradas las visas y existen oficiales que, con sueldos de no más de USD 5 000 tienen patrimonios superiores al USD 1 millón en bienes e inversiones.

Paco Moncayo se pregunta: “¿por qué los organismos nacionales han sido incapaces de detectar tamañas irregularidades? Si varios generales de la Policía Nacional están acusados por Estados Unidos de delitos atroces, ¿serán estos casos aislados? ¿Qué esperan para reorganizar el fracasado sistema de seguridad de los últimos quince años? Los ecuatorianos exigen respuestas”.

Narcotráfico en Ecuador: una presencia inquietante

Las declaraciones del embajador estadounidense, Michael Fitzpatrick, al medio digital Primicias, refiriéndose a la relación bilateral con el Ecuador y las acciones de ese país contra personajes de la política implicados en casos de corrupción, así como el retiro de visas a los investigados, han dejado muchas inquietudes y preocupaciones.

Para Estados Unidos, su relación con el Ecuador se vuelve ahora más importante. El triunfo electoral de candidatos afines al socialismo del siglo XXI en muchos países de la región es un tema que preocupa a la nación norteamericana. Por eso, decía Fitzpatrick que era necesaria una cooperación bilateral en temas como la lucha anticorrupción y antinarcóticos. Pero, pese a los éxitos del país contra los carteles, advierte el diplomático, “existen grupos al interior y fuera del país que buscan debilitar la democracia y el Estado de derecho, corromper el sector privado y al sector público”.

Sin duda, la frase que agitó el avispero de la política nacional fue ésta: “estamos muy preocupados por la penetración del narcotráfico en Ecuador y en las fuerzas del orden. Hay varios ejemplos: el caso Isspol, el caso Alex Saab, el caso Raúl de la Torre y Pablo Celi. Todos son ejemplos de que hay investigaciones criminales multinacionales… está el caso de los ‘narco generales’ y ya hemos retirado visas. No puedo mencionar nombres. Nadie puede esconderse detrás de una túnica judicial para cometer crímenes”.

Fitzpatrick sostiene que solo en 2020 el gobierno estadounidense retiró 300 visas a ecuatorianos vinculados a casos de corrupción y también son cientos de casos en este año, incluyendo a familiares. No tengo una cifra exacta, pero estamos comprometidos en esto”.

No es la primera vez que un embajador estadounidense conmociona con sus declaraciones. En febrero de 1997, el entonces representante del gobierno de ese país, Leslie Alexander, expresaba en declaraciones públicas “un preocupante crecimiento de la corrupción a todo nivel en el Ecuador, lo que hacía a este país peligroso para cualquier tipo de inversión extranjera”. Esta declaración, sumada a los dislates que cometía el presidente Abdalá Bucaram, encendieron la mecha de las protestas que provocaron la salida del mandatario a un exilio que duró más de veinte años en Panamá para, a su regreso, continuar con actuaciones reñidas con la ley.

En abril de 2011, el Gobierno de Rafael Correa anunció la expulsión de la embajadora de EE.UU., Heather Hodges, declarándola como “persona no grata”, por la filtración deun cable diplomático confidencial de Wikileaks, sobre la supuesta corrupción policial en Ecuador.

Foto: Flickr Ministerio del Interior

Hodges mencionaba en uno de los cables, filtrados por Wikileaks, que envió al Departamento de Estado que “la corrupción es generalizada en las filas de la Policía de Ecuador. Quien fue su comandante, Jaime Hurtado, usó su poder para extorsionar, acumulando dinero y propiedades, facilitar el tráfico de personas y obstruir investigaciones contra compañeros corruptos”. Con esa información EE.UU. le retiró a Hurtado y a su familia la visa. Por lo que se puede ver, el tema de los malos policías no es solo de estos días…

Como señalaba el portal Código Vidrio, “mientras Hurtado fue comandante, Correa dio un golpe de gracia a todo el sistema de seguridad nacional y de Inteligencia. Además ordenó la desaparición de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), que golpeaba a las FARC y al narcotráfico, en coordinación estrecha con EE.UU. y Colombia”.

De acuerdo con el actual representante diplomático estadounidense, la existencia de “narcogenerales” en el Ecuador (en la Policía) evidencia demasiada pasividad de los líderes ecuatorianos al no dimensionar el riesgo para la sociedad ante el nivel de penetración del crimen organizado en el país. El Gobierno se apresuró en desmentir que haya generales de las FF.AA. y la Policía a los que retiró la visa. Poco después exigió a la Contraloría verificar el ´patrimonio de los oficiales policiales y, por pedido del presidente Lasso y de la ministra Vela, el mando policial puso a disposición sus cargos (lo que fue solamente una formalidad).

Otra frase de Fitzpatrick pone el dedo en la llaga al decir que “cuando la sociedad no quiere participar en la defensa de su propio Estado de derecho y de su democracia ya estamos jugando a la defensiva y hay que jugar ofensivamente, para defender la democracia con orgullo y con franqueza sobre nuestras limitaciones”.

Nuevamente, no es una coincidencia que un funcionario de tan alto rango ponga en duda las actividades de la fuerza policial y, de acuerdo con personas de la cooperación estadounidense en el Ecuador, sería una movida para patear el tablero político.

Según esas fuentes, la decisión de hablar de Fitzpatrick se dio por la decisión judicial de devolver su rango y su condición de activos a cuatro generales policiales que no fueron promovidos. En la entrevista no se sugirió que entre esos cuatro oficiales haya habido alguno de ellos involucrado en este caso que, más bien, destapó una pugna de algunos altos oficiales de la policía frente a la actual comandante, Tanya Varela.

Otros mensajes que deja la declaración del embajador son la liberación del tío de Jorge Glas (Ricardo Rivera), la corrupción hospitalaria, la protección de algunos asambleístas a funcionarios del correísmo en el caso Alex Saab y el caso ISSPOL. Pero, es la primera vez que EE.UU. se refiere a la penetración del narcotráfico en la fuerza pública (a sus altos mandos). Se sabe que en reuniones privadas del embajador con funcionarios ecuatorianos de alto rango hubo muchas disconformidades respecto a los temas tratados.

Nombres, nombres…

El morbo de la gente se dirige entonces a saber cuántos son “narco generales” y a cuántos de se les retiró la visa estadounidense. El problema sigue siendo que Fitzpatrick no dio nombres, pese a los pedidos que le hizo el gobierno, a nombre del presidente Lasso, para que entregue los listados.

Las noticias sobre el flagelo del narcotráfico en el país siguen siendo desalentadoras, porque los mecanismos para sacar del país los alcaloides y sustancias siguen innovándose: se hace capturas de varias toneladas, hallazgos de minisubmarinos en zonas costeras, “narco-buzos”, lanchas que abandonan mercadería en alta mar, sicarios que matan al que es y al que no es en las calles, pistas aéreas clandestinas en Manabí y otros delitos que son potencialmente verificables: el lavado de activos en la economía, jueces amenazados o comprados, campañas políticas financiadas por los carteles de la droga y ahora,“con la novedad” de los “narcogenerales”.

Más que inquietarse por el tema de altos oficiales y altos personeros involucrados en estas violaciones, debe preocupar que la paulatina y constante penetración del narcotráfico en todas las esferas del quehacer público crece a ritmos acelerados. El narcotráfico se visibilizó mucho más tras las campañas electorales de 2006, 2009, 2013, 2017 y 2021 y más recientemente con la crisis penitenciaria y los ya rutinarios ajustes de cuentas que se producen en las cárceles y en las calles por la conquista de nuevos territorios para el micro y el macro tráfico.

Foto: Juan Ruiz Condor – API

En las ocasiones en que los embajadores estadounidenses han hablado no lo hacen desde una perspectiva abstracta sino muy concreta, cuidándose de dar nombres, pero sabiendo que la información que dan ha sido suministrada por las propias agencias de ese país que operan en el Ecuador. Estas suelen ser condicionantes para no otorgar visas a algunos ciudadanos que las piden o para revocarlas a otros.

El problema no son las declaraciones de Fitzpatrick, sino la certeza de que el narcotráfico ha penetrado en altas instancias de las fuerzas del orden que reaccionaron, como no podía ser de otra manera, apelando al espíritu de cuerpo. En cambio, el grupo de generales que no calificó para ascender habla de maquinaciones desde la comandancia de la policía, acusando incluso a la institución de haber entregado su información financiera a la legación estadounidense.

Queda por ver si el correísmo, que tantas velas tiene en este entierro, puede salir a desmentir o a justificar algunos asuntos pendientes que tiene con la justicia (los financiamientos con dineros de las FARC y del ELN de sus campañas presidenciales y haber convertido al país en un “paraíso del narcotráfico” tras dar por finalizado el convenio de la Base de Manta con EE.UU. en 2009).

Como en el tema de las cárceles, donde el gobierno dio muestras de su desconocimiento en la materia y una actuación reactiva una vez que estallaron los acontecimientos, en el tema del narcotráfico tampoco se ha podido ver ningún tipo de acción, a no ser la de rasgarse las vestiduras para defender a la cúpula policial.

Tampoco se escucha ninguna reacción de la Fiscalía ante lo que pasa en juzgados de ciertas regiones del país donde las presiones y amenazas son asunto cotidiano, junto con posibles coimas a los jueces para resolver casos de personajes vinculados con el narcotráfico, que suelen ser liberados tras polémicos fallos de esos magistrados.

La corrupción parece haber entrado a los cuarteles policiales e involucra a altos mandos. De llegar a comprobarse evidenciaría que el país sigue haciendo méritos para llegar, en corto plazo, a convertirse en “estado fallido”, en donde cada grupo (algunos armados) ejercerá su poder e impondrá por la fuerza aquello que busque, ante la nula o escasa intervención del Estado.

Cierto es que se captura muchas toneladas de droga, pero ¿cuántas siguen circulando en las calles? Se sigue encontrando más caletas escondidas bajo suelo en terrenos de zonas rurales o en techos de algunas casas, prosiguen las muertes en las calles y luchas entre bandas en las cárceles, así como el libre porte de armas en esos centros de detención que nadie sabe cómo entraron.

Las lecciones de México y Colombia no fueron asimiladas y este flagelo parece seguir penetrando cada vez más instancias de la administración pública, judicial y de las fuerzas del orden. Las alertas sugieren que las autoridades competentes actúen, antes de que sea demasiado tarde.

Etiquetas:

Deja un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *